La ronda contó con 65 representantes inscritos de los distintos actores del ecosistema del SCE: oferta (titulares de proyectos), demanda (sujetos gravados), intermediarios, programas de certificación, academia, centros de estudios y entidades de financiamiento y fomento.

José Miguel Valdés, jefe de la División de Información y Economía Ambiental del MMA, recalcó que “este año quisimos hacer la cuarta ronda de negocios dentro del marco del Carbon Forum y de la Primera Semana de Acción Climática del Ministerio, que es un concepto un poco más amplio, para destacar justamente esta articulación entre lo privado y lo público. Esta es la semana donde nos sentamos con los privados, escuchamos atentamente qué cosas necesitan de nosotros, y entregamos al mismo tiempo nuestros lineamientos”.

La autoridad agregó que “este no es un trabajo que queda acá; es un trabajo constante desde la División. Estamos haciendo webinars cada tres semanas explicando distintas metodologías. Es un tema activo y la invitación es a que se acerquen a nosotros, que sigamos trabajando y busquemos la forma de desarrollar este mercado. Lo que surja de estas mesas va a quedar en un informe que vamos a compartir con todos los asistentes”.

Mercado más dinámico

El SCE incorporado por la Ley 21.210, es el mecanismo que permite a los contribuyentes del impuesto verde compensar total o parcialmente sus emisiones gravadas mediante certificados de reducción provenientes de proyectos verificados.

La Rueda de Negocios tiene el rol de facilitar encuentros directos entre titulares de proyectos previamente evaluados y certificados, y empresas sujetas al impuesto verde interesadas en compensar sus emisiones, para así dinamizar el mercado, transparentar la oferta disponible de créditos y promover transacciones informadas y de alta integridad.

Cristián Mosella, director ejecutivo de EnergyLab, consultora dedicada al desarrollo de proyectos de carbono y acción climática, habló de la experiencia con el instrumento tributario en esta instancia: “La Rueda de Negocios es una instancia fundamental, ya que nos permite conectar con distintos compradores que hoy día están buscando créditos. Nosotros tenemos proyectos de energía solar de pequeña escala, entre otras tecnologías, pero estos en particular ya han comercializado en el Sistema de Compensación de Emisiones del Impuesto Verde y estas instancias han ayudado a que esas transacciones se concreten”.

En paralelo a los encuentros uno a uno, se desarrollaron cinco mesas temáticas dinámicas enfocadas en mostrar, de manera concreta, qué tipos de proyectos pueden generar certificados homologables bajo el SCE, con qué metodologías y bajo qué estándares reconocidos, de modo de reducir las brechas de información que hoy limitan la oferta y diversificar la tipología de proyectos.

Constanza Hidd, Ingeniero Medio Ambiental en la Gerencia de Sostenibilidad de Empresas Iansa, destacó que “el interés de Empresa Iansa en participar de estas mesas de trabajo es para poder conocer alternativas de compensación de las emisiones, ya que actualmente Iansa paga impuestos por emisiones que genera dentro de sus instalaciones industriales”.

La Rueda de Negocios 2026 tuvo cinco ejes temáticos en sus mesas de trabajo, orientados a presentar las metodologías y oportunidades para el desarrollo de proyectos, así como los estándares reconocidos por el SCE. Estos temas fueron: electromovilidad, rellenos sanitarios y captura de metano, soluciones basadas en la naturaleza (SbN), contaminantes locales (MP, NOx y SO2), y artículo 6 del Acuerdo de París. En el caso de este último, la mesa buscó entregar una orientación general sobre el Artículo 6 del Acuerdo de París y su relación con el SCE, para que los titulares de proyectos comprendan la diferencia entre ambos marcos y los resguardos para evitar el doble uso de reducciones.

El evento fue implementado en colaboración con el Grupo de Líderes Empresariales por la Acción Climática, CLG Chile, con aportes del proyecto PMI financiado por el Banco Mundial, el cual es gestionado por AGCID y ejecutado en conjunto entre el Ministerio de Energía y el Ministerio del Medio Ambiente. 

Ya en su tercer periodo de operación, concluido en febrero de 2026, el SCE movilizó del orden de 1,68 millones de toneladas de CO2 equivalente, y se proyecta un rango estable de 1 a 2 millones de certificados anuales. En sus tres años de funcionamiento ha permitido la compensación de más de 6 millones de toneladas de CO2, valorizadas en 30 millones de dólares que se han redirigido hacia proyectos de reducción de emisiones.

