octubre 20, 2016 | Industria
Según el Reporte Mensual correspondiente a Octubre que realiza la consultora Systep, es necesario desarrollar una nueva Ley de distribución energética que sea capaz de permitir cambios en el funcionamiento de la red y la aparición de nuevos actores con el fin de seguir promoviendo la eficiencia económica, la confiabilidad y la sustentabilidad del sistema.
El estudio plantea que la nueva legislación debería “incluir un método de remuneraciones para las inversiones requeridas para mejorar la calidad de servicio, y contener un proceso transitorio para enfrentar los cambios del modelo de negocio”.
Además, el reporte apunta a que la Ley sea proactiva promoviendo la innovación frente al cambio de la naturaleza del negocio, y señala que “debe ser flexible para poder integrar los desafíos futuros como medición inteligente, tarifas flexibles (aprovechando mejoras tecnológicas), almacenamiento, vehículos eléctricos, etc”.
Asimismo, se debe estudiar la necesidad de incluir incentivos a la eficiencia energética y a una mejor calidad de servicio, con el fin de cumplir con las mejoras propuestas por la Política Energética 2050, que pretende una reducción del índice promedio de tiempo de interrupción del sistema (SAIDI por sus siglas en inglés), a niveles de 4 horas/año para el año 2035 y a 1 hora/año al 2050.
Altos tiempos de interrupción de suministro
Como parte del diagnóstico que realiza el reporte de Systep, se señala que “llegar a la meta propuesta por Política Energética 2050 plantea un gran desafío considerando los actuales valores del índice promedio de tiempo de interrupción del sistema (Ver gráfico).
Respecto al gráfico, “Considerando que esta meta es ambiciosa, se debe también analizar si es socialmente rentable garantizar los mismos niveles de interrupción en todas las localidades. En este sentido, algunos clientes pueden tener diferentes requerimientos de calidad del servicio y estar dispuestos a pagar por ello”, afirma el Reporte.
agosto 23, 2016 | Industria
(El Mercurio) Pese a destacar el éxito de la última licitación de suministro para clientes regulados (12.430 GWh/año, a un precio medio de US$ 47,594/MWh), la consultora chilena Systep advirtió que la expectativa del gobierno de que las cuentas de luz bajarían al menos 20% a partir de 2021, podría ser exagerada.
«Sin duda, los resultados de esta última licitación se traducirán en tarifas menores para los clientes regulados, aunque este efecto será acotado», dijo Systep en un reporte a clientes.
Apuntó que el resultado de la subasta se verá amortiguado por la existencia de otros contratos de energía a precios mayores, así como el efecto que producen las otras componentes de la tarifa tales como el IVA, cargos por capacidad, costos de distribución y transmisión, entre otros.
En este ámbito, la consultora sostuvo que «para una cuenta típica de clientes residenciales de Santiago, hacia el 2022 la baja en el costo de la energía se traduciría en alrededor de un 4% de baja en la tarifa total con respecto al valor actual, considerando que todas las demás componentes permanecen constantes». Este valor no incorpora el aumento que se producirá a fines de 2016 por la ley de equidad tarifaria.
Según concluyó, el impacto definitivo dependerá finalmente de la evolución de los índices de precios que se utilizan para indexar los contratos, así como el tipo de cambio usado para convertir los precios de los contratos a pesos. En los años posteriores, el valor de la tarifa dependerá además de los precios despejados en licitaciones futuras.
En declaraciones al vespertino `La Segunda`, el gerente general de Systep, Rodrigo Jimenez, dijo que si bien es posible que pudiese darse una reducción del 20% en el largo plazo, aclaró que esto podría ser después de la fecha proyectada por la cartera de Energía.
septiembre 24, 2015 | Industria
(Pulso) El hecho de tener una organización gubernamental determinando las directrices del procedimiento licitatorio conlleva ciertos riesgos, como la exposición al ciclo político y la doble función de regulador y operador del mercado”. Así de tajante es el comentario de la consultora Systep, ligada al experto eléctrico Hugh Rudnick, en su último reporte mensual.
Esto, a propósito de las críticas -lideradas por Colbún- que plantean que con el ingreso de ENAP al negocio de generación eléctrica deben separarse muy bien los roles para evitar que el Estado sea juez y parte en estas licitaciones.
Según Systep, un potencial candidato para cumplir esta función sería el nuevo Coordinador Independiente del Sistema Eléctrico Nacional (CISEN), formulado en el proyecto de ley de Transmisión presentado en agosto.
