(Diario El Sur) Un acuerdo entre el Ministerio Público y la empresa Enel Generación Chile permitió la suspensión condicional del procedimiento, por un plazo de dos años, en la causa por contaminación de Bocamina, en Coronel. Por este caso, tres ejecutivos de la firma fueron formalizados en agosto del año pasado, por su presunta responsabilidad en los delitos de contaminación medioambiental e infracción a la ley de pesca.
El Juzgado de Garantía de Coronel aprobó ayer la salida alternativa acordada entre el ente persecutor y la empresa, que considera un plan de mitigación que deberá ser ejecutado en los próximos meses. El proyecto considera el cierre de los sectores 1 y 2 -y eventualmente del 3- del vertedero de cenizas de la empresa, quienes comprometieron una inversión superior a los $13 mil 400 millones para garantizar que dichos residuos no contaminen las aguas subterráneas o el aire, mediante la implementación del sellado e impermeabilización de los sitios (ver infografía).
La fiscal especialista en delitos medioambientales, Ana María Aldana, defendió la suspensión condicional del procedimiento y afirmó que este acuerdo, que además contempla un monitoreo permanente de las emisiones del vertedero por parte del Eula de la Universidad de Concepción, permitirá asegurar futuros episodios de contaminación en esa comuna.
Desde la empresa, en tanto, celebraron la decisión del tribunal y enfatizaron que el desarrollo de este plan de inversión no implica un reconocimiento de los episodios de contaminación imputados. Asimismo resaltaron que el proyecto de mejoras ambientales irá mas allá de la normativa vigente en Chile.
Daniel Pretorius, abogado de los ejecutivos Mario Enero Bravo, David Poblete Pino y Pablo Arnés Poggi, enfatizó que «la causa termina sin un pronunciamiento judicial que establezca algún grado de responsabilidad de la empresa y lo otro que queremos destacar es que en este caso la medida que se impone va en la línea de elevar los estándares ambientales que ha tenido Enel generación Chile».
[VEA TAMBIÉN: Piden ampliar fiscalización ambiental a todas las empresas ubicadas en Coronel]
Mejor alternativa
Ana María Aldana, fiscal que encabezó la investigación, recordó que el proceso tuvo varias dificultades, entre ellas la determinación del foco de la contaminación en esa comuna. «En un principio partimos buscando en el mar, después lo hicimos en el suelo y también en el aire hasta que finalmente con los antecedentes que reunimos dimos con la causa, que era efectivamente el vertedero, donde encontramos altísimos niveles de metales pesados que se vinculaban al trabajo de una termoeléctrica», señaló.
Con esos antecedentes, la persecutora investigó por igual a las dos termoeléctricas que actualmente funcionan en Coronel: Santa María de Colbún y Bocamina de Enel Generación Chile (Ex Endesa).
«Se tomaron muestras en ambas, se entrevistó a los gerentes y finalmente nos dimos cuenta que Colbún no tenía relación con estos eventos de contaminación y sí Bocamina. De esa manera formalizamos y llegamos a esta salida alternativa, que creemos es la mejor para la comunidad», afirmó.
Aldana destacó que de acuerdo a la actual normativa era imposible llegar a un juicio oral y lograr la mitigación acordada con la empresa.
«La normativa indica que si hay un juicio también los imputados podrían ser absueltos y en ese caso no habría absolutamente ninguna sanción, al contrario, pues habría sido un problema para las futuras investigaciones. Sin embargo, en el caso de una condena, lo máximo que habríamos de alcanzar eran penas de firma en un recinto penitenciario, pero no este tipo de salida», detalló.
La fiscal explicó que «los ejecutivos quedan bajo la suspensión condicional del procedimiento. Es decir, no pueden cometer otro delito en este periodo. Lo segundo es lograr el cumplimiento de la condición y el compromiso adquirido y además el hecho que durante la vigilancia el Centro de Ciencias Ambientales Eula de la Universidad de Concepción, nos ayudará a monitorear que no hayan más emisiones de metales pesados y otros elementos tóxicos lanzados al medio ambiente».
La fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, defendió la suspensión condicional del procedimiento, tras participar de la audiencia realizada en el Juzgado de Garantía de Coronel: «Al fijar las condiciones que se le han fijado a la empresa y a los imputados la fiscalía lo que hace es mitigar de manera considerable y contundente que la contaminación sufrida por la comunidad de Coronel siga ocurriendo de la misma manera que estaba ocurriendo».
Evalúan recursos
Felipe Urbina, abogado querellante en la causa, criticó el acuerdo entre la fiscalía y la empresa. Además, indicó que se evaluarán recursos legales para conseguir una sanción a la empresa.
«Lo que quiere la comuna de Coronel es reconocimiento de responsabilidad, perdón por el daño y un símbolo que recuerde a todas las personas que han sufrido y hay muerto por el funcionamiento de esta empresa», cerró.