Tras registrarse la interrupción, asociada a una afectación en una estructura de la línea de transmisión, equipos técnicos de la compañía iniciaron durante la madrugada un recorrido de inspección de la línea, que permitió identificar el punto afectado y desplegar los recursos necesarios para ejecutar las labores de reparación.

Gracias a las maniobras de recuperación realizadas en coordinación con otros actores del sistema eléctrico, el suministro en Vallenar fue restablecido a las 9:55 horas de este jueves. Posteriormente, se completaron los trabajos de reparación, permitiendo recuperar el servicio en Alto del Carmen y dar por superada la contingencia.

“Transelec lamenta los inconvenientes ocasionados a las comunidades afectadas y agradece su comprensión durante el desarrollo de los trabajos, reafirmando su compromiso con la seguridad y continuidad del suministro eléctrico”, expresó la empresa.

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El mecanismo de Obras Necesarias y Urgentes permite acelerar la ejecución de proyectos de transmisión esenciales para resguardar el abastecimiento eléctrico y la calidad de servicio, en aquellos casos en que los tiempos asociados al proceso regular de planificación podrían resultar insuficientes para abordar requerimientos urgentes del sistema.

Iniciativas

La propuesta considera dos iniciativas de ampliación orientadas a reforzar la infraestructura eléctrica en la zona sur del país.

La primera corresponde a la ampliación de la Subestación Tineo 220 kV, mediante la incorporación de un sistema de almacenamiento de energía con baterías (BESS) de 200 MW y 400 MWh. Esta obra permitirá aumentar la seguridad y confiabilidad del suministro eléctrico al sur de la Subestación Cautín, contribuyendo además a una mejor gestión de la energía en la zona.

La segunda iniciativa contempla el aumento de capacidad de la línea 2×66 kV Lastarria-Loncoche, proyecto que busca asegurar el abastecimiento de la demanda eléctrica en las comunas de Loncoche, Villarrica, Pucón, Pullinque y Panguipulli, ante el crecimiento de los requerimientos energéticos del territorio.

Asimismo, la cartera preliminar considera una inversión referencial de aproximadamente US$77,1 millones, cumpliendo con los límites presupuestarios establecidos por la normativa vigente.

Además, las personas, instituciones y organizaciones inscritas en el Registro de Participación Ciudadana podrán presentar observaciones a esta propuesta hasta el 14 de octubre de 2026, las que serán consideradas en la elaboración de la propuesta definitiva.

Los antecedentes y documentos asociados al proceso se encuentran disponibles en el sitio web de la Comisión Nacional de Energía.

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El Plan de Recuperación de Servicio establece las acciones, procedimientos y coordinaciones necesarias para restablecer progresivamente el sistema eléctrico luego de una interrupción de gran magnitud. En un ambiente controlado sin interferir en la operación en tiempo real del sistema, el simulacro permitió poner a prueba estas definiciones, incluyendo las comunicaciones y coordinaciones entre el Coordinador y los centros de control que participan en las distintas etapas del proceso de recuperación.

El simulacro forma parte de las medidas impulsadas por el Coordinador a partir de los aprendizajes del apagón del 25 de febrero de 2025, con el objetivo de fortalecer la preparación y la capacidad de respuesta del sistema eléctrico ante eventos de alto impacto.

La actividad involucró a más de 200 profesionales de más de 40 centros de control de empresas coordinadas de distintas zonas del país. Su preparación se extendió por más de seis meses e incluyó el trabajo conjunto de los equipos técnicos del Coordinador y de las empresas participantes, a través de diversas instancias de preparación y coordinación.

Junto a este proceso, el Coordinador realizó tres encuentros técnicos en Antofagasta, Santiago y Concepción, abiertos a las empresas coordinadas para profundizar el conocimiento del PRS, revisar los procedimientos asociados a las distintas zonas del país y preparar las maniobras contempladas para la recuperación del sistema.

