(Revista ELECTRICIDAD)El tema ya está puesto sobre la mesa. El Presidente Sebastián Piñera anunció la posible aplicación de instrumentos tributarios hacia las emisiones de CO2, como una de las medidas que se encuentran dentro de los seis pilares de la Estrategia Nacional de Energía (ENE).
Sin bien el subsecretario Sergio del Campo salió a precisar que también se están estudiando otras opciones, como la de un mercado de huella de carbono y un sistema de compensación de emisiones, el anuncio generó reacciones entre los generadores termoeléctricos. De hecho, el gerente general de la Asociación de Generadoras de Chile René Muga, gremio que tiene entre sus asociadas a empresas propietarias de centrales termoeléctricas, señala que el establecimiento de este tipo de impuestos podría afectar gravemente al sector.
Y si bien el Gobierno venía sondeando hace semanas las implicancias que podía generar una iniciativa como ésta, lo único que está claro es que el Ministerio de Energía se encuentra realizando un estudio sobre los potenciales impactos que podría tener una medida de estas características. La visión que presentan los especialistas es diversa. Para algunos, el establecimiento de un “impuesto verde” se traspasaría inmediatamente a los usuarios y por ende afectaría a los sectores más vulnerables de la población. Otros mencionan que el gravamen sería una compensación económica de los impactos que generan las termoeléctricas, en el entorno y en la salud de las personas.
A estas posturas, se debe considerar las recomendaciones que realizó la OCDE en el informe “Mejores políticas para el desarrollo: Perspectivas OCDE sobre Chile”, en el cual se indica explícitamente que el país debería “utilizar de manera más amplia los instrumentos económicos para complementar las medidas de dominio y control que el país emplea en sus políticas ambientales, incluyendo la revisión del sistema fiscal, y asegurarse de que refleje mejor el costo verdadero de las externalidades ambientales”.
Francisco Klapp, investigador del programa económico de la Fundación Libertad y Desarrollo, señala que en la propuesta presidencial no ha visto nada muy concreto: “Y pienso que nuestro país está a años luz de un impuesto como el de Australia (…), se debe tener mucho cuidado, dado que hay muchas empresas que tienen normas muy estrictas de emisiones, y más encima establecer un impuesto, como medida adicional, es redundante porque estás tratando de solucionar un problema por otro lado”, precisa el experto.
A su juicio, existen otras iniciativas que permitirían desincentivar el uso de estas fuentes, como el establecimiento de regulaciones y exigencias tecnológicas. “También se encuentran las evaluaciones de impacto ambiental, que son una forma de desincentivar la generación termoeléctrica, pensando en que las comunidades tienen un lugar nominal, cuyo proceso es muy largo y que puede ser rechazado”, enfatiza Klapp.
El argumento contrario es que las normas de emisiones sólo establecen un techo a lo que pueden emitir las centrales, pero no están pagando por el daño producido. “Porque, a través de estas normativas, le estás diciendo ‘mire… no me vaya a usar tecnología obsoleta, por lo menos tratemos de ser más eficientes y utilizar tecnologías que son más limpias (…)’, pero esto no exime de pagar una compensación por el daño causado, porque igual se está generando (un impacto) en menor grado”, comenta Hernán Frigolett, economista de la Fundación Terram. Y agrega que “incluso con normativa y todo tenemos episodios críticos, tenemos plantas como Renca I y Renca II, que todavía no están desmanteladas”.
Normativa en Chile
Cuando se habla sobre la tributación hacia las emisiones que genera el carbón, se hace referencia al caso australiano. Este país aprobó, en una votación parlamentaria muy dividida, la llamada “Ley del Carbón”, que será aplicada el próximo 1 de julio, y que busca establecer un impuesto de US4,7 por emisión de una tonelada de dióxido de carbono que generen las 500 empresas más contaminantes.
La Unión Europea durante las últimas semanas ha afrentado una dura batalla con China debido a su rechazo a la normativa, que obliga a todas las aerolíneas a pagar la llamada “tasa del carbono”, que implica comprar el equivalente al 15% de sus emisiones de CO2, es decir, aproximadamente 32 millones de toneladas.
En Chile no existen los “ecoimpuestos”, sin embargo, lo más próximo a ellos es el Impuesto Específico a los Combustibles, el cual nació después del terremoto de 1985 y buscó financiar la reconstrucción de obras viales. Su tasa es de 1,5 UTM por m3 para el petróleo diesel y de 6 UTM por m3 para la gasolina automotriz, cifras que son consideradas altas por algunos sectores, por lo cual recurrentemente, y como medida política, parlamentarios proponen su disminución o eliminación. Sin embargo, el nivel de recaudación que genera el gravamen, que promedia los US.000 millones para las arcas fiscales, hace que dichas campañas queden en el tintero.
Hernán Frigolett plantea que el impuesto hacia el combustible debe ser reformulado y establecer derechamente el “ecoimpuesto”. “Hay que cambiarlo, y en ese sentido no sólo adaptarlo a los camiones, buses y automóviles sino que a todo lo que genera contaminación”, enfatiza.
Con respecto a la diferencia del gravamen que posee la gasolina con respecto al diésel, Klapp la considera “arbitraria” debido a que “si esto es realmente un impuesto contra la contaminación, como dicen sus defensores, el diésel es más contaminante que la bencina, y por ende esta diferencia podría deberse a presiones políticas, como por ejemplo el gremio de los camioneros”.
