mayo 25, 2016 | Industria
(Diario Financiero) Tras seis meses de investigación, la semana pasada la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), formuló cargos contra la generadora Endesa Chile, controlada por Enersis, por entregar información errónea al mercado sobre la operación de la central GasAtacama.
En el proceso, que resultó de una auditoría realizada por el CDEC-SING, el regulador del mercado eléctrico determinó que los parámetros de tiempo de operación y mínimo técnico informados por Endesa para la central ubicada en la región de Antofagasta incidieron perjudicialmente en la operación del mercado, lo que habría afectado a clientes libres, industrias y otras generadoras.
“A partir de esta auditoría, lo que hizo la SEC fue iniciar una investigación, y apropósito de eso, lo que se hizo fue formular cargos a GasAtacama. Nosotros nos pudimos formar la convicción que tras la auditoría del CDEC-SING, efectivamente había entrega de información errónea por parte del operador, y eso trajo como resultado que se afectan los costos de operación del sistema”, dijo Luis Ávila, titular de la SEC.
La auditoría del CDEC-SING estimó que el sistema, producto del despacho de la central GasAtacama en tiempos en que esta no debía haber operado, tuvo un sobrecosto de unos US$ 260 millones para las empresas y generadoras del Norte Grande. Este exceso se habría dado entre 2011 y octubre de 2015, fecha en la cual el coordinador ofició a la generadora para que modificara los parámetros cuestionados.
El regulador señaló que dado el carácter del incumplimiento detectado, el que calificó de “grave”, la generadora se exponía a la máxima multa contemplada en la ley, esto es, 10.000 UTA (Unidades Tributarias Anuales), unos US$ 7,9 millones.
“Hay una afectación en la operación del sistema, porque los actores que debieron haber operado con las definiciones nuevas que le hace el CDEC, que cambia el mínimo técnico y el tiempo de operación, si se hace el despacho nuevamente, se llega a un resultado distinta con otros actores. Esa convicción nos llevó a formular cargos”, dice Ávila.
El titular de la SEC sostiene que Endesa ya fue notificada de los cargos, y que la firma tiene 15 días hábiles para contestar el requerimiento, y que luego de eso, en base a las pruebas o descargos que presente, la SEC decidirá si aplica las multas contenidas en la ley para estos incumplimientos.
Pero la multa no sería el único problema que podría enfrentar Endesa. La firma también podría ser objeto de acciones legales por parte de privados que busquen resarcir los supuestos perjuicios.
“Hay información de que distintos actores pudieron verse afectados, y evidentemente ellos tendrán que tomar las decisiones que estimen convenientes respecto de algún tipo de acción. Nuestra preocupación está en que no tenga efectos en los clientes regulados, y eso está salvado por las licitaciones, no necesariamente es así para los clientes industriales, renovables, mineras”, dijo Ávila.
«ESTAMOS MUY ATENTOS A VIGILAR LA OPERACIÓN Y EL DESARROLLO DEL MERCADO»
No sólo la calidad del servicio que entregan las eléctricas a los consumidores preocupa a la SEC, su titular, Luis Ávila, sostiene que el regulador ha intensificado su vigilancia del buen funcionamiento competitivo del mercado.
-¿La mayor vigilancia del mercado va a estar dentro del foco de la SEC?
-Ese rol evidentemente que no está iniciándose ahora, porque tuvimos la quiebra de Campanario, donde se multó a empresas y luego de eso aparecieron otras cosas. Estamos mirando el desarrollo de los mercados, estamos muy atentos a vigilar el control de la operación segura y económica a través de los CDEC.
-En 2015, la SEC aplicó multas por US$ 24 millones a las eléctricas. ¿Ha empeorado la calidad de servicio?
-Tenemos una convicción en la superintendencia que los ciudadanos tiene derecho a recibir suministro continuo y seguro. Tenemos un objetivo estratégico, que es movilizar a los actores del marcado hacia que cumplan lo que está establecido en la norma, y esto no se logra solo con sanciones. Este sector es complejo y difícil de explicar a la ciudadanía, pero existe porque hay consumidores al final, y la SEC es el organismo encargado de verificar que los estándares de seguridad y calidad de servicio que se han definido, se cumplan.
-¿La SEC tiene alguna meta para bajar los índice de indisponibilidad de energía para los hogares?
