marzo 17, 2016 | Industria
(Diario Financiero) Transelec, el principal actor del negocio de transmisión eléctrica en el país, sacó ayer la voz para criticar públicamente el proyecto de ley que impulsa el gobierno, iniciativa que es seguida de cerca por la industria.
Ante la comisión de Energía y Minería del Senado, el gerente general de la compañía, Andrés Kuhlmann, dijo que varias de la normas que se contemplan, entre ellas el cambio en la tasa de rentabilidad y el alza en las multas, tendrían fuertes efectos en las empresas y en particular sobre la compañía que dirige, la que es controlada por un grupo de fondos de pensiones encabezado por el canadiense Brookfield Asset Management.
Respecto del primer punto, el ejecutivo precisó que al fijar una tasa de rentabilidad variable, de entre 7% y 10% después de impuestos, que reemplazaría al monto fijo actual de 10%, el impacto sobre la rentabilidad sería de unos US$ 500 millones. Esto se explica porque habría menores retornos sobre los activos, al momento de realizarse la fijación de sus tarifas, lo que en términos simples equivale a reconocer menos ingresos en el largo plazo.
“Entendemos la necesidad de adecuación que se está haciendo, pero este es un cambio muy importante, al menos para la compañía que represento”, dijo.
El ejecutivo sostuvo que este cambio en el régimen de rentabilidad los afectaría más que a otros actores del sector, porque ellos ya recobraron sus inversiones y la nueva tasa de rentabilidad regirá recién una vez que el resto haya amortizado sus activos. De ahí que Kuhlmann planteó la necesidad de reponer en el proyecto, actualmente en segundo trámite constitucional, el carácter gradual en la aplicación de la nueva tasa variable. De lo contrario deberán realizar un reconocimiento contable por el efecto en la rentabilidad.
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Multas desproporcionadas
Aunque valoró en general el proyecto, pues permitirá un desarrollo más expedito de la transmisión, señaló que el monto de las multas por indisponibilidad o fallas ponen en riesgo la viabilidad de los operadores.
“El proyecto de ley tiene sanciones absolutamente desproporcionadas respecto de las mejores prácticas internacionales, y Chile es el único país del mundo que plantea compensaciones y multas sin límites”, dijo.
Según un estudio encargado por la firma, en el caso de una interrupción de suministro de 60 minutos por fuerza mayor, como un terremoto, la multa para ellos sería de hasta US$ 116 millones. Aplicado a lo que sucedió el 27F, habría sido de US$ 90 millones. “Esto es más que la utilidad anual de la compañía que represento y no quiero imaginar lo que significaría para un nuevo actor. Es la quiebra”, dijo.
Además, Kuhlmann abogó por el fin a la restricción de integración en el negocio eléctrico (generación, transmisión y distribución), pues a su juicio actualmente no se justifica y al levantarla viabilizaría que grandes actores, como Brookfield Asset Management y CPP (ambos accionistas de la firma), pudieran incursionar en los dos segmentos donde no están.
“Queremos las mismas reglas para todos, sin discriminación, y con estricto apego a la Ley Antimonopolios”, dijo.
El proyecto de transmisión es clave para la agenda energética del gobierno y es prioridad para el ministro de Energía, Máximo Pacheco, pues una vez aprobado se podrá continuar con la mayor licitación de suministro para clientes regulados hecha hasta ahora. La Comisión de Energía y Minería del Senado aprobó ayer la idea de legislar esta iniciativa.
Organizaciones exponen diferencias con proyecto del gobierno
En una maratónica sesión, donde solo la mitad de los expositores que estaban inscritos lograron hacer ver sus puntos a los senadores, representantes de los entes coordinadores de las empresas eléctricas, los CDECs del SIC y SING, ambientalistas y expertos expusieron sus reparos al proyecto de ley del gobierno.
El abogado y ex integrante del Panel de Expertos, Alejandro Vergara, centró sus críticas en los efectos que tendrá en la institucionalidad del organismo encargado de resolver los conflictos en el sector eléctrico, señalando que las potestades que se le daba a la Comisión Nacional de Energía (CNE) y a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) dejaban la puerta abierta para que estos organismo en el futuro no acataran los fallos del Panel, que es el que dirime las diferencias en esta industria.
Sostuvo que dados los cambios que introducía en el funcionamiento de Panel de Expertos, la iniciativa debía contar con un informe de la Corte Suprema, pues era el máximo tribunal el que tenía la potestad para controlar las acciones del organismo, cuestión que no había sido considerada.
La directora ejecutiva de Chile Sustentable, Sara Larraín, señaló que si bien el proyecto avanzaba en algunos ámbitos relativos a la planificación de largo plazo de la transmisión, establecía mecanismos de evaluación para los proyectos donde el Estado tenía un rol relevante en el inicio, pero que luego se restaba de participar del negocio, favoreciendo a las empresas privadas.
