agosto 7, 2018 | Industria
(El Mercurio de Antofagasta) Un potencial geotérmico explotable que oscila entre los 1.300 y 3.800 MW, el 72% del cual está concentrado entre las regiones de Arica y Parinacota y Antofagasta, fue calculado recientemente para el país en el marco de la Mesa de la Geotermia. Con el objetivo de aprovechar ese recurso es que la ministra de Energía, Susana Jiménez, anunció el envío de un proyecto de ley destinado a impulsar nuevos proyectos de generación que utilicen esta fuente renovable.
Efectivamente, la mesa de Geotermia fue una instancia público-privada que tuvo como objetivo establecer el estado actual de los proyectos geotérmicos en Chile, identificar las brechas para convertirse en una alternativa económica para el desarrollo del sector electricos, detectar ventajas de su incorporación en la operación del sistema eléctrico e identificar posible medidas para conseguir una mayor utilización de esta fuente energética.
Entre sus resultados, estableció que Chile cuenta con exploración suficiente para cifrar el potencial técnicamente explotable de las zonas exploradas entre 1.300 y 3.800 MW, con un rango de inversiones entre US$9.000 y US$25.000 millones.
El 72% del potencial geotérmico, para producción de electricidad, se concentra en la cordillera de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.
El otro 28% está distribuido en la cordillera existente entre la Región Metropolitana y Los Lagos. Cabe mencionar que, nuestro país concentra más del 25% de los volcanes activos del mundo.
[VEA TAMBIÉN: Chile tiene un potencial geotérmico de hasta 3.800 MW e inversiones por US$25 mil millones]
Propuestas
Los análisis realizados por la Mesa de Geotermia concluyeron que, a corto plazo, un incremento en los requerimientos de flexibilidad en el sistema eléctrico nacional, determinado por el alto nivel de participación que alcanzan las energías renovables con variabilidad horaria.
Asimismo, los participantes de la Mesa presentaron una serie de propuestas para desarrollar la geotermia, como modernizar el pago por capacidad; incorporar medidas para lograr mayor flexibilidad y seguridad en el sistema; y búsqueda de fondos de cooperación internacional para mantener instrumento de Mitigación de Riesgo de Explotación Geotérmico.
De la misma forma, recomendaron crear un comité experto para la descarbonización de la matriz eléctrica; elaborar un plan de desarrollo de usos directos de la geotermia; y modificar la Ley 19.657 sobre concesiones geotérmicas.
Proyecto
Durante su visita a la región -con motivo del inicio de la última fase de construccióndel proyecto termosolar Cerro Dominador-, la ministra Susana Jiménez ahondó en los resultados de esta instancia que fue impulsada por el Ministerio.
«Uno de los logros de la mesa fue establecer ciertas medidas o planes de acción para darle mayor oportunidad a la geotermia como fuente de generación eléctrica. Una de éstas es la mesa de descarbonización, en la cual ya hemos avanzado y que destaca la geotermia como una fuente de reemplazo parcial de la generación a carbón, por su condición de fuente de base, es decir, que produce en forma permanente y segura», dijo la ministra.
Adicionalmente, Jiménez destacó la intención de revisar la Ley de Concesiones Geotérmicas y otras materias de carácter administrativo y normativo.
Respecto del espíritu de ese proyecto de reforma legal, sostuvo que será materia de análisis, «pero la idea es poder aumentar las alternativas de exploración y explotación de la geotermia, siempre resguardando el trabajo con las comunidades y la normativa ambiental. Tenemos planificado enviar el proyecto al Congreso en 2020, pero ese hito podría adelantarse», advirtió.
El seremi de energía, Aldo Erazo, destacó que «se identificó el potencial de esta fuente en la región de Antofagasta para explotación es superior a los 600 MW. Además, en lo que respecta al proyecto Cerro Pabellón, la empresa concesionaria está evaluando un proyecto de ampliación de la planta por 30 MW adicionales, lo que se podría concretar en 2020», cerró.
Planta única en Sudamérica
En septiembre de 2017 Enel y Enap inauguraron el proyecto Cerro Pabellón -ubicado en la comuna de Ollagüe-, la primera planta geotérmica de Sudamérica y a gran escala construida a 4.500 metros sobre el nivel del mar en el mundo. Está compuesta por dos unidades de una potencia instalada bruta de 24 MW cada una por un total de 48 MW de capacidad. En plena operación producirá alrededor de 3.40 GWh al año que equivale a las necesidades de consumo anual de más de 165 mil hogares. Su inversión llegó a los US$320 millones.
agosto 6, 2018 | Industria
(El Mercurio de Valparaíso) A un mes de haber sido ingresada la respuesta de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) a tramitación ambiental para reactivar el proyecto termoeléctrico «Nueva Era», que se pretende construir en Concónen dependencias de la Refinería Aconcagua, los servicios públicos que participan del proceso dieron respuesta a la iniciativa que ingresó su segunda adenda para poder conseguir el permiso ambiental para la edificación de la central.
