abril 3, 2013 | Industria
(Diario Financiero) José Manuel Soria, ministro de Industria, Energía y Turismo, se mantiene firme en el proceso de reformas energéticas que ha emprendido, a pesar de que es consciente de que los ajustes están siendo dolorosos para las empresas y de que los que están por venir tampoco van a resultar agradables para ninguna de ellas, sean eléctricas tradicionales, grupos de renovables o compañías de otras energías de régimen especial. “Las medidas no van a gustar a las compañías”, anticipa en una entrevista con Expansión.
En ella, el ministro explica que está previsto que el nuevo paquete de medidas se apruebe antes de julio en el Consejo de Ministros, posiblemente a través de un real decreto ley y un proyecto de ley, de manera que éste, tras su tramitación parlamentaria, sea efectivo “en septiembre o a lo largo del otoño (boreal)”.
El objetivo de Soria es poner fin al déficit de tarifa eléctrico, el agujero que se crea en el sector porque los ingresos no cubren los costos. El ministerio de Industria está decidido a actuar sobre las empresas, porque “el usuario ya ha ido asumiendo parte del ajuste” [vía subida de tarifas en los últimos años] y el consumidor no puede ser siempre el perjudicado”.
“Tenemos que actuar sobre los costos regulados”, afirma. Es decir, sobre lo que se paga a las eléctricas como Endesa, Iberdrola o Gas Natural por sus redes de distribución, lo que percibe Red Eléctrica por la alta tensión y lo que reciben otras empresas de renovables y régimen especial en concepto de subvenciones.
“Sin solución fácil”
Soria es consciente de que el déficit de tarifa es “un problema difícil, sin una solución fácil”, que se ha agravado por el exceso de capacidad de generación instalada, en un momento de escasa demanda y con una estructura de mercado muy concentrada. “Desde 2005 hasta ahora, la potencia instalada ha crecido un 40%; ahora hay un exceso del 60% en horas punta. Además, “el consumo eléctrico en 2012 fue igual que en 2005”.
El ministro explica que “con la liberalización, hay más operadores, pero los cinco primeros copan el 70% de la generación o el 95% de la distribución”.
Aunque el precio de la electricidad en el pool (el mercado mayorista),“está en los niveles europeos, los costos regulados se sitúan por encima, y hay que actuar sobre ellos”, comenta.
En este proceso, Soria no teme una avalancha de recursos judiciales. “No conozco ninguna empresa, sea la que sea, que no recurra una medida que no le gusta; tiene derecho a recurrir”. Y se siente confiado en las capacidades jurídicas del gobierno para hacer frente a la batalla legal. “Tenemos informes favorables [a la reforma] de la abogacía del Estado”.
El ministro aprovecha para mandar un mensaje a los fondos internacionales que han asegurado que las reformas suponen inseguridad jurídica y preparan arbitrajes. “Deben saber que las legislaciones no son pétreas”.
Con todo, Soria confía en que las empresas terminarán asumiendo que las reformas son, a mediano y largo plazo, mejor para ellas que la alternativa. Se evitará el riesgo de que llegara un momento en el que “no se pudiera titulizar” [financiar] todo el déficit de tarifa. En esto, el ministro envía un mensaje de tranquilidad a las eléctricas, que han temido la posibilidad de que el gobierno decretara una quita al déficit de tarifa que tienen pendiente de cobro: “La quita no se ha contemplado”, dice.
Fuente / Diario Financiero
abril 3, 2013 | Industria
(Estrategia) Frente a un escenario de precios de la energía cada vez más caros, el presidente del Grupo CGE, Jorge Marín Correa, afirmó en la presentación de la memoria 2012 que la compañía planteará con fuerza la necesidad de reformular el subsidio transitorio a la tarifa eléctrica –actualmente vigente– con el fin de reducir el impacto de los altos precios de la electricidad sobre la población más pobre.
Respecto a los recientes procesos de licitación de bloques de energía para clientes regulados que la empresa ha debido declarar desiertos o parcialmente cubiertos, Marín sostuvo que este no es sólo un problema para la empresa, sino un desafío país. “Esta situación obedece, entre otros factores, a la dificultad creciente de desarrollar proyectos de generación y a las actuales condiciones que la regulación impone”, afirmó.
Por otra parte, agregó que pese a que los costos son traspasados a los clientes regulados, el desafío de la empresa será “colaborar para que se suministre energía a precios razonables, combinando seguridad en el abastecimiento y protección al medio ambiente”.