Señaló que el establecimiento de los denominados «polos de desarrollo» de proyectos de generación y transmisión finalmente se transformaría en «zonas de sacrificio» y que también se instauraría un subsidio «encubierto» para que los principales tenedores de derechos de agua, entre ellos Endesa, Colbún y AES Gener, desarrollen proyectos hidroeléctricos.
El presidente del CDEC-SIC, Sergi Jordana, mostró su preocupación por la forma en que se designará en Comité de Nominaciones, que será el que a futuro designe los integrantes del coordinador eléctrico nacional, organismo que reemplazará a los actuales CDEC, y solicitó que estas nominaciones las realice exclusivamente el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).
El gobierno tiene preparadas al menos 20 indicaciones al proyecto en las cuales pretende solucionar las diferencias con los principales actores, las que serían ingresadas al Senado durante abril.
marzo 17, 2016 | Mundo
(AméricaEconomía) Los mexicanos cuentan a partir de hoy con una aplicación en internet para conocer los distintos escenarios que le esperan al país en materia energética y climática en 2050, informó la Secretaría de Energía.
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México tiene el reto de lograr que en 2050 las fuentes renovables ocupen el 50% de la matriz eléctrica para reducir el uso de combustibles fósiles y de disminuir a la mitad los GEI que se registraron en el año 2000, apuntó el director de Eficiencia y Sustentabilidad Energética de la Secretaría de Energía, Santiago Creuheras.
Mediante la «Calculadora México 2050» cualquier persona puede crear escenarios en torno a la demanda y oferta de energía y su impacto en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), explicó por su parte el consultor independiente Fernando Olea, uno de los expertos que intervino en el desarrollo de la herramienta.
«Se trata de informar cuál es la situación en temas energéticos y climáticos del país hacia los siguientes 35 años. Es muy didáctica porque permite a cada usuario explorar las diferentes medidas y ver que la primera conclusión para alguien que no está muy metido en el tema es que no hay una sola solución», dijo Olea en la presentación.
La calculadora mexicana parte de una aplicación similar lanzada por el Reino Unido, que también ha sido adaptada en otros 25 países, y se concretó mediante una colaboración entre la Secretaría de Energía, el gobierno británico y el Centro Mario Molina, una asociación civil que analiza políticas energéticas y del medio ambiente.
«Hemos estado comprometidos con que la sustentabilidad sea un eje transversal en lo que estamos haciendo, que exista un balance entre lo ambiental, lo económico y lo social y una manera en que podremos lograr un cambio de comportamiento es a través de la sensibilización, de utilizar herramientas como la que hoy presentamos», dijo Creuheras.
Abierta a todo público, la calculadora tiene una sencilla interfaz gráfica en la que el usuario puede manipular 14 variables para conocer el panorama si se usan más fuentes limpias o se hace más eficiente el uso de la energía en el transporte y el hogar con miras a lograr la reducción de los GEI a la que México está comprometido.
La herramienta cuenta con otra interfaz más compleja con 40 variables de cuatro niveles cada una para que académicos, estudiantes y funcionarios responsables de las políticas públicas puedan proyectar los escenarios, además de una hoja Excel que permite hacer mayores cálculos, explicó Olea.
«Es una herramienta que concientiza, que presenta la situación como la entendemos hoy, tiene unos supuestos de crecimiento poblacional, de crecimiento económico, de precio del petróleo que son nuestro mejor estimado.
«Sí da una imagen de qué pasa, cómo podemos hacer las cosas diferentes o en qué debemos enfocarnos para alcanzar o acercarnos a una solución de un problema que es francamente complejo», concluyó Olea.
marzo 16, 2016 | Industria
Según publicó el sitio Web del Senado, en forma unánime, la Sala despachó a la Cámara Baja el proyecto –iniciado en mensaje- que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos, para introducir mecanismos de equidad en las tarifas eléctricas.
Esto luego que los legisladores presentes en la sesión ordinaria, respaldaran el articulado de la norma que fue estudiado por las Comisiones de Minería y Energía, y Hacienda.
Durante el debate hicieron uso de la palabra los senadores Alejandro Guillier, Alejandro García Huidobro, Juan Antonio Coloma, José García Ruminot, Rabindranath Quinteros, Jorge Pizarro, Felipe Harboe, Antonio Horvath, Iván Moreira, Andrés Zaldívar, Isabel Allende, Carlos Montes, Eugenio Tuma, Víctor Pérez Varela, Alejandro Navarro, Alfonso De Urresti y Francisco Chahuán.
Asimismo, el senador Baldo Prokurica dejó constancia de inhabilitación para votar; mientras que el Ministro de Energía, Máximo Pacheco agradeció la aprobación del texto.
El Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Andrés Romero, señaló que con esta votación favorable del Senado, “hemos dado un nuevo paso en los cambios que hemos estado trabajando estos años para mejorar las condiciones de equidad en nuestro país y hacer más inclusiva la energía”.
Romero agregó que con esta iniciativa “más de 2,7 millones de clientes, es decir, unos 10 millones de chilenas y chilenos, verán reducidas sus tarifas, en algunos casos en más de 40%. Esto a través de un subsidio cruzado que haremos especialmente los santiaguinos con consumos mayores de 200 KWh/mes y que de todas formas seguiremos pagando las tarifas más bajas del país”.
En la actualidad, existe un cobro muy desigual en las tarifas eléctricas residenciales a lo largo del país, que van desde $19.344 (en Santiago) hasta $36.159 (en Linares) (cálculo efectuado sobre cuenta tipo de 180 kWh, enero 2015), explicaron en la CNE.
PROYECTO
El proyecto de ley, iniciado en mensaje, tiene por objeto introducir en la normativa sobre fijación de tarifas eléctricas, mecanismos aplicados al cálculo de las mismas, que se traduzcan en un estrechamiento de la brecha existente entre los valores de este tipo de energía en las diferentes zonas del país.
Contenido del proyecto:
- Incorpora un mecanismo de reconocimiento de generación local, en virtud del cual se establece un descuento en las tarifas eléctricas (no solo las residenciales) de los clientes regulados de aquellas comunas que posean centrales de generación de esta energía.
- El descuento será de hasta un 50% en función del factor de intensidad de cada comuna, el cual será calculado por la Comisión Nacional de Energía, teniendo en cuenta la razón entre la capacidad de generación instalada en cada comuna y el número de clientes sometidos a regulación de precios.
- Define como “Factor de Intensidad” la razón entre la capacidad de generación instalada en cada comuna, expresada en kilowatts y el número de clientes sometidos a regulación de precios y como “Comuna Intensiva en Generación”, la comuna cuyo Factor de Intensidad es igual o mayor a 2,5 kW/N° Clientes.
- Introduce un mecanismo de Equidad Tarifaria Residencial (ETR), aplicable en sistemas eléctricos con capacidad instalada superior a 1.500 kilowatts, en cuya virtud se modifica el componente «distribución» de las tarifas residenciales, para que la diferencia entre el promedio de las cuentas a nivel nacional y la cuenta más alta no sea superior al 10%.
- En aquellas comunas en que se emplacen centrales cuya energía eléctrica generable, en su conjunto, sea mayor al 5% de la energía eléctrica generable en todo el país, se aplicará un descuento adicional que será de hasta un 25% en función del porcentaje de aporte de cada comuna.
- Incrementa las dotaciones en el año 2015 para el Ministerio de Energía, para la Comisión Nacional de Energía y para la Superintendencia de Electricidad y Combustibles en 1, 4 y 3 cupos respectivamente.
Ver detalles del debate aquí
[Columna de Opinión: Las interrogantes frente a la equidad tarifaria]
marzo 14, 2016 | Industria
(AméricaEconomía.com) El control fiscal, el fomento de las empresas privadas, la demanda energética y el cambio de la matriz; una inflación estable, las conexiones financieras con el mundo y los estándares bancarios pasan en estado de observación en estos tiempos de incertidumbre. Por eso el llamado es a mantener políticas públicas apropiadas y no confiarse.
En torno a esas temáticas giró el simposio «Nicaragua: Perspectivas Económicas y Energéticas» que se llevó a cabo el pasado 8 de marzo en un hotel de Managua. Contó con la participación de Kevin Carr, encargado del Departamento del Tesoro de Estados Unidos para México y Centroamérica; Eric Farnsworth, vicepresidente del Consejo de las Américas de Estados Unidos; José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) de Nicaragua; Carlos Melo, representante en Nicaragua del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); César Zamora, presidente de la Cámara de Energía de Nicaragua (CEN), Bayardo Arce, asesor en materia económica de la Presidencia, y otros invitados especiales.
Los esfuerzos de otros países para implementar reformas que los vuelva más competitivos es una razón valiosa para que Centroamérica trabaje de forma conjunta y resuelva los desafíos de la región mediante el aprovechamiento del Cafta y a base de economías de escala en materia logística, producción y comercio.
Así lo plantea Kevin Carr, representante del Departamento del Tesoro, al tiempo que resalta el avance de Nicaragua en asegurar que su crecimiento económico «ha sido compartido ampliamente» y ha derivado ganancias sociales.
«Con mejor coordinación en la región, los mercados locales -que son pequeños- podrán sumar a algo más grande que la mera suma de sus partes independientes», sostuvo.
