mayo 12, 2022 | Industria
La Cámara de Diputadas y Diputados respaldó el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, también llamado Acuerdo de Escazú. Ahora deberá ser revisado en el Senado.
Según señaló el organismo gubernamental, el texto aborda aspectos fundamentales de la gestión y la protección ambientales desde una perspectiva regional, se regulan los derechos de acceso a la información, la participación pública y la justicia.
En ámbitos como el uso sostenible de los recursos naturales y la conservación de la diversidad biológica, se suma la lucha contra la degradación de las tierras y el cambio climático, el aumento de la resiliencia ante los desastres, además de incluir la primera disposición vinculante, en el mundo, sobre la protección a los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, según indican desde la Cámara Baja.
El Acuerdo de Escazú
En concreto, el acuerdo establece el derecho de acceso a la información, de modo de garantizar la transparencia de la información ambiental, en su dimensión pasiva y activa, como explicaron desde el organismo.
Asimismo, consagra el derecho de acceso a la participación en el proceso de toma de decisiones ambientales, particularmente, respecto de proyectos o actividades de impacto significativo sobre el medio ambiente. Incluye aquellos que afecten la salud y asuntos ambientales de interés público.
Desde la Cámara señalaron que también presenta normas en torno al acceso a la justicia en asuntos ambientales. En tal plano, cautela las garantías del debido proceso, para acceder a instancias judiciales y administrativas.
Además, en el texto se indica que el acuerdo dispone que cada parte garantizará un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad.
Según la Cámara Baja, este pacto entró en vigencia el 22 de abril de 2021, tras constatarse la ratificación de 11 de los Estados parte. En la actualidad, el número alcanza a 12 Estados, a saber: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Uruguay.
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abril 20, 2022 | Industria
La Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputadas y Diputados continúo analizando el proyecto por el cual se aprueba el “acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe”, adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018.
En la sesión expuso Carlos De Miguel, jefe de Unidad Políticas para el Desarrollo Sostenible de la Cepal. Señaló que el objetivo es garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental. Igualmente, de la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales, así como del acceso a la justicia en asuntos ambientales.
También, busca crear y fortalecer las capacidades y la cooperación para contribuir a la protección del derecho de cada persona. Asimismo, promueve que las generaciones, presentes y futuras, puedan vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.
Carlos De Miguel comunicó que, desde la perspectiva operativa, el acuerdo está compuesto de cuatro pilares centrales y uno transversal. El primero de ellos es el acceso a la información que está centrado en buscar elementos de transparencia en la política pública.
El segundo pilar es de participación informada, con la idea que se propenda a encontrar soluciones y a prevenir cualquier conflicto.
Informó que el tercer pilar es el acceso y fomento a la justicia justicia ambiental. “El Acuerdo de Escazú potencia los medios de pruebas para establecer la justicia en asuntos ambientales”, señaló.
Acotó que los defensores de los derechos humanos están señalados en el cuarto pilar. “En este ámbito prefirieron hacer un artículo por separado, con el objeto de enfatizar la problemática y poner un foco de atención en esta situación regional” , acotó.
Finalmente, precisó que el quinto pilar es transversal. Busca “fortalecer las capacidades, la cooperación regional y el intercambio de experiencias y los acuerdos regionales”.
Chile
La instancia también escuchó al coordinador nacional de Escazú Ahora Chile, Sebastián Benfeld. Expuso que “no es un tratado que garantice una democracia ambiental directa donde la ciudadanía pueda votar y determinar con un sí o no a un tratado ambiental. Estimó que, lo que busca, “es aumentar el diálogo y las conversaciones”.
Destacó que hay mucho que avanzar para que la información sea accesible y comprensible. De igual modo, que se entregue en un plazo adecuado para que la ciudadanía pueda utilizarla de manera efectiva.
Asimismo, indicó que solamente el 5 % de los proyectos de impacto ambiental son sometidos a mecanismo de participación ciudadana. Además, planteó que, hoy día, solo se cuenta con tres tribunales ambientales en todo Chile. “Hay mucho en avanzar en materia de participación ciudadana, información y justicia en la línea de lo que establece el Acuerdo de Escazú”, remarcó.