Fuente / Estrategia
abril 3, 2013 | Industria
(Diario Financiero) En el marco de la Estrategia Nacional de Energía (2012-2030), La Moneda lanzó recientemente el concurso para la construcción de la primera planta de Concentración Solar de Potencia (CSP), que almacena y suministra electricidad de forma continua, incluso en horas que no hay radiación.
El subsecretario del ramo, Sergio del Campo, explica que el Ministerio de Energía, a través de Corfo, proveerá de un subsidio de hasta US$ 20 millones, al tiempo que se gestionó un subsidio adicional de US$ 18,6 millones por parte de la Comunidad Europea y más de US$ 350 millones en créditos blandos, entre otros, para que esta tecnología sea viable. Adelanta que si el proyecto se adjudica a fines de este ejercicio, la planta podría estar operando en 2017.
– ¿En qué consiste la licitación?
- Es la construcción de una planta de concentración de al menos 10 MW, en cualquiera de sus variantes tecnológicas. Con ella, incentivamos la construcción de la primera planta en la región porque creemos que la energía solar tiene un rol en nuestra matriz energética. Queremos impulsar su integración como una alternativa de suministro eléctrico.
– ¿Qué condiciones deben reunir los proyectos que participen de la convocatoria?
– Buscamos adjudicar el subsidio del Estado a un proyecto que, considerando todos los elementos de apoyo, sea técnica y económicamente viable en el marco del sector eléctrico nacional, donde las inversiones son realizadas por el sector privado. Que sigan la tecnología de Concentración Solar de Potencia (CSP) en cualquiera de sus variantes tecnológicas, de al menos 10 MW de potencia. El proyecto debe presentar una garantía de comercialización de la energía a generar, es decir, un contrato de suministro o un acuerdo de entendimiento para firmar este contrato en un plazo máximo de 12 meses; asimismo, debe mostrar viabilidad financiera a través de cartas bancarias manifestando interés en ser parte del financiamiento del proyecto.
-¿Quiénes pueden participar?
– Compañías nacionales y extranjeras; consorcios, o asociaciones de empresas nacionales con firmas o entidades tecnológicas extranjeras que tengan experiencia en plantas de generación de energía eléctrica a partir de la radiación solar, específicamente de tecnología de concentración solar.
– ¿En qué consiste esta tecnología?
- Es una tecnología que almacena y suministra electricidad de forma continua y gestionable, incluso en las horas en que no hay radiación.
– ¿Cuántos MW aportará a la matriz energética?
– Las bases imponen un piso de 10 MW de potencia, sin embargo, dadas las economías de escala que presenta la tecnología y que la fórmula de adjudicación premia por mayor cantidad de energía generada y horas de almacenamiento, tenemos expectativas de que sea superior a 50 MW. Respecto de los costos, pueden variar entre US$ 6 y 8 millones por MW instalado, lo que implica que una planta de 50 MW podría alcanzar una inversión total de US$ 400 millones.
– ¿Qué beneficios traería?
- El hecho que sea una tecnología capaz de almacenar energía durante las horas que hay radiación y suministrarla cuando no hay sol, hace que el factor de planta de producción pueda llegar al 60%-70%, comparable con una planta de generación convencional, superando la barrera de la intermitencia que enfrentan otras tecnologías energías renovables no convencionales. Esta característica hace que pueda proveer de potencia firme al sistema, lo que finalmente se traduce en mayor capacidad de gestionabilidad y suministro continuo.
– ¿Cuál será el impacto en los precios de la energía
– La apuesta por esta tecnología tiene visión de largo plazo, en la medida que los costos de la de Concentración Solar de Potencia sigan bajando, la matriz energética de Chile tendrá la opción de incorporar en mayor medida plantas de este tipo. Esto, indudablemente, puede traducirse en mejores condiciones para los clientes en términos de diversidad de las fuentes energéticas, menor dependencia de combustibles fósiles importados y, dependiendo de la reducción de costos de la tecnología, un efecto en las cuentas finales de los consumidores.
Fuente / Diario Financiero
abril 2, 2013 | Industria
(CNE)La Comisión Nacional de Energía (CNE) concluyó el proceso de cálculo de las componentes del Valor Agregado de Distribución (VAD) y, de acuerdo a lo establecido en la Ley, envió al Ministerio de Energía el Informe Técnico correspondiente para la elaboración del decreto respectivo. Tras la finalización de la fase de toma de razón por parte de la Contraloría General de la República, el Ministerio de Energía publicó el día de hoy, en el Diario Oficial, el Decreto Supremo que fija fórmulas tarifarias aplicables a los suministros sujetos a precios regulados, efectuados por las empresas concesionarias de distribución, vigentes para el período noviembre de 2012 a noviembre de 2016.