“El Sistema Eléctrico Nacional ha venido trabajando decididamente en implementar medidas que permitan aumentar la preparación, la mitigación y la recuperación ante eventos de gran impacto. Este simulacro nacional nos permitió poner a prueba de manera conjunta los planes de recuperación, identificar oportunidades de mejora y recoger buenas prácticas”, dijo Ramón Castañeda, director ejecutivo del Coordinador Eléctrico Nacional.

Agregó que “queremos agradecer especialmente la participación y el compromiso de las empresas coordinadas, que pusieron a disposición sus equipos técnicos y humanos y trabajaron durante estos meses junto al Coordinador para hacer posible este ejercicio. Esto refleja la importancia de establecer mecanismos de colaboración con resultados que van en directo beneficio de todos los usuarios del sistema”.

El Coordinador comunicó que continuará desarrollando periódicamente ejercicios de esta naturaleza, con el propósito de mantener entrenados a sus equipos técnicos, así como los de las empresas que participan del sistema, evaluar los procedimientos e incorporar mejoras que contribuyan a fortalecer la capacidad de recuperación del Sistema Eléctrico Nacional frente a eventos de gran magnitud.

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La propuesta tuvo su fundamentación en un informe emitido por la Fiscalía Nacional Económica (FNE). El principal problema identificado es que existe una baja intensidad competitiva y un alto riesgo de coordinación entre los competidores del mercado mayorista. Esto tendría un efecto negativo relevante en el precio de comercialización del gas licuado en Chile.

En la instancia se resaltó que ahora, desde una perspectiva vertical, en el Estudio se constató que las empresas se encuentran completamente integradas hasta el consumidor final por distintas vías. Esto se concreta, principalmente, mediante contratos con distribuidores minoristas, en los cuales el mayorista impone cláusulas de exclusividad u otros incentivos comerciales que generan, en la práctica, una rigidez agregada y considerable en el mercado nacional.

Así, el proyecto de ley recoge el diseño regulatorio propuesto por la FNE en su estudio y recomendación normativa. Presenta los siguientes objetivos centrales:

• Mejorar e intensificar la competencia en el mercado de gas licuado.
• Proscribir las cláusulas de exclusividad y, en general, incentivos que tiendan a generar esos efectos, entre distribuidores mayoristas y minoristas.
• Consagrar legalmente la intercambiabilidad de cilindros de gas licuado envasado. La fiscalización se llevaría a cabo mediante una plataforma informática de monitoreo de cilindros de GLP, de carácter reservada, administrada por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

Distribuidores minoristas de gas licuado

Para analizar esta propuesta se contó con la opinión de la Asociación Gremial de Distribuidores de Gas Licuado (Asdigas), que contó con la representaron de su presidente, Jonathan Cereceda, y el abogado Mauricio Daza.

En general, coincidieron con el diagnóstico de la FNE y en la necesidad de intervenir el mercado a través de un proyecto de ley que apunte a mejorar la competencia, eliminar la integración vertical y propiciar precios menores para los clientes finales. Sobre esto último, por ejemplo, resaltaron que el mencionado estudio concluyó que, hacia 2021, se constaba un sobre precio anual que pagaban los consumidores finales equivalente a US$181 millones.

Además, se manifestaron a favor de la propuesta en trámite, aunque pidieron hacer algunas mejoras:

• Prohibir expresamente el modelo comisionista concesionario y la fijación de precios de reventa.
• Consagrar el deber de suministro, prohibir las represalias y declarar inexigibles la exclusividad desde la publicación de la ley.
• Establecer sanciones verdaderamente disuasivas y legitimar a las asociaciones gremiales para denunciar.
• Asegurar condiciones comerciales y descuentos transparentes y no discriminatorios.
• Medir a los dos y cuatro años si la baja de costos llega al consumidor.

Los diputados Bernardo Salinas y José Antonio Rivas apoyaron la propuesta y acogieron los argumentos presentados por el gremio minorista. En este marco, estimaron que este proyecto es relevante y urgente para fomentar la competencia y generar un impacto directo en la economía familiar.