Este organismo reemplaza a los dos CDEC de los sistemas eléctricos mayores, el SIC y el SING, considerando además que desde 2018 ambos sistemas operarán unidos.
“El CISEN, o específicamente una dirección perteneciente al mismo, podría ejercer la función de ente licitador, complementando su función de operador de mercado. De esta forma, se incorporaría al CISEN al proceso de diseño de las licitaciones, considerando que la proyección de la demanda y las condiciones del mercado son parámetros que podrían ser evaluados con precisión por este organismo, al analizar continuamente el mercado”, añade el reporte de septiembre de la consultora.
“Finalmente, el costo político que puede conllevar un proceso de licitaciones no justifica asignar a una institución gubernamental la conducción de un proceso de licitaciones, que busca conferir certeza a todos sus participantes”, se concluye.
[Costos marginales promedio de SIC y SING bajan 17 y 18% en últimos 12 meses]
julio 18, 2014 | Industria
En su Reporte Mensual del Sector Eléctrico, correspondiente a julio, la consultora Systep advirtió que “en el mercado eléctrico chileno existe en la actualidad una gran incertidumbre sobre la forma que podría tomar la matriz de generación, caracterizada por una tecnología de expansión incierta, exigiendo un nuevo enfoque para explicar la evolución del mercado.
A esto se sumaría “la incertidumbre del resto de las variables que normalmente influyen en el precio de la energía, como la proyección de la demanda, los precios de los combustibles, la condición hidrológica, entre otras”.
En dicho documento se resalta que “el rechazo social y los juicios en contra el desarrollo de centrales eléctricas, observado desde hace unos años, han llevado a que hoy se desconozca cuál será la tecnología eficiente que se desarrollará en el largo plazo”.
Vinculado a dicho punto, Systep menciona que “como respuesta a la dificultad de desarrollar las tecnologías económicamente más eficientes se ha propuesto impulsar un desarrollo en base a GNL, donde el Gobierno ha comprometido esfuerzos para promover este tipo de centrales, como la oferta de un contrato de gas natural por parte de Enap por una capacidad de regasificación de 1,1 MM3 al año durante 10 años”, aunque resalta que “existe incertidumbre respecto de la capacidad del mercado chileno de acceder a precios competitivos y a volúmenes importantes de GNL en el mercado internacional, y a cómo gestionarán los contratos de suministro Take or Pay”.
junio 20, 2014 | Medio Ambiente
En su Reporte Mensual del Sector Eléctrico correspondiente a junio, la consultora Systep manifiesta que “la aplicación de un impuesto a las emisiones tendrá como consecuencia un aumento en los costos de la energía, el cual no afectará a los clientes regulados en el corto plazo, pero sí lo hará cuando se inicie el suministro correspondiente a las próximas licitaciones, en donde sí se reflejará el efecto del impuesto”.
Advierte además que “los clientes libres, en cambio, en el corto plazo podrían ver afectadas sus condiciones de suministro, si así estuviese establecido en sus contratos con generadores. El efecto de los impuestos sí se debería ver reflejado en todos los futuros precios de suministro”.
En su reporte mensual, la consulta considera que “si el beneficio buscado en este caso es tener una matriz de generación más limpia, entonces cabe preguntarse si estos impuestos lograrán dar señales al mercado para reemplazar generación con altas emisiones por otra energía menos contaminante. En el largo plazo es improbable que el impuesto incida en propiciar tecnologías de expansión en generación más limpias que las que habría sin el impuesto. Si bien la aplicación del mismo aumentará en mayor medida el costo de desarrollo de las centrales a carbón que el de las centrales a GNL, este cambio no es suficiente para hacer la tecnología GNL más económica que la del carbón”.
En el documento se detalla que el impuesto a las emisiones contenido en la propuesta de reforma tributaria gravaría, a partir de 2017, las emisiones de contaminantes locales (material particulado, óxido de nitrógeno y dióxido de azufre) y contaminantes globales (dióxido de carbono (CO2)) producidas por fuentes fijas conformadas por calderas o turbinas con una potencia térmica mayor o igual a 50 MWt.
Además se indica que “para los contaminantes locales, este impuesto sería de US$0,1 por tonelada emitida, no obstante la recaudación no se puede estimar ya que los factores con que se calcularía este impuesto “[…] serán determinados por el Ministerio de Medio Ambiente, conforme a la metodología que establezca el reglamento que para tal efecto dictará el mismo ministerio y que será suscrito además por los Ministros de Salud y Hacienda”, lo que genera incertidumbres en su aplicación”.
Descarga acá el reporte mensual de Systep.