Durante el proceso, las empresas concesionarias son agrupadas por costos de distribución similares, constituyendo un conjunto representativo de áreas de distribución típicas (ADT). En cada ADT se obtiene el costo medio de distribuir la electricidad a partir del cálculo de las siguientes componentes de la empresa modelo a) Costo fijo por concepto de gastos de administración, facturación y atención del usuario, independientes del consumo; b) Pérdidas medias de distribución en potencia y energía y c) Costos estándares de inversión, mantención y operación asociados a la distribución. Dichas componentes son calculadas a través de estudios encargados, tanto por las empresas concesionarias como por la CNE, en los que se recogen las singularidades de las empresas modelos, tanto en economías de escala como en su particularidad geográfica. Los valores a considerar en las nuevas fórmulas tarifarias son los resultantes de ponderar por un tercio los valores obtenidos del estudio de las empresas concesionarias y por dos tercios los valores obtenidos del estudio de la CNE.
En base a lo expuesto y de acuerdo a estimaciones de la CNE, las tarifas eléctricas a cliente residencial alimentado en forma aérea experimentarán, a nivel país, una variación promedio de un -1,5%.
Fuente/CNE
abril 2, 2013 | Industria
(La Nación) El 11 de marzo, tras la presentación de sus resultados de 2012, Edenor, la mayor distribuidora de electricidad del país, provocó un profundo silencio por unos segundos entre los empresarios del sector energético. Sus números indicaban que el año pasado había perdido nada menos que 1016 millones de pesos.
La cifra desnuda la situación general de las compañías de servicios públicos de gas y electricidad, definida entre analistas del sector como la peor en por lo menos 15 años: en 2012, todas ellas vieron crecer ampliamente sus pérdidas respecto de 2011. Para Edenor, por ejemplo, significó el mayor quebranto de su historia, y para Camuzzi Gas Pampeana , que lo cuadruplicó, quedar definitivamente en venta.
Difícilmente Marcelo Mindlin, presidente de Pampa Energía, grupo controlante de Edenor, haya pensado que su nave insignia llegaría a esa situación cuando, en 2005, le compró la empresa a la francesa Electricité de France. Por aquellos días visitó en varias ocasiones al entonces presidente, Néstor Kirchner, en su despacho de la Casa de Gobierno, y hasta logró avanzar en un acuerdo para una revisión integral de la estructura de tarifas, algo que nunca se cumplió por completo.
Ocho años más tarde, su empresa es el mejor exponente de la decadencia de los servicios públicos durante el kirchnerismo: no sólo arroja un rojo que impacta en el patrimonio de sus accionistas, sino que incumplió con los pagos a Cammesa (la administradora mixta del mercado eléctrico) por falta de fondos y sufre quejas constantes de sus abonados por los cortes de luz.
La otra distribuidora del área metropolitana, Edesur , tuvo pérdidas por 801 millones de pesos, 70 % más que en 2011, mientras que Edelap, la distribuidora de La Plata, que pasó a la órbita de la gobernación de Daniel Scioli en noviembre de 2011, anotó un rojo de 221 millones, 60% más que en el ejercicio anterior.
El ánimo entre las empresas gasíferas no es mejor. Metrogas, la distribuidora más grande del país y una de las líderes en la región, perdió el año pasado 134% más que en 2011.
Metrogas, que pasará a manos de YPF, está además acosada por la convocatoria de acreedores.
Camuzzi Gas Pampeana, que presta servicio en el sur del país, registró pérdidas por 48,1 millones de pesos el año pasado, casi cuatro veces más que en 2011. La empresa está en venta. El Citibank tiene el mandato para ofrecerla entre empresarios con intereses en el sector energético, algo que ya comenzó a hacer. Hasta ahora, sin embargo, no tuvo respuestas positivas.
El manto de pérdidas alcanzó a Gas Natural Fenosa (ex Gas Ban) en 2012. Entre las grandes, la empresa era la única que tenía números azules en 2011. Su suerte cambió el año pasado: anotó un rojo de 2,4 millones de pesos y se sumó a la suerte del resto.