El diputado Daniel Valenzuela, en tanto, mencionó estar conforme con la idea de mejorar la competencia en el mercado, pero reconoció que tiene dudas, en particular, porque la FNE no ha sostenido que exista colusión en el gas licuado.

El diputado Marco Antonio Sulantay dijo que, a raíz de diversos aspectos de la economía actual, se estimó necesario retomar el trámite de este proyecto. “Es importante abordar aspectos, como es en este caso un servicio de primera necesidad, como es el gas (…). Creemos que este proyecto tiene aspectos muy interesantes, muy debatibles y que van en la dirección de terminar con la integración vertical que tiene hoy día esta industria”, resaltó.

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El gremio advirtió sobre el impacto de los cobros adicionales a la energía, denominados pagos laterales, en los diferentes sectores productivos. En transmisión, cuestionó que los consumidores financien íntegramente la expansión de las redes y propuso distribuir esos costos considerando quiénes se benefician de las obras, además de expresar su preocupación por la aplicación del acceso abierto en líneas de transmisión dedicadas y sus efectos sobre la disponibilidad y el uso de la infraestructura de los clientes libres.

Asimismo, en almacenamiento planteó que las reglas de remuneración de las baterías deben evitar sobrepagos y favorecer que el traslado de energía del día a la noche beneficie a los usuarios.

Además, la asociación propuso mantener en el tiempo la exclusión de septiembre del periodo de control de horas de punta y excluir también abril a partir de 2027.

Por parte de la CNE participaron Carlos Barría, secretario ejecutivo; Mauricio Funes, jefe del Departamento Jurídico; y Danilo Zurita, jefe del Departamento Eléctrico. Y por Acenor asistieron los directores Verónica Cortez, Marcos Cid, Francisco Danitz y Diego Medel; además de Juan Ignacio Gómez, director ejecutivo; y Daniela Maldonado, directora de Comunicaciones.

En la instancia, la CNE reafirmó la eficiencia como criterio de trabajo e invitó a abordar y proponer mejoras metodológicas en los procesos de interés del gremio.

Para Acenor, avanzar en estas materias es necesario para que la transformación del sistema eléctrico se traduzca en un suministro seguro y costos competitivos para los sectores productivos del país. El gremio enfatizó que la eficiencia regulatoria incide en las condiciones para invertir, generar empleo y avanzar en la electrificación de los consumos.

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Rockwell Automation amplió su oferta de servicios gestionados de ciberseguridad SecureOT para incorporar firewalls Fortinet y equipos de distintos proveedores instalados en las plantas de sus clientes.

La compañía sumó dos capacidades a su portafolio: servicios gestionados para firewalls FortiGate de Fortinet y servicios de infraestructura que permiten administrar servidores, plataformas de virtualización, switches, sistemas de respaldo y otros componentes que forman parte de los entornos de tecnología operacional (OT).

El cambio apunta a una de las principales dificultades que enfrentan actualmente los fabricantes: fortalecer la protección de sus operaciones a medida que aumenta la conexión entre las redes de tecnología de la información (IT) y OT, sin agregar una nueva capa de complejidad a instalaciones que, en muchos casos, combinan equipos y plataformas de distintos proveedores.

En esta línea, la ciberseguridad se encuentra entre los principales riesgos empresariales externos identificados por Rockwell Automation para la industria manufacturera, de acuerdo con su investigación más reciente. A esto se suma la dificultad de contar con profesionales especializados en seguridad OT, un escenario que ha impulsado la búsqueda de servicios externos para monitorear y administrar estos entornos.

Cobertura a infraestructura existente

Uno de los principales cambios de esta ampliación es la incorporación de los firewalls FortiGate de Fortinet a los servicios gestionados de Rockwell. La compañía asumirá su monitoreo y mantenimiento, incluyendo la gestión de alarmas, modificaciones en las reglas, aplicación de parches y actualizaciones de firmware. De esta forma, los fabricantes que utilizan esta tecnología podrán mantener sus equipos dentro de una gestión especializada de Rockwell, con soporte permanente y un único punto de contacto para el diagnóstico y mantenimiento.

