Revista Electricidad Nº245

agosto de 2020

Tres ejes para una nueva distribución

Los proyectos de ley del Ministerio de Energía buscan cambiar la cara de este sector de la industria en un proceso que sí o sí integrará nuevas tecnologías, por lo que los especialistas consideran que la futura regulación es fundamental para perfeccionar este mercado y la calidad del servicio.

Portabilidad eléctrica, calidad de servicio y generación distribuida son los tres ejes que buscan modernizar el segmento de la distribución en el país, los cuales están incluidos en los proyectos de Ley preparados por el Ministerio de Energía que se tramitarán en el Congreso con el objetivo de avanzar en la modernización de este segmento.

Este plan fue explicado por el ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, a los integrantes de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, donde precisó que la primera iniciativa, sobre portabilidad, plantea el principio de que “todo usuario tendrá derecho a elegir a su comercializador de energía”.

El segundo proyecto abordará la calidad de servicio, mediante el perfeccionamiento del mercado y la modernización del sector. De acuerdo con lo expuesto por la autoridad en el Congreso, los resultados que se esperan con esta iniciativa son mejorar la seguridad y calidad de servicio a través de inversiones eficientes en la red; compensar adecuadamente a los clientes por las interrupciones de suministro, y entregar una señal de largo plazo de exigencias técnicas, que disminuya el riesgo de inversiones estratégicas para calidad.

Por su parte, el tercer proyecto considera la implementación de nuevos recursos distribución, así como la creación de valor local y la reactivación económica, buscando avanzar en la facilitación y promoción del desarrollo eficiente de generación local y descentralizada; aumentar la actividad económica local, la generación de empleo y el desarrollo de tecnología e innovaciones locales, además de fomentar la entrada de nuevos actores, proveyendo productos y servicios (generación distribuida, almacenamiento y gestión).

A juicio de los especialistas consultados por ELECTRICIDAD esta regulación es clave para completar la modernización del segmento, aunque algunos advierten el complejo escenario que se dará el próximo año con los ajustes que se han realizado en el actual contexto de pandemia, como la Ley de Servicios Básicos, que prohíbe el corte del suministro ante el no pago de las cuentas de luz.

Proceso tarifario

Un paso relevante en este escenario es la vigencia de la Ley Corta, que incorporó una serie de novedades en la definición del proceso tarifario del Valor Agregado de Distribución (VAD), cuyo decreto debería estar listo en el segundo semestre del próximo año.

José Venegas, director ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE) indica que la discusión legislativa en torno a la Ley Larga coincide con las novedades del proceso de cálculo del VAD correspondiente al cuadrienio 2020-2024, así como también con el proceso de fijación de precios de servicios no consistentes en suministros de energía, según lo estableció la Ley N°21.194 que rebajó la rentabilidad de las empresas de distribución y perfeccionó el proceso tarifario de distribución eléctrica.

La autoridad sostiene que este proceso considera varios cambios:

  • Fijación de una nueva tasa de actualización representativa de los riesgos actuales que enfrentan las empresas.
  • Perfeccionamiento de la definición de “áreas típicas” para este proceso, aumentando de 6 a 12 las áreas típicas, lo que permitirá reflejar adecuadamente la diversidad de realidades nacionales y de los clientes de cada empresa de distribución.
  • Adjudicación y realización de estudio único de costos, por parte de un consultor independiente, que es supervisado por un Comité integrado por representantes del Ministerio de Energía, la CNE y las empresas, eliminándose así la ponderación de los estudios.

Venegas asevera que este proceso de tarificación “nos ha obligado a dotar a la institución de los elementos técnicos y profesionales necesarios para enfrentar este proceso con máxima eficiencia y excelencia conceptual y técnica. Asimismo, hemos querido priorizar en esta tarificación la participación, estableciendo un proceso abierto a todos los interesados, que ha contado con una etapa de observaciones y luego, discrepancias ante el Panel de Expertos”.

 

En el sector privado destacan el primer paso dado con esta regulación. Rosa Serrano, ingeniera industrial PUC y estudiante del programa de PhD en “the School of Electrical and Electronic Engineering at the University of Manchester”, sostiene que la Ley Corta “aporta una mayor transparencia al proceso tarifario, da espacio a la participación ciudadana y reduce significativamente el nivel de arbitrariedad en el cálculo del VAD”.