-Si bien el promedio es de 15-16 horas en los últimos cuatro años, hay regiones y comunas que tienen estándar europeo, de país desarrollado, y otros que están muy lejos de eso. Arica, la Metropolitana y Magallanes tienen 8-9 horas de indisponibilidad, y son las mejores en calidad de servicio. La Araucanía, Biobío, tienen sobre 30 horas. Cuando nos comparamos con países de la región, nos va relativamente bien, ahora, con la OCDE, estamos hablando de horas contra minutos. La meta de la agenda 2050 es llegar a una hora.
mayo 24, 2016 | Designaciones
Eddie O’Connor, director ejecutivo de Mainstream Renewable Power fue nombrado Embajador del Consejo Mundial de Energía Eólica (GWEC en su sigla en inglés)
La tarea de la organización internacional es difundir los beneficios de la energía eólica y cómo este tipo de industria puede aportar al desarrollo económico y social. «La industria eólica ha ganado terreno sin precedentes en todo el mundo, especialmente en los mercados emergentes, impulsado por el hecho de que este tipo de energía es más barata que los combustibles fósiles”, señaló O’Connor.
Eddie O’Connor fundó Mainstream en 2008, luego de ser presidente ejecutivo por diez años de la compañía de energía renovable Airtricity, que también fundó en 1997.
El empresario también ha recibido el premio Poul La Cour, de la Asociación Europea de Energía Eólica, además de haber sido nombrado líder de política energética mundial por la revista Scientific American y de haber sido reconocido en los premios anuales de energía de Ernst & Young Global.
[Mainstream recibe aprobación para proyecto eólico por US$634 millones]
mayo 23, 2016 | Industria
(El Mercurio) El derrame de petróleo ocurrido hace una semana en la bahía de Quinteros puso de manifiesto el daño que las empresas, muchas veces del Estado, han provocado al medio ambiente. Y en el caso concreto de esta área de la V Región, denominada por algunos como «zona de sacrificio» por la enorme y persistente contaminación, el cuestionamiento público es mayor para las firmas estatales, dado que allí está la refinería y fundición de Ventanas de Codelco, y el puerto de la petrolera Enap, responsable de este último accidente ambiental.
Las principales firmas productivas de propiedad estatal arrastran décadas de contaminación a cuestas y por ello han comprometido inversiones que suman US$ 5 mil millones. El plan más ambicioso es de la compañía más grande, Codelco, que suma unos US$ 4 mil millones en diversas iniciativas para bajar emisiones de las fundiciones, así como reducir el uso del agua. «Codelco está desarrollando un plan a fondo para resolver los problemas y cumplir, pero no podemos hacernos cargo inmediatamente de la historia», resume su presidente ejecutivo Nelson Pizarro (ver entrevista relacionada).
Enap tiene presupuestado destinar US$ 42,3 millones para medio ambiente este año. Su gerente general, Marcelo Tokman, señala: «En el desarrollo de nuestro plan estratégico hemos detectado brechas importantes en materia medioambiental, las cuales están siendo abordadas a través de proyectos que superan los US$ 100 millones en cada refinería (en Bío Bío y Aconcagua)», precisa. El ejecutivo añade que «para los próximos cinco a siete años contamos con una cartera significativa de inversiones en todas nuestras operaciones que apuntan a mejoras en materia de gestión ambiental, optimizar la operación de nuestras refinerías y disminuir o reparar en forma importante el impacto ambiental».
En el caso de Enami, la presidenta del directorio y ministra de Minería, Aurora Williams, explica que la estatal tiene un plan de modernización que contempla la fundición de Paipote para cumplir con la ley de fundiciones y el cambio en el emplazamiento de la planta de Tal Tal, entre otros proyectos. En el caso de Paipote, el estudio de prefactibilidad arroja una inversión de US$ 400 millones, señala Williams.
Sin embargo, hay escepticismo respecto de estas políticas. El abogado y doctor en derecho ambiental, Lorenzo Soto, sostiene que «Enap es una empresa que ha mostrado una pauta persistente y reiterada de incumplimientos».
«En el caso de Codelco, sin duda es la empresa minera con peores estándares ambientales de Chile», opina Soto. A su juicio, de las mineras privadas que están en zonas con glaciares, la única que tiene una intervención industrial relevante es Codelco Andina».
Enap: «Nos estamos poniendo al día con los compromisos incumplidos»
La petrolera estatal Enap cumple 66 años en junio. Las primeras explotaciones estuvieron en Magallanes, donde se descubrió «oro negro» en 1945 y es allí donde tiene sus pasivos ambientales más antiguos.
En la zona, producto de décadas de perforaciones, los estancieros afrontaron por varios años millonarias pérdidas cuando sus ovejas caían a zanjas y hoyos donde se realizaron búsquedas de petróleo. Por eso, tras años de reclamos de los afectados, Enap creó una unidad de asuntos ganaderos que trabaja diariamente con los estancieros de Magallanes.
