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Gobierno convoca a 80 expertos y fija para abril proyecto de transmisión

(La Tercera) El proceso participativo con el que la Comisión Nacional de Energía (CNE) pretende determinar los cambios regulatorios que incluirá la nueva ley de transmisión -enmarcada en los planes de la Agenda Energética- registró un importante hito esta semana.

El secretario ejecutivo de la CNE, Andrés Romero, comentó que se conformaron cuatro mesas de trabajo que serán las encargadas de hacer recomendaciones y solicitar estudios técnicos que den sustento y encaminen a la nueva normativa, cuya redacción se espera que esté concluida en abril o mayo del próximo año.

El titular de la CNE especificó que estas mesas contarán con la participación de 80 expertos, quienes debatirán ideas sobre cuatro temas ya definidos: expansión de la red, libre acceso y remuneración (25 personas); seguridad, tecnologías, continuidad y calidad del servicio (16); operación del sistema interconectado (CDEC) (17), y emplazamiento de las redes y territorios (22).

Asimismo, detalló que todas las instancias contarán con la participación de los profesores de la Pontificia Universidad Católica (PUC) Hugh Rudnick y David Watts.

Romero explicó que la elaboración del proyecto de ley sobre transmisión eléctrica se construye de esta forma, pues “quisimos rescatar una práctica positiva que se hizo cuando se discutió la Reforma Procesal Penal, que terminó en un trámite parlamentario menos complejo”.

Estas nuevas mesas de trabajo se sumarán a las que ya conformó el gobierno frente a la nueva regulación de las tarifas del gas de redes.

¿Qué se ha hecho?

Las mesas de trabajo fueron conformadas entre el lunes y martes de esta semana. Entre sus integrantes destacan nombres como los de Sara Larraín, de Chile Sustentable; Rodrigo Palma, de la Universidad de Chile; Renato Agurto, de Synex; Rodrigo Quinteros, presidente del CDEC Sing; Ramón Galaz, de Valgesta: Claudio Inglesis, presidente del CDEC-SIC, y el de la ex secretaria ejecutiva de la CNE Vi- vianne Blanlot.

Todos ellos trabajarán -durante cuatro sesiones- en base a la actas de un taller que se realizó hace pocas semanas en el ex Congreso, en el que participaron agrupaciones transversales que al final de la sesión entregaron al gobierno recomendaciones y líneas de acción en la materia. Ese material será usado como el insumo base para los cuatro grupos que acaba de establecer la CNE.

“Estos grupos van a derivar en aspectos en donde se visualice un grado de consenso y de maduración de ideas que deberían definir un cambio regulatorio. También mostrarán otras en las que no hay tanta claridad y que van a requerir los estudios que los expertos de la Católica deberán desarrollar”, explicó Romero.

La PUC contará con un plazo de cuatro meses, a contar de fines de agosto, para hacer las investigaciones, cuyas determinaciones se esperan para diciembre. Tras ello, la idea es aunar en un nuevo congreso las conclusiones de las mesas de trabajo y de los estudios técnicos, para luego redactar la ley y tener el proyecto listo entre abril y mayo.

Eventuales cambios

De acuerdo a lo planteado en la Agenda Energética frente a los cambios en la red de transmisión, se evaluarán -entre otros puntos- modificaciones en criterios de planificación de largo plazo y tarificación, tanto en lo referido al mecanismo de remuneración como de asignación de costos.

En esa línea, Romero comentó que uno de los focos tendrá que ver con el modelo de remuneración de la transmisión. Explicó que si bien podría haber un consenso en términos generales, se requerirán estudios que simulen qué pasaría si se aplican modificaciones.

“Hay que repensar el sistema de remuneración, hay algunos que proponen una división de los costos por todos los consumidores del país. Otros dicen que eso no es positivo”, dijo Romero. En ese sentido, añadió que la idea es permitir que futuras planificaciones del troncal cuenten con las holguras que el país requiere.

El titular de la CNE dijo también que se revisará la organización de los Centros de Despacho Económico de Cargas (CDEC). Frente a ello, indicó que se requiere discutir la naturaleza jurídica de los organismos y evaluar si la mejor opción es contar sólo con uno (hoy existe uno para el SIC y otro para el Sing). También señaló que frente al tema del ordenamiento territorial, deberá definirse hasta dónde llegará el rol del Estado.

Francisco Peralta es nombrado director ejecutivo de Enap

Mediante un comunicado, Enap informó del nombramiento de Francisco Peralta Cortés como director ejecutivo de la estatal.

El nuevo ejecutivo es ingeniero comercial de la Universidad Católica con estudios de postgrado en Inglaterra y Estados Unidos. También cercano a Tokman, luego de haber sido su asesor en la Comisión Nacional de Energía.