Es por ello que la OCDE recomienda a Chile fomentar la fijación de precios del carbono y eliminar de manera gradual los subsidios para los combustibles como las bandas de precios para estabilizar sus precios, el sistema de recuperación en la declaración mensual de IVA del impuesto al petróleo diésel y la Ley N° 19.764 que permite a las empresas de transporte de carga recuperar un porcentaje de las sumas pagadas por los vehículos por concepto del impuesto específico al petróleo diésel.
La OCDE precisa que “si bien las bandas de precios contribuyen a estabilizar el precio de los combustibles, no son adecuadas para cumplir con los objetivos sociales, pues es más probable que los hogares con mayores recursos se beneficien de ellos debido a su mayor uso de energía y a su posesión de vehículos de motor. En cambio, las metas sociales se alcanzan más fácilmente mediante transferencias de efectivo directas y dirigidas a familias de bajos ingresos, y estas medidas tampoco son ambientalmente dañinas, pues no interfieren con las señales de precios vinculadas al consumo de combustibles fósiles”.
Propuestas de tributación verde
Para el investigador de la Fundación Libertad y Desarrollo, los “ecoimpuestos” hacia los combustibles deberían estar integrados por diferentes áreas. Uno de ellos es el ecológico, el cual puede ser dividido como impacto global (calentamiento global) y local (PM10). Un segundo componente debe estar relacionado con la congestión y los accidentes de tránsitos, que son inherentes a la conducción de un auto.
“Si tú quieres castigar el consumo de combustible vehicular, porque tiene estos tres componentes, el ámbito ecológico deberá depender del lugar en que se transite (…) por ejemplo, en el caso del impacto local parece razonable que dependiendo del nivel de contaminación que presente una ciudad se cobre el impuesto, porque hay lugares que no enfrentan estos fenómenos. Lo mismo sucede con la congestión. La idea es pagar dicho gravamen si existe un impacto”, explica Klapp.
El economista de la Fundación Terram explica que el “ecoimpuesto” debe ser proporcional a la contaminación que genera el individuo. “Si yo uso carbón para producir electricidad, genero mucha más contaminación ambiental que si uso diésel (tecnología de ciclo combinado). Y en el caso de los conductores, si usan más diésel contaminan más que si usan gasolina”.
Además, el profesional agrega que para determinar los niveles de contaminación que produce cada persona o empresa, el gravamen debe estar relacionado con el uso de la fuente, es decir, por cada tonelada de carbón se deberá establecer un impuesto específico que validar cuenta del potencial de emisiones. “Es más fácil y se puede aplicar en forma inmediata, sólo depende de la voluntad política para establecerlo”.
Traspaso a los consumidores
El establecimiento de una tributación verde será traspasado a los consumidores, advierte Klapp, porque a su juicio dicha iniciativa distorsiona los precios y puede empobrecer a las personas, quienes precisamente son las que más consumen estos productos intensivos en carbono.
Y añade que “por otro lado, tenemos otras formas de enfrentar este tipo de problemas, que son mediante regulaciones ambientales… ¡qué normas tienen que existir hoy en día! Por ejemplo, en Chile existen normativas bastante estrictas hacia las fuentes de generación termoeléctricas, y que se ubican a niveles internacionales”.
Y añade que “por otro lado, tenemos otras formas de enfrentar este tipo de problemas, que son mediante regulaciones ambientales… ¡qué normas tienen que existir hoy en día! Por ejemplo, en Chile existen normativas bastante estrictas hacia las fuentes de generación termoeléctricas, y que se ubican a niveles internacionales”.
Frente a este potencial escenario, Frigolett dice que el regulador es el que tiene que hacerse cargo de la estructura impositiva, y probablemente a ganancias normales, tiene que regir un sistema más competitivo. “Por otro lado, al encarecer esto (fuentes), se abre la puerta para que los mismos generadores estén más proclives a utilizar fuentes energéticas más limpias”, explica el experto.
Dice que el impuesto verde no sólo debe incluir las emisiones, sino además debe preocuparse del uso eficiente de la energía, porque se puede premiar o castigar el nivel de emisiones, pero si se derrocha energía se genera una mayor demanda de algo que está generando emisiones.
El investigador de la Fundación Libertad y Desarrollo advierte que el impuesto no es la solución a los problemas y quizás las termoeléctricas sigan pagando el impuesto y dependan de la elasticidad, y los que sean menos inelásticos van a terminar por pagar los gravámenes y en este caso sería el consumidor final.
“Estoy de acuerdo con la postura oficial de Chile para Río +20. Chile ha sido muy políticamente correcto diciendo ‘creemos que tienen que existir este tipo de normas, pero esta norma debe ser implementada en la medida en que uno aporta en el tiempo (emisiones)’”, sostiene Klapp y concluye que “en el caso de la India, China y Estados Unidos, tienen otros niveles de contaminación que nosotros… entonces ¿por qué nosotros tenemos que atenernos a las mismas normas que ellos, si nosotros estamos recién alcanzando nuestro desarrollo y tenemos un nivel de emisión de 0,002?”.
Fuente /Revista ELECTRICIDAD