Con la participación de gremios de la industria energética, junto con autoridades y expertos sectoriales, se realizó este miércoles una nueva sesión de la Comisión de Minería y Energía del Senado, en el Congreso Nacional, donde entregaron sus visiones respecto del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales en materia de estabilización tarifaria.
Una de las entidades asistentes fue la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (Acera A.G.), estuvo representada por su directora ejecutiva, Ana Lía Rojas.
En la ocasión, Rojas manifestó la positiva evaluación del gremio sobre la propuesta de ley de estabilización tarifaria presentada por el Ejecutivo, el que, según el gremio, cumple con tres objetivos fundamentales, tanto para el sector eléctrico nacional como para el desarrollo de esta industria, considerada estratégica para la economía del país. Según el gremio, estos son:
1. Protección sostenible de los clientes regulados:
El proyecto busca la estabilización de tarifas eléctricas, mitigando las alzas proyectadas según los Informes de Precio de Nudo del 1er semestre de 2023. Se implementaría un subsidio transitorio beneficiando a 850.000 familias, con una reducción del 35% en sus cuentas, protegiendo así a los consumidores más vulnerables.
2. Sinceramiento de precios de energía:
La iniciativa aborda la necesaria actualización de los precios de la energía que se han mantenido congelados desde 2019 mediante mecanismos de estabilización transitorios aprobados por las leyes PEC I (N° 21.185) y PEC II (N° 21.472).
3. Perfeccionamiento del mecanismo de pago de deuda acumulada:
Mejora el mecanismo de pago de la deuda acumulada, conocido como «el cargo MPC», para subsanar la deuda con los prestadores del suministro eléctrico y las empresas generadoras.
Facilitando el pago de la deuda acumulada
“El congelamiento de tarifas desde 2019 ha acumulado una deuda significativa de los consumidores con los generadores de energía que ya asciende a US$6.000 millones, por lo que la ley de estabilización tarifaria facilitará el pago de este pasivo financiero, siendo un compromiso legítimo y una realidad ineludible”, expresó la directora ejecutiva.
Asimismo, desde la organización gremial formularon un llamado “a la comisión (de Minería y Energía) y al Parlamento para que aprueben este proyecto, instando al Ejecutivo a realizar el mayor esfuerzo para su oportuna ejecución y cumplimiento”. Y añadieron que “la agilidad en la dictación de reglamentos y resoluciones es esencial, considerando la posibilidad de eximirlo de toma de razón para asegurar la estabilidad y competitividad de la industria de energía renovable en Chile”.
A juicio de Acera, esta propuesta no solo beneficia a los consumidores en el corto, mediano y largo plazo, sino que también envía señales positivas a la banca e inversionistas internacionales, “fortaleciendo la confianza en la transición energética de Chile hacia una industria generadora de energía renovable, sólida y competitiva”, indicaron.
Transmisoras llamó a incorporar norma transitoria
En la sesión estuvieron presentes los senadores de la Comisión de Minería y Energía, el presidente del Coordinador Eléctrico Nacional, Juan Carlos Olmedo; el director de Estudios de Generadoras de Chile, Francisco Muñoz; el gerente de Fenacopel, Patricio Molina; el director ejecutivo de Empresas Eléctricas A.G., Juan Meriches; Ramón Galaz, Gerente general de Valgesta Nueva Energía; el director ejecutivo de Transmisoras de Chile, Javier Tapia, además de Humberto Verdejo, académico de la Universidad de Santiago de Chile; Juan Ignacio Gómez, abogado de LyD.
Durante su intervención, el director ejecutivo de Transmisoras de Chile solicitó incorporar una norma transitoria que prorrogue la vigencia del decreto tarifario de calificación y valorización de instalaciones de transmisión del periodo 2020-2023.
“Se trata de una oportunidad única, no solo para normalizar un proceso muy relevante, cuyos atrasos se originan desde hace años, sino para mostrar que podemos lograr acuerdos en pro de las buenas políticas públicas, considerando además que esto permitiría reducir la incertidumbre a los usuarios de las instalaciones de transmisión, a las empresas transmisoras y, en especial, a los clientes finales”, manifestó Javier Tapia.
Además, Transmisoras resaltó el atraso considerable en el decreto tarifario respectivo al proceso de valorización de instalaciones de transmisión 2024-2027, que debiera haber sido publicado previo a ese período, y cuya demora −según indicaron− ha obstaculizado los avances en esta materia.