diciembre 10, 2014 | Industria
(Diario Financiero) En lo que denominó un acuerdo «político técnico» clave con los parlamentarios integrantes de la Comisión de Energía y Minería del Senado, el gobierno aseguró ayer la aprobación del proyecto de ley que establece un nuevo esquema para las licitaciones de suministro para clientes regulados.
El trabajo, que duró poco más de tres semanas y donde participaron asesores de la Comisión Nacional de Energía (CNE) y de los propios parlamentarios, permitirá que las indicaciones sean aprobadas hoy, y que el proyecto quede listo para ser despachado la próxima semana por el Senado, luego de lo cual irá a tercer trámite constitucional a la Cámara de Diputados.
Según señaló el ministro de Energía, Máximo Pacheco, esto permitiría que la iniciativa se convierta en ley antes de fin de año.
«La energía en Chile es un tema estratégico, y es una buena noticia que se alcance un acuerdo transversal y unánime que permitirá al país tener más energía, nuevos actores y nuevas tecnologías en el sector eléctrico», dijo el secretario de Estado.
El acuerdo fue firmado por los senadores Allende, Pizarro, Orpis, Ossandon, Prokurica y Guillier, presidente de la instancia.
Fuentes ligadas a las generadoras explicaron que los cambios que se introducirán a la iniciativa permitirán entregar mayor certeza a los inversionistas, al acotar el ámbito de injerencia de la CNE respecto de la elaboración de las bases de las futuras licitaciones.
Los nuevos lineamientos que establece el proyecto de ley respecto de las subastas debutarían en marzo de 2015, cuando la autoridad revele las bases que regirán el concurso que se realizará un año después, y que establecerá los precios que pagarán los clientes regulados, entre ellos los residenciales, en la próxima década.
Entre las metas de la agenda de energía está bajar en 25% los precios obtenidos en dichas licitaciones.
Los cambios
Entre las principales modificaciones que se introdujeron al texto que presentó el gobierno está el equilibrar las potestades de la CNE respecto de la elaboración de las bases, estableciendo mecanismos de solución de controversias a través de procesos arbitrales o con el concurso del panel de expertos eléctricos.
Asimismo, se amplía de 15 a 20 años la duración de los contratos; se corrige a 5.000 Kw (5 MW) el límite para ser considerado cliente libre del sistema, permitiendo a consumidores medianos como comercios, aeropuertos y pymes contar con precios regulados; se fijan mecanismos de revisión y actualización de precios para los contratos; se fija un sistema para abordar los denominados suministros sin contrato; y se introducen una serie de elementos para fomentar las inversiones en el sector eléctrico.
Energía: línea entre polpaico y cardones es estratégica
Frente a los cuestionamientos de un grupo de alcaldes y la oposición de las comunidades al proyecto que busca construir una línea de transmisión de más de 700 kilómetros que unirá las subestaciones Polpaico (norte de Santiago) y Cardones (límite de la Región de Atacama), que será llevado a cabo por la colombiana ISA a un costo estimado en US$ 1.000 millones, Pacheco sostuvo que esta iniciativa es clave para el plan del gobierno de bajar los costos de la energía. «No sacamos nada con tener proyectos de generación si no tenemos línea de transmisión», dijo.
El titular de la cartera sostuvo que el gobierno, más allá de la oposición, apoya la iniciativa, tal como lo ha hecho con proyectos como Alto Maipo y Punta Alcalde.
«La presidenta lo expresó en la Cena de la Energía, nuestro compromiso es que esta línea se realice y entre en operaciones durante el 2017», dijo.
septiembre 26, 2014 | Industria
El secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Andrés Romero, destacó el interés de nuevas empresas nacionales e internacionales para participar en el mercado de la distribución de gas, a partir del nuevo marco regulatorio que impulsa el Gobierno, a través de la Agenda de Energía.
La autoridad encabezó la reunión que sostuvo la CNE con el sector privado, para informarles de las propuestas que pretende incluir el Gobierno en el proyecto de ley que regularía al sector de la distribución de gas. A la cita asistieron representantes de Enap, Endesa, Mitsui, Fenosa, Empresa Pública de Medellín (EPM) para escuchar los avances regulatorios que impulsa la autoridad.
«Endesa nos ha señalado explícitamente que está analizando, a través de sus distribuidores eléctricos, la posibilidad de también meterse a la comercialización de gas residencial», planteó Romero.