El TPP y el diálogo. Bayardo Arce, asesor en Economía de la presidencia de Nicaragua, refirió que uno de los grandes desafíos para su país es ingresar al Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económico (TPP por sus siglas en inglés).
Atribuyó los niveles de desempeño económico a una política clara de diversificación económica y comercial. En ese sentido, la diversificación versa en mejorar la calidad de las relaciones con los demás países, no solo en la búsqueda de más mercados.
José Adán Aguerri, presidente del Cosep, consideró que el desempeño del país se evidencia en un aumento de las exportaciones, inversión extranjera y diálogo. «Lo económico, lo educativo, lo social, lo político, necesitan de diálogo».
El empresario reconoció que Nicaragua todavía está lejos de llegar a donde se quiere, pero que ya se camina sobre esa ruta mediante la generación del empleo formal a mayor nivel promedio que el resto de la región.
«Es algo que solo se puede a través del esfuerzo que ha venido haciendo la atracción de inversión y la creación de empresa», señaló.
Nicaragua creció 4,6% en 2014, según el Banco Central de Nicaragua (BCN). Para 2015 se proyectó un crecimiento de 4,8% y en 2016 el país puede crecer entre 4,5% y 5,0%, indica la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano (CMC).
Inversión y liderazgo en energía. José Adán Aguerri indicó que la demanda de energía incrementó en 10%, debido al crecimiento de Nicaragua en obediencia a dos factores principales: inversión en el sector y la electrificación.
marzo 11, 2016 | Industria
Un monto superior a los $16.212 millones, es decir, cerca de US$24 millones, fue el total acumulado de las multas que cursó, durante el año 2015, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) a todas aquellas empresas del sector que incumplieron la normativa vigente, luego de las respectivas investigaciones que, como ente fiscalizador, debió realizar.
La cifra es superior, en $4.800 millones, al total del año 2014, cuando se alcanzó un monto final de $11.400 millones, sumando todas las multas aplicadas, según información confirmada por el Superintendente de la SEC, Luis Ávila Bravo, quien las dio a conocer esta mañana, en el marco de una fiscalización a las instalaciones eléctricas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, actividad que fue encabezada por el Ministro de Energía, Máximo Pacheco.
Desde la SEC explicaron que de las 1.810 sanciones que se aplicaron, 891, es decir el 49% del total, corresponde al sector eléctrico; 782 son del área de combustibles; 119 de productos; y 18 son de colectores solares.
Más multadas
Al desglosar el balance por cantidad de UTM aplicadas, es decir, por multas en dinero, la que concentró la mayor cantidad fue Chilectra, con $5.320 millones; seguida de CGE-D, con $4.750 millones; y Direc TV, con $900 millones. En cuanto a cantidad de sanciones recibidas las que concentran la mayor cantidad fueron Lipigas, con 25 sanciones; Elecda (Empresa Eléctrica de Antofagasta), con 24; y CGE-D, con 19.
Pacheco sostuvo que más allá de los montos de las multas y las cantidades aplicadas, lo que se busca es modificar las conductas de las empresas. “Nuestro objetivo, como Ministerio de Energía, es llevar a las empresas del sector energético a estándares adecuados, es decir, que entreguen servicios seguros a la ciudadanía, y que sus productos sean de calidad. Para alcanzar ese objetivo la SEC cuenta con herramientas como las multas, pero también trabajan con el marco normativo, actualizando y mejorando las normas y reglamentos existentes, y también con la tecnología para medir los desempeños y luego instruir planes de acción a aquellas empresas que estén por debajo de los estándares adecuados”.
Por su parte, el Superintendente de la SEC, Luis Ávila, se refirió a la fiscalización de esta mañana señalando que “aquí estamos frente a una gestión digna de destacar, pues el edificio de esta Facultad data del año 1922, pero no por ello va a contar con instalaciones eléctricas inseguras. Aquí se hizo un esfuerzo para contar con espacios que cumplan con la normativa, asunto que hemos podido constatar con nuestra fiscalización. Hacemos un llamado a todos los establecimientos educacionales del país para que revisen sus instalaciones y las mantengan con los estándares de seguridad que exige la normativa vigente”.
Las multas más relevantes del año 2015 fueron las que se le aplicaron a las empresas Chilectra y CGE-D, con $1. 770 millones, a cada una, por la demora en la reposición del servicio eléctrico y por no responder los llamados de sus clientes, en medio de un sistema frontal que afectó al país durante el invierno pasado; y las que se le aplicaron a la empresa Direc TV, por un total de casi $900 millones, por comercializar decodificadores sin certificación, es decir, sin su Sello SEC, de uso obligatorio.
[Gasco GLP lleva a la SEC a la Justicia por cobros de multas]
