abril 27, 2020
Entre las iniciativas para paliar los impactos económicos de la pandemia de Covid-19, el Gobierno llegó a un acuerdo voluntario con las distribuidoras eléctricas de manera de suspender los cortes por deuda y que «el 40% más vulnerable» del país pueda no pagar su cuenta durante tres meses (y pagarla en los 12 meses posteriores a la emergencia, sin intereses).
Existen además una serie de propuestas parlamentarias que apuntan a suspender el pago de cuentas en general, pero, a diferencia de las gubernamentales, sin focalización, sino abiertas a todas las personas.
Ambas iniciativas buscan un objetivo loable y se debe valorar la buena disposición de las empresas de distribución eléctrica para alcanzar un acuerdo rápido en el medio de esta crisis. Sin embargo, ambas tienen problemas importantes.
La iniciativa del Gobierno, al intentar focalizarse en un porcentaje específico de la población «vulnerable» no considera que en esta situación particular la vulnerabilidad puede variar muy significativamente, arriesgando dejar fuera del beneficio a un número significativo de personas que lo necesita. Por otra parte, la propuesta parlamentaria implicaría beneficiar a mucha gente que no lo necesita a un costo relevante, en este caso, no solamente para las grandes distribuidoras sino para todas las empresas en la cadena de pagos afectando en particular a las generadoras más pequeñas. Este impacto también ocurre, aunque en menor grado, en el acuerdo entre Gobierno y distribuidoras, con el agravante que se negoció directamente con un segmento afectando a otro sin que tuviera participación.
La solución más apropiada hubiera sido dar un apoyo directo a las empresas y personas de manera que estas pudieran pagar sus cuentas y complementar, para casos particulares en que el apoyo público no fuera suficiente, con mecanismos provistos por las empresas. Esto podría haberse negociado con todos los segmentos del sector, de modo de distribuir adecuadamente los costos y riesgos, sobre aquellos con más capacidad de hacerlo.
Ya no es tiempo de soluciones nuevas, sin embargo, por lo que sólo queda intentar mejorar lo que ya existe. Dos criterios deberían confluir: establecer medidas más actualizadas de selección de modo de asegurarse que se llegue efectivamente a aquellos que se encuentran en un estado de mayor vulnerabilidad potencial en la situación actual (por ejemplo, adultos mayores o quienes han recibido otro apoyo contingente) y establecer formalmente una distribución diferenciada del costo según la capacidad de absorber los efectos de la menor recaudación.
Por una parte, en momentos de crisis es esencial no concentrarse demasiado en esfuerzos de focalización que a menudo resultan útiles en circunstancias normales. Lo esencial, es asegurar que todos puedan seguir adelante con sus vidas y logren rearmar sus proyectos.
Por otra parte, hay que evitar que estos beneficios para la población generen perjuicios al desarrollo de un sector que será vital para la recuperación económica de largo plazo. Resulta particularmente importante que no se afecte el desarrollo de las ERNC y sobre todo a las de menor tamaño, pues serán clave para un crecimiento bajo en carbono de largo plazo. Es esencial diseñar un mecanismo que cargue la mayor parte del costo hacia aquellos que, como las distribuidoras o las grandes generadoras, están mejor situadas para solventarlos.
Por ello, quizás el mayor aporte parlamentario en este momento, en lugar de buscar extender el beneficio, podría ser proponer mecanismos concretos para que se alcancen los objetivos mencionados al tiempo que reflexiona sobre los requerimientos regulatorios para que puedan darse masivas inversiones futuras en infraestructura baja en carbono.
abril 7, 2020
La llegada del coronavirus y las restricciones impuestas por casi todos los gobiernos del mundo van a impactar fuertemente en la demanda de los hidrocarburos. Como hemos visto, ya tiene y seguirá teniendo un impacto en los precios del petróleo.
Primero, es importante entender que los precios del petróleo y del gas natural no están intrínsecamente correlacionados, porque responden a demandas diferentes. El gas natural es para generación de energía eléctrica y para usos industriales, comerciales y domésticos. Los derivados del petróleo, por su parte, están casi totalmente focalizados en el segmento del transporte y en el uso en maquinaria pesada. Esto no quiere decir que no hay pequeños usos de gas natural en vehículos (menos del 3%) y pequeños usos del derivados del petróleo en la generación eléctrica (menos del 5%).