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«Agradezco y valoro mucho el trabajo desarrollado en estas mesas. Esto se alinea con uno de los pilares de nuestra gestión, que es impulsar una armonización regulatoria, avanzando en cambios que permitan una mejor implementación de los decretos de la Ley REP», expresó la ministra Toledo.

Las MEP son un mecanismo de articulación público-privada impulsado por Corfo que convoca a actores públicos y privados para trabajar sobre trabas concretas que afectan el desempeño productivo, mediante medidas de corto y mediano plazo. En ambos procesos participaron sistemas de gestión, gremios, empresas, municipios y organismos públicos.

La actividad se organizó en dos bloques. En el primero se presentaron los resultados de la mesa de Envases y Embalajes. El diagnóstico identificó cuatro trabas principales. La primera es la falta de incentivos para que los gestores aporten al cumplimiento de las metas de los sistemas de gestión. La segunda es la complejidad y falta de información clara en los procesos licitatorios.

La tercera es la participación heterogénea de consumidores y municipios en la segregación de residuos, que se busca abordar con etiquetado, educación ambiental y actualización de ordenanzas municipales. La cuarta es la necesidad de planes de gestión más adaptativos, con procedimientos de modificación más ágiles y un régimen de garantías racionalizado.

Sobre los Neumáticos Fuera de Uso se identificaron trabas como el mercado incipiente para los materiales recuperados, como el gránulo de caucho o el aceite pirolítico, frente a lo cual se propone impulsar convenios con instituciones públicas y el desarrollo de normas chilenas de estandarización.

También se abordó la rigidez en la fijación de metas anuales de recolección y valorización, así como la necesidad de mejorar los mecanismos de trazabilidad de los neumáticos puestos en el mercado, con propuestas orientadas al control aduanero y la formalización de actores.

Los resultados de ambas mesas serán insumo para el proceso de revisión y eventual actualización de los decretos de metas de Envases y Embalajes y de Neumáticos Fuera de Uso, en el marco del fortalecimiento de la implementación de la Ley REP. En ese sentido, el Ministerio del Medio Ambiente encargó una consultoría, liderada por el Dictuc, para evaluar el desempeño de los decretos REP y levantar antecedentes para el proceso de actualización de los decretos. Este trabajo tendrá una duración de seis meses.

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La jornada comenzó en el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) con el saludo protocolar a la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, y al subsecretario de la cartera, José Vial. En la reunión se abordaron las líneas de trabajo y la coordinación entre ambas instituciones para el cumplimiento de la normativa ambiental.

Posteriormente, el superintendente Ibarra se trasladó a la sede central de la SMA, donde sostuvo una reunión virtual con las y los funcionarios del organismo a nivel nacional. En el encuentro expuso las prioridades de su gestión.

“El principal valor de la Superintendencia está en las personas que la integran. Hoy comenzamos una nueva etapa, en la que queremos fortalecer ese trabajo y avanzar hacia una SMA más oportuna y eficiente en sus respuestas, con una fiscalización estratégica orientada al cumplimiento ambiental y cada vez más conectada con las necesidades de los territorios. Tenemos grandes desafíos por delante y estoy convencido de que podemos llevar a la Superintendencia a un nuevo nivel de desarrollo institucional”, destacó la autoridad durante el encuentro.

Asistencia al Senado y coordinaciones internas

Luego, la autoridad se trasladó al Congreso en la ciudad de Valparaíso para asistir a la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado. En la sesión se trataron las indicaciones del proyecto de ley que modifica la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, el cual busca fortalecer las facultades de fiscalización y sanción del organismo.

“Asumimos este cargo con el compromiso de velar por el cumplimiento de la normativa ambiental. La coordinación con el Ministerio del Medio Ambiente y el avance del proyecto de ley de la LOSMA son aspectos centrales para el trabajo de la institución”, sostuvo Ibarra.

Durante la tarde, la agenda continuó en el nivel central de la institución con reuniones de trabajo junto a diferentes jefaturas, además de concretar la reunión de traspaso de gestión con la administración que estuvo subrogando desde marzo hasta la fecha, previo a su nombramiento. Asimismo, el jefe del Servicio se reunió con la directiva de la Asociación de Funcionarios de la SMA (ASUMA) para conocer los ejes rectores que guiarán la gestión gremial 2026-2027 recién asumida, así como también para transmitir los principales desafíos institucionales.

