febrero 3, 2014 | Laboral
(La Tercera) Un nuevo frente enfocado a agrupar a los sindicatos de las empresas vinculadas con el sector energético se creó en la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). El nuevo movimiento, al alero de la vicepresidencia nacional de la CUT, busca generar una red de coordinación, con el fin de mejorar las condiciones laborales de este sector y prepararse para los cambios que se impulsarán en el nuevo gobierno de Michelle Bachelet. Esto, tomando en cuenta que la mandataria electa quiere darle un nuevo rol a Enap y también darle un fuerte impulso al uso del gas dentro de la matriz energética. “Lo que se está constituyendo es una secretaría técnica de energía de la CUT. Es una red de solidaridad sindical que nos permita abordar los temas de energía y nivelar la cancha con las empresas, porque la precarización del empleo es muy fuerte”, dice el vicepresidente nacional de la CUT, Norberto Díaz.
El nuevo frente tuvo un encuentro el miércoles y jueves, en la Universidad Alberto Hurtado, donde asistieron más de 100 personas. Entre ellos estuvieron los sindicatos de Endesa, Colbún, CGE, Chilectra, la Federación de Contratistas de Enap, el sindicato de Metrogas y la Federación Supervisores de Codelco (Fesuc), entre otros. La inauguración estuvo a cargo de la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, y entre los expositores estuvieron el gerente general de Enap, Julio Bertrand; el ex presidente del CDEC-SIC Juan Carlos Olmedo; el vicepresidente ejecutivo de Generadoras, René Muga, y el director ejecutivo de la Asociación de Empresas Eléctricas, Rodrigo Castillo, entre otros. Los dirigentes acordaron reunirse la primera semana de abril con los nuevos ministros de Energía y Trabajo, para hacerles llegar un documento consensuado sobre la matriz energética y la situación de las empresas estratégicas.
febrero 3, 2014 | Industria
(Emol) Tras varios días de especulaciones, finalmente ayer la Presidenta electa, Michelle Bachelet, designó a los 15 nuevos intendentes que la acompañarán en su segundo periodo en La Moneda.
Se trata de 12 hombres y 3 mujeres que en su mayoría han tenido alguna vinculación directa con las regiones que van a representar. Señal que no es menor si se consideran los importantes desafíos que las nuevas autoridades tendrán que enfrentar.
Estos apuntan a dar solución concreta a problemas que sus antecesores no podrán finiquitar o simplemente continuar con otros asuntos que están en desarrollo. A continuación, presentamos algunos de los retos que algunos de estos tendrán por delante.
El futuro intendente de la Región de Arica y Parinacota, Emilio Rodríguez, sucederá a José Durana, trabajo que no será fácil luego que La Haya diera a conocer el fallo por la demanda de Perú en contra de Chile, el pasado 27 de enero.
El actual rector de la Universidad de Tarapacá tendrá que enfrentar el proceso de implementación de la sentencia, la que ha contado con la resistencia de algunos pescadores de esa zona. A eso, se suma la mantención de las buenas relaciones con el vecino país.
En la Región de Antofagasta estará a partir del 11 de marzo Valentín Volta, quien sucederá a Waldo Mora. En el último tiempo, la región se ha visto envuelta en una polémica por el rechazo de algunos habitantes en contra de los extranjeros que ahí residen.
A estos se les ha acusado de afectar en la disminución de fuentes laborales para los chilenos y de contribuir a problemas de convivencia entre la población. Según cifras de la Intendencia, se estima que en la región habitan unos 53 mil extranjeros.
En la Región de Coquimbo, en tanto, asumirá Hanne Utreras, en lugar del actual intendente Juan Manuel Fuenzalida, la que deberá seguir haciendo frente a la sequía en la zona.
Incluso la nueva autoridad dijo a un medio regional que deberá trabajar en el combate de los efectos de este fenómeno. “La infraestructura tiene que estar acorde a las necesidades de la región y ahí vamos a focalizar el tema, porque es vital”, dijo.
En la Región de Valparaíso fue nombrado como nuevo intendente Ricardo Bravo Oliva, quien asumirá en lugar de Raúl Celis. Para él, una de sus prioridades será la lucha contra la corrupción. Después que se inició una investigación en contra de ex funcionarios de la Intendencia de Valparaíso, quienes fueron acusados por presunta malversación de fondos del presupuesto de la región.
“El tema particular que ha habido en la región en los últimos años, está relacionado con el tema de la corrupción y mal uso de los recursos públicos, y lo que esperan los ciudadanos es que se haga un buen uso”, dijo Bravo ayer a “Radio Bio Bio”.
