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Bases de licitación para proyectos de ERNC incluirán obligación de pago en 30 días y multa por incumplimiento

Dic 29, 2022

El cambio en las bases de las licitaciones es producto del trabajo conjunto y coordinado los ministerios de Energía y Bienes Nacionales, para proteger a contratistas y subcontratistas.

El proceso de licitaciones de inmuebles fiscales para proyectos de Energías Renovables No Convencionales (ERNC) que desarrolló este año el Ministerio de Bienes Nacionales, incorporó un nuevo y relevante elemento: en sus bases se introdujo la obligación de cumplir con la Ley de Pago a 30 días.

Esta modificación introduce un nuevo factor al proceso de licitaciones, ya que permitirá desde ahora contribuir a solucionar un problema de larga data para contratistas y subcontratistas que por años han quedado desprotegidos ante variadas situaciones de incumplimiento de pagos por parte de los concesionarios.

Dicho cambio responde a un trabajo conjunto entre los ministerios de Energía y Bienes Nacionales. A partir de ahora los postulantes a los procesos licitatorios para proyectos de ERNC deberán acreditar anualmente que, tanto ellos como sus contratistas y subcontratistas, cumplen con el compromiso de dar “estricto e íntegro cumplimiento” a la normativa contenida en la Ley N°21.131 de pago a 30 días, y en caso de incumplimiento, las concesionarias arriesgan multas que llegan hasta 40 UF.

La ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro, y su par de Energía, Diego Pardow, se reunieron para revisar los efectos positivos que tendrá esta modificación en las bases de licitación para proyectos de ERNC.

Durante el encuentro, Toro explicó que con el cambio se introduce un importante factor de justicia para contratistas y subcontratistas que se han visto perjudicados durante años “por el retraso o el no pago de las concesionarias, con terribles consecuencias económicas para muchos de ellos. Ahora estamos contribuyendo a corregir este problema. Quienes desarrollan proyectos en terrenos fiscales deben estar especialmente comprometidos a cumplir estas reglas, porque el uso de bienes que son de todas y todos debe orientarse hacia el bien común y la justicia social”.

Agregó que las nuevas reglas del juego reflejan que “efectivamente se puede equilibrar el impulso económico con criterios de necesaria justicia en las relaciones entre los actores económicos, grandes y pequeños, que colaboran en esta industria para que participen con garantías y protección”.

Por su parte el ministro Pardow dijo que durante visitas a terreno tuvo la oportunidad de conversar con varios afectados, por lo que esta modificación viene a cumplir con las peticiones “que nos hicieron las personas que se han visto estafadas”.

El titular de Energía consideró asimismo que la descarbonización no debe verse solo como una oportunidad para construir ciudades más limpias y mejorar la calidad de vida de las personas, sino también como “la posibilidad para traer complejidad a nuestra economía y agregar valor en conjunto con las pymes y el mundo del trabajo”.

Licitaciones 2022

Durante 2022, Bienes Nacionales ha puesto en licitación 91 inmuebles fiscales, agrupados en 28 procesos. De los 16 procesos publicados en diciembre, 36 inmuebles se han licitado para proyectos de ERNC; otros 7 para industria; 9 para terreno agrícolas -agricultura familiar/campesina- y los 4 restantes para otros usos como inmobiliario, turismo y equipamiento.

La cartera de suelos para proyectos de ERNC es un aporte concreto a la necesaria transición energética del país, como también para cumplir la meta de carbono neutralidad al 2050, plasmada en la Ley Marco de Cambio Climático.

Los 36 inmuebles licitados este año para ERNC suman en total 14 mil 814 hectáreas. Un 54% de la superficie total en licitación se concentra en las 4 primeras regiones del país, especialmente en Antofagasta, donde está el 53% de la oferta y un 76% de la superficie.

En las licitaciones de 2022 destaca un inmueble fiscal en Mejillones, región de Antofagasta, para el primer proyecto de la reutilización de neumáticos en Chile. Con ello, el Estado podrá cumplir la meta demandada en la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) de impulsar acciones concretas para la reutilización de productos contaminantes.

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