febrero 2, 2016 | Industria
(Diario Financiero) La disputa que mantiene en la Corte de Apelaciones Metrogas con la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), por la eliminación de los costos de conversión, traerá aparejado un incremento en las utilidades de 2013 y 2014, reconoció ayer la distribuidora de gas.
Si la resolución, que está en acuerdo -con fallo definido y en proceso de redacción- rechaza la reclamación presentado por Metrogas, implicará que la firma deberá reconocer utilidades adicionales por unos US$ 15,5 millones para los años 2013 y 2014.
“Eliminar los costos de conversión, con lo que la utilidades de los años 2013 y 2014, aumentarían en $ 3.000 millones y $ 6.000 millones, respectivamente. Lo anterior resulta del efecto neto de la eliminación de la depreciación de los costos de conversiones y del aumento de la inversión en costos de conversión de esos años que según la SVS se debería llevar a gastos”, dijo la firma en sus resultados a 2015.
Asimismo, indicó que los balances deberán ser modificados reconociendo disminución de activos por unos $ 75.000 millones; de pasivos por unos $ 19.000 millones y de patrimonio, que alcanzará a unos $ 56.000 millones.
Sin embargo, este cambio no obligaría a la firma a modificar los contratos de emisión de bonos de la distribuidora, pues no se sobrepasaría el límite de endeudamiento de la firma.
En 2015, la distribuidora obtuvo utilidades por US$ 76 millones, baja de 34%. Los ingresos bajaron 9,7%, llegando a unos US$ 583 millones. El Ebitda se redujo a US$ 161,2 millones.
A su vez, Gasco tuvo ingresos por US$ 569 millones, una baja de 34%. La utilidad llegó a unos US$ 74,3 millones, una leve disminución respecto de 2015.
enero 11, 2016 | Industria
(El Mercurio) Pérdidas de margen de contribución por US$ 3,8 millones generó para Endesa Chile la protesta en una torre de alta tensión en Coronel por parte de tres manifestantes que se mantuvieron a 14 metros de altura -e incluso a 18 metros ayer- durante 22 días. Con ello, impidieron la operación de las dos unidades del complejo termoeléctrico Bocamina (500 MW) en los últimos nueve días.
La detención se registró luego que la Corte de Apelaciones de Concepción ordenó desenergizar la estructura que transmite la electricidad que genera la planta por el riesgo para los huelguistas.
Los efectos financieros para la compañía incluyen también la detención de funciones que generó una ocupación ilegal anterior de la misma torre, el 23 de noviembre y que duró cuatro días.
En ambos casos, los manifestantes pedían que el complejo dejara de operar pues, según ellos, contamina el mar y el aire.
Tras el fin de la manifestación, a contar de las 17:15 horas del viernes, la generadora informó que «se están haciendo los trabajos para que en un plazo de 40 horas vuelva a operar la central Bocamina, que no ha podido aportar su energía al sistema desde el 30 de diciembre pasado».
Bocamina I y II contribuyen con 340 mil MW/h al Sistema Interconectado Central (SIC).
En un hecho esencial comunicado ayer a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), Endesa Chile explicó que «a nivel de sistema eléctrico esta situación impacta al alza en los costos globales de suministro de la demanda, provocando un aumento de los precios spot y el uso anticipado de reservas hidroeléctricas que en los próximos meses no estarán disponibles».
Primer intento fallido
Apenas sintieron que efectivos del Gope de Carabineros se trepaban a la torre de alta tensión, los tres hombres, de entre 38 y 45 años, dejaron la plataforma de madera en que dormían y escalaron hasta quedar fuera del alcance de los policías.
Eran cerca de las 6 de la madrugada del viernes y no solo el despertar fue sobresaltado para estos hombres, sino también para el grupo que abajo los apoyaba en un improvisado campamento. Hubo oposición al actuar de los policías, por lo que estos hicieron uso de bombas lacrimógenas.
Durante el día, y sin la base que retiró Carabineros, los manifestantes se mantuvieron sentados en los fierros de la estructura, a 18 metros de altura. «No hay fuerza física que les permita estar en esas condiciones por más de un día», dijo la gobernadora de Concepción Andrea Muñoz.
Y así fue, ya que no se arriesgaron a pasar otra noche y bajaron durante la tarde. Eso sí, en medio de reclamos de quienes antes los apoyaban.
Andrea Muñoz reconoció que el desalojo fue tardío, pero dijo que la petición «solo la conocí el día seis de enero (miércoles)». Pero fue el 18 de diciembre cuando la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) pidió a la intendencia que Carabineros desalojara la toma. El documento ingresó a la oficina de partes el día 21 de ese mes y recién dos semanas más tarde llegó a la gobernación. «Se ordenó una investigación sumaria que arrojará los responsables», expresó Andrea Muñoz.
Detenidos
Los tres manifestantes enfrentan cargos por desórdenes e infringir la Ley de Electricidad. Empresa asumió compromisos
En 2015, Endesa selló un acuerdo con 19 sindicatos de pescadores y algueras, el Gobierno Regional y el municipio de Coronel. En ese pacto, el grupo que ha protagonizado las protestas en la torre de alta tensión y que lidera Luis Morales, quedó fuera, pues no es validado por el resto de los sindicatos.
El acuerdo implica un fondo de $180 millones al año durante la vida útil de la central, los que se destinarán para que vecinos a Bocamina postulen a proyectos que mejoren su calidad de vida. Además, la generadora se comprometió a cerrar el proceso de relocalización de 1.200 familias, de las cuales 500 ya se han trasladado a nuevas casas y otras 700 lo harán en un máximo de tres años.
También se construirá un parque en torno a la central de más de 30 hectáreas, en cuyo diseño participarán los vecinos. Endesa, además, tiene otro fondo para apoyar a emprendedores, financió un jardín infantil para los niños de las familias relocalizadas y ayudará a construir una nueva escuela.
enero 11, 2016 | Sustentabilidad
(El Mercurio) Una reparación civil de al menos $800 millones exige el Consejo de Defensa del Estado en la demanda civil que el viernes pasado interpuso ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, en contra de la agencia de naves Agental, representante legal del buque tanque «Mimosa». La acción legal busca reparar al fisco de los gastos en que debió incurrir para controlar los efectos del vertido de 38 mil litros de petróleo que el tanquero protagonizó, en septiembre de 2014, en la bahía de Quintero.
«Esta demanda de indemnización de perjuicios es un paso natural en la materialización de las acciones para recuperar los recursos fiscales invertidos tras el hecho y las consecuencias que estos tuvieron y tendrán para el ecosistema dañado», dijo el presidente del CDE, Juan Ignacio Piña, al referirse a los recursos que debieron activar los servicios públicos para enfrentar la emergencia. «A través de la potestad que la ley le otorga, el CDE ha ejecutado decididamente cada uno de los protocolos y procedimientos técnicos que permiten hoy avanzar hacia una condena de los daños y diversos perjuicios ocasionados al medioambiente», agregó la autoridad, quien se reúne hoy con el ministro del Medioambiente, Pablo Badenier, para explicarle los alcances de la acción legal.
Badenier valoró la iniciativa, asegurando que «este hecho no va a quedar impune».
enero 5, 2016 | Industria
(Diario Financiero) Una serie de medidas de distinta índole está tomando Endesa para volver a operar el complejo termoeléctrico Bocamina I y II, después que se viera obligado a paralizar.
Esto, dado que una serie de manifestantes se han mantenido en una de las torres de alta tensión de propiedad de Transelec, que sirven para despachar la energía que se produce.
