(El Mercurio) En el Palacio de los Tribunales se decía ayer que la presidencia de la Corte Suprema quedó «entre caciques». Es que el ministro Sergio Muñoz Gajardo (56), quien fue elegido ayer para dirigir el máximo tribunal del país durante los próximos dos años, a partir del 6 de enero, es también colocolino, al igual que su antecesor, Rubén Ballesteros.
Ayer, en una de sus primeras entrevistas como presidente electo de la Corte Suprema, Muñoz abordó los cuestionamientos a los jueces, a sus resoluciones en materia ambiental y energética, y la idea que evalúa la también Presidenta electa Michelle Bachelet de crear un Consejo de la Magistratura para que la Corte Suprema y las cortes de Apelaciones se dediquen solo a fallar o a dictar sentencias, y que las labores administrativas, como nombramientos de jueces, sumarios y calificaciones, queden fuera de sus atribuciones.
-¿Es partidario de cambiar el sistema de calificaciones actual, que parte de 6,5 y por el cual la mayoría de los jueces obtiene nota sobresaliente?
«Se debiera perfeccionar y buscar un método que sea más objetivo. Como están, no cumplen ningún objetivo. Hay alternativas para hacerlas más eficientes. Soy partidario de que no califique todo el Pleno de la Corte Suprema, que lo hagan comisiones».
-Bachelet está evaluando crear el Consejo de la Magistratura. ¿Está de acuerdo?
«No soy partidario. La experiencia comparada dice que muchos países vienen de vuelta. Se crean supuestamente para administrar mejor, pero yo he ido a otros países donde se pensaba que esto iba a traer mejores resultados, y no ha sido así. Se crea una estructura que no lo hace mejor y se asume un compromiso político, porque generalmente han tenido un componente político en sus designaciones. Esto enturbia una generación estrictamente técnica. Para tomar una decisión adecuada hay que ver qué quiero lograr y el efecto que quiero producir, y se puede llevar a precisar modificaciones».
-¿Se politizaría con esto el Poder Judicial?
«Indudablemente, si es que le ponen componentes políticos. Hay consejos de la Magistratura que son esencialmente políticos, que son dirigidos no por el presidente de la Corte Suprema, y hay otros judiciales. Las críticas que he escuchado son a ambos sistemas, porque se administran los mismos recursos. Al Poder Judicial no se lo dota de recursos adicionales».
-¿Hay una corriente de jueces que adhiere a esta idea?
«Sí, pero con una diferencia. Ellos están de acuerdo con el Consejo de la Magistratura judicial. Pero creo que aquí, con todo respeto, no es crear un Consejo de la Magistratura exclusivamente judicial…»
-¿Qué solución se podría buscar?
«Soy partidario de mantener la Corporación Administrativa del Poder Judicial, pero que haya más participación en el consejo de esta (que está conformado por el presidente de la Suprema y otros ministros), de integrar a jueces o funcionarios en la toma de decisiones del manejo de recursos (…) Pero el tema disciplinario, de calificaciones, debe mantenerse en la Corte, a lo mejor en comisiones».
-El juez Carlos Aránguiz cree que hay un gueto de jueces garantistas y que algunos son muy jóvenes. ¿Cree que las críticas a sus resoluciones tienen que ver con la edad?
«Es un tema de mentalidad de quién efectúa la calificación. No creo que haya jueces garantistas o represores. Lo que hay es jueces que administran justicia de acuerdo al ordenamiento jurídico. Se pasó de un sistema inquisitivo, en el que estaban pospuestas las garantías de los imputados, a un sistema que daba plena vigencia a ello, y las sociedades chilenas no estaban educadas en un sistema en que se les reconozcan todas las garantías y derechos a los imputados. Lo que ocurre es que nosotros debemos reforzar lo que son las garantías de las víctimas, dar mayores derechos a ellas. Es increíble que los imputados tengan más garantías que las víctimas. Eso es porque no hay el mismo equilibrio en el sistema legislativo. No es que tengan la culpa los jueces que aplican el derecho».
-¿No considera que los jueces se han equivocado en resoluciones en el último tiempo?
«Es que los jueces tienen el derecho a equivocarse. No digo que no se hayan equivocado y que no puedan hacerlo en el futuro, pero para eso está diseñado el sistema recursivo, para que puedan recurrir a instancias superiores. Lo que ocurre es que hay una exageración en algunos casos en que los jueces no están de acuerdo con la sintonía de quien evalúa, y exageran con un tema político que es la puerta giratoria. Nosotros hemos dicho que desde que se instauró la Reforma Procesal Penal hay 222 mil causas que han resuelto tribunales, y menos de dos mil en las que en todo este tiempo se ha negado al Ministerio Público la prisión preventiva. Esto significa la nada misma. Pero estas dos mil causas pueden tener una alta connotación pública».
