El Colegio de Ingenieros y la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (Acera) convocaron a uno de los encuentros más relevantes de la época electoral para el sector energético.
En el foro, que contó con una masiva asistencia de representantes de empresas, gremios y especialistas, los encargados programáticos de los comandos presidenciales de José Antonio Kast y Jeannette Jara expusieron sus diagnósticos, prioridades y propuestas respecto del futuro energético del país.
La jornada fue abierta por Ana Lía Rojas, directora ejecutiva de Acera, quien planteó un panorama dual: un sistema que ha registrado avances significativos en descarbonización y penetración de almacenamiento, pero que enfrenta simultáneamente desafíos urgentes en legitimidad, estabilidad tarifaria, capacidad de inversión y planificación.
Rojas llamó a reconocer que la transición energética chilena “está ocurriendo a una velocidad difícil de anticipar hace solo algunos años”, pero advirtió que la complejidad del sistema exige fortalecer significativamente la institucionalidad y modernizar los mecanismos de operación.
Tarifas
Tras su intervención, el debate fue tomado por los representantes de ambos comandos y la moderación del presidente de la Comisión de Energía del Colegio de Ingenieros, Julio Lira.
En nombre de la candidatura de Jeannette Jara, el economista Nicolás Böhme expuso una visión que calificó como “paradójica”: un sector que ha logrado reducir los costos de generación gracias a la expansión renovable, pero donde ese beneficio no se ha trasladado plenamente a los hogares. A su juicio, el principal problema del momento es la pérdida de legitimidad en el funcionamiento del sistema eléctrico, acentuada por la reciente alza tarifaria y los cuestionamientos técnicos a procesos de fijación de precios.
Para enfrentar esta situación, Böhme desarrolló su propuesta emblemática: el “consumo eléctrico vital”. Este mecanismo contempla establecer un bloque tarifario de 85 kWh mensuales destinado a cubrir necesidades energéticas básicas de las familias y cuyo suministro sería contratado mediante licitaciones especiales. Dichas licitaciones incluirían mecanismos de demanda garantizada (take-or-pay) y plazos de entrada rápida, con el fin de reducir la incertidumbre de los oferentes y lograr precios significativamente inferiores a los contratos actualmente vigentes. Según las estimaciones del comando, este esquema podría permitir una reducción de hasta 40% en el costo del bloque vital y de cerca de 20% en la cuenta promedio de un hogar regulado.
Böhme enfatizó que la medida no implica modificar ni renegociar contratos existentes, sino complementar el sistema con una contratación paralela focalizada en los consumidores residenciales. En su opinión, este enfoque permitiría recuperar la legitimidad perdida al mostrar que la transición energética puede traducirse en beneficios concretos y medibles para la ciudadanía.
Distribución
El representante del comando de Jara también destacó la urgencia de abordar la calidad del servicio de distribución. Afirmó que el actual modelo de empresa eficiente requiere ajustes focalizados para permitir que parte de la tarifa reconozca inversiones orientadas a mejorar la resiliencia de la red y la continuidad del suministro. Para él, los eventos climáticos de los últimos años y las interrupciones masivas revelaron brechas estructurales en infraestructura y coordinación territorial que no pueden postergarse.
Junto con ello, planteó que la Comisión Nacional de Energía (CNE) y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) requieren un fortalecimiento institucional, tanto en recursos como en capacidades técnicas. “No basta con ajustar normas; necesitamos organismos que puedan sostener la complejidad de un sistema que crece en renovables, almacenamiento y nuevas tecnologías”, aseveró.
En relación con la transición, definió como meta prioritaria que el país alcance al menos un 20% de capacidad de almacenamiento respecto de su matriz eléctrica dentro del próximo periodo presidencial, algo que hoy considera alcanzable gracias al rápido ingreso de nuevos proyectos.
Instituciones
La visión del comando de José Antonio Kast fue presentada por José Venegas, ex secretario ejecutivo de la CNE y profesional con más de tres décadas de experiencia en generación, transmisión y distribución.
Venegas partió abordando lo que considera los principales problemas que enfrenta el sistema: el abandono de la distribución y un déficit significativo de gestión en las instituciones públicas del sector. Resaltó que durante los últimos cuatro años no se avanzó en la modernización de la distribución, pese a que el gobierno anterior, según afirmó, dejó una reforma preparada en comercialización, medición inteligente y calidad de servicio.
