(El Mercurio) La comisión de Medio Ambiente del Senado aprobó ayer el articulado con el que se responsabiliza penalmente a los titulares de proyectos involucrados en delitos ambientales y también a los funcionarios públicos que incurran en estas situaciones.
Sobre estos últimos, se aprobó una indicación en la que se establecen responsabilidades penales sobre decisiones manifiestamente injustas (donde prime el interés personal) y se aclaran las atenuantes que tendrán los funcionarios en caso de que existan influencias de superiores.