noviembre 2, 2016 | Industria
(Diario Financiero) Pese a que desde hace casi un año cuenta con los permisos ambientales y que en mayo la Corte Suprema desestimó los recursos de los opositores a la iniciativa, la colombiana ISA modificará el trazado de una línea de transmisión que es clave en varios aspectos y cuyas obras comenzaron en abril.
Se trata de la línea Cardones-Polpaico, de 753 kilómetros (entre las regiones de Atacama y Metropolitana) y una inversión de US$ 1.000 millones, que no sólo reforzará el mayor sistema eléctrico del país, el SIC, sino que también viabilizará su interconexión con el SING.
A través de su filial Interchile, la compañía informó a la autoridad ambiental que busca adecuar el trazado en tres zonas y una de ellas involucra a un territorio que desde el inicio de la iniciativa le ha sido hostil: la comuna de Zapallar.
En los documentos ingresados a inicios de octubre, la firma describe una variante del trazado que implica reubicar 30 torres de alta tensión en el sector de Las Terneras, ubicado dentro de los límites de las comunas de Zapallar y Puchuncaví, “y se ejecuta con el objetivo de evitar cruzar el terreno en el que se encuentra emplazado un aeródromo, por lo que por razones de seguridad se hace necesario modificar el trazado”, explica Interchile.
Adicionalmente, indican que el proyecto original se desarrollaba en las cercanías de una iniciativa inmobiliaria en construcción y finalmente, aseguran que este nuevo despliegue reduce la superficie de bosque nativo a intervenir.
Las otras dos modificaciones, que a mediados de septiembre -previo a su envío a la autoridad ambiental- fueron presentadas al ex ministro de Energía, Máximo Pacheco, involucran mover treinta torres en la zona de Talinay, en Ovalle, para no interferir con el parque eólico de esa zona, y en la variante denominada Huaquén, en la comuna de La Ligua, serán reubicadas seis torres que en el diseño original estaban en los alrededores de antiguas minas de socavón.
Interchile le pide a la autoridad que estos cambios no tengan que ser sometidos a evaluación ambiental.
[Unión Sing-SIC: Interchile critica demoras en permisos ambientales]
octubre 16, 2016 | Industria
(La Tercera) No sólo la judicialización es un problema que preocupa a la colombiana ISA, que a través de su filial Interchile impulsa la construcción de la línea de transmisión de alta tensión Cardones-Polpaico. La carretera eléctrica de 753 kilómetros, y que es vital para materializar la interconexión entre los sistemas eléctricos del norte (Sing) y centro (SIC) del país -al unirse con la línea de Engie Chile- ha debido enfrentar demoras en la entrega de algunos de sus permisos ambientales, necesarios para avanzar en la construcción del proyecto, faena que comenzó en abril pasado.
“Hay algunos permisos ambientales que han tomado más tiempo del debido, a pesar de que Interchile ha llevado a cabo esta tarea de manera responsable y ordenada. Es un tema que nos preocupa y que debería inquietar a las autoridades del país, ya que afecta la normal tramitación de proyectos de gran envergadura como es este y que puede llegar a poner en riesgo la entrada en operación de la línea”, explica el gerente general de Interchile, Jorge Rodríguez.
El tema no es menor, pues la firma tiene un plazo límite para entregar la línea de transmisión, que es diciembre de 2017, fecha que fue impuesta por el gobierno y es una exigencia que el ministro de Energía, Máximo Pacheco, ha reiterado en varias ocasiones, debido a los presuntos impactos que pudiera haber sufrido el proyecto ante la fuerte oposición y judicialización principalmente por parte de los habitantes de Zapallar, una de las 20 comunas que serán impactadas por el proyecto, que pasará por las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana.
Por eso, para cumplir los plazos establecidos, la compañía indicó a inicios de año que su estrategia será avanzar en la construcción de la obra “acorde a la obtención de los permisos ambientales”.