«Nos estamos poniendo al día con los compromisos incumplidos, reconociendo lo pendiente y generando soluciones de fondo», explica Gabriel Méndez, gerente de asuntos corporativos de Enap.
En Bío Bío, donde Enap tiene otra refinería, la petrolera desarrolla un programa de relocalización en Hualpén. Los vecinos reclaman desde hace diez años por los malos olores y ruidos generados por la empresa.
La zona, parte de la bahía de San Vicente, ha sido afectada en las últimas décadas por varios derrames de combustibles, algunos de ellos de responsabilidad de Enap.
Uno de los más espectaculares ocurrió en marzo de 1993, cuando el escape de petróleo no fue detectado a tiempo y un soldador que reparaba un barco a las 4 de la mañana provocó, sin querer, un incendio en la bahía que destruyó siete plantas pesqueras y unas cincuenta embarcaciones, paralizando la economía de la zona por varios meses.
Otro de los más dañinos se produjo en mayo de 2007, cuando el barco «New Constellation» descargaba petróleo hacia Enap, cerca de la caleta Infiernillo, que fue calificado por las autoridades como el mayor accidente ambiental de esa década. Tras detectar una deficiente mantención del Terminal B Marítimo, operado por Enap, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) decidió presentar una demanda contra la empresa por los daños ecológicos por $4 mil millones. Al final, el CDE llegó a un acuerdo con la petrolera estatal.
Según datos de la Dirección de Territorio Marítimo (Directemar), en la zona han seguido los accidentes provocando derrames de distintos químicos y combustibles (ver infografía).
Dos derrames en la bahía de Quintero entre 2014 y 2016
El último accidente ambiental ocurrió el pasado domingo, en Quintero, zona que ya en 2014 había sufrido el derrame de 38 mil litros de petróleo. En ambos episodios estuvo involucrado Enap. Por el accidente de hace dos años, la petrolera invirtió US$ 7 millones en labores de mitigación en las que trabajaron unas 1.200 personas, y aportó fondos al Hospital Veterinario (UST) de Viña del Mar, al que llegaron varias aves afectadas por el crudo.
El más reciente incidente, el del domingo 15 de mayo pasado, resucitó el reclamo de la comunidad de Quintero, que exige no ser una «zona de sacrifico», donde se daña al medio ambiente en pos de la actividad económica.
Enap intenta que el accidente no provoque más daños a nivel corporativo y político. Activó un operativo de limpieza y está depurando la zona con tres sistemas de bombeo, dos lanchas estanque, dos naves transportadoras, dos máquinas de dragado, 60 profesionales y 40 buzos.
Por su responsabilidad en el accidente, la compañía suspendió al encargado del puerto Claudio Luengo y encargó al jefe de Operaciones de Refinería Aconcagua, Edmundo Piraíno, que encabece la limpieza. También contrató a Edward Owens, asesor técnico de Exxon Estados Unidos, para coordinar los trabajos de limpieza y recuperación de la bahía.
Enap también busca saber qué causó el accidente. «Estamos haciendo una investigación independiente que establezca las causas basales del incidente, establezca las responsabilidades y revise la operación del terminal, para tener una operación más segura, eficiente y sustentable», sostiene Gabriel Méndez.
El accidente tiene el agravante de ocurrir en una zona de gran contaminación, donde operan una decena de industrias y puertos, como AES Gener, Gasmar, Copec, Oxiquim, además de la refinería Ventanas de Codelco.
Es tal el daño que el investigador Antonio Lara, parte de un equipo de investigación que ha estudiado el área de Ventanas, examinó los anillos de árboles de Ciprés macrocarpa, especie que ha sido plantada en el área. «En el período 1952-2012, los anillos muestran que los niveles de concentración de cobre, plata y plomo eran especialmente altos en los árboles creciendo cerca de las plantas industriales de Ventanas, comparados con los de otras áreas, confirmando una mayor exposición de estos árboles a estos contaminantes».
Enami: nueve planes de cierre ya listos y dos en estudio
Enami existe como tal desde hace 56 años. Una de sus fundiciones, Paipote, fue de las primeras declaradas como zona saturada de contaminación, a inicios de los 90.
Según explicó la empresa, Enami cuenta ya con nueve planes de cierre aprobados por Sernageomin y dos en evaluación. Las primeras clausuras programadas serían la Planta Ovalle, donde ya se han ejecutado labores de limpieza, despeje de zonas, levantamiento de equipos, entre otras.