La propuesta de la CNE es incluir en un proyecto de ley aspectos como la disminución del límite de rentabilidad de las empresas del sector, ampliar el panel de expertos del sector eléctrico al mercado del gas, el congelamiento transitorio de precios durante el proceso tarifario y establecer la obligación de acceso abierto a las redes de distribución.
septiembre 22, 2014 | Industria
(Diario Financiero) Una semana clave enfrentaría la industria del gas por redes, donde los principales actores son Metrogas, GasSur y Gas Valpo, ya que el gobierno tendría previsto revelarles los lineamientos de su trabajo regulatorio.
Este martes y el miércoles, el ministro de Energía, Máximo Pacheco, y el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Andrés Romero, encabezarán el seminario “Alternativas para el futuro de la regulación del mercado del gas”.
Esta actividad será la primera ocasión en que participarán públicamente los consultores del Banco Mundial, que están asesorando al gobierno en este proceso, en calidad de “facilitadores”, como en su momento los describió Pacheco.
Según señaló el secretario de Estado, el gobierno ha avanzado en esta materia y ésta será la instancia donde se presentarán algunas de las conclusiones a las que se ha llegado.
“En este momento estamos al inicio del proceso de discusión, porque nos parece importante que un millón de hogares y clientes comerciales, que hoy tienen gas de red tengan un proceso que mejore sus condiciones de compra de ese gas”, dijo.
Pacheco señaló que el gobierno ha escuchado a todos los actores del sector y que la idea de la autoridad es perfeccionar la actual legislación, especialmente en temas como la definición del mecanismo para una eventual fijación tarifaria.
Tasa de rentabilidad
A ello se sumaría el cálculo de la tasa de rentabilidad de estas empresas, que por ley no puede superar el 11%, tomando en cuenta inversiones y tasa de retorno.
“Es nuestra obligación hacerlo y la vamos a cumplir. Estamos trabajando intensamente en eso. El tema de la rentabilidad es la discusión que vamos a tener cuando comuniquemos nuestras conclusiones”, dijo Pacheco.
El cálculo de este último ítem tendría preocupadas a las empresas, ya que su argumento para rechazar la idea de regular apunta a que nunca han superado los niveles fijados por ley.
En octubre el gobierno tiene previsto entregar un estudio sobre la rentabilidad de la industria, encargado a las consultoras Valgesta y Mercado Eléctrico. Fuentes señalan que el gobierno cambiaría los factores contables que considera en el chequeo anual de rentabilidad.
Finalmente, la industria del gas cerraría la semana con un último encuentro, que fue organizado por la CNE y estaría organizado para este viernes 26.
A la cita, de carácter privado, estarían convocados ejecutivos de todas las empresas que comercializan gas por redes concesionadas.
En la instancia, la autoridad les revelaría detalles más específicos del proyecto de ley. Trascendió que entre las novedades estaría la incorporación de una instancia para resolver discrepancias, lo que implicaría ampliar hacia el gas el giro y las competencias del Panel de Expertos Eléctricos.
Preocupación
Recientemente en un seminario privado realizado en la sede de Libertad y Desarrollo (LyD), al que asistieron ejecutivos del sector, se adelantó el avance del estudio que la Asociación de Gas Natural (AGN) encargó a los economistas Alexander Galetovic y Ricardo Sanhueza, sobre la necesidad de regular el mercado del gas.
La conclusión fue taxativa: no es necesario. Los argumentos apuntan a la inexistencia de un monopolio en la distribución de gas por redes; al incremento en el costo de distribución asociado a una normativa de este tipo y al efecto de sustitución del gas natural respecto de otras opciones como el GLP.
Autoridad repetirá modelo de discusión
En la discusión de mañana y el miércoles sobre la futura regulación del mercado de gas por redes, el gobierno repetirá el modelo utilizado para abordar los cambios en la transmisión eléctrica, a través de mesas de trabajo abiertas y públicas donde participarán todos los actores. La tres mesas estarán lideradas por académicos chilenos, abogados y asesores del gobierno y tocarán tres temas: Acceso abiertos a las redes de distribución de gas; integración horizontal y vertical de la industria y vigencia del actual modelo de mercado. Entre los principales expositores estará David Reinstein, especialista senior en Gas y Petróleo del Banco Mundial, y expertos de Colombia, España, Australia, Canadá, EEUU, y Reino Unidos, todos países con amplia experiencia en el tema del gas.
septiembre 16, 2014 | Industria
(Diario Financiero) Reducir la exposición de los clientes regulados, entre los que figuran los residenciales, al costo marginal -al que se transa la energía en el mercado spot, factor que por diversas vías se ha visto reflejado en las cuentas de la luz en los últimos años- es uno de los ítemes que el gobierno incluyó en la reforma al sistema de licitaciones de suministro eléctrico.
