A raíz del reciente informe técnico publicado por la Comisión Nacional de Energía (CNE) en el que se anuncia un alza de hasta un 88% en las cuentas de luz, expertos compartieron sus visiones acerca de las posibles consecuencias que esto traería para los usuarios.
El ingeniero civil en electricidad y profesor de la Universidad de Santiago (Usach), Humberto Verdejo, afirmó que “el alza del 88% sería para todos los usuarios que pagan más de $65.000 mensuales, donde están las empresas y las Pymes, pero también un grupo no menor de usuarios residenciales que no necesariamente son de altos ingresos y probablemente son un grupo numeroso y que también pueden asumir el alza”.
En ese sentido, el académico sostuvo que esto se hará efectivo “siempre y cuando el Ministerio de Energía mande el decreto respectivo de las tarifas”, añadiendo que “estas serían las tarifas que debiesen haber regido desde enero de 2023, por lo que existe un año de retraso”.
Por su parte, el gerente de Desarrollo y Nuevos Negocios de Plataforma Energía, Luigi Sciaccaluga, expresó que “este aumento en el segmento de clientes de mayor consumo, conformado mayoritariamente por Pymes, se produce por dos razones. La primera corresponde al consumo total del fondo asociado al PEC 2, cuya consecuencia es el fin de la estabilización para todos los clientes, y la segunda es que el descongelamiento de las tarifas de los segmentos de menor consumo está limitado, con tasas máximas de incremento entre cada publicación, en desmedro del segmento de gran consumo. En otras palabras, el segmento de mayor consumo −donde está una alta proporción de las Pyme− terminará financiando la nueva protección para los clientes regulados de bajo consumo”.
El experto mencionó que por ende “es fundamental que el Gobierno acelere el ingreso del proyecto de ley para establecer un mecanismo que estabilice los incrementos tarifarios, el que en un inicio estaba comprometido para octubre y que aún no ve la luz por las constantes postergaciones del Ejecutivo”. Desde su perspectiva, “alzas de esta magnitud tendrían consecuencias dramáticas en la pyme, especialmente en las empresas donde la cuenta de electricidad representa un costo relevante de su funcionamiento, como por ejemplo panaderías con hornos eléctricos, frigoríficos y productoras de hielo, entre otras”.
Asimismo, advirtió que de concretarse las alzas “habrá varias empresas que no podrán sostenerlas y quebrarán, y muchas otras que se verán obligadas a ajustar vía remuneraciones ese sobrecosto. Al final, por querer proteger las cuentas residenciales, vamos a terminar impactando las fuentes laborales de las personas”.
Generadoras insta al descongelamiento
Desde otra mirada, el abogado y socio de Arteaga Gorziglia, Luciano Cruz, afirmó que las empresas generadoras están en riesgo financiero pues han tenido que asumir prácticamente todo el congelamiento de las tarifas desde 2019. “Considerando intereses y reajustes, la deuda con las empresas generadoras de energía supera los US$6.000 millones, lo que equivale a la operación de todo el sistema de generación eléctrica en el país por un año sin recibir pago alguno por la prestación del servicio”, expresó.
Y añadió que, para que no haya repercusiones, es necesario un aporte efectivo por parte del Estado a través de un subsidio. “Además, se debiese considerar una contraprestación a las generadoras como podría ser algún beneficio tributario por los costos asumidos, de manera de mitigar el impacto financiero que han sufrido a la fecha. También es necesario fomentar iniciativas de eficiencia energética para reducir los consumos y solucionar las trabas de la permisología para acelerar la construcción de obras de transmisión y almacenamiento”, concluyó el jurista.