Obstáculos para nuevas obras
Rodríguez señala que la extensión de los plazos para las aprobaciones se debe a un sistema “poco ágil”, que se transforma en un “obstáculo” para el desarrollo de futuras iniciativas. “Si bien Chile ha hecho una importante apuesta por dar un salto en materia energética, el país cuenta con un sistema poco ágil que se convierte en un obstáculo para la concreción de nuevas iniciativas, lo cual termina afectando los plazos que comprometen las empresas”, recalca el ejecutivo. Enfatiza, además, que este tema lo ha conversado con “las autoridades pertinentes”.
Pero pese a estos inconvenientes, Rodríguez dice que están “confiados” en que la línea entrará en operación en las fechas estipuladas. “Si bien en algunos casos específicos los plazos para obtener las autorizaciones necesarias han sido mayores a los esperados, por la gran cantidad de organismos que intervienen en el proceso, tenemos la opción de avanzar en otros tramos del proyecto, incluso de manera simultánea, generando así avances considerables que nos permiten no tener atrasos en las obras”, detalla.
Dueños de predios
Donde sí están avanzando de manera rápida es en la obtención de los permisos de los dueños de los predios por donde pasará la línea para desarrollar las servidumbres necesarias para la instalación de las 1.724 torres de alta tensión que requiere el proyecto.
“Ya tenemos el 91% de los acuerdos cerrados, en línea con lo que estimábamos”, dice.
En todo caso, reconoce que ha habido varios intentos en los que no han logrado llegar a buen puerto -porque los propietarios no son ubicables o simplemente no fue posible llegar a un acuerdo-, pero aclara que en esos casos “se han iniciado procesos de solicitud de otorgamiento de concesiones definitivas ante la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC)”.
En ese proceso intervienen, además de la SEC, una o varias comisiones tasadoras, el Ministerio de Energía y, en último término, la Contraloría, señala. “En ese sentido, esperamos tener todos los acuerdos resueltos de aquí a diciembre de este año”, asegura Rodríguez.
Arista legal
La arista judicial es un tema no menor para Interchile. El proyecto sumó más de 400 recursos de protección por sus opositores, los que finalmente fueron declarados inadmisibles por la Corte de Apelaciones de Santiago.
Hoy, la compañía afirma que no tiene ningún tema judicial pendiente, pero el viernes pasado se abrió otra arista en Interchile. Se trata del informe que emitió la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, encargada de analizar la aplicación de la normativa en la aprobación de los proyectos Cardones-Polpaico (transmisión) y Doña Alicia (hidroeléctrica). La instancia concluyó que el ministro Pacheco intervino “más allá de la responsabilidad que tiene en su cargo” y que la participación ciudadana del proyecto se realizó sobre la base de “muchas presiones y falsedades”.
Pese a que Pacheco se ha defendido al respecto, indicando que un reciente informe de Contraloría concluye que él no actuó más allá de sus facultades, la empresa -más allá de este tema puntual- asegura que “Interchile ha actuado de forma responsable en este proyecto”.
Rodríguez dice que “como en todo proyecto, nos hemos encontrado con complicaciones en el camino, pero hemos sabido resolverlas, resguardando a las comunidades y el normal desarrollo de la línea de transmisión”.
En ese sentido, y pese a algunos cambios que se han realizado al trazado de la línea, Rodríguez asegura que “en su esencia” el proyecto “no ha sufrido modificaciones” y que tampoco se ha alterado la inversión, la que se estima en US$ 1.000 millones.
“La evaluación responsable que hicimos desde un inicio ha permitido mantenernos dentro de los márgenes de costos, sin afectar el desarrollo del proyecto”, señala. Rodríguez destaca, en todo caso, que “debemos mantenernos ahí para que el proyecto sea viable económicamente para la empresa”.
[Las tecnologías en subestaciones que traerá la línea Polpaico-Cardones]
octubre 16, 2016 | Industria
(La Tercera) El sector eléctrico es uno de los que mira con más atención las modificaciones al Código de Aguas actualmente en trámite.
