(El Mercurio) Es un tema que en el último tiempo surgía cada vez con más frecuencia: la preocupación de los inversionistas extranjeros por las reiteradas intervenciones en la regulación, principalmente de los servicios básicos, por parte de las autoridades -ya sea de gobierno como parlamentarios-, con el objetivo de responder a necesidades de la población. Primero fue a raíz del estallido social y posteriormente por la pandemia. Algunas de estas firmas llegaron incluso a plantear estas aprensiones al Poder Ejecutivo, ya sea en forma directa como a través de sus cámaras de binacionales, y en algunos casos por medio de sus representaciones diplomáticas.
El socio principal de Quiroz & Asociados, Jorge Quiroz, se hizo parte de este tema y a través de un análisis que compartió en el sitio web de su consultora, advirtió acerca de las consecuencias que esta seguidilla de ajustes regulatorios y medidas adoptadas, en particular en el sector eléctrico -donde en menos de un año se han producido seis cambios en las reglas del juego- podrían tener. Y no solo respecto de los actores de esta industria, sino que también sobre los propios usuarios.
En el documento se indica que hace unos días se escribió el capítulo más reciente de esta historia: la licitación a precio referencial para los hogares que reemplacen la calefacción a leña por electricidad, propuesta del Ministerio de Energía. En la práctica, dice Quiroz, permitió que parte de la demanda residencial -la que reemplaza calefacción a leña- sea excluida de los contratos eléctricos que las generadoras suscribieron en licitaciones anteriores, en circunstancias de que dichos acuerdos ya tienen niveles importantes de sobrecontratación. Según estimaciones entregadas recientemente por el ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, el 50% del suministro comprometido no se necesita.