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Enel Distribución inspecciona con helicóptero más de 2.000 kilómetros de red eléctrica

Enel Distribución inspecciona con helicóptero más de 2.000 kilómetros de red eléctrica

Con el objetivo de detectar puntos sensibles en el sistema eléctrico de Enel Distribución, que permitan anticipar y prevenir potenciales interrupciones del servicio, un helicóptero acondicionado con tecnología de última generación, se encuentra inspeccionando un total de 2.015 kilómetros de red de alta y media tensión en 39 comunas de la Región Metropolitana.

«Este tipo tecnología tiene altos niveles de eficiencia, al recorrer los 2.015 kilómetros de redes eléctricas en forma aérea, optimizando el tiempo de inspección a 6 semanas. La forma convencional pedestre, implica un tiempo de 50 semanas, lo que reduce en forma importante los tiempos de inspección», informó la distribuidora.

Inspecciones

El helicóptero encargado de patrullar las líneas tiene incorporado a su fuselaje 3 tipos de tecnologías en cámaras de alta resolución, capaces de escanear la infraestructura en razón de 500.000 puntos por segundo.

Según indicó Enel Dsitribución, «esta actividad es parte del Plan Invierno de Enel Distribución, que contempla medidas preventivas que tienen por objeto reducir la posibilidad de interrupciones de suministro en situaciones de contingencia climática, y mitigar sus impactos».

«La incorporación de tecnología a la actividad de inspección aérea para identificar anomalías o defectos en las redes eléctricas de alta y media tensión, permite la mejora continua de su diagnóstico y mantenimiento, contribuyendo a mejorar el servicio de la compañía a nuestros clientes», explicó Ramón Castañeda, gerente general de Enel Distribución.

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La iniciativa ya fue informada a la autoridad y cumple con estándares de seguridad y cuentan con la debida autorización de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Los vuelos se realizarán a una altura permitida, a baja velocidad y por muy poco tiempo en cada lugar, por lo que no afectará la privacidad de los vecinos ya que solo se enfocan las redes eléctricas.

Los sobrevuelos comenzaron este 7 de febrero entre las 10:00 y las 17:00 horas de lunes a viernes y los sábados de 08:00 a 14:00 horas, a una velocidad promedio de 40 Km/h para lograr realizar un diagnóstico y posterior mantención de la red eléctrica, una acción que contribuirá a mejorar el servicio de la compañía.

Tecnología

Para las labores de inspección se utiliza tecnología termográfica, tecnología láser (lidar) y fotografías de alta definición, lo que permite detectar de manera rápida y efectiva, puntos con alta temperatura en la red, infraestructura de distribución o transmisión con algún daño visible y elementos muy próximos a las redes eléctricas, tales como ramas de árbol u otro tipo de objeto que pudiera entrar en contacto con la red produciendo cortocircuitos.

«Todo lo anterior, que al ser detectado a tiempo, permite ser atendido preventivamente, favoreciendo así la calidad de servicio», informó la empresa.

[+ VIDEO] Estudio propone impuesto progresivo a motores diésel para promover venta de autos eléctricos

Replicar el modelo diseñado para la inserción de energías renovables a través de la Ley N°20.257, estableciendo porcentajes incrementales de comercialización de vehículos eléctricos respecto del parque automotor convencional, con cargos a pagar por los importadores que no lo cumplen, y un impuesto progresivo a los motores diésel de unidades nuevas, es una de las propuestas que se plantean en el documento «Políticas públicas para una adecuada implementación de la electromovilidad en Chile».

El trabajo fue realizado por Eduardo Escalona, socio a cargo de Energía y Mercados Regulados en Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría., y Bárbara Julio, asociada del estudio, quienes señalan que el impulso rápido de la electromovilidad puede tener un impacto relevante en la disminución de las emisiones que genera el transporte en el país.

El estudio analiza los espacios de mejora para Chile, y propone políticas públicas concretas que logren impulsar el mercado de la electromovilidad chileno.

«En nuestro análisis hemos considerado una premisa esencial: el desarrollo de la electromovilidad no debe diseñarse sobre la base de subsidios ni transferencias de recursos del sector público al privado, sino mediante la implementación de regulaciones que nos permitan aprovechar tempranamente el crecimiento exponencial de esta industria y su reducción de costos, tal como ocurrió con la exitosa inserción de las energías renovables en Chile», sostiene Eduardo Escalona.

[LEA TAMBIÉN: Informe: así evolucionará la eletromovilidad en 2020]

«En particular, respecto de la comercialización de vehículos eléctricos, como medidas más relevantes proponemos replicar el modelo diseñado para la inserción de energías renovables a través de la Ley N°20.257, por la vía de establecer porcentajes incrementales de comercialización de vehículos eléctricos respecto del parque automotor convencional, estableciendo cargos a pagar por los importadores que no lo cumplen, y, adicionalmente, establecer un impuesto progresivo a los motores diésel de unidades nuevas», precisa el abogado.

