En medio del debate sobre la descarbonización, la resiliencia del sistema eléctrico y el costo de la transición energética, el gas natural vuelve a instalarse como un actor clave en la discusión. En conversación con Revista ELECTRICIDAD, Carlos Cortés Simon, presidente ejecutivo de la Asociación de Empresas de Gas Natural de Chile (AGN), plantea una mirada de largo plazo sobre la evolución energética del país, el rol del gas como respaldo del sistema y las condiciones regulatorias necesarias para avanzar sin comprometer seguridad ni competitividad.
¿Qué rol tendrá el gas natural en la evolución energética de Chile durante la próxima década?
Pensamos que el concepto tradicional de ‘transición’ simplifica el desafío, al sugerir que el progreso consiste meramente en escoger ciertas fuentes y abandonar otras. Por eso, preferimos hablar de una evolución energética. No vemos el futuro como una dicotomía entre tecnologías que se confrontan, sino como un proceso más profundo donde fuentes como el gas natural se adaptan, se transforman, con atributos complementarios.
El gas natural no sólo acompañará el retiro del carbón, sino que actuará como el habilitador que permite que esa descarbonización sea segura y no ponga en riesgo el bolsillo de las personas en Chile. Un estudio realizado por el Instituto Sistemas Complejos Ingeniería (ISCI) y por SPEC Energy Consulting, demuestran que forzar una salida anticipada del gas hacia 2035 nos costaría como país cerca de US$26.000 millones -lo que equivale al 8% del PIB- y podría elevar las tarifas eléctricas hasta en un 10%, un escenario que debemos evitar para proteger a los hogares y a la competitividad de nuestras empresas.
Por eso, en materia de generación eléctrica, mantener el parque de centrales a gas natural operativo es la ruta más sensata para lograr una evolución ordenada. Además, y pensando en otros consumos más allá del eléctrico, estamos transformando nuestra mirada hacia el futuro: la infraestructura que hoy transporta gas natural es el mismo activo que mañana moverá gases renovables, como el biogás y el hidrógeno verde, algo en lo que ya estamos trabajando.
¿Qué tan preparado está hoy el sistema de abastecimiento de gas para enfrentar escenarios de alta demanda o estrés operativo?
Hoy Chile cuenta con un sistema de abastecimiento de gas extraordinariamente robusto y diversificado. Existen dos pilares que otorgan seguridad al suministro: por un lado, la capacidad de recibir gas natural licuado (GNL) por vía marítima a través de los terminales de Quintero y Mejillones; y por otro, las importaciones de gas desde Argentina, que dispone de un recurso abundante —particularmente en la formación de Vaca Muerta, en Neuquén— mediante gasoductos estratégicos como GasAndes y Gasoducto del Pacífico.
Esta arquitectura nos permite enfrentar escenarios de mayor demanda o eventuales restricciones en la producción local con holgura operativa, flexibilidad y continuidad del servicio.
Para el caso específico del sistema eléctrico, el principal origen de los episodios de estrés —como el apagón de febrero de 2025— no está en la disponibilidad de gas, sino en las debilidades estructurales de la transmisión eléctrica y en un diseño de mercado que hoy no remunera adecuadamente la seguridad de suministro. El sistema cuenta cada vez más de energías variables, y cuando la red no es capaz de transportar la energía o no existen señales económicas que incentiven firmeza, la resiliencia se reduce.
¿Cómo avanza la expansión del gas natural en regiones y qué frena hoy una mayor cobertura territorial?
Hoy vemos avances concretos en la expansión del gas natural hacia las ciudades de la zona centro-sur que aún no cuentan con este recurso, donde las distribuidoras están impulsando proyectos para reemplazar la leña en territorios que viven una verdadera crisis de salud pública. La leña sigue explicando cerca del 85% del material particulado fino, con miles de muertes prematuras al año. En ese contexto, el gas natural no es un lujo: es la solución inmediata y disponible para limpiar el aire.
Pero llevar esta cobertura a los lugares donde más se requiere enfrenta un obstáculo clave: no existen señales regulatorias que habiliten inversiones de largo plazo para que más ciudades del sur accedan a alternativas mucho más limpias que la leña. Se requieren Planes de Descontaminación más ambiciosos, al nivel del que existe en Santiago, para dar certezas y permitir la sustitución. Sin ese empuje, la transición queda a medio camino.
En simple: la industria está avanzando; el principal obstáculo es regulatorio. Las regiones del sur seguirán expuestas a niveles de contaminación que afectan la salud, la calidad de vida y las oportunidades de desarrollo. No es que falten soluciones; faltan las condiciones para implementarlas. Y cada año que pasa sin cambios normativos consolida una inequidad ambiental que ya no es sostenible.