La especialista resalta la inclusión de un mayor número de empresas en este proceso, principalmente cooperativas eléctricas, lo que permitirá “reconocer en forma más adecuada el nivel de costos de estas empresas que abastecen a zonas de ultra-ruralidad”.

 

La participación también es resaltada por Rodrigo Castillo, director ejecutivo de Empresas Eléctricas A.G.: “Se crea un registro de participación ciudadana, en el que podrá inscribirse toda persona natural o jurídica que desee participar en el proceso, quienes tendrán acceso a los antecedentes y resultados del estudio de costos.

Este primer proceso tarifario lo integrarán las asociaciones de consumidores a que se refiere la ley N° 19.496 y las empresas concesionarias de distribución eléctrica”.

Eso sí, Rosa Serrano advierte lo inadecuado de haber cambiado la tasa de rentabilidad de la industria “en forma aislada del resto de los elementos que conforman el marco regulatorio, como el esquema de reconocimiento de activos, ya que no refleja de manera correcta el riesgo del negocio”.

Y es que, en su opinión, “la tasa de rentabilidad es una potente herramienta para generar incentivos y establecer políticas públicas como mejoras en la calidad de servicio o para hacer frente a nuevos desafíos. Sin embargo, en esta ocasión la discusión solo se limitó a reducir la rentabilidad, sin analizar en su totalidad los efectos de esta, la cual debe ser establecida armónicamente con el resto del marco regulatorio”.

Humberto Verdejo, director del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago, sostiene que si bien la ley corta “perfeccionó el mecanismo de definición del VAD, dando más claridad y transparencia a la manera en que se remunerarán las empresas de distribución, esta regulación no apunta al corazón del problema, que es determinar cómo la calidad del servicio se puede reflejar de manera concreta en la tarifa, que será el gran desafío de la Ley Larga, donde será clave la figura del comercializador”.

Ley Larga

Los actores del segmento están conscientes de la necesidad de lograr un adecuado complemento entre la Ley Corta y la Ley Larga. Rodrigo Castillo asegura que la industria de distribución “ha manifestado la necesidad de una reforma en profundidad del marco normativo, el cual es insuficiente para dar cumplimiento a las expectativas de los clientes, especialmente a las demandas ciudadanas relacionadas con la calidad de suministro y resiliencia del servicio de distribución”.

Por ello, el representante gremial afirma que la Ley Larga se puede complementar con el proceso tarifario incluyendo consideraciones como:

  • La adecuación de los riesgos del modelo regulatorio, de modo que sea consistente con las modificaciones ya introducidas al marco normativo.
  • Cómo se van a incluir objetivos de política pública en el proceso tarifario, como por ejemplo mejoras de calidad de servicio y de resiliencia.
  • Cómo se considera la adaptación al cambio climático y las contingencias naturales graves, cada vez más frecuentes en nuestro país, así como el manejo de vegetación.
  • Revisión del esquema de tarificación por empresa modelo.
  • Cómo se va a avanzar en la gradual tarificación empresa por empresa para no tener que depender de una empresa de referencia y de las áreas típicas.

Comercializador

El concepto de portabilidad eléctrica que tiene el primer proyecto de ley anunciado por el Ministerio de Energía, plantea la figura del comercializador. Para Rosa Serrano, este nuevo actor “permitirá mejorar significativamente la atención al cliente, ya que al dejar de ser un cliente cautivo, este será más atractivo tanto para su actual suministrador como para otros posibles suministradores y, por lo tanto, las empresas se esforzarán en entregar mayor satisfacción en cada una de las interacciones que tenga con el cliente (denominadas “momentos de verdad”). Como consecuencia de esto, también mejorará sustancialmente la reputación de la industria”.

Adicionalmente, según Humberto Verdejo, para darle cabida al comercializador “necesariamente va a tener que retomarse el tema del medidor inteligente, que se ha vuelto tabú por las implicancias que tuvo el intento de implementación del año pasado”.