En cuanto a la infraestructura de carga, en el documento se plantea «promover un modelo de colaboración público – privado (public private partnership) enfocado en iniciativas que impliquen inversiones orientadas a la investigación y desarrollo de innovaciones para la infraestructura de carga, reacondicionamiento de vehículos eléctricos (especialmente de las baterías) y tratamiento de los desechos y residuos de los componentes de la infraestructura de carga, vehículos y baterías; todo lo anterior, desde la perspectiva de creación de valor a través de patentes de invención, diseño de utilidad y otros tipos de categorías de propiedad intelectual».

«En definitiva, el principal desafío será la adopción de medidas adecuadas y efectivas para permitir la expansión del mercado de la electromovilidad e, idealmente, acelerar su inserción en todas las actividades económicas y en los consumidores, para lograr una disminución en la emisión de gases de efecto invernadero y contribuir a contrarrestar los efectos del cambio climático», se concluye.

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El trabajo fue realizado por Eduardo Escalona, socio a cargo de Energía y Mercados Regulados en Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría., y Bárbara Julio, asociada del estudio, quienes señalan que el impulso rápido de la electromovilidad puede tener un impacto relevante en la disminución de las emisiones que genera el transporte en el país.

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«En nuestro análisis hemos considerado una premisa esencial: el desarrollo de la electromovilidad no debe diseñarse sobre la base de subsidios ni transferencias de recursos del sector público al privado, sino mediante la implementación de regulaciones que nos permitan aprovechar tempranamente el crecimiento exponencial de esta industria y su reducción de costos, tal como ocurrió con la exitosa inserción de las energías renovables en Chile», sostiene Eduardo Escalona.

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«En particular, respecto de la comercialización de vehículos eléctricos, como medidas más relevantes proponemos replicar el modelo diseñado para la inserción de energías renovables a través de la Ley N°20.257, por la vía de establecer porcentajes incrementales de comercialización de vehículos eléctricos respecto del parque automotor convencional, estableciendo cargos a pagar por los importadores que no lo cumplen, y, adicionalmente, establecer un impuesto progresivo a los motores diésel de unidades nuevas», precisa el abogado.

En cuanto a la infraestructura de carga, en el documento se plantea «promover un modelo de colaboración público – privado (public private partnership) enfocado en iniciativas que impliquen inversiones orientadas a la investigación y desarrollo de innovaciones para la infraestructura de carga, reacondicionamiento de vehículos eléctricos (especialmente de las baterías) y tratamiento de los desechos y residuos de los componentes de la infraestructura de carga, vehículos y baterías; todo lo anterior, desde la perspectiva de creación de valor a través de patentes de invención, diseño de utilidad y otros tipos de categorías de propiedad intelectual».

«En definitiva, el principal desafío será la adopción de medidas adecuadas y efectivas para permitir la expansión del mercado de la electromovilidad e, idealmente, acelerar su inserción en todas las actividades económicas y en los consumidores, para lograr una disminución en la emisión de gases de efecto invernadero y contribuir a contrarrestar los efectos del cambio climático», se concluye.

Propuesta: impuesto progresivo a motores diésel para promover venta de autos eléctricos

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Replicar el modelo diseñado para la inserción de energías renovables a través de la Ley N°20.257, estableciendo porcentajes incrementales de comercialización de vehículos eléctricos respecto del parque automotor convencional, con cargos a pagar por los importadores que no lo cumplen, y un impuesto progresivo a los motores diésel de unidades nuevas, es una de las propuestas que se plantean en el documento «Políticas públicas para una adecuada implementación de la electromovilidad en Chile».

El trabajo fue realizado por Eduardo Escalona, socio a cargo de Energía y Mercados Regulados en Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría., y Bárbara Julio, asociada del estudio, quienes señalan que el impulso rápido de la electromovilidad puede tener un impacto relevante en la disminución de las emisiones que genera el transporte en el país.

El estudio analiza los espacios de mejora para Chile, y propone políticas públicas concretas que logren impulsar el mercado de la electromovilidad chileno.

«En nuestro análisis hemos considerado una premisa esencial: el desarrollo de la electromovilidad no debe diseñarse sobre la base de subsidios ni transferencias de recursos del sector público al privado, sino mediante la implementación de regulaciones que nos permitan aprovechar tempranamente el crecimiento exponencial de esta industria y su reducción de costos, tal como ocurrió con la exitosa inserción de las energías renovables en Chile», sostiene Eduardo Escalona.

