(El Mercurio) Inminente sería el anuncio del Gobierno de eliminar la prohibición de integración vertical que rige en el sector eléctrico -contenida en el artículo 7 de la Ley Eléctrica- y que es actualmente la norma que impide a las empresas de transmisión a participar en el mercado de la generación y distribución. Mientras que a las generadoras y distribuidoras se les permite entrar a transmisión con hasta un 8% de participación en esta actividad.
La decisión se da en medio de las dudas que existen respecto a la operación mediante la cual la estatal china State Grid busca hacerse con los activos de CGE, y el anuncio de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), de considerar a todas las firmas de ese país que dependen de la Comisión Estatal para la Supervisión y Administración de los Activos del Estado (Sasac por sus siglas en inglés), a la hora de visar la operación.
De hecho, expertos en la materia coinciden en que no es un buen momento para impulsar una estrategia como esta, ante el aumento de la participación de las firmas asiáticas en la industria energética.
Si bien esta modificación allanaría la operación de la venta de CGE a la china State Grid, se trata de una iniciativa que viene siendo evaluada desde el comienzo por este Gobierno, cuando Susana Jiménez era la titular de la cartera de Energía.
Esto, ya que tras una consulta iniciada por la firma Celeo Redes al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) en febrero de 2018, el Ministerio de Energía presentó un informe en el que se mostró a favor de levantar la prohibición. Ante ello el TDLC no se pronunció, pero dejó el camino libre para el cambio a fines de ese mismo año.
Entre los ejes principales de dicha propuesta, figura que los sectores de distribución y transmisión son cada vez más regulados, por lo que se ve poco probable que existan afectaciones a los consumidores finales.
¿Reforma o ajuste?
Si bien conocedores del tema comentan que en el Gobierno estarían afinando los últimos detalles del cambio, no existe claridad respecto de si el levantamiento de la prohibición se impulsará a través de un reglamento, o con una reforma legal.
Es justamente esta última alternativa la que genera consenso entre los expertos, estando en línea con el pronunciamiento del propio Tribunal de la Libre Competencia (TDLC) en su minuto.
Consultado el ministro de Energía, declinó entregar detalles y se limitó a contestar que «están estudiando este tema desde hace varios meses».
El abogado del estudio Morales & Besa, Juan Carlos Valdivieso, afirmó que «la modificación debiera pasar por el Congreso. Como se trata de una norma de rango legal (el artículo 7 de la Ley General de Servicios Eléctricos) no puede modificarse por la vía reglamentaria. Cualquier otra cosa sería bastante complicado».
Mismo juicio tiene el director del sector energético del estudio Barros & Errázuriz, Cristóbal Pellegrini, quien explicó que la vía del Congreso es la única posible.
«Esto viene del 2004, cuando había pocas empresas en el mercado nacional, con una estructura para otra realidad. Hasta hace diez años había 10 empresas, hoy son más de 500 en toda la industria, además hay mucha información, monitoreo, tarifa regulada. Hoy todo está abierto, por lo que creo que esto sería positivo, porque generaría competencia, al permitir a actores grandes entrar a competir», sostiene Pellegrini.