En las comunicaciones que hacen las empresas a sus inversores y accionistas, donde la obligación de decir la verdad sobre su negocio es más fuerte que el temor a las represalias del Gobierno por criticar la política oficial, todas señalan a un culpable: la demora en los ajustes de tarifas en un contexto de alta inflación, en el que salarios y costos operativos se orientaron al alza.
El presidente de Edenor, Ricardo Torres, lo expuso en su mensaje a los accionistas que acompañó los últimos resultados: sostuvo que el año pasado «se caracterizó por ser un período de serias dificultades económicas y financieras como consecuencia del congelamiento tarifario y del continuo incremento de los costos que afectaron nuestra actividad».
Según Ariel Casarín, profesor del IAE, éste es el momento más crítico de las empresas de servicios públicos en los últimos 15 años por motivos que a su juicio son obvios. «Desde hace diez años tienen el mismo nivel de tarifa y los costos han aumentado. Es interesante comparar la situación local con la de los países limítrofes. El que se fue de vacaciones a Uruguay volvió sorprendido con lo que pagó de luz. Al que visitó a un amigo en Chile le pasó lo mismo por el gas. El industrial argentino que compite con uno brasileño sabe que paga menos, incluso después de la baja en los precios que ordenó Dilma Rousseff. En algunos casos, las diferencias son de 5 a 1. En la Argentina tenemos precios irreales en muchas cosas. Eso explica los números de las empresas.»
Jorge Lapeña, ex secretario de Energía y crítico de la gestión oficial, es incluso más tajante. «Las empresas nunca estuvieron en este estado tan desastroso tanto en lo que hace a resultados como a la situación de deterioro patrimonial, ni cuando eran empresas del Estado, entre 1960 y 1990, ni cuando fueron privatizadas.» A su entender, están «técnicamente en cesación de pagos. No pueden pagar la energía ni los sueldos. En este contexto, se retrasa la inversión, se deteriora la calidad del servicio y aumentan los subsidios del Tesoro. El Gobierno no puede arreglar esto en el tiempo que le queda hasta 2015».
Las empresas han recorrido un largo camino hasta llegar a la situación actual. Durante los primeros años del gobierno de Néstor Kirchner, no se les otorgaron ajustes en las tarifas para que los usuarios pudieran utilizar esos fondos para volcarlos al mercado, con lo que se estimulaba el consumo. En el caso de las industrias, se trataba de una especie de subsidio cruzado que mejoró los costos del sector productivo. Kirchner consideraba que las prestadoras estaban en condiciones de hacer ese esfuerzo porque, a su criterio, en los 90 habían hecho buenos negocios.
Más tarde, cuando el gobierno de Cristina Kirchner quiso remediar la situación, se lo impidieron los usuarios y las asociaciones que los representan. Según las empresas, eso se debió a la falta de tolerancia de los usuarios y a la manera un tanto desordenada de aplicar los ajustes que decidió el Gobierno.
En noviembre de 2011 se buscó otra alternativa que quedó trunca. El ministro de Planificación, Julio De Vido, y el vicepresidente, Amado Boudou, anunciaron la quita paulatina de subsidios a los consumidores, un paso necesario para subir las tarifas. Pero el procedimiento se interrumpió a los pocos meses sin explicaciones.
El escenario llevó al Gobierno a emitir, en noviembre pasado, una señal para recomponer la situación. Aplicó un cargo fijo variable de acuerdo con el tipo de consumo a los usuarios de gas y electricidad, que parte desde los 4 pesos por factura y está afectado a las inversiones que deberán hacer las empresas.
Tanto en el sector eléctrico como en el gasífero creen que en los próximos días el Gobierno anunciará otra medida similar. Aunque no se trata específicamente de un aumento de tarifas, implica un gasto mayor para los usuarios.
El economista Fausto Spotorno, del estudio Ferreres & Asociados, coincide con la mayor parte de los analistas en que la crisis del sector se debe a que «las tarifas nunca se ajustaron». Pero señala otro punto: con los años, se han ido diluyendo los sistemas de regulación, algo que también tiene que ver con las tarifas. «Hoy el Gobierno controla todo, pero igual puede hacer muy poco sin ajustes de tarifas. El sistema regulatorio anterior sólo tiene sentido si los precios reflejan los costos, algo que no ocurre. Al menos con el decreto 1277 del año pasado, que no es tan bueno como lo anterior pero establece un marco, fija un nuevo punto de partida. Eso es algo positivo.»
Fuente / La Nación