Varias voces de la industria critican la iniciativa, como los desarrolladores de pequeñas hidroeléctricas o minihidro, que estiman que la modificación impactará en la meta del gobierno de construir 100 nuevas centrales de este tipo durante el mandato de la Presidenta Bachelet.
Visión diferente a la que tiene el ministro de Energía, Máximo Pacheco, quien sostuvo que la reforma propuesta arregla una “distorsión” del mercado eléctrico, que es la posesión de derechos de aprovechamiento de agua que hoy no están siendo utilizados.
“Estamos perfeccionando el funcionamiento de este mercado, terminando con una distorsión que existe, y con una forma de acaparamiento que le hace mucho daño al sector eléctrico”, señaló.
El secretario de Estado agregó que la reforma tiene una buena orientación, la que a su juicio se justifica con las devoluciones de derechos de aguas que han realizado algunas empresas, como el reciente caso de Endesa Chile. “Y van a venir más, anticipo que muchas empresas están discutiendo seriamente cuando van a devolver los derechos de agua”, señaló.
El ministro hizo un llamado a que la discusión en torno a la tramitación del proyecto de ley no se transforme en un debate “ideológico ni político”. Además, afirmó que si el Estado le concede derechos a personas o empresas son para satisfacer los intereses del país “y no corresponde que el Estado le entregue derechos de agua a las empresas y éstas no los utilicen. Eso en buen castellano se llama hacer la del perro del hortelano, que no come ni deja comer”.
Respecto de la meta de construcción de 100 centrales minihidro, Pacheco comentó que esta cifra no está en riesgo por la reforma al Código de Aguas. “Somos un gobierno que hemos mantenido una permanente relación de cooperación y de diálogo con el sector gremial. Vamos a cumplir la meta”, dijo.
Pese a ello, en el gremio no están muy convencidos. Rafael Loyola, director de la Asociación de Pequeñas y Medianas Centrales Hidroeléctricas (Apemec), apuntó que el gremio cree que el plan del ministerio “se ve directamente afectado” con la modificación al Código de Aguas. “La reforma sin duda tendrá efecto sobre la reactivación de la economía, en un rubro como el hidroeléctrico que es la tecnología de generación que implica más inversión de carácter local”, agregó.
Acusación de diputados
El jueves, en tanto, la comisión investigadora que indaga sobre los procesos de aprobación de los proyectos Doña Alicia (centra hidroeléctrica en la comuna de Curacautín), y la línea de transmisión Cardones Polpaico, acusó directamente al ministro Pacheco de una “intervención más allá de sus facultades” en ambos casos.
Al respecto, la diputada UDI Andrea Molina señaló que Pacheco “pasó más allá de lo que él tiene de responsabilidad en su cargo”, acusación que Pacheco desacredita.
Según el ministro, la propia diputada Molina envió un oficio al Contralor General de la República pidiéndole su opinión acerca de si el secretario de Estado había excedido sus facultades legales. “El contralor concluyó que no se advierte la concurrencia de ilegalidades en la participación del ministro de Energía, argumentó Pacheco, quien además resaltó el caracter estratégico de la línea de transmisión.
[Nuevo Código de Aguas complica inversiones hidroeléctricas por US$1.200 millones]
octubre 12, 2016 | Industria
(T13) Las aguas están revueltas en la relación del principal transmisor eléctrico del país y las autoridades regulatorias. El 20 de septiembre pasado, Transelec interpuso ante la Corte de Apelaciones de Santiago un recurso de protección en contra del Ministerio de Energía y el Centro de Despacho Económico de Carga del Sistema Interconectado Central (CDEC-SIC), buscando revertir la decisión de esta última de aplicar una multa de US$ 1,8 millones por el atraso que tuvo la entrada en operación de la línea Nogales-Polpaico, que ya cumple cinco años de funcionamiento.