A su juicio, este atraso ha impedido que los clientes regulados y las pequeñas empresas se integren adecuadamente al proceso de electrificación, frenando la expansión de buses eléctricos, la infraestructura de carga y la electrificación de viviendas sociales. “El sistema perdió cuatro años en llevar energía de calidad a los consumidores”, aseveró, agregando que el Ministerio de Energía creció en dotación sin traducir ese aumento en mejores decisiones técnicas.
Venegas dedicó parte importante de su intervención a criticar la gestión tarifaria del último periodo. Sostuvo que la pérdida de legitimidad que enfrenta el sector no se debe únicamente a errores técnicos, sino también a la “excesiva politización” de las decisiones regulatorias. Aseguró que una parte importante del alza tarifaria reciente se explica por la devaluación del peso chileno y por el crecimiento exponencial de la deuda acumulada en el mecanismo de estabilización, y acusó al gobierno de culpar a las empresas ante cada falla sin asumir su propia responsabilidad.
En materia técnica, Venegas coincidió con el análisis de que el sistema requiere urgentemente mayor capacidad de servicios complementarios y generación síncrona para operar de manera segura en un contexto de alta penetración renovable. Estimó que la entrada masiva de baterías obligará a establecer nuevos criterios operacionales y de mercado, especialmente en lo relativo a corrientes de cortocircuito y soportes de inercia. Según dijo, gran parte de estos ajustes no requieren reformas legales, sino decisiones administrativas y metodologías claras por parte del Coordinador Eléctrico Nacional.
Uno de los puntos más debatidos fue la situación de las inversiones y los permisos. Venegas sostuvo que la inseguridad en ciertas zonas del país y la compleja red de permisos sectoriales y territoriales han frenado la entrada de proyectos de generación y transmisión. Planteó que el país necesita una “ventanilla única real”, con atribuciones para articular organismos, evitar duplicidades y resolver conflictos normativos. También llamó a revisar la superposición entre permisos eléctricos, reglas ambientales y criterios de ordenamiento territorial, advirtiendo que la falta de definición estatal está “generando incertidumbre donde antes había certeza”.
Permisos sectoriales
En contraste, el representante del comando de Jara reconoció la necesidad de mejorar los permisos. Böhme pidió evitar narrativas que transfieran la responsabilidad a la legislación ambiental y afirmó que el principal problema actual es la falta de gestión, coordinación y claridad en los criterios técnicos aplicados a los proyectos.
La discusión también abordó el rol de los PMGD, la necesidad de revisar los mecanismos de remuneración de transmisión y los desafíos emergentes en la industria del hidrógeno verde.
Venegas llamó a no sobredimensionar las expectativas del hidrógeno y recordó que los proyectos deben ajustarse a realidades de mercado y competencia internacional. Böhme coincidió en que la industria enfrenta desafíos logísticos y financieros, pero resaltó que Chile posee ventajas estructurales que pueden mantenerse con políticas estables.
Pese a sus diferencias, ambos comandos coincidieron en la urgencia de modernizar la distribución, fortalecer la institucionalidad, acelerar permisos y avanzar en almacenamiento. No obstante, difirieron en el grado de intervención estatal, en la forma de abordar las tarifas y en la interpretación de los problemas regulatorios recientes.
Ana Lía Rojas
Cabe destacar que la jornada tuvo un fuerte protagonismo de Ana Lía Rojas, directora ejecutiva de Acera, quien no solo abrió el encuentro contextualizando los desafíos estructurales del sistema energético, sino que también intervino activamente durante el debate.
En un momento, incluso extendió la discusión para instalar con mayor fuerza el tema de la electrificación y subrayar ante ambos representantes de los comandos presidenciales la necesidad de abordar con seriedad los nudos regulatorios que están frenando la transición energética.
Rojas enfatizó que el próximo gobierno debe asumir una agenda energética clara y operativa, y desde Acera presentó cinco puntos centrales que, a su juicio, deben guiar tanto el debate actual como la política pública del próximo ciclo: generación renovable, almacenamiento, transmisión, distribución y demanda.