La segunda incorporación extiende este modelo a la infraestructura que las organizaciones ya tienen desplegada. El servicio contempla redes industriales y de cómputo, centros de datos industriales (IDC), dispositivos VersaVirtual (VVA), firewalls y switches, además de servidores, plataformas de virtualización y sistemas de respaldo de distintos proveedores. El alcance resulta especialmente relevante para compañías que han realizado inversiones en infraestructura y buscan prolongar su utilización, pero que requieren apoyo especializado para administrar su operación y ciclo de vida.

En este contexto, los servicios combinan monitoreo seguro y soporte global durante las 24 horas con tareas de mantenimiento y gestión de hardware. Con ello, Rockwell busca contribuir a la disponibilidad de las instalaciones, reducir riesgos asociados a la operación de la infraestructura y liberar recursos internos para otras prioridades de los equipos industriales. “Los fabricantes necesitan soluciones de ciberseguridad que se ajusten a sus operaciones, no al revés”, explicó Aaron White, gerente global de capacidades de servicios gestionados de infraestructura de Rockwell Automation.

“Ya sea que estén estandarizando los firewalls Fortinet o buscando apoyo profesional para gestionar la infraestructura que ya han desplegado, estos servicios SecureOT ofrecen la flexibilidad y la experiencia de la industria necesarias para ayudar a proteger operaciones críticas y mantener el tiempo productivo”, agregó el ejecutivo.

Desde la compañía destacaron que, con estas incorporaciones, SecureOT amplía su capacidad para trabajar sobre entornos OT con tecnologías de distintos fabricantes. Tanto los servicios gestionados para firewalls Fortinet como los de infraestructura ya se encuentran disponibles dentro de la suite de ciberseguridad industrial de Rockwell Automation.

Más información sobre los servicios SecureOT y las soluciones de ciberseguridad industrial de Rockwell Automation en ESTE LINK.

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Los promotores de la iniciativa destacaron que este hito se da en un momento de inflexión para el sector productivo nacional: los mercados de carbono ya no son una agenda exclusivamente ambiental sino una condición clave de acceso a los mercados internacionales para las empresas chilenas. En este escenario, la articulación entre Corfo, a través de Transforma Cambio Climático y los actores de la cadena tiene un rol estratégico, considerando que conectar la oferta con la demanda y reducir los costos de transacción del mercado constituyen verdaderos bienes públicos de fomento productivo.

Alcances de la iniciativa

El propósito de la mesa público-privada es contar con un espacio acotado de colaboración, concebido como un canal institucional permanente de diálogo para identificar e impulsar acciones concretas que puedan ser abordadas en el futuro, a través de información actualizada sobre el estado del sector y destrabar barreras normativas y operativas.

“Nuestro objetivo es que los mercados de carbono se conviertan en una verdadera palanca de inversión y de cumplimiento de las metas climáticas del país”, expresó Cristián Mosella, presidente de Carbono Chile A.G.

La agenda estratégica aborda los principales desafíos del sector mediante un conjunto de pilares orientados a fortalecer la certeza regulatoria a través de reglas claras, plazos definidos y una menor carga administrativa, impulsando al mismo tiempo la implementación del Artículo 6 y acuerdos bilaterales para la transferencia de resultados de mitigación. Asimismo, el trabajo de la mesa promueve la integridad ambiental en la apertura de nuevos mercados, el monitoreo riguroso y medición de proyectos en fase de emisión de créditos, y la creación de instrumentos que movilicen financiamiento y aumenten la demanda. Todo esto se complementa con el fortalecimiento de las capacidades técnicas especializadas para acelerar la ejecución de las iniciativas.