La demanda de jet fuel y gasolina de aviación son y serán definitivamente las más afectadas por las restricciones de vuelos comerciales internacionales y nacionales dentro los países. La demanda de gasolina es y será la segunda más impactada por la limitación al movimiento de los vehículos livianos en los distintos países. Estimamos que puede llegar a niveles de 60% a 70% si las restricciones siguen o se incrementan.
La demanda de diésel y derivados más pesados, sin embargo, se sentirá en menor escala, porque la cadena de abastecimiento de muchos productos continúa especialmente relacionada a los alimentos. El transporte de estos productos es también realizado con diésel oil y derivados pesados (barcos, camiones).
Todo lo anterior está imponiendo fuertes restricciones en la demanda de petróleo y, por lo tanto, existe sobreoferta y muchos campos deben estar cerrando o limitando producción, en especial los shales en Estados Unidos.
La realidad del gas natural es muy diferente a la del petróleo. Este recurso es mayormente utilizado para generar electricidad y alimentar fábricas en todo el planeta además de energía para comercios. La única demanda que se está viendo restringida fuertemente es la de comercios por los millones de restaurantes y otras actividades canceladas. Pero la demanda se traslada en algo a los hogares. La demanda de gas para sector industrial está también disminuyendo pero no es muy significativa.
Los mercados de producción y transporte tendrán que acomodarse a esta realidad, muy especial el accionar de las refinerías que tendrán que adecuarse a la menor demanda de jet fuel, gasolina de aviación y gasolina para vehículos que son los energéticos con mayor impacto.
abril 7, 2020
La crisis provocada por el coronavirus recién comienza. Si bien es imposible identificar hoy todos los impactos que tendrá para Chile y el mundo, hay ciertos elementos que nos permiten visualizar los desafíos que deberá abordar la política pública energética en el corto plazo.
En primer lugar, tendremos una nueva caída en el consumo energético. Esto traerá impactos en el próximo cálculo de precios de nudo de corto plazo (sumado a la reducción de precios internacionales de los combustibles), lo que golpearía los precios estabilizados de energía para pequeños medios de generación a partir del segundo semestre.
Junto con una eventual reducción de las inversiones esperadas en este segmento, debería monitorearse si algunas compañías comenzarán a tener problemas de caja para cumplir sus compromisos. En este aspecto y sin generar beneficios artificiales, se hace necesario que la CNE revise ciertos aspectos del proceso y la regulación vigente, las que han sido presentadas a la autoridad a propósito del informe de enero pasado, como la certeza del plan de obras, la proyección de precios de combustibles y el nivel de dólar que se utiliza para fijar el precio medio de los contratos.
De la misma manera, la baja de consumo y un probable aumento de la morosidad en el pago de las cuentas eléctricas, conllevará menores ingresos para las compañías distribuidoras y generadoras. En el caso de la distribución, podría implicar menores inversiones de estas en reposición y mantención de equipos, lo que podría aumentar la indisponibilidad de suministro, por lo que la ley larga de distribución cobra aún más importancia en su tramitación, ya que se espera disponga un esquema de remuneración que incentive a realizar las inversiones que se requieran, en un equilibrio de inversiones de capital y mejoras en la operación, que traigan un mejor servicio y más barato para los chilenos.
En el caso de la generación, la autoridad deberá monitorear si está en riesgo la cadena de pagos del sistema, anticipando medidas que eviten la quiebra de algún actor, para evitar situaciones como las que ya hemos vivido en el pasado.
Por otra parte, el alza del dólar obligará al Gobierno a revisar la Ley de estabilización de precios de la energía, puesto que el fondo máximo permitido se agotaría en el primer semestre de 2021, dos años antes de lo presupuestado. Dado que aún existe tiempo para discutir este cambio, se deberían discutir nuevas soluciones que puedan cumplir con el objetivo, con un menor costo para las empresas generadoras y las señales que se entregan a las inversiones futuras. Se podrían explorar alternativas para que las compañías puedan optar por la fórmula que se adapte a su realidad, tales como modificar los contratos, soluciones financieras, focalización del beneficio o financiamiento por parte del Estado, entre otras alternativas.