Una de las autoridades que más atención concitó por su nombramiento fue el ex presidenciable DC, Claudio Orrego, quien fue designado por Bachelet como el próximo intendente de la Región Metropolitana. Este reemplazará a Juan Antonio Peribonio al mando de la región más populosa del país, zona en que la calidad del aire, los problemas de vialidad y las movilizaciones, son temas recurrentes.
Asimismo, en la Región de La Araucanía asumirá el reconocido ex alcalde y ex diputado de la zona, Francisco Huenchumilla Jaramillo, quien reemplazará en el puesto a Andrés Molina. A partir del 11 de marzo, quien también fue ministro secretario General de la Presidencia, tendrá como principal desafío hacerse cargo del conflicto mapuche en esa región, el que en el último tiempo se ha agudizado, generando varios episodios de violencia.
“Acá el estado se tiene que hacer cargo del fondo del problema, que no es solo de orden público, sino que es de naturaleza política, que se arrastra por mas de 130 años”, afirmó Huenchumilla tras su nombramiento.
Uno de los principales temas en la Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo es la construcción de centrales hidroeléctricas, las que han sido acusadas de que podrían afectar al ecosistema.
La futura intendenta Ximena Órdenes Neira, quien reemplazará a Pilar Cuevas, deberá enfrentar la polémica construcción del megaproyecto HideoAysén, de Endesa y Colbún. Esta semana, el Comité de Ministros para la Sustentabilidad acordó licitar dos estudios adicionales, con los que se definirán las reclamaciones en su contra, quedando así su probable ejecución en manos de la próxima administración.
febrero 3, 2014 | Industria, Medio Ambiente
(Pulso) Cargado de papeles y mapas, el director del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Ricardo Irarrázabal, explica la decisión del Comité de Ministros que el pasado jueves definió parcialmente las reclamaciones presentadas contra la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto HidroAysén, dejando la decisión definitiva para el gobierno de Bachelet.
Las reclamaciones -1 de la empresa y 34 de la ciudadanía- habían sido presentadas al comité luego de que en mayo de 2011 la iniciativa (de Endesa y Colbún) recibiera su RCA. Llevaban más de dos años pendientes en dicha instancia, pese a que la ley señala que el comité tiene 60 días para resolver. El jueves pasado el comité resolvió algunas de las 35 reclamaciones, rechazando, acogiendo y acogiendo parcialmente, parte de las 1.013 alegaciones presentes en las reclamaciones contra la RCA. Sin embargo, otro grupo importante de reclamaciones quedaron pendientes a la espera de la realización de dos estudios, uno hidrológico y otro para medir el impacto del aumento demográfico en la zona durante la construcción de las centrales. Según Irarrázabal, el llamado a concurso para los estudios se realizará durante febrero, aunque por un tema de plazos probablemente la adjudicación quedará para el próximo gobierno. Agregó que el estudio hídrico debiera demorar unos ocho meses.
El detalle de lo que sí fue resuelto se conocerá en la resolución que emitirá el SEA la tercera semana de febrero, dice Irarrázabal. Ahí se informará qué solicitudes de los reclamantes fueron aceptadas, cuáles aceptadas parcialmente o rechazadas. “El comité resolvió la reclamación del titular, y respecto a las reclamaciones de la ciudadanía, resolvió en forma total todas aquellas que no contenían los temas respecto a los cuales se solicitaron estudios. Aquellas que contenían temas de hidrología o del impacto del aumento demográfico en salud pública, esas reclamaciones quedarían pendientes a la espera de estos estudios”, y deberán ser resueltas por el futuro Comité de Ministros, dice el director, quien agrega que, preliminarmente, unas 15 reclamaciones mencionarían dentro de las problemáticas el tema hidrológico y el demográfico y, por lo tanto, son las que quedarían pendientes, mientras que las otras 20 habrían quedado totalmente resueltas.
“Esperamos tener la resolución la tercera semana de febrero. Con su notificación se gatilla el plazo para recurrir ante el tribunal ambiental”, afirma.
Precios de la luz. Según Irarrázabal, la gran mayoría de las alegaciones resueltas corresponden a asuntos técnicos. La reclamación del mismo HidroAysén, por ejemplo, apelaba contra 20 condiciones impuestas por la RCA: 10 de ellas solicitaba eliminarlas -de estas se acogieron tres, se acogieron parcialmente dos y se le rechazaron cinco-, y las otras 10 modificarlas, de las cuales el comité acogió dos y rechazó cinco.