El abogado Arturo Le Blanc, vicepresidente de asuntos jurídicos y fiscal de Transelec —firma controlada por la canadiense Brookfield Asset Management— cuenta en el escrito que la multa cursada el pasado 14 de septiembre es improcedente, primero porque el CDEC-SIC no cuenta con atribuciones legales para imponer castigos de esta naturaleza, pero sobre todo, porque la compañía envió entre agosto de 2009 y noviembre de 2011 una serie de cartas al ministerio de Economía (que en ese entonces dirigía estas materias) y luego al Ministerio de Energía, explicando las razones del por qué era necesaria una extensión de los plazos.
Lo primero que advierte en estas comunicaciones es que parte de los cuatro hitos incluidos en el proceso de licitación —órdenes de compra de suministros, aprobación ambiental, construcción del 50% y entrada en operación— no serían posibles de cumplir por una serie de razones, entre ellas, que la adjudicación que debía haber sido cursada el 22 de marzo de 2008, finalmente fue publicada en el Diario Oficial el 16 de junio de ese año, tres meses después.
En otras de las cartas sostiene que debió proceder a realizar cambios en los trazados que había establecido la licitación original para no afectar a comunidades y que además, se enfrentaron dificultades con el terremoto de 2010, que sorprendió a la firma y sus contratistas en plena obra.
“Mi representada nunca recibió respuesta alguna que se pronunciara en forma medianamente sustantiva frente a tales solicitudes, a pesar de la reiteración de las mismas en diversas ocasiones, situación que simplemente se mantiene hasta la fecha”, dice el relato del recurso, definiendo el actuar de la autoridad como de “inacción total”.
De hecho, la compañía plantea que el único atisbo de respuesta lo recibió el 29 de diciembre de 2011 de parte del Ministerio de Energía, en la que simplemente indicó que dicha secretaría de Estado “se encuentra analizando las referidas solicitudes, atendidos los fundamentos de hecho y de Derecho contemplados en dichas comunicaciones”. Nada más.
Transelec relata que la licitación original fijaba el plazo de entrada en operación en abril de 2010, pero por todos los inconvenientes la nueva línea comenzó a operar finalmente en noviembre de 2011.
El cobro de la garantía
Así, tras casi cinco años de operación en el que no se conoció de ninguna investigación, la firma relata que se enteró informalmente que en mayo pasado el Ministerio de Energía solicitó información al CDEC-SIC respecto a si se habían incumplido plazos en la construcción y entrada en operación de la línea.
“Habiendo sido informada de lo anterior, mi representada responsablemente volvió a enviar una carta al Ministerio de Energía, con fecha 10 de junio de 2016, indicándole que sobre la materia existían presentaciones fundadas de la empresa pendientes de respuesta… El ministerio tampoco se pronunció”, relata Le Blanc en el escrito. Y alega que acto seguido, la autoridad dio curso al cobro de las boletas de garantía que aseguraban el cumplimiento de los últimos dos hitos y que sumaban US$ 3 millones.
La Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso y decretó una orden de no innovar, lo que implica que el CDEC-SIC no puede avanzar en el cobro de la multa fijada hasta que el caso se resuelva. Junto a lo anterior, el tribunal pidió informes a las autoridades que dirigen hoy el Ministerio de Energía (Máximo Pacheco), la jefa de servicio de dicha cartera (Jimena Jara) y el director del CDEC-SIC (Sergi Jordana de Buen).
Este martes, tanto el ministerio como el CDEC-SIC entregaron respuestas al tribunal. El escrito de 17 páginas firmado por el ministro Máximo Pacheco, sostiene que el recurso fue presentado fuera del plazo establecido y pide al tribunal que se le rechace por extemporáneo.
El ministerio reconoce la serie de consultas planteadas por Transelec entre 2009 y 2011, no obstante, sostiene que “las autoridades de esta secretaría de Estado determinaron que las presentaciones de la empresa no tenían el mérito suficiente para justificar la modificación de los plazos establecidos (en la adjudicación), por lo que aquellas presentaciones fueron desestimadas”. La autoridad dice que el cobro de las boletas de garantía en junio, deja en evidencia que la compañía conocía desde hace tres meses que se aplicarían las multas por incumplimiento “por lo que el presente recurso resulta absolutamente extemporáneo”.