Fuentes de gobierno explicaron que la corrección, que está contenida en la fórmula para cubrir un escenario en que una distribuidora se queda sin contrato, por ejemplo por la quiebra de la generadora que la abastece, también busca eliminar una barrera para la participación de nuevos actores en estas subastas, ya que les da más certeza sobre los costos que tendrían que asumir.
Según los cálculos de la propia autoridad, incluidos en el mensaje del proyecto de ley en trámite en el Congreso, entre 2008 y 2010 operó un sistema en virtud del cual todos los clientes regulados del Sistema Interconectado Central (SIC) cubrieron de su bolsillo la diferencia entre el precio regulado y el costo marginal, al que pagaban su energía las distribuidoras sin contrato. El costo de esta medida superó los US$ 1.500 millones, un monto suficiente para operar una central de 300 MW durante 25 años.
Lo que plantea el Gobierno es que sean las propias generadoras que inyectaron y retiraron energía del sistema en las horas en que se produzca el déficit las que cubran dicho costo.
De esta forma, comentan fuentes de gobierno, también se buscaría desincentivar que las generadoras que tienen energía disponible no vayan a las licitaciones apostando a reservar parte de la energía con el objeto de vender más caro en el mercado spot, apostando a la aplicación de mecanismos como el que se busca erradicar.
Las transferencias de energía entre generadoras se valoran a costo marginal, indicador que representa la operación de la unidad menos eficiente del sistema.
En el sector privado, expertos han insistido en que la mejor forma de solucionar el tema sigue siendo utilizar el mecanismo de socialización del costo marginal, cuestión que no es compartida por la autoridad, que tiene la meta de reducir el precio de la energía.
Los desafíos
Conocedores del trabajo que está desplegando la Comisión Nacional de Energía (CNE) comentan que el anterior es uno de los puntos del proyecto de licitaciones que aparece como más desafiante.
Otro sería la “discrecionalidad” que se ha acusado desde el sector privado, derivada de las mayores atribuciones que se le dan a la CNE respecto de las subastas. En el gobierno descartan esta visión, pues este cambio sólo recogería una situación que de hecho se da, ya que la comisión visa las bases que elaboran las distribuidoras.
Un punto donde la autoridad no tendría la intención de ceder es en la petición de que el diseño de los concursos pueda ser impugnado ante el Panel de Expertos Eléctricos, pues esa ”no es la instancia para discutir políticas públicas”. Lo que sí consideran, dicen las fuentes, es un espacio previo de observación para que los actores de la industria se pronuncien sobre las licitaciones.
Los plazos del Gobierno
Proyecto aprobado en 2015
Una vez que el proyecto de ley sea aprobado en la Cámara de Diputados, lo que se espera que su- ceda en octubre, pasará al Senado. Fuentes de gobierno estiman que la iniciativa debería ser ley en enero del próximo año.
Reglamento y bases
En paralelo, la CNE estaría trabajando también en la elaboración preliminar del reglamento del cuerpo legal y también en la bases del proceso de licitación que se lanzará en marzo del próximo año, y se adjudicará en 2016 para comenzar la inyección en 2021.
Prueba de instrumentos
La licitación de unos 13.000 GWh entre 2016 y 2019 permitirá a la autoridad «testear» una serie de instrumentos incluidos en el proyecto de ley, como los bloques horarios para ERNC.
agosto 25, 2014 | Industria
(Pulso) En el sector eléctrico hay coincidencia en que el proyecto de ley presentado la semana pasada que introduce cambios a los mecanismos de licitaciones eléctricas era necesario y que, en general, las políticas incorporadas en la iniciativa van por buen camino.
No obstante, han surgido algunas discrepancias, las que tienen que ver fundamentalmente con dos aspectos: el rol de la Comisión Nacional de Energía (CNE) como entidad que liderará los futuros procesos, y la modalidad escogida para regular los suministros sin contrato, esto es, cuando las demandas proyectadas superan las cantidades de energía asignadas entre generadoras y distribuidoras.
Un reporte de la consultora Systep plantea que para evitar la exposición al ciclo político y mantener la independencia de grupos de interés, es importante que la agencia licitante sea independiente del gobierno. “En particular, sería difícil separar el rol de regulador y operador del mercado. En cualquier caso, si finalmente el gobierno resultase estar a cargo como un comprador único de las licitaciones, es indispensable que los instrumentos, atribuciones y flexibilidades estuviesen claramente establecidos por ley, para reducir la incertidumbre futura y el riesgo regulatorio”, se señala.