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El primer proceso es la revisión de la norma, que busca ajustar su implementación sin renunciar a la meta de reducir la contaminación lumínica y proteger la biodiversidad y los cielos nocturnos. La revisión evaluará dar mayor certeza a las definiciones contenidas en la norma, y armonizar sus exigencias con otras normativas vigentes, entre otros aspectos técnicos. Para esto, se conformará un Comité Operativo con distintos ministerios y organismos públicos. Se abrió un expediente público y un plazo de 45 días hábiles para recibir aportes. Los interesados pueden enviar sus observaciones a luminica@MMA.gob.cl o presentarlos en las oficinas de partes del MMA y sus Seremis, hasta el 22 de octubre.

El segundo proceso corresponde a la consulta pública de un anteproyecto de prórroga extraordinaria de los plazos de cumplimiento, únicamente contemplado para el alumbrado de cargo o administración municipal, que recoge directamente las solicitudes hechas llegar por las asociaciones de municipalidades a través de la SUBDERE. A diferencia de la revisión de la norma, este es un procedimiento más acotado, que pretende otorgar mayor gradualidad en su implementación. El texto del anteproyecto y las instrucciones para participar están disponibles en el siguiente enlace: https://consultasciudadanas.MMA.gob.cl/portal/consulta/233. El proceso estará abierto hasta el 2 de octubre.

Desde el Ministerio explicaron que ambos procesos buscan un mismo objetivo, mejorar la implementación de la norma considerando las realidades territoriales y presupuestarias de los municipios, y se activan a partir de los requerimientos efectuados por SUBDERE y las asociaciones municipales.

Cabe destacar que, mientras avanzan estos procedimientos, la norma de emisión de luminosidad artificial se mantiene plenamente vigente. El Ministerio del Medio Ambiente invitó a la ciudadanía, organizaciones y municipios a participar activamente de ambas instancias, aportando antecedentes que permitan una implementación efectiva y viable de la normativa.

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El MP10 corresponde a partículas sólidas y líquidas suspendidas en la atmósfera, iguales o menores a 10 micrómetros de diámetro. Por su reducido tamaño, puede ingresar al organismo y provocar efectos nocivos crónicos y agudos en la salud, principalmente en los sistemas respiratorio y cardiovascular. Sus fuentes de emisión son actividades productivas, procesos de combustión, tráfico vehicular, entre otras. También tienen impacto procesos naturales como la erosión por viento y los aerosoles marinos.

El contaminante ha tenido especial relevancia en la gestión de la calidad del aire en Chile. Actualmente, existen 22 zonas declaradas latentes o saturadas por MP10, distribuidas en 13 regiones del país, desde Antofagasta hasta Aysén. De ellas, 20 cuentan con un Plan de Prevención y/o Descontaminación Atmosférica vigente. En todas ellas los avances han sido notorios.

La revisión normativa contempla un plazo de doce meses, a partir del 13 de agosto de 2026, para la elaboración del anteproyecto, con posibilidad de ampliación. Como resultado del proceso, el Ministerio podrá proponer una modificación a la norma vigente o dictar una resolución que ponga término a la revisión, en caso de que los antecedentes recopilados indiquen que no corresponde modificarla.

En esta primera etapa, el Ministerio abrió plazo, hasta el 19 de octubre, para que personas naturales o jurídicas puedan aportar antecedentes científicos, técnicos, económicos, jurídicos y/o sociales sobre la materia. Estos deben remitirse en formato digital al correo norma.mp10@mma.gob.cl, o presentarse en papel en la Oficina de Partes del Ministerio del Medio Ambiente o de las Secretarías Regionales Ministeriales del Medio Ambiente.

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La instancia cobra especial relevancia de cara a la preparación del Segundo Informe Bienal de Transparencia (BTR-2), que Chile deberá presentar a fines de 2026 ante la Secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático —CMNUCC—. Bajo el Marco Reforzado de Transparencia del Acuerdo de París, este informe permite a los países comunicar periódicamente sus avances en acción climática, incluyendo el seguimiento de sus NDC, políticas y medidas de mitigación, adaptación al cambio climático, y apoyo recibido o requerido.