Peralta se desempeñaba como coordinador de la División Seguridad y Mercado Hidrocarburos en el Ministerio de Energía, donde veía temas de suministro de petróleo y gas.

Cabe recordar que el 15 de mayo pasado, asumió Oscar Leal como gerente de HSE (seguridad y medioambiente) con dependencia directa del gerente general.

Leal, ingeniero de la Universidad de Chile, tiene una vasta experiencia laboral en el ámbito de Seguridad, Salud y Medio Ambiente, especialmente en el sector minero.

Nuevo estudio jurídico se especializa en recursos naturales y medio ambiente

Con la intención de fortalecer las áreas del derecho constitucional, medio ambiente, recursos naturales, urbanismo, inmobiliario y regulatorio, surge el estudio jurídico Cubillos Evans, el cual busca un aprovechamiento de las sinergias en los diferentes campos de experiencia de sus socios y asociados.

El socio Gonzalo Cubillos explica que “somos un estudio altamente capacitado, ya que los integrantes de nuestro equipo se han desempeñado como asesores y árbitros en conflictos de alta sensibilidad nacional, como socios de importantes estudios jurídicos, y como fiscales de empresas mineras y eléctricas. Además forman parte de las instituciones académicas más importantes de nuestro país”.

La fusión tiene como principales socios a Gonzalo Cubillos, abogado de la Universidad de Chile, y árbitro del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago;  Eugenio Evans, abogado, magíster en Derecho Público con mención en Derecho Constitucional por la Universidad Católica de Chile y profesor de dicha casa de estudios; José Miguel Hernández, abogado de la Universidad Chile, magíster en Medioambiente y Recursos Naturales de la Universidad de Denver, EE.UU; Fernando Molina, abogado de la Universidad Diego Portales, diplomado en Derecho Marítimo en el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile; y Arturo Urzúa, abogado de la Universidad Chile, magíster en recursos naturales y energía por la Universidad de Denver, EE.UU.

A ellos se suma la experiencia laboral de los abogados senior asociados: Soledad Martínez, quien fue gerente legal de Antofagasta Minerals; gerente de Asuntos Corporativos de E-CL, filial del grupo franco belga GDF Suez (Ex Edelnor) y abogado sénior de Enersis y Endesa, mientras que Carlos Martín se desempeñó como fiscal de Enersis entre 1989 y 1996, para luego ejercer hasta 2013 como fiscal y secretario del Directorio de Endesa Chile.

Cubillos Evans tiene como pilar fundamental entregar una completa asesoría legal y estratégica en asuntos de Derecho Público Económico aplicado a la inversión privada, con particular énfasis en mercados regulados, gracias al ejercicio jurídico en materias de Derecho Constitucional, Administrativo, Ambiental y Eléctrico, entre otras, pudiendo prestar asesorías tanto al sector privado como al público.

Cabe destacar que el estudio ha integrado a su equipo dos ingenieros civiles con experiencia en el desarrollo de proyectos de inversión, los que han participado en la dirección de diversas iniciativas de la industria energética local.

“Nuestros principales clientes son compañías del rubro de la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica; empresas inmobiliarias y compañías mineras”, agregó el socio, José Miguel Hernández.

Recientemente, como parte del plan de crecimiento, Cubillos Evans inauguró nuevas oficinas ubicadas en Las Condes, donde albergará a los más de 30 profesionales que trabajaran en la nueva firma.

Andrés Alonso asume como nuevo gerente de Gas y Energía de Enap

Mediante un comunicado, Enap informó que para abordar el desarrollo del GNL y potenciar su participación en proyectos energéticos, se conformó la a Gerencia de Energía y Gas, la que estará a cargo del ingeniero Andrés Alonso. Esta área se transforma en la tercera línea de negocios de la compañía, sumándose a la de Exploración y Producción, y a la de Refinación y Comercialización.

Previamente a su llegada a la empresa energética, Alonso se desempeñó como gerente de Energía y Cambio Climático en BHP Billiton, y como gerente de Energía y Recursos Hídricos de Codelco. En dicha calidad, ejerció como vicepresidente de GNL Mejillones, gerente general de las Centrales Energía Minera y Luz Minera, y ha sido presidente del Comité de Energía y Cambio Climático del Consejo Minero durante los últimos seis años.

Relación con comunidades

Para reforzar el área de relacionamiento con las comunidades, Gabriel Méndez asumió como gerente de Asuntos Corporativos de Enap.

Méndez, abogado de la Universidad de Chile, fue asesor de Tokman en la Comisión Nacional de Energía, donde coordinó la reforma institucional del sector energético, que significó la creación del Ministerio de Energía, del Centro de Energías Renovables y la Agencia Chilena de Eficiencia Energética.

Posteriormente, como socio de la consultora Sustentank -cargo en el que estaba hasta asumir en Enap- ha participado en diversos proyectos de desarrollo sustentable.