Entre las empresas distribuidoras la sensación es más bien que el proyecto de ley -así lo planteo recientemente el director ejecutivo de Empresas Eléctricas, Rodrigo Castillo- supone el fin de una era en la que el Estado se mantenía neutro a las decisiones al menos en teoría, para pasar a adoptar una posición y a incorporarla en las determinaciones de política pública, lo que a su juicio es correcto.
La semana pasada, durante la presentación de la propuesta de reforma, el ministro de Energía, Máximo Pacheco, señaló que en su visión, “el Estado está adoptando un nuevo rol en este proceso con el fin de convertir a las licitaciones en un instrumento de política pública que efectivamente cumpla con los objetivos de contar con una electricidad más segura, eficiente, barata, sustentable y que opere con mayor competencia, tal como se ha comprometido en la Agenda de Energía”.
Entre las generadoras, no obstante, existen dudas sobre el mecanismo escogido para suministrar aquellas demandas sin contrato, el que será repartido a prorrata entre todos los actores que inyecten al sistema en el período, y remunerado de acuerdo a una fórmula que incorpora el precio del contrato y el costo marginal al momento de la inyección.
Este punto ha generado cierto debate y se espera que las empresas del sector, así como también las distribuidoras e incluso organizaciones de consumidores, expongan sus argumentos en la comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, que ya se encuentra tramitando este proyecto de ley.
Competencia
Para Pacheco, es clave incorporar más competencia e incluso el ministerio apunta a buscar fórmulas que premien el hecho de que el suministrador de un acuerdo sea un actor que no esté dentro de los que actualmente participan en el sistema.
“Definitivamente, nosotros queremos traer nuevos actores, nueva competencia, nuevos oferentes. Queremos asegurar nuevos proyectos. Queremos que este país enfrente un tema que es muy sensible, y que es el déficit que tenemos en generación y transmisión. Las razones por la que los precios de la energía en Chile son altos son básicamente dos: la existencia de escasa competencia y el déficit de infraestructura que tenemos”, dijo Pacheco en el Congreso la semana pasada.
Hugh Rudnik: Fortalezas y debilidades del proyecto de licitaciones
El proyecto de ley sobre licitaciones eléctricas apunta a resolver temas centrales que hoy limitan la contratación de las empresas distribuidoras. Destacan los siguientes aportes:
Varios productos contratables (corto, mediano, largo plazo), permitiendo mejores ajustes a necesidades de las distribuidoras y condiciones de mercado.
- Esquemas para acotar riesgo de nuevos generadores.
- Nuevos esquemas de evaluación de las ofertas.
- Estímulo a distribuidores a hacer bien su labor.
- Tratamiento adecuado de las restricciones de transmisión.
- Definición de un precio oculto, exitosa práctica internacional.
- Panel de expertos para divergencias.
Sin embargo, hay dos temas centrales del proyecto cuestionables, que agregan incertidumbre a futuros inversionistas que buscan minimizar riesgos en un entorno de competencia entre tecnologías más eficientes: agencia licitante y suministro sin contrato.
Son reconocidas a nivel internacional las bondades de contar con una instancia independiente del gobierno para liderar el proceso de licitaciones de las distribuidoras. Independiza el proceso de intereses políticos de corto plazo o presiones de grupos de interés. El proyecto asigna a la CNE toda la responsabilidad, aunque con funciones acotadas a objetivos que define la ley. Las tentaciones igual existirán que un futuro gobierno privilegie soluciones políticamente atractivas y populares, limitando la necesaria inversión en generación económica que tanto necesitamos. No es claro en esta solución cómo lograr separar adecuadamente la función del regulador y la del operador de mercado.
La propuesta además introduce una obligación contractual administrativa de tiempo indefinido para suministros sin contrato, que obliga a las generadoras a vender energía no contratada a un precio fijado por la autoridad. Esto se constituye en una incertidumbre para nuevos entrantes y en un riesgo de buscar resolver permanentemente el problema por esa vía. Esta propuesta es contradictoria con uno de los objetivos de diseño del mecanismo que establece que se deben evitar pérdidas operacionales para los generadores. El hacerla permanente también es contradictorio con su definición como medida de carácter excepcional. Esto reducirá las necesarias ofertas de energía abundante y económica. Reconociendo que hay una situación de desadaptación del mercado, poca oferta económica para creciente demanda, se esperaría que este mecanismo se planteara como una medida transitoria, por un número acotado de años.