La jornada, denominada “Fortalecimiento de capacidades para la implementación del Marco Reforzado de Transparencia: Estimación ex post de reducción de emisiones de medidas de los planes sectoriales de mitigación, y proyecciones para el BTR”, permitió avanzar desde la planificación climática hacia una etapa decisiva, es decir, medir cuánto están contribuyendo efectivamente las políticas públicas a reducir emisiones. La estimación ex post permite revisar los resultados de las medidas una vez implementadas, definir cómo se contabilizan y reportarlas de forma transparente, comparable y verificable.

“Medir la reducción de emisiones no es sólo una obligación internacional: es una herramienta para entender la efectividad de nuestras políticas públicas, dónde debemos acelerar y cómo podemos tomar mejores decisiones para alcanzar nuestros compromisos climáticos. En ese sentido, incorporar esta metodología permitirá consolidar información robusta y coherente sobre el avance de los distintos planes sectoriales, dando cumplimiento a la Ley Marco de Cambio Climático”, expresó el jefe de la División de Cambio Climático del Ministerio del Medio Ambiente, Hernán López Hernández.

Taller de fortalecimiento de capacidades

El taller se enmarca en el proyecto “Transparencia climática en acción”, liderado por el Ministerio del Medio Ambiente, con apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF).

La instancia convocó a autoridades sectoriales de los siete ministerios responsables de Planes Sectoriales de Mitigación: Energía; Transportes y Telecomunicaciones; Minería; Salud; Agricultura; Obras Públicas; y Vivienda y Urbanismo. Su trabajo cobra especial relevancia en el contexto de la Ley Marco de Cambio Climático, establece responsabilidades institucionales para el seguimiento de la acción climática y entrega al MMA la función de solicitar, registrar y administrar información sobre reducción, absorción y almacenamiento de emisiones de gases de efecto invernadero generadas por acciones de mitigación. Esta instancia permitirá consolidar información robusta, coherente y oportuna sobre el avance de las medidas climáticas en los distintos sectores del Estado.

La metodología que orientará este proceso está siendo desarrollada en el marco de la consultoría “Apoyo para la estimación de la reducción de emisiones de GEI de medidas de mitigación”, desarrollada por el Centro de Energía de la Universidad de Chile.

El fortalecimiento de estas capacidades ocurre en un contexto global especialmente desafiante. El primer Balance Mundial del Acuerdo de París reconoció que, para limitar el calentamiento global a 1,5 °C con un rebasamiento nulo o limitado, se requieren reducciones profundas, rápidas y sostenidas de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero: 43% a 2030 y 60% a 2035, respecto de los niveles de 2019, además de alcanzar emisiones netas cero de dióxido de carbono hacia 2050.

Desde la FAO, la especialista en Monitoreo, Reporte y Verificación del proyecto “Transparencia climática en acción”, Camila Labarca, destacó que “la transparencia climática permite transformar datos técnicos en decisiones públicas más sólidas. Apoyar a Chile en este proceso significa contribuir a que el país cuente con mejores herramientas para dar seguimiento a sus compromisos climáticos, fortalecer la institucionalidad y avanzar hacia una acción climática basada en evidencia”.

Durante la jornada se abordaron contenidos sobre el contexto del Marco Reforzado de Transparencia, los escenarios prospectivos para el BTR, metodologías para estimar la reducción de emisiones y la revisión de casos prácticos. Estos contenidos permitirán que los equipos técnicos de las instituciones públicas cuenten con criterios comunes para estimar, reportar y proyectar la reducción de emisiones asociada a sus medidas sectoriales.

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La iniciativa logró entregar herramientas a profesionales de los sectores público y privado para enfrentar los cambios tecnológicos, operativos y de seguridad que implica la electromovilidad a través de una sensibilización presencial de 12 horas en la ciudad de Valdivia, centrado en normativa, políticas públicas y comprensión estratégica del ecosistema de la electromovilidad.

Sobre la jornada, el seremi de Medio Ambiente de Los Ríos, Enrique Gillmore, sostuvo que “este tipo de actividades busca potenciar las habilidades de las personas centrado en la electromovilidad. Hoy a nivel nacional y a nivel regional tenemos un problema de movilidad y también de congestión, lo que va de la mano con la sustentabilidad. Por eso es importante este tipo de capacitación, porque no sólo necesitamos la infraestructura, sino también capacitar a las personas que lleven adelante estos programas de electromovilidad a la comunidad”.