Uno de los puntos relevantes de esta reclamación hacía mención a la condición de rebaja de la tarifa regional de la electricidad en 50% en Aysén. La empresa solicitó en su reclamación que el comité “modificara esa condición, porque decían que la tarifa incluía cargos de distribución”, dijo Irarrázabal. ¿Qué se hizo? “Se ofició al Ministerio de Energía para ver de qué manera podría quedar establecido en la RCA el espíritu de esta condición. Se dice, en primer lugar, que obliga a generar las condiciones que permitan una reducción de la tarifa eléctrica en 50% a través de una mesa de trabajo, que incluya a las distribuidoras. Si aquello no es posible, como un mecanismo alternativo, el desembolso del equivalente monetario a lo que significa una reducción del 50% de la tarifa”.
febrero 3, 2014 | Industria, Medio Ambiente
(La Tercera) Punta Alcalde y el fallo de la Corte Suprema del 17 de enero fueron claves para la sesión que el jueves reunió al Comité de Ministros para analizar el proyecto HidroAysén, de Endesa y Colbún. La entidad, que estuvo dos años y medio sin pronunciarse sobre las 35 reclamaciones a la iniciativa aprobada en mayo de 2011, finalizó la esperada sesión encomendando nuevos estudios para analizar el impacto del vaciamiento del lago Cachet y el impacto social, en Cochrane, de tener cinco mil trabajadores en el momento peak de la construcción. El fallo de la Suprema por Punta Alcalde confirmó estas facultades de la entidad. “Las competencias del Comité de Ministros para exigir nuevas condiciones fueron establecidas recién a través del fallo de Punta Alcalde por la Corte Suprema. Con esto, puede exigir nuevas condiciones”, dijo la ministra María Ignacia Benítez al salir de la cita. La apreciación fue secundada por el titular de Energía, Jorge Bunster, quien indicó que con este esclarecimiento de roles, el comité “pudo avanzar en resolver estas reclamaciones, encargando estudios”.
Para Hugh Rudnick, académico de la Universidad Católica, Punta Alcalde “de algún modo zanjó una discusión que se estaba dando en los últimos años respecto del rol que tenía la institucionalidad ambiental en el desarrollo de la infraestructura eléctrica”. Y agrega: “Le da importancia al Comité de Ministros y avala que puedan exigir acciones adicionales”.
La misma visión tiene el ex secretario ejecutivo de la CNE, Sebastián Bernstein, quien explica que la Suprema ratificó que el Comité de Ministros tenía atribuciones para incluir condiciones, en una aprobación ambiental, que hicieran factible o no un proyecto. “El fallo de Punta Alcalde es importante, porque dice que el Comité de Ministros tiene algo que decir. Ahora, no se sabe hasta dónde pueden llegar esas atribuciones”, explica.
Este punto es vital. Así lo estiman en HidroAysén, donde creen que este cambio modifica la institucionalidad ambiental, porque perderá relevancia el trabajo técnico realizado para la aprobación de un proyecto y todo dependerá, a partir de ahora, de la palabra final de una instancia política. En el mundo empresarial creen que la decisión de los ministros fue una maniobra para dilatar la decisión -los estudios pueden retrasar incluso un año más la decisión-, transferirla al siguiente gobierno y ahorrarse el costo político del pronunciamiento. “Esperar más de dos años para pedir nuevos estudios no tiene mucha lógica”, dice Rudnick.
No lo cree necesariamente así Bernstein. “No estoy en posición de juzgar si esto fue un ‘chuteo’ hacia adelante o una cuestión legítima. Tiendo a pensar que el impacto de la llegada de nuevos trabajadores me parece legítimo. Eso tiene un impacto social y ambiental. A lo mejor faltaba información sobre cómo se iba a manejar eso”, señala.
La empresa
HidroAysén dijo formalmente el jueves que deberá esperar la notificación formal de las decisiones del Comité de Ministros -para lo cual hay un plazo de 30 días- antes de resolver los caminos de acción futuros. Pero ya analiza varios. Incluso, la judicialización.
El 8 de enero, el directorio le encargó a la administración dirigida por Daniel Fernández el estudio de acciones legales. Y ese trabajo continúa.
Una de las alternativas es acudir a los nuevos Tribunales Ambientales y dirimir esta suerte de contienda de competencia sugerida por las nuevas atribuciones del Comité de Ministros. Otra es reclamar por el denominado silencio administrativo: debiendo pronunciarse en 60 días a partir de mayo de 2011 -cuando fue oficializada la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto-, el comité ya suma 20 meses de demora. Y aún no resuelve.
Incluso, puede estar sobre la mesa la opción de demandar al Fisco por la acción arbitraria y dilatoria del Comité de Ministros en el ejercicio de sus funciones.