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En cuanto a la infraestructura de carga, en el documento se plantea «promover un modelo de colaboración público – privado (public private partnership) enfocado en iniciativas que impliquen inversiones orientadas a la investigación y desarrollo de innovaciones para la infraestructura de carga, reacondicionamiento de vehículos eléctricos (especialmente de las baterías) y tratamiento de los desechos y residuos de los componentes de la infraestructura de carga, vehículos y baterías; todo lo anterior, desde la perspectiva de creación de valor a través de patentes de invención, diseño de utilidad y otros tipos de categorías de propiedad intelectual».

«En definitiva, el principal desafío será la adopción de medidas adecuadas y efectivas para permitir la expansión del mercado de la electromovilidad e, idealmente, acelerar su inserción en todas las actividades económicas y en los consumidores, para lograr una disminución en la emisión de gases de efecto invernadero y contribuir a contrarrestar los efectos del cambio climático», se concluye.

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Eléctricas deberán invertir US$300 millones para cumplir con nuevo estándar de calidad de servicio

Eléctricas deberán invertir US$300 millones para cumplir con nuevo estándar de calidad de servicio

(La Tercera-Pulso) Una desafiante meta tienen las distribuidoras eléctricas en los próximos dos años, las que deben desembolsar unos US$300 millones para cumplir con las nuevas exigencias de la Norma Técnica de Calidad de Servicio en Sistemas de Distribución.

Esto, luego que en 2017 la Comisión Nacional de Energía (CNE) estableciera nuevos estándares del tiempo promedio de interrupción por cliente al año, para cada comuna del país. Para lograr lo anterior, la entidad reguladora clasificó las comunas en cuanto a su nivel de densidad: alta, media, baja y muy baja.

Así, para los años 2018 y 2019, el límite de interrupciones promedio, por ejemplo, para una comuna con alta densidad fue de 8,5 horas al año. Sin embargo, a partir de este año la exigencia pasó a 5 horas por año. En densidad media, el tiempo máximo de interrupción deberá bajar de 9,5 a 7 horas por año; en caso de densidad baja, de 12 a 9 horas por año; y en muy baja de 16 a 14 horas por año.

Según la norma elaborada por la CNE, las interrupciones que se contabilizan en este promedio anual no incluyen las solicitadas por el usuario o aquellas que hayan sido calificadas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) como eventos de fuerza mayor o caso fortuito.

En esa misma línea, tampoco se incluyen las asociadas a un Estado Anormal Agravado o aquellas que se produzcan por fallas fuera de la red de distribución, es decir, en transmisión o generación.

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Obligatoriedad

El escenario es complejo para las empresas de distribución, que son las que obligadamente deben invertir en mejorar la calidad de suministro, pues si no lo hacen serán multados por la SEC. A esto se le suma que en diciembre pasado, el
Congreso aprobó la Ley Corta de Distribución, cuyo principal foco es disminuir la rentabilidad de estas a un rango de entre 6% y 8% después de impuesto.

El Superintendente (s) de Electricidad y Combustibles, Andrés Jauregui, señaló que “es importante señalar que las empresas tienen la obligación de informar, oportunamente, a la SEC de las interrupciones que experimentan sus clientes, tanto en forma mensual, como en forma horaria, cada día”. Agregó que si las empresas no cumplen con las nuevas exigencias, se iniciarán las respectivas investigaciones y procesos administrativos, que serán los que determinará si corresponde el pago de compensaciones para las empresas infractoras.

En tanto, el director ejecutivo de Empresas Eléctricas, Rodrigo Castillo, aseguró que en el corto plazo es “sumamente difícil lograr cambios relevantes en la calidad de suministro”. Esto, ya que involucran inversiones relevantes, tanto en infraestructura de redes como e nuevas tecnologías que modernicen el sector.

Agregó que por ello, es fundamental que se modifique la regulación de distribución. “Como industria de la distribución eléctrica hemos señalado, en numerosas oportunidades, que el gran desafío del sector se encuentra en mejorar la calidad de servicio y que, para ello, es fundamental modificar la regulación de la distribución, introduciendo los incentivos necesarios para avanzar en esa línea”, indicó Castillo.

A pesar de que el ente fiscalizador es la SEC, desde el Ministerio de Energía también están monitoreando permanentemente que se comience a cumplir con la calidad de suministro. Estas exigencias son una oportunidad para que las empresas de distribución vayan mejorando su relación con sus clientes, enlínea con la modernización del sector que estamos impulsando desde el Gobierno”, dijo el Ministro de Energía, Juan Carlos Jobet.

Por último, desde Saesa, su gerente general, Francisco Alliende, aseguró que están permanentemente trabajando para cumplir con el compromiso. Así explicó que con el objetivo de disminuir al máximo posibles las horas de cortes, incluso en las zonas de clima extremo o de aislamiento donde operan. “En 2018 presentamos un plan de inversiones a la SEC, el cual se está implementando de acuerdo con lo comprometido, con un avance de 100% a la fecha. Este contempla $190 mil millones sólo para mejoramiento”.