“Considerando que se trata de un mercado que se encuentra en una primera etapa de estructuración, donde hemos sido capaces de ser pioneros en la región, la coordinación público-privada es vital en poder apalancar y dirigir financiamiento climático, alcanzar el escalamiento de proyectos, capitalizar sus beneficios y virtudes y cumplir con los compromisos internacionales. Este mercado necesita que ambos sectores podamos conversar, sacar aprendizajes, construir sobre eso y generar un sistema que sea cada vez más eficiente y efectivo, sobre todo, que las expectativas del sector privado y público queden alineadas”, subrayó Hernán López, jefe de la división Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente.

“Desde CLG Chile queremos comprometernos a trabajar una agenda que signifique por un lado reducción de emisiones para cumplir la agenda de descarbonización de nuestra economía, pero, por otro lado, movilizar capital. Que se materialice la inversión, que ocurra en Chile, que agregue valor, que agregue productividad, tecnología, innovación, empleo que tanto necesitamos en estos momentos”, destacó María Teresa Ruiz-Tagle, directora ejecutiva de CLG Chile.

“En los primeros seis meses lo que esperamos es tener definida una metodología que permita hacer seguimiento a nuestros objetivos principales, que son, en primer lugar, cuántas trabas hemos identificado y cuántas trabas hemos solucionado para los proyectos, pero también la mesa tiene una misión importante en términos comunicacionales y de reportería. Debería estar entregando información oficial, fidedigna y completa de cuánto es la demanda que esperamos en los distintos mercados y también identificar cuántos proyectos tenemos en el pipeline y cómo se están desarrollando en las distintas etapas”, afirmó Gonzalo Villanueva, jefe de la División de Desarrollo Productivo Sostenible (DPS) del Ministerio de Economía.

“Como Transforma Cambio Climático estamos profundamente desafiados con esta mesa, pero muy satisfechos de haber llegado a buen puerto, de haberla constituido y de tener metas concretas, de levantar las brechas de aquí a diciembre, levantar proyectos, metodologías y el trabajo colaborativo y conjunto a través de la articulación público-privada”, concluyó Irina Reyes, gerenta de Transforma Cambio Climático.

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El proyecto extiende por tres meses la entrega del bono de 100 mil pesos a los transportistas referidos, aprobado en marzo de este año. De esta manera, el bono se prorroga hasta diciembre, ya que el plazo original era hasta el mes de septiembre.

Adicionalmente, la iniciativa entrega por tres meses más, el mismo monto, a los propietarios de embarcaciones de pesca artesanal de hasta 12 metros de eslora, previamente inscritos en el Registro Pesquero Artesanal.

El proyecto también modifica el plazo para realizar aportes al Fondo de Garantías para Pequeños Empresarios (Fogape) establecido en la Ley 21.229.

En este caso, considera la entrega de hasta 300 mil millones de pesos al fondo y hasta diciembre de 2028, para garantizar créditos a empresas. Esto, con el fin de facilitar el acceso a financiamiento, promover la inversión y apoyar la generación de empleo.

Tras el informe que entregó el diputado José Montalva, intervinieron Eileen Urqueta, Sebastián Cristoffanini, Sergio Bobadilla, René Manuel García, Jaime Mulet, Guillermo Valdés, Daniel Bustos, Alejandro Bernales, Ricardo Neumann, Cristian Contreras, Marcos Ilabaca, Cristian Neira y Hotuiti Teao.

En los discursos, las/los legisladores manifestaron el apoyo transversal a extender la ayuda económica. En particular, destacaron el apoyo para el sector de la pesca artesanal. Asimismo, recordaron que el proyecto original de marzo pasado no incluía entre los beneficiarios a los transportistas escolares, y que estos fueron incorporados gracias a la gestión parlamentaria en la Cámara.

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En ese espacio de intercambio regional, el gremio chileno puso sobre la mesa las ventajas nacionales para atraer inversión y las condiciones que deberá fortalecer el país ante las nuevas demandas de la inteligencia artificial.

En el «Major Panel: Chile en el mapa de inversión en data centers”, Natalia López, gerente general de Chile Data Centers, asociación que reúne a más de 90 empresas en el país, describió un mercado expectante, con cerca de 40 centros de datos y presencia de grandes operadores globales. A su juicio, esa actividad muestra la confianza que ofrece el territorio nacional para invertir, abriendo también la oportunidad de proyectar nuevos desarrollos fuera de la Región Metropolitana.

Ley de inteligencia artificial

La discusión sobre una futura ley de inteligencia artificial, en tanto, ocupó un lugar central en su análisis. Al respecto, López advirtió que “los hyperscalers están esperando cuál va a ser el tono del Estado sobre el entrenamiento de modelos y de la utilización de los datos”.

Asimismo, destacó las señales entregadas por las autoridades: “La ley tiene que ser habilitante, en el sentido de permitir realizar pruebas, pero principalmente generar incentivos para que la industria pueda adoptar inteligencia artificial que genere valor al proceso”.

Por otra parte, la líder gremial vinculó esa definición con las ventajas que Chile puede ofrecer a los inversionistas. Mencionó una matriz eléctrica en la que “el 66% son energías renovables” y la próxima conexión submarina de fibra óptica de alta velocidad con Asia a través de Australia. Al mismo tiempo, subrayó las tareas pendientes, resaltando que “estamos en un momento de cerrar las brechas para capturar esa inversión como país” y que, frente a ese esfuerzo, “la estabilidad institucional debe traducirse en certezas para proyectos de largo plazo”.

Además, en el espacio de entrevista “¿Puede Chile liderar la próxima generación de infraestructura para la IA?”, López abordó la posibilidad de que el país se convierta en un polo regional de infraestructura para IA. En la instancia, afirmó que “nos estamos preparando” y explicó que las nuevas cargas de trabajo exigirán enfriamiento más eficiente, planificación anticipada de las redes de transmisión y la apertura de oportunidades para centros de datos en otras regiones del territorio nacional.

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En la sentencia (rol 531-2026), la Décimo Cuarta Sala del tribunal de alzada -integrada por la ministra y ministros María Soledad Espina, Juan Ángel Muñoz y Mauricio Olave- descartó infracción en la decisión de la autoridad.

 “Que, en cuanto a la infracción al principio de congruencia, la reclamante la sustenta en que la formulación de cargos no habría contemplado específicamente las disposiciones que definen la calidad del servicio, pese a que posteriormente la conducta fue calificada como grave atendida precisamente la afectación de ésta.

Tal alegación no puede prosperar. En efecto, la formulación de cargos imputó a Enel el incumplimiento consistente en no obtener las medidas de las inyecciones de energía efectuadas por el equipamiento de generación residencial del usuario durante el período comprendido entre diciembre de 2024 y agosto de 2025, conducta que determinó que aquellas no fueran oportunamente reconocidas en la correspondiente facturación”, establece.

Añade: “Que, tampoco se advierte la falta de motivación denunciada por la reclamante. La autoridad individualizó la conducta atribuida a Enel, el período durante el cual ésta se produjo y la consecuencia derivada del incumplimiento, consistente en que las inyecciones efectuadas por el usuario no fueran reconocidas oportunamente en su facturación.

A partir de dichos antecedentes, la calificación de la conducta como grave encuentra fundamento en la incidencia que aquella irregularidad produjo en la calidad comercial del servicio, desde que el usuario debió soportar durante más de seis meses cobros superiores a aquellos que correspondían, al no descontarse el valor de la energía que había inyectado a la red, lo que fue corregido sólo después de haber denunciado tal situación el consumidor”.

“Que, corresponde igualmente desestimar la alegación relativa a que la regularización efectuada por Enel impediría atribuir gravedad a la conducta o determinaría la inexistencia de una afectación susceptible de sanción.

En efecto, consta que la empresa procedió a anular las boletas que no reconocían las inyecciones y emitió una nueva facturación incorporando éstas y los descuentos correspondientes, regularización que se materializó en septiembre de 2025. Sin embargo, tal actuación es posterior al período durante el cual se mantuvo el incumplimiento y, por consiguiente, corrige sus consecuencias económicas, pero no hace desaparecer la infracción ya consumada”.

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