Enap incluyó las respuestas a las 76 observaciones pendientes y un estudio de salud de la Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) que asegura -según la empresa-, que la central no significaría un daño para la salud de las personas.
De los 20 servicios públicos que participan en el proceso, quince dieron a conocer sus respectivos informes: diez de ellos no realizan observaciones a la iniciativa y se declaran conformes a la información presentada por la estatal, pero cinco entidades públicas, hicieron reparos, aclaraciones y rectificaciones respecto a lo presentado por la empresa.
Conformidad
La Seremi de Energía, El Servicio Nacional de Turismo, la Seremi de Agricultura, el Sernageomin, el Consejo de Monumentos Nacionales, la Corporación Nacional Forestal, el Servicio Agrícola Ganadero, la Dirección General de Aguas, la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones y la Seremi de Obras Públicas, son los servicios que dieron conformidad a la iniciativa que pretende ser puente para suministrar de energía al Sistema Interconectado Central (SIC).
Entre los informes, que son de carácter público en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), la Seremi de Energía dio a conocer que «en atención a los solicitado en el Oficio Ordinario de Antecedentes, se informa que se revisó la adenda del proyecto «Central Nueva ERA», presentado por el señor Cristián Nuñes Riveros, en representación de Enap Refinerías S.A. En base a la revisión del documento citado anteriormente, este órgano de administración del Estado se pronuncia conforme sobre la adenda antes mencionada».
Todos los servicios que se declaran bajo conformidad lo hacen con este tipo de documento y sólo realiza un pequeño reparo el Servicio Agrícola Ganadero, que estipula que «debe quedar establecido que la medida de perturbación para fauna propuesta por el titular debe repetirse ante periodos prolongados de inactividad en la etapa de construcción por la potencia recolonización de las especies identificadas».
[VEA TAMBIÉN: Core de Valparaíso vota en contra de proyecto de termoeléctrica de Enap en Concón]
Críticas a estudio UC
El primer servicio que realiza observaciones al proceso de tramitación ambiental es la Seremi de Medio Ambiente, que cuestiona los datos presentados por la estatal en relación al cumplimiento de la Norma de Termoeléctrica y las compensaciones que ofrece la empresa por pretender emplazar la central en una zona que es considerada saturada.
La entidad desacredita el estudio de salud pública realizado por la Pontificia Universidad Católica de Chile, ya que -según indican-, la Seremi de Salud no certifica el diagnóstico, por lo que no podría asegurar que la termoeléctrica no daña a la salud de las personas.
En el informe presentado por Medio Ambiente se da a conocer que «el estudio presentado por el titular en el EIA (autoridad competente) durante el proceso de evaluación del presente proyecto. En consecuencia, la inexistencia de de riesgo no está acreditada».
Además, según el servicio, existe incertidumbre respecto de los cálculos de las emisiones que presenta el titular en Óxidos de Nitrógeno (NOX) y Material Particulado (MP), en los impactos al medio ambiente que están presentados en la segunda adenda respecto de datos anteriores existentes en la tramitación ambiental y en la falta de la inclusión de todas las zonas de influencias o declaradas saturadas.
Desestiman estudio
Por su parte, la Seremi de Salud realiza las observaciones desde el punto de vista de influencia de la entidad y da a conocer que no hay precisión, y que no se corrobora que el emplazamiento de la central genere un daño a la salud de las personas en una zona que es considerada saturada y latente. Además, hace reparos en torno a la línea base del proyecto, las emisiones, la utilización del agua y el estudio UC.
«El Estudio de la Pontifica Universidad Católica de Chile, presentado por el titular, fue desestimado por esta Seremi de Salud durante el proceso de evaluación del presente proyecto», dice Salud.
Por lo tanto, argumentan, «en lo que respecta a esta evaluación, aún no se responde en forma satisfactoria a las consultas relacionadas con reconocer el riesgo a la población y por consiguiente valorar la significancia del riesgo de ésta en el área de influencia, mediante una correcta aplicación metodológica, análisis y ponderación, utilizando un modelo de exposición que relacione y considere de manera proporcionalmente correcta la realidad de la zona, el aporte real de todas las emisiones».
Municipios en contra
Mientras, las municipalidades de Concón, Quintero y Quillota dieron a conocer sus reparos y plantean firmemente que el proyecto carece de establecer mitigaciones y/o compensaciones.