[Transelec anuncia inversiones por US$500 millones y concreta arribo a Perú]
septiembre 23, 2016 | Industria
(La Tercera) Hasta la comuna de Mejillones llegó el pasado miércoles el gerente general de Engie Chile, Axel Levêque, para participar junto al ministro de Energía, Máximo Pacheco, en la inspección de las obras de la línea de interconexión.
El proyecto que construye Transmisora Eléctrica del Norte (TEN), empresa filial de Engie y la española Red Eléctrica, exhibe un 60% de avance. Sin embargo, en su discurso, Levêque, expresó su preocupación sobre el proceso paralelo a la interconexión de los sistemas eléctricos del Norte Grande y el Interconectado Central (Sing y SIC, respectivamente): el de la fusión de sus respectivos Centro de Despacho Económico de Carga (CDEC) y su eventual retraso, que podría tener, a su juicio, impacto en los proyectos que se construyen alrededor de la interconexión.
Habló sobre una preocupación que el proceso de fusión de los CDEC afecten la línea de TEN ¿A qué se refería?
No quise decir que había un problema especialmente. Pero como el ministro lo pronunció en su discurso (en la visita de inspección a las obras de interconexión), cuando muchos técnicos empiezan a hablar de temas técnicos, se pueden atascar los asuntos, porque son muy técnicos. Cuando miramos la evolución de corto plazo del sector, esta interconexión es un cambio total de paradigma de funcionamiento del sector. La regulación tiene que evolucionar, pero a la vez los CDEC tienen que unificarse. Además, vamos a tener que poner en marcha la línea, y la empresa Isa va a tener que poner su línea en funcionamiento su línea Polpaico-Cardones. Son varios mega proyectos a la vez, y creo que la autoridad necesita tomar total conciencia de eso para asegurar que no nos atasquemos en ninguna parte de estos procesos.
¿Le preocupa un eventual atasco que afecte a la línea de interconexión?
No me preocupa, porque es un proyecto del tamaño que el grupo Engie ha realizado en otras partes del mundo. Pero estamos hablando de un proyecto que deben finalizar en el plazo de un año, y un año es suficiente para asegurar que todos estemos alineados en estos cronogramas.
¿Qué tan importante es para ustedes que la línea entre en operación en los plazos establecido, y que no sufra retrasos?
Es importante por dos razones. Una, es un compromiso que tenemos con el Estado de Chile, y tenemos que cumplir con nuestra palabra. Además, la necesitamos como empresa para suministrar los contratos que hemos ganado en el año 2014, y que empiezan en 2018. Esta línea es de suma importancia para vender nuestra energía, de acuerdo a los contratos de suministro que hemos firmado
¿Le sorprendieron los precios de la última licitación?
He dicho que la interconexión es la primera etapa de un cambio de paradigma de cambio de funcionamiento del sistema. El otro es que tenemos que dejar de hablar de energías renovables, de ERNC, carbón, etc. La última licitación demostró lo que está pasando en muchas partes del mundo, que es que varias tecnologías de producción de energía pueden competir hoy. Lo que nosotros queremos hacer es tener la posibilidad de desarrollar los proyectos que económicamente más viabilidad tienen, y más valor agregado aportan para nuestros socios locales. Así que en este ámbito, desarrollar energía a base de carbón lo hemos descartado, eso no es nuevo, y respecto a desarrollar nuestros proyectos ERNC, estamos en eso desde hace al menos tres o cuatro años.
¿Están mirando algún tipo de activo disponible en el mercado?
No estamos mirando nada en particular. Lo que si es cierto, es que estamos mirando lo que está pasando en el mercado de forma permanente. Lo hacemos hoy, y lo haremos mañana.
[Proyecto de interconexión SIC SING tiene 60% de avance]