A su vez, Nancy Manríquez, punto focal del proyecto CLETS y jefa del área de fuentes móviles del Ministerio del Medio Ambiente, sostuvo que “estamos muy contentos de realizar estos cursos de electromovilidad, en conjunto con AIEP, ya que permitió asegurar que estas capacitaciones gratuitas fueran accesibles y de alta calidad para técnicos, conductores y profesionales del sector”.

En tanto, el seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Pablo Alvarado, mencionó que “hoy el Ministerio tiene implementado en varias ciudades del país el sistema de electromovilidad. En ese sentido, Valdivia está al debe y, por lo mismo, nosotros queremos iniciar un proyecto prontamente con buses de electromovilidad y transporte que funcione en el perímetro de la ciudad. Por eso es tan importante este tipo de capacitaciones, para que las y los conductores tengan mayor conocimiento de estos buses”.

Sobre CLETS

El cierre de estas capacitaciones en la capital regional es un hito clave dentro del plan nacional del proyecto CLETS, que busca capacitar a más de 400 personas en todo el país, poniendo especial foco en las ciudades de Lebu, Concepción, Antofagasta y Valdivia, donde se proyectan iniciativas piloto de transporte sostenible, las que han llevado el curso de sensibilización presencia a esas regiones, además del desarrollo de capacitaciones más profundas en electromovilidad en cuatro cursos de 36 horas cada uno en modalidad híbrida, enfocados en tecnologías, sistemas de carga, eficiencia operativa, seguridad eléctrica y mantenimiento con análisis de casos reales. Además, CLETS y AEIP desarrollan un curso especial en las ciudades de Ovalle y Copiapó para capacitar en conducción de buses eléctricos a 60 mujeres.

El proyecto “Apoyo a la Estrategia Chilena de Transporte Sostenible, CLETS” es una iniciativa de cinco años que busca constatar los impactos positivos, en las emisiones de gases efecto invernadero, del uso de tecnologías de transporte de cero y bajas emisiones en los sistemas integrados de movilidad pública urbana mediante la promoción de marcos normativos, de planificación y reglamentarios que fomenten la adopción de sistemas integrados de movilidad de bajas emisiones.

Este proyecto considera una serie de consultorías destinadas a generar conocimiento sobre movilidad sostenible, además de la implementación de cuatro iniciativas piloto en el uso de tecnologías de transporte de cero y bajas emisiones en sistemas integrados de movilidad pública urbana: una estrategia de electromovilidad para la ciudad de Antofagasta, un centro de carga de acceso público en la ciudad de Valdivia, el desarrollo de una iniciativa de electro cargadores públicos para taxis colectivos eléctricos en la ciudad de Lebu y un piloto de integración y micro movilidad urbana con biotren en la ciudad de Concepción.

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Actualmente, la propuesta se encuentra en etapa de Consulta Pública, un mecanismo clave de participación ciudadana que permite recoger observaciones desde distintos sectores, incluyendo la industria, municipios y la ciudadanía en general. Este proceso busca perfeccionar el anteproyecto, incorporando las distintas miradas de los actores involucrados.

Las personas e instituciones interesadas podrán revisar los detalles de la propuesta y enviar sus observaciones a través de la plataforma digital disponible en el portal consultasciudadanas.mma.gob.cl.

Como parte del proceso, la cartera también prepara un conversatorio virtual con actores vinculados al sector de baterías. Esta instancia de diálogo será anunciada próximamente a través de los canales oficiales del Ministerio.

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La secretaria de Estado comentó que “el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas tiene un rol muy importante en nuestro objetivo de impulsar un desarrollo sustentable. Su puesta en marcha marca un hito en la historia ambiental del país y queremos que su instalación sea ágil y eficiente. Confiamos en las capacidades de Tomás Saratscheff para conseguir esta meta”.

Currículum

Tomás Saratscheff es biólogo e ingeniero agrónomo, con especialización en manejo de recursos naturales y políticas públicas. Cuenta con una sólida trayectoria en conservación de la biodiversidad, gestión ambiental y articulación público‑privada, tanto en Chile como a nivel internacional.