“Este tema tendrá que abordarse sí o sí porque el comercializador, y las tarifas flexibles, va a estar ligado directamente a los medidores inteligentes. Sin estos, no tiene sentido el comercializador en la forma en que lo está planteando el gobierno, como una alternativa para bajar los precios de las cuentas de los clientes regulados”, sostiene el académico.

3. centro de control

Rosa Serrano coincide con esta lectura. “Se debe ser claros en que la entrada del comercializador no solucionará per sé los problemas de calidad de servicio existente, ni se podrán ofrecer tarifas con precios diferenciados en el tiempo, si no avanzamos en el reemplazo masivo de los medidores actuales por medidores inteligentes”, asevera.

El tema de las expectativas frente a estos cambios también es abordado por la especialista: “Teniendo en consideración el frágil momento reputacional que atraviesa la industria es imprescindible ser claros y cuidadosos en los mensajes que se dan a la ciudadanía, a fin de no generar falsas expectativas. Por ejemplo, respecto de los niveles de precios a los que se podrá acceder, ya que aún queda un largo periodo en que parte importante de la energía contratada proviene de las licitaciones de suministros con niveles de precios ya establecidos”.

Esto es compartido por Humberto Verdejo, por cuanto “el abanico de opciones que se tiene es tan grande respecto a la Ley Larga de Distribución, que va a estar definido principalmente cómo se vea la coyuntura en el corto plazo, porque el próximo año habrá un gran problema con las tarifas, producto de lo que se está dejando de pagar actualmente y que se tendrá que pagar en 12 cuotas, una vez que se termine el Estado de catástrofe. Entonces, el ojo dentro del sector estará presente más que ahora, producto de la necesidad de bajar las tarifas en el corto plazo”.

Recursos distribuidos

Los ejes de la calidad del servicio y los nuevos recursos distribuidos, por su parte, son destacados por Rodrigo Palma, director del Centro de Energía de la Universidad de Chile, quien sostiene que “con o sin reforma se vienen cambios relevantes para este hijo menor del sector eléctrico y que, conforme pasa el tiempo, será cada vez más protagónico, debido a que las soluciones descentralizadas están tomando mucha fuerza, lo que se relaciona con la baja de precios en tecnologías de generación, particularmente la solar, el almacenamiento, la electromovilidad y la valoración creciente de la sociedad por los sistemas descentralizados, que son auto sostenidos”.

Daniel Gutiérrez, socio director de BGS Energy Law. Foto: Gentileza Daniel Gutiérrez.En esta línea, el académico plantea la necesidad de realizar un trabajo sistemático en medidores inteligentes y que se asignen bien los costos, junto con los derechos y deberes, pues esto es algo que se viene sí o sí en los sistemas de distribución modernos”.

Daniel Gutiérrez, socio director de BGS Energy Law, también resalta el proyecto que busca crear nuevos recursos distribuidos, pues sostiene que con ello se incrementarán los niveles de competencia en el segmento.

“Estos son recursos energéticos gestionables que se encuentran conectados en las redes de distribución o en las instalaciones de los usuarios finales, como por ejemplo las fuentes primarias dedicadas a la autogeneración y generación distribuida, el almacenamiento de energía, los vehículos eléctricos y las cargas eléctricas controlables, entre otros”, explica.

Y agrega: “Los recursos energéticos distribuidos constituirán un mercado liberalizado y competitivo, debiendo la regulación garantizar las condiciones para un correcto funcionamiento, de acceso a las redes, como también, activando las habitaciones legales necesarias para que opere la libertad de precios y competencia entre los agentes”.

Ante este panorama, el abogado advierte la necesidad de definir quién será el operador de la red en este ámbito, además de ver qué funciones cumplirá.

Conclusiones

  • Tres son los proyectos de ley que el Ministerio de Energía enviará al Congreso para la reforma a la distribución: portabilidad, calidad de servicio y nuevos recursos distribuidos.
  • La Ley Corta definió un nuevo proceso tarifario en el sector, por lo que sus actores esperan que se pueda complementar adecuadamente con la Ley Larga de distribución.
  • La figura del comercializador es un aspecto clave, según los especialistas, quienes advierten en la necesidad de reflotar el tema de los medidores inteligentes.