Está en juego una reserva de 52 billones de pies cúbicos, la segunda de Sudamérica después de Venezuela y una de las mayores riquezas no explotadas del mundo.
Esta semana venció el plazo de negociación de los contratos firmados entre el gobierno y las empresas petroleras internacionales para adecuarlos a una nueva Ley de hidrocarburos aprobada en mayo, que implantó un impuesto directo a la producción del 32%, adicional a una regalía preexistente del 18%.
El presidente interino, Eduardo Rodríguez, dijo que el gobierno no cumplió con el plazo establecido por «deficiencias estructurales» en la ley, cuya enmienda solicitó al Congreso que ya está presionado por la cercanía de las elecciones generales del 18 de diciembre.
Las disputas entre los bolivianos sobre cómo aprovechar mejor las riquezas gasíferas del país más pobre de Sudamérica, que incluyeron demandas de nacionalización y protestas contra exportaciones, contribuyeron a la caída de dos presidentes en los dos últimos años.
Aunque se espera que las elecciones traigan estabilidad, analistas dicen que, ante la presión popular, cualquier nuevo gobierno deberá adoptar línea dura ante las multinacionales.
Si esta actitud se suaviza con el tiempo está por verse.
«Soy optimista sobre el largo plazo», dijo Frank Chapman, presidente ejecutivo de BG Group Plc al advertir que para desarrollar las «muy sustanciales» reservas se requiere «claridad fiscal y un balance sensible entre riesgo y retorno»
Chapman declaró la semana pasada que, en lo inmediato, las operaciones de BG en Bolivia marchan bien y dan ganancias, pero que la compañía, como muchas otras, ha dejado de invertir.
Desde 1996, compañías petroleras extranjeras han invertido más de US.000 millones en exploración y desarrollo de campos, especialmente en la sureña provincia de Tarija.
Las compañías están pagando los nuevos impuestos, pero muchas de ellas -como la británica BG, la española Repsol YPF y la francesa Total- han rechazado la renegociación de los contratos y han buscado en cambio el apoyo de tratados bilaterales de protección de inversiones. Arbitrajes internacionales pueden ser el próximo paso.
Inclusive la estatal brasileña Petrobras, la mayor inversionista del sector y una estrecha aliada de Bolivia, espera todavía conocer un proyecto de los nuevos contratos de asociación. Nadie sabe cuánta participación quiere el Estado boliviano en la industria.
«Por supuesto, planeamos respaldar y acatar cualquier ley aprobada por el gobierno boliviano», dijo José Gabrielli, presidente ejecutivo de Petrobras, a Reuters en Nueva York.
Anotó, sin embargo, que pese a la importancia de Petrobras en la economía boliviana, «el volumen de las inversiones de Petrobras en Bolivia es estratégicamente bajo».
¿Qué viene ahora?
Los principales candidatos presidenciales, el izquierdista líder indígena Evo Morales y el derechista ex presidente Jorge Quiroga, tienen propuestas diferentes para el gas.
Morales ofrece una nacionalización «agresiva» de la producción y las ventas de gas, aunque ha descartado expropiaciones; en tanto que Quiroga habla de una nacionalización de los beneficios del sector.
Pero ninguno habla de rechazar la nueva ley que, pese a sus deficiencias, cambió una estructura tributaria que muchos creían que no daba a Bolivia los beneficios que merecía.
Funcionarios de Repsol, el segundo inversionista en Bolivia después de Petrobras, han celebrado las venideras elecciones aunque señalaron que la inestabilidad política hacía perder un tiempo precioso en la construcción de infraestructura.
«Cualquier nuevo gobierno tiene que hablar con nosotros, aprobar la legislación, y nosotros tendremos que adaptarnos», dijo el director de finanzas de Repsol, Luis Mañas, a principios de este mes.
Si las compañías no pueden negociar mejores términos una opción es que salgan de Bolivia, pero mientras unos analistas dicen que esto es factible, otros señalan que nuevas reservas son lo suficientemente escasas en el mundo como para que se mantenga el interés en Bolivia.
«No hay muchas cuencas nuevas a las que las compañías tengan acceso para reemplazar e incrementar la producción. Las reservas son valiosas donde sea que estén, pero obviamente en circunstancias correctas», dijo Irene Himona, analista de Morgan Stanley en Londres.
Será en definitiva el nuevo gobierno, que debe asumir en enero, el que determinará el futuro del gas boliviano.
Las exportaciones, principalmente a Brasil y Argentina, sumarán este año unos US50 millones, ó el 10% del producto interno bruto.
Pero claramente Bolivia no tiene experiencia técnica ni capacidad financiera para explotar su gas, dijo Jason Kenney, jefe de investigación de crudo y gas de ING en Edinburgh.
Fuente: El Comercio, Perú/Reuters.