En la planta de Tal Tal, cuyo cierre está definido para el 2018, el inicio de su proceso de clausura depende de la construcción de una nueva instalación, hoy en evaluación, explican en Enami.
mayo 23, 2016 | Industria
(El Mercurio) Un aumento considerable en las garantías exigidas a las empresas que participarán en las licitaciones de suministro eléctrico que se llevarán a cabo en julio hará la Comisión Nacional de Energía (CNE).
Lo anterior, porque, según explicó el secretario ejecutivo de la entidad, Andrés Romero, las boletas de garantía de cumplimiento de suministro para las empresas que ganarán contratos en las licitaciones pasarán de 100 unidades de fomento (UF) por gigawatt hora (GWh), a un monto que si bien aún no se define estaría entre 300 UF y 500 UF por GWh. Es decir, las multas en caso de que una empresa participe en las licitaciones, se gane un contrato y finalmente no cumpla con este podrían como mínimo triplicarse y como máximo quintuplicarse.
De esta manera -y según se muestra en la infografía-, la multa mínima en caso de incumplimiento sería de US$ 2 millones, mientras el máximo podría llegar a US$ 74,5 millones.
Pero hay más. Romero comenta que también incorporarán una auditoría técnica del desarrollo de nuevos proyectos asociada a hitos constructivos. «El desarrollo del proyecto con sus hitos va a estar asociado a una o más boletas de garantía de fiel cumplimiento de estos hitos», sostuvo. Añadió que, si una empresa decide no realizar un proyecto, «operará no solo el cobro de la garantía de los hitos, sino que también el cobro de la boleta de fiel cumplimiento del suministro». De esta manera, estas compañías deberán pagar dos o más multas.
«Queremos que no se presenten ofertas que no vengan realmente respaldadas por proyectos que van a servir ese contrato. No queremos ofertas que vengan a hacer una especulación del mercado spot y aprovechen los precios bajos de ese mercado, pero que después no puedan cumplir sus compromisos en caso de que los precios suban. Hemos tenido esa experiencia en el pasado y creemos que en estos procesos de licitación debemos llamar a oferentes que realmente tengan por objetivo ser un jugador más del mercado», advirtió Romero.
Asegurar que no suban los precios
El 10 de junio se publicarán las bases de licitación, adelanta Romero. Según dijo el secretario ejecutivo de la CNE la semana pasada, también se reducirá el volumen base de las ofertas en 1.200 GWh del bloque de suministro número uno que iniciará en 2021 -de un total de 13.750 GWh que serán ofrecidos- por la menor demanda de energía eléctrica. Asimismo, a fines de este año, y también en 2017, se llamará a un nuevo proceso de licitaciones, aunque de menor tamaño.
Las modificaciones a las bases no se acaban aquí. El Gobierno optó también por anticipar algunos perjuicios que podría tener para el proceso un alza en el precio de los combustibles fósiles en los próximos años.
De esta manera, Romero dijo que harán una adecuación para que la suma de los indexadores de combustibles no puedan superar el 70%. Actualmente, solo se acota a que el Gas Natural Licuado (GNL) Henry Hub no puede superar esa cifra. «Estamos en un escenario de bajos precios de combustibles, por lo que no queremos dar una señal de que un oferente hoy puede ofertar barato, pero indexarse 100% a una suma de combustibles y, por lo tanto, si estos llegan a subir, en tres años tendríamos como efecto un precio altísimo», manifestó.
mayo 23, 2016 | Industria
(Diario Financiero) Poco más de un tercio del gas natural que entra a Chile va directamente a parar a los hogares, comercios e industrias de la zona central y sur, los que son abastecidos a través del gasoducto Gas Andes y también en camiones.
El Terminal de GNL de Quintero, el mayor del país, recibe unos 40 barcos de GNL promedio al año y es uno de los que a nivel mundial tiene mayor tasa de uso, cerca del 80%, señalan en el mercado, pero es por lejos la industria eléctrica la que tiene el mayor consumo.
Según datos de la Comisión Nacional de Energía, el 47% del gas que se recibe va a las centrales que tienen Endesa, Colbún y AES Gener, mientras que 16,7% se lo lleva la industria petroquímica y de refinación de combustibles, donde la estatal Enal es el principal actor.
Por ejemplo, del gas que recibe Endesa, el 66% va a sus centrales y un 33,4% a terceros y clientes industriales. En el caso de Enap, 12,4% va al segmento residencial comercial -a través de acuerdos con GasValpo-, un 38,5% a generación eléctrica y un 49,1% para el segmento Industrial.
En Chile hay cerca de un millón de clientes conectados a la red de gas, la gran mayoría de ellos en la zona central, donde Metrogas tiene más de 600 mil usuarios en Santiago y la Región de O’Higgins.