-¿Cree que la idea de crear el observatorio judicial es una intervención?
«No lo creo. Es lícito que la ciudadanía haga un comentario de los jueces, como de toda autoridad. Pero en la página web están todas las resoluciones. Lo que ocurre es que lo que se desea es destacar en lo que el juez se equivoca, y también lo pueden hacer. No nos oponemos a que autoridades respondan de sus actos. Lo que hemos criticado es que esto se haga con una finalidad política y con recursos públicos para ser usado en los nombramientos de los jueces, porque en estos casos vamos a afectar la garantía más importante que tiene la sociedad, que es la independencia e imparcialidad de los jueces».
-Ballesteros ha dicho que está preocupado por la judicialización de todo, incluso de los temas ambientales. ¿Concuerda?
«Los tribunales no buscan los problemas que se les someten a su decisión y tienen una obligación de inexcusabilidad, porque no pueden dejar de pronunciar su sentencia. Es el legislador el que determina cuáles son los diseños apropiados. Si se quiso crear la instancia del Tribunal Ambiental es correcto, pero hay que entender que hay un sistema recursivo que permite llegar a la Corte Suprema, pero no significa que por llegar a la instancia ambiental, la Corte Suprema no pueda evaluar la legalidad de las determinaciones».
-Se habla de la «doctrina Muñoz» como presidente de la Tercera Sala en materia energética y ambiental, porque han profundizado en temas que no son su competencia…
«Eso es no entender el funcionamiento de la Corte Suprema. Cada ministro es independiente de sus determinaciones. Además, el presidente de la sala siempre emite un pronunciamiento al final. Yo he mantenido esto. La votación se hace como dice el Código, del más nuevo al más antiguo. En segundo lugar, se habla de la deferencia técnica. Esto no es una inclinación, no tendría objeto que existieran recursos. Nos hemos concentrado en temas exclusivos de ilegalidad, en que no se ha cumplido con la normativa. Se saca como paradigma que hemos utilizado principios precautorios o preventivos, pero son los que señala la misma legislación y que están presentes en la historia de la ley. Tendríamos que irnos a la norma específica y no aplicar el contexto».
-Ha sido sindicado como el líder de esta paralización de proyectos ambientales y energéticos. ¿Cómo toma estas críticas?
«Es el resultado de las determinaciones que hemos adoptado. Trato de no verme afectado por estos comentarios. Yo no leo el diario ni noticias de comentarios de fallos de la Corte. Esto es no entender que al menos hay tres voluntades que se han reunido para llegar a una decisión. ¿Qué influencia voy a tener yo en mis colegas? No hay una hipnotización respecto de estos temas, cada uno es libre de adoptar las decisiones que determine. Además, es no tener autocrítica de que se pueden haber cometido ilegalidades porque hay proyectos energéticos que han sido rechazados en todas las instancias administrativas, y que se ha reflotado con procedimientos objetados por la Contraloría General de la República, y en estos procedimientos también hemos estado de acuerdo con la Contraloría. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que no hay una autocrítica de las autoridades de que se pueden haber cometido irregularidades. Se equivocaron todas las autoridades ambientales antes y si se reflotó, incluso con una decisión no tan ortodoxa, ¿igual se tenía que aprobar por la Corte Suprema porque iba en bien del país? Aquí hay una autoridad que es independiente y que no está viendo lo que es el componente de la productividad u otro, sino que está viendo la legalidad de la determinación».
-Hay preocupación por esta paralización porque el país necesita energía. ¿Qué piensa usted de ese problema?
«Como chileno, soy el primer partidario de que se amplíe la malla energética y se use la energía no convencional. El hecho es que como juez tengo que preocuparme de si los proyectos energéticos han respetado la legalidad. Y si no lo han hecho, hay que declarar lo que corresponda de acuerdo con la ley».
-Si se subsanan estas ilegalidades, ¿pueden continuar los proyectos?
«Absolutamente. Si el proyecto cumple con todos los estándares que el mismo legislador ha establecido, lógicamente que no hay reparo alguno, porque la gente no va a golpear la puerta de los tribunales, porque hay ciudadanos que están reclamando la intervención de la justicia. No nos avocamos solo a la resolución de estos temas».
-¿Y qué prima más: el rol ciudadano o la postura jurídica?
«El análisis jurídico, profesional y basado en el estudio de antecedentes y sistemas jurídicos».