Si todo sigue igual, como parece, la empresa deberá decidir cómo continuar con el proyecto. En HidroAysén dicen que habrá que esperar la definición del gobierno de Michelle Bachelet sobre su política energética, la que estará al mando ahora de un ejecutivo valorado en el mundo privado: Máximo Pacheco.
En paralelo, la firma podría avanzar -algo ya ha hecho en los últimos meses- en los estudios ambientales de la línea de transmisión. Será la agenda de 2014. Con otro año perdido para HidroAysén.
febrero 3, 2014 | Industria
(Diario Financiero) La determinación parcial que el Comité de Ministros tomó la semana pasada sobre las reclamaciones a la aprobación ambiental de HidroAysén, es uno de los temas asociados a la iniciativa que siguen abiertos y que mantienen expectantes a sus promotores, las eléctricas Endesa Chile (51%) y Colbún (49%).
Ahora trascendió que la filial de Enersis tendría previsto recomendar al directorio de la sociedad reducir el ritmo de trabajo del proyecto, que considera instalar cinco centrales hidroeléctricas en la Región de Aysén y evacuar su energía hacia la Región Metropolitana usando tentativamente, una línea de transmisión de 1.912 kilómetros de extensión.
Fuentes de la generadora explicaron que esta ralentización obedece a esperar las conclusiones de la evaluación estratégica, que forma parte del programa de gobierno de la presidenta electa, Michelle Bachelet.
Este trabajo que tomaría del orden de un año, según estimaciones de colaboradores de la ex mandataria en estas materias, considera un proceso participativo de estudio y discusión de la política eléctrica.
“Sobre la base de los objetivos de las estrategias nacionales y regionales de desarrollo, se analice el desarrollo eléctrico. Se considerará el crecimiento de la demanda futura, los requisitos técnicos para la estabilidad de los sistemas, los efectos ambientales, los costos actuales y previstos de las diversas fuentes y tecnologías convencionales y no convencionales, que están disponibles para el país”, dice el programa de gobierno sobre esta iniciativa.
En el texto se añade que “este ejercicio, permitirá dar orientaciones a los inversionistas, seguridades a la ciudadanía que el Estado vela por el interés común”. Eso es, precisamente, lo que estarían esperando en Endesa, un eventual pronunciamiento respecto del desarrollo hidroeléctrico, en particular en el sur del país.
Conocedores de los planes de la eléctrica controlada por la italiana Enel es que eventualmente, en marzo, una vez que la nueva administración esté instalada y haya más certezas respecto de este punto, Endesa podría llevar esta recomendación a la mesa, repitiendo lo que su socia Colbún hizo en mayo de 2012, cuando recomendó a la mesa de HidrpoAysén la suspensión de los estudios ambientales de la línea de transmisión.
Otra incetidumbre está en lo que podría suceder a partir de los estudios adicionales que solicitó el Comité de Ministros o bien lo que esta misma instancia pueda determinar cuando la integren el equipo de Bachelet.
Implicancias
Una de las implicancias más claras derivadas de la decisión que podrían adoptar los socios de HidroAysén es la decisión que podría tomar el equipo de trabajo.
Trascendió que el grupo de profesionales está también a la espera de conocer los alcances de esta eventual propuesta de Endesa, y lo que al respecto diga su socia Colbún, para decidir su permanencia en el proyecto, considerando los desafíos profesionales que en esas condiciones la iniciativa pudiera ofrecerles.
Conocedores del trabajo que ahora realizan en la empresa comentan que tras la detención del EIA de la línea la actividad se ha reducido a evaluar diversas alternativas de transporte de energía, así como a resolver los temas que siguen pendientes, como la obtencion de los derechos de agua adicionales que requieren, o bien ejecutar las acciones comprometidas en la Resolución de Calificación Ambiental.
A ello se suma la labor comunicacional en la región que ha dado buenos rsultados, con un alza en los índices de aceptación de la iniciativa a nivel local. Todas estas gestiones son coordinadas por el presidente ejecutivo de HidroAysén, Daniel Fernández, quien se ha posicionado como un hombre de confianza de los socios del proyecto, a tal punto que los Matte lo ficharon como director de su negocio portuario.
En lo que no hay dudas es en los gatos millonarios que los socios del proyecto han asumido pese a que el proyecto está lejos de concretarse. Las estimaciones más recientes hablan de más de
US$ 320 millones, si se considera que los aportes reconocidos por Colbún en su estado de resultados a diciembre de 2013 ascienden a
US$ 159,7 millones.
En este apartado deben figurar los más de US$ 5 millones que cada año, desde 2012, la sociedad debe cancelar por concepto de patentes por no uso de los derechos de agua del proyecto.