Se ha desarrollado como Conservation Coach en Sudamérica, África y el Caribe, apoyando procesos de planificación estratégica, fortalecimiento institucional y gestión de áreas protegidas, así como proyectos de
conservación de especies amenazadas. Su trabajo se ha caracterizado por integrar enfoques técnicos, sociales y de política pública para mejorar la efectividad de las iniciativas de conservación.

En el ámbito de la gestión pública, cuenta con experiencia institucional al interior de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), y también en el Ministerio del Medio Ambiente. En este último, cumpliendo un rol crucial vinculado a la formulación del nuevo marco institucional ambiental.

Hasta abril de 2026, se desempeñó como director de Conservación del Fondo Naturaleza Chile, organización público‑privada orientada a movilizar recursos financieros y estratégicos para la conservación de la biodiversidad y la acción climática en el país. Desde este rol lideró procesos de gobernanza, articulación intersectorial y diseño de mecanismos innovadores de financiamiento ambiental.

“Asumo este desafío en un momento clave para la institucionalidad ambiental del país, que incluye el traspaso de las áreas protegidas y guardaparques desde Conaf, y la instalación de un nuevo estándar en la gestión y cuidado del patrimonio natural del país. Por ello, trabajaremos con sentido de urgencia, rigor técnico y colaboración amplia para consolidar el SBAP y fortalecer la protección efectiva de la biodiversidad en Chile”, comentó el nuevo director nacional del SBAP, Tomás Saratscheff .

El SBAP es una institución pública creada para fortalecer la conservación de la naturaleza en Chile, mediante la gestión del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), la implementación de instrumentos de conservación dentro y fuera de estas áreas y la coordinación de acciones destinadas a resguardar el patrimonio natural del país. Su principal desafío es integrar bajo un solo sistema el conjunto de áreas protegidas administradas por cinco ministerios distintos, consolidando así una política de Estado en materia de biodiversidad que trasciende gobiernos y garantiza la protección de la naturaleza a largo plazo.

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La GEC es un plan operacional que se activa anualmente en las zonas con PDA y contempla medidas preventivas y restrictivas de carácter temporal, definidas según la calidad del aire observada y pronosticada. Entre ellas se incluyen restricciones al uso de calefactores residenciales a leña y a fuentes industriales, medidas en establecimientos educacionales y en actividades deportivas al aire libre, además del refuerzo de la fiscalización, todo ello mediante una coordinación intersectorial entre la Delegación Presidencial Regional y los servicios públicos con competencia ambiental, sanitaria, educacional y deportiva.

En este contexto, el subsecretario del Medio Ambiente destacó que el inicio de la GEC reafirma la continuidad de una política pública que reconoce las particularidades territoriales del centro-sur y sur del país, donde la calefacción residencial a leña sigue siendo la principal fuente de contaminación atmosférica. “Desde la Región del Maule hacia el sur, el principal desafío en materia de calidad del aire sigue siendo el uso de la leña. Por eso, los Planes de Descontaminación Atmosférica mantienen plenamente sus medida que han sido diseñados para proteger la salud de las personas y mejorar de manera sostenida la calidad de vida en los territorios”, expresó la autoridad.

Asimismo, subrayó que la GEC forma parte de una estrategia integral de largo plazo, que combina prevención, fiscalización y medidas estructurales orientadas a reducir las emisiones contaminantes. “La Gestión de Episodios Críticos no es una medida aislada, sino parte de una política pública integral que requiere coordinación del Estado y corresponsabilidad ciudadana. Cuidar la calidad del aire es una tarea colectiva, especialmente en las regiones donde la contaminación atmosférica tiene un impacto directo en la salud de las personas”, agregó.

Programa de Recambio de Calefactores

En esta misma línea, el Ministerio del Medio Ambiente destacó el rol del Programa de Recambio de Calefactores como una de las principales medidas estructurales de los PDA. Actualmente, el Estado cuenta con más de 20 mil calefactores ya adquiridos, lo que permitirá acelerar el recambio tecnológico, retirar equipos altamente contaminantes y avanzar en el cumplimiento de las metas comprometidas en los planes vigentes desde la zona centro-sur hasta la Región de Aysén.

Finalmente, la autoridad hizo un llamado a la ciudadanía de las regiones del Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén a informarse y respetar las medidas que se apliquen durante los episodios críticos, recalcando que proteger la salud y mejorar la calidad del aire es una tarea compartida entre el Estado y la comunidad.

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