El municipio de Quintero pone énfasis en que la empresa no acoge la solicitud de las vías de acceso y transporte, no existe claridad en la extracción de agua, falta detalle de la línea base e informa que la línea de transmisión que plantea Enap pasa por el humedal del Río Aconcagua, que es un área verde. En esta misma línea, el municipio de Quillota plantea disconformidad respecto al terreno y la poca claridad de dónde será emplazada la subestación seccionadora.
En tanto, Concón realiza observaciones respecto a la zona de influencia de la iniciativa, las mitigaciones, la condición de saturación, la reducción de las emisiones, los valores que hay de éstas y cuál es el real impacto que generan.
Desde el municipio de Concón son tajantes en su informe, pues reiteran que en su informe, «firme su rechazo al proyecto, debido a que no logra demostrar que no existe riesgo a la salud de la población y a los recursos naturales de la comuna».
Especificaciones técnicas del proyecto
De acuerdo a lo establecido en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la central Nueva Era «considera un conjunto una central de ciclo combinado a gas natural, una línea de transmisión de doble circuito de 500 kV y una subestación seccionadora para la conexión e inyección de energía al Sistema Interconectado Central (SIC)». Enap postula que «el desarrollo y construcción de una central de generación eléctrica de tipo de ciclo combinado, se justifica dada la necesidad de satisfacer el constante aumento en el consumo de agua que se registra a nivel nacional».
agosto 6, 2018 | Industria
(El Mercurio) Una propia y particular sequía enfrenta el fisco de Chile en materia de derechos de aprovechamiento de agua. Por ley, desde 2006 quienes poseen estos títulos pero no utilizan el caudal que se les asignó, deben pagar una patente anual. Y si bien desde entonces el Estado ha recaudado US$ 417 millones por este concepto, cada vez menos empresas y personas están cumpliendo con el impuesto, que fue creado para desincentivar la especulación de precios.
Datos de la Dirección General de Aguas (DGA) del Ministerio de Obras Públicas (MOP) muestran que el número de patentes pagadas oportunamente (durante marzo de cada año) ha ido cayendo de manera consecutiva en los últimos diez años.
Mientras en 2007 se llegó a un récord de 67% de patentes pagadas (1.110 de un universo de 1.651), por US$ 21 millones, de US$ 31 millones posibles, una década después solo cumplieron con esa obligación 1.078 patentes de un total de 5.320. Es decir, el 80% de quienes debían pagar está en situación de morosidad, una cifra récord desde que existe esta patente. La recaudación, en tanto, fue de apenas 21%, US$ 26 millones de un total esperado de US$ 124 millones.
«Lamentablemente, la tasa de morosidad es alta», reconoce Óscar Cristi, asesor de la DGA. «Hasta julio se han recaudado solo US$ 26 millones de los US$ 124 millones que la Tesorería General de la República debe cobrar», confirma.
Así, los primeros 11 años de vigencia de este tributo acumulan una morosidad de US$ 317 millones, dineros que de haber sido enterados habrían robustecido las cuentas del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (65%), de los municipios (10%) y del presupuesto general de la nación (25%).
Detallada en la resolución 3430 de la DGA, la nómina de las patentes morosas del año pasado incluye a la mayoría de las actividades productivas del país, desde empresas eléctricas y mineras, hasta agrícolas y ganaderas, pasando además por viñas, sanitarias, salmoneras, inmobiliarias y alimenticias.
También hay compañías estatales. Codelco, por ejemplo, exhibe la deuda más cuantiosa en esa categoría: un millón de dólares por 20 patentes de Antofagasta, Calama, Los Andes y San Felipe y un caudal total de 2.723 litros por segundo.
La lista incluye a otras dos empresas públicas (Enami, con $50,4 millones, y a Enap, con $5,5 millones), a seis municipalidades (Camiña, Tierra Amarilla, Nogales, Ranquil, Lanco y La Unión) y hasta a la Junta Nacional del Cuerpo de Bomberos.
Entre los privados, la nómina de la DGA identifica a las eléctricas Colbún, AES Gener y Endesa, y a mineras como Quebrada Blanca, SQM, Collahuasi, Zaldívar, Escondida, Spence, Antofagasta Minerals, Casale y Mantos de Oro.
[VEA TAMBIÉN: MOP: Código de Aguas creará panel de expertos para dar carácter “más técnico” a decisiones de la DGA]
Plan de cuatro pilares
Enfrentar este problema es una de las prioridades que el ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine, anunció recientemente al Congreso, al exponer su agenda de recursos hídricos ante la comisión ad hoc de la Cámara de Diputados.
En tiempos de escasez hídrica, el secretario de Estado explica a «El Mercurio» que «como Gobierno buscamos garantizar el abastecimiento de agua para consumo humano en zonas urbanas y rurales y potenciar el buen funcionamiento del mercado de agua».
La estrategia para alcanzar ese objetivo se basa en cuatro pilares: certeza jurídica de la duración y transferibilidad de los derechos de agua; certeza hídrica de los mismos, para que sean consistentes con la real disponibilidad en las cuencas y acuíferos; mayor transparencia y menores costos de transacción en el mercado, y fiscalización efectiva por parte de la DGA.
Fontaine avizora cambios regulatorios y de gestión, entre ellos terminar con el sobreotorgamiento de derechos de agua, reducir las extracciones ilegales y monitorear el nivel de los acuíferos.
Según el titular del MOP, además, «vamos a reducir la especulación en los derechos de agua, haciendo un cobro efectivo de las patentes por no uso del agua, las cuales hoy muchas veces no se pagan».
Fuera de la fiscalización
De acuerdo con el Código de Aguas, el cobro de estas patentes se basa en un trabajo conjunto de la DGA y la Tesorería General de la República. La primera fiscaliza el no uso de los derechos de agua, informa a los deudores y cada último día hábil de diciembre envía la nómina de morosos a Tesorería.
Luego, esta última debe cobrar la patente y distribuir lo recaudado entre el FNDR, los municipios y el presupuesto general; y en caso de morosidad, enviar los antecedentes a los juzgados de letras competentes, para que estos realicen las subastas respectivas.
Hoy, la DGA y la Tesorería trabajan en un software de gestión de patentes, que permita interconectar sus sistemas de información para agilizar la cobranza y el eventual remate de los derechos morosos.
Un problema no resuelto es el desconocido número de derechos de agua que no han sido inscritos en el Catastro Público de Aguas y que están, por ende, al margen de la fiscalización.
julio 25, 2018 | Medio Ambiente
(El Mercurio de Valparaíso) El alcalde (s) de Quintero, Rubén Gutiérrez, confirmó que está a la espera de la decisión del Consejo de Defensa del Estado (CDE) -que fue emplazado por el Ministerio de Medio Ambiente– para ver si presentan acciones legales como municipio contra los eventuales responsables del vertimiento de residuos de petróleo al estero Santa Julia, el fin de semana recién pasado.
El hecho ocurrió cerca del lugar donde una empresa contratista de Enap desarrollaba trabajos de hundimiento de cañerías.
[VEA TAMBIÉN: Ministerio de Medio Ambiente solicita al CDE interponer demanda por daño ambiental tras derrame en Quintero]
«Necesitamos conocer en primera parte como fue la dinámica de los hechos y en el fondo quién provocó este vertimiento. Por ello estamos en contacto con el Ministerio del Medio Ambiente ya que dicha cartera fue la que solicitó al Consejo de Defensa del Estado el generar acciones»,explicó Gutiérrez.
En tanto, la senadora Isabel Allende, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, precisó que «hemos enviado oficios a la autoridad , pero principalmente a Enap -quien aparece preliminarmente como responsable de lo ocurrido-para que nos expliquen qué fue lo que pasó; qué medidas se adoptarán».
julio 24, 2018 | Medio Ambiente
(La Tercera-Pulso) La ministra de Medio Ambiente, Marcela Cubillos, junto al Subsecretario de la cartera, Felipe Riesco, llegaron hasta las oficinas del Consejo de Defensa del Estado para reunirse con el Presidente (s) del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Carlos Mackenney, para tratar el derrame de hidrocarburos que afectó a un estero de la zona de Santa Julia, en Quintero, este domingo.
En dicha reunión, las autoridades del Ministerio le solicitaron formalmente al CDE interponer una demanda por daño ambiental en contra de los responsables de la emergencia. Este organismo es el que tiene la legitimación activa para ejercer esta acción en contra de quien corresponda, con el objetivo de obtener la reparación íntegra del medio ambiente dañado.
[VEA TAMBIÉN: Vertimiento de hidrocarburo a estero genera alarma vecinal]
“Ante un hecho de esta naturaleza lo que corresponde es establecer responsabilidades, aplicar sanciones que corresponda y reparar el daño ambiental. La comunidad afectada no puede estar permanentemente expuesta a este tipo de emergencias” señaló la ministra Cubillos.
El domingo, luego de recibir la denuncia, autoridades de la Seremi de Medio Ambiente de la Región de Valparaíso se hicieron presentes en el lugar, coordinando la realización de toma de muestras y entrega de información a los vecinos.
En el área afectada existe un sistema de Agua Potable Rural que abastece a 250 familias. La zona afectada se encuentra cercana a trabajos que realiza un contratista de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap).