Sector energético aborda relación entre comunidad, empresas y academia

En el marco del seminario «Agenda de Energía: Una tarea para Chile» se llevó a cabo el foro panel “Sociedad, academia e industria”,  instancia en la que representantes del sector discutieron sobre los aportes de la Agenda de Energía para generar un cambio de paradigma y cuáles son sus planteamientos más relevantes y diferenciadores para la industria.

Hugh Rudnick, director de Systep y académico de la Universidad Católica, invitó a abrir el debate, a través de una presentación en la que destacó que la Agenda, si bien no hace un diagnóstico novedoso en cuanto a que el sistema necesita confiable, sustentable, inclusivo y con precios razonables, sí releva la legitimidad social y el sentido de urgencia.

«Tiene compromisos concretos, como reducir los costos marginales del SIC durante este periodo del Gobierno en un 30% y reducir los precios de las licitaciones de suministro de la próxima década para hogares, comercios y pequeñas empresas, en un 20% respecto a los precios ofertados en las últimas licitaciones», afirmó Rudnick.

También señaló que es importante la mención del documento, respecto a transformar a Enap en un actor protagónico de los desafíos energéticos y generar un gobierno corporativo, entre otros, indicando que «el modelo está resultando deficiente para nuevos desafíos, como promover competencia, precio accesibles y otros».

Además agregó que hay ciertos cambios significativos, como aumentar la capacidad de GNL e instalar nuevas centrales de ciclo combinado, apoyar el desarrollo de la leña, la geotermia y el mercado hidroeléctrico, entre otros. Así también destacó la ley de eficiencia energética y el Eje número siete, respecto a participación ciudadana y ordenamiento territorial.

Mientras que Sara Larraín, directora del Programa Sustentable-Chile Verde, manifestó que el Eje número siete es uno de los más débiles de la Agenda, indicando que «hay intentos de poner cosas evidentes, pero que están en el centro de relaciones conflictivas entre comunidades y empresas. Además, el ordenamiento territorial se sigue viendo como un obstáculo para el desarrollo, debe ser más que un ordenamiento de cuencas». Sin embargo, aseguró que las menciones sobre el nuevo rol del Estado y la eficiencia energética podrían ser un cambio de paradigma.

Respecto al Eje número seis, se aseguraría que se construirá en el Gobierno de la Presidenta Bachelet las construcciones en obra, por lo que indica que no habrá cambios en esta materia, lo que influiría en la sustentabilidad de la matriz.

Por su parte, Rodrigo Palma, director de Serc y académico de la Universidad de Chile, aseguró que hay una apuesta a corto plazo, relacionado con el GNL, y una a largo plazo, que tiene que ver con las ERNC. «Un tema no mencionado es la innovación, si revisan documentos anteriores la palabra innovación aparece una o dos veces mencionado o es inexistente y aquí aparece 10 veces aproximadamente. Hay una serie de espacios que llama a la academia a buscar el futuro en potenciar las ERNC al 2050, para que seamos potencia de desarrollo», indicó.

Posteriormente, René Muga, vicepresidente ejecutivo de Generadoras de Chile AG, afirmó que hay que destacar la integración del mundo académico y social y que se ha perdido la capacidad de dialogar de ciertos temas. «Es un rol diferente del Estado. Desde la misma industria pedíamos que el Estado tuviera un rol diferente, estaba siendo difícil el desarrollo sin el Estado. La Agenda enfatiza el rol del Ministerio de Energía, pero se echa de menos el cómo se enfrenta y resuelve con el apoyo de la institucionalidad, pero también el resto del servicio público hay que convencerlo, no solo el ministro debe saberlo», agregó.

De manera complementaria, Rodrigo Castillo, director ejecutivo de Empresas Eléctricas AG, sostuvo que no se puede saber si hay un cambio de paradigma por los planteamientos de la Agenda.

Es así como expresó que «no alcanza a hacerse cargo de una discusión para la que no estamos preparados, que tiene que ver con el rol del Estado en la economía como un todo», y agregó que «no creo que en Chile estemos seguros de que el mercado tiene que ver con mejorar fallas del mercado energético o si hay elementos que no deben ser tratados como mercado, sino como garantías de derechos sociales. Habrá que ver si el Estado está en condiciones de incorporar esa variable para evitarnos el peligro de un exceso de discusión en materia de ordenamiento territorial».

Finalmente, Carlos Finat, director ejecutivo de Acera, dijo que pareciera que se han acumulado una cantidad de anomalías que el modelo ya no puede mejorar, preguntándose de qué manera el mercado llega a un bien común. «Tenemos que reconocer que hay un contexto que no se puede dar por conocido, porque no está definido. Hay profundas diferencias que serán usadas para obstaculizar el juego libre político. Hay una serie de detalles que debieran apuntar a a este nuevo paradigma», destacó.