A fines de octubre, Chile registró un logro inédito en materia de generación eléctrica. Por primera vez, la energía producida por plantas solares y eólicas superó a aquella generada por centrales térmicas a carbón, en un período de 12 meses. Sin duda, todo un hito, que se da en el contexto de los esfuerzos del país por impulsar la descarbonización acelerada –en la medida de lo posible–, para llegar a la meta de la carbono neutralidad al año 2050.
En el marco de este debate, el almacenamiento ha asumido un rol protagónico, definiéndosele como una herramienta clave para aumentar la contribución de las energías renovables en la matriz eléctrica nacional. Esto, gracias a que permite compensar la variabilidad de las llamadas fuentes limpias y con ello, por ende, aportar flexibilidad al sistema eléctrico.
Autoridades, expertos y gremios del sector concuerdan en que un problema que impide aprovechar más la potencia generada por las centrales renovables es la falta de sistema de transmisión con la capacidad necesaria para transportarla hacia los centros de consumo. Debido a ello se producen los vertimientos, o pérdidas que experimentan las plantas energéticas con el elemento que no puede ser evacuado.
Ana Lía Rojas, Directora Ejecutiva de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (Acera A.G.), afirma que la cantidad de energía ERNC perdida por restricciones de transmisión desde enero a septiembre de 2022 equivale al casi el 100% de la energía adjudicada en la última licitación de clientes regulados (748 GWh).
La líder gremial advierte que Chile registra prácticamente los mismos niveles de vertimiento de energía renovable que antes de la interconexión SIC-SING, lograda en 2017. “Ante la ausencia de una gestión de red que incorpore la minimización de vertimientos y a la espera de que se concrete la próxima gran obra de transmisión –línea HVDC Kimal – Lo Aguirre– el almacenamiento es una de las respuestas más factibles para aumentar la capacidad de transferencias en el sistema eléctrico”.
Hito normativo
En ese sentido, un hito a nivel normativo se concretó el 21 de noviembre con la publicación en el Diario Oficial de la ley N° 21.505, que promueve el almacenamiento de energía eléctrica y la electromovilidad. Entre sus principales aspectos está que habilitará que, a los proyectos de almacenamiento puro –es decir, aquellos sistemas que no están asociados a centrales de generación–, se les pague por inyectar energía al sistema eléctrico y por estar disponibles en los momentos de mayor demanda.
Asimismo, permitirá que a los proyectos productivos que cuenten con capacidad propia de generación eléctrica renovable –por ejemplo, hidrógeno verde– paguen cargos que le correspondan por el uso del sistema eléctrico solo basado en la energía y potencia efectivamente retirada del mismo.
Sumado a lo anterior, la norma habilita a los sistemas de almacenamiento –incluyendo a vehículos eléctricos– para inyectar energía a la red de distribución eléctrica.
Otro aspecto del texto es que incorpora a los “sistemas de almacenamiento” en diversas normas de la Ley General de Servicios Eléctricos, para habilitar su remuneración. Esto posibilitará el desarrollo de proyectos de almacenamiento de diversas tecnologías (baterías y aire comprimido, entre otras) y maximizar la integración de energías renovables variables como la solar y la eólica.
Desde el ministerio de Energía destacan la entrada en vigor de la ley N° 21.505. El ministro Diego Pardow señala que la nueva regulación “permitirá el desarrollo de energías renovables flexibles. ¿Qué significa esto? Incentivar el uso tecnologías limpias que posibiliten al sistema responder durante los peak de demanda, de manera de dejar de depender de los combustibles fósiles. Esa es la única manera que permitirá descarbonizar nuestra matriz energética”.
Por su parte, el subsecretario de la cartera, Julio Maturana, comenta que “sacar esta ley de Almacenamiento era clave para dinamizar el sector, para darle más flexibilidad y para permitirle una entrada más amplia y diversa a las energías renovables”.
Indica, además, que el impulso a los sistemas de acopio de energía “va a entregar mucha flexibilidad al Sistema Eléctrico Nacional, porque hoy día producimos mucha energía en algunos lugares del país y no tenemos cómo transmitirla; llevarla hasta otras zonas de alta demanda”.
Futuras leyes
Desde la perspectiva gremial, Ana Lía Rojas comenta que “esta ley viene a entregar las habilitaciones legales necesarias, en particular, en lo relacionado con la remuneración por energía y potencia de sistemas de almacenamiento autónomos”. Añade que “existe un adecuado nivel de consenso de la industria eléctrica renovable en este proyecto de ley y el sentido de urgencia que se ha dado para que las condiciones habilitantes para la transición se desarrollen”.
Continúa leyendo este artículo en Electricidad N° 272 (noviembre 2022).