Cuentas eléctricas y coronavirus
Entre las iniciativas para paliar los impactos económicos de la pandemia de Covid-19, el Gobierno llegó a un acuerdo voluntario con las distribuidoras eléctricas de manera de suspender los cortes por deuda y que «el 40% más vulnerable» del país pueda no pagar su cuenta durante tres meses (y pagarla en los 12 meses posteriores a la emergencia, sin intereses).
Existen además una serie de propuestas parlamentarias que apuntan a suspender el pago de cuentas en general, pero, a diferencia de las gubernamentales, sin focalización, sino abiertas a todas las personas.
Ambas iniciativas buscan un objetivo loable y se debe valorar la buena disposición de las empresas de distribución eléctrica para alcanzar un acuerdo rápido en el medio de esta crisis. Sin embargo, ambas tienen problemas importantes.
La iniciativa del Gobierno, al intentar focalizarse en un porcentaje específico de la población «vulnerable» no considera que en esta situación particular la vulnerabilidad puede variar muy significativamente, arriesgando dejar fuera del beneficio a un número significativo de personas que lo necesita. Por otra parte, la propuesta parlamentaria implicaría beneficiar a mucha gente que no lo necesita a un costo relevante, en este caso, no solamente para las grandes distribuidoras sino para todas las empresas en la cadena de pagos afectando en particular a las generadoras más pequeñas. Este impacto también ocurre, aunque en menor grado, en el acuerdo entre Gobierno y distribuidoras, con el agravante que se negoció directamente con un segmento afectando a otro sin que tuviera participación.
La solución más apropiada hubiera sido dar un apoyo directo a las empresas y personas de manera que estas pudieran pagar sus cuentas y complementar, para casos particulares en que el apoyo público no fuera suficiente, con mecanismos provistos por las empresas. Esto podría haberse negociado con todos los segmentos del sector, de modo de distribuir adecuadamente los costos y riesgos, sobre aquellos con más capacidad de hacerlo.
Ya no es tiempo de soluciones nuevas, sin embargo, por lo que sólo queda intentar mejorar lo que ya existe. Dos criterios deberían confluir: establecer medidas más actualizadas de selección de modo de asegurarse que se llegue efectivamente a aquellos que se encuentran en un estado de mayor vulnerabilidad potencial en la situación actual (por ejemplo, adultos mayores o quienes han recibido otro apoyo contingente) y establecer formalmente una distribución diferenciada del costo según la capacidad de absorber los efectos de la menor recaudación.
Por una parte, en momentos de crisis es esencial no concentrarse demasiado en esfuerzos de focalización que a menudo resultan útiles en circunstancias normales. Lo esencial, es asegurar que todos puedan seguir adelante con sus vidas y logren rearmar sus proyectos.
Por otra parte, hay que evitar que estos beneficios para la población generen perjuicios al desarrollo de un sector que será vital para la recuperación económica de largo plazo. Resulta particularmente importante que no se afecte el desarrollo de las ERNC y sobre todo a las de menor tamaño, pues serán clave para un crecimiento bajo en carbono de largo plazo. Es esencial diseñar un mecanismo que cargue la mayor parte del costo hacia aquellos que, como las distribuidoras o las grandes generadoras, están mejor situadas para solventarlos.
Por ello, quizás el mayor aporte parlamentario en este momento, en lugar de buscar extender el beneficio, podría ser proponer mecanismos concretos para que se alcancen los objetivos mencionados al tiempo que reflexiona sobre los requerimientos regulatorios para que puedan darse masivas inversiones futuras en infraestructura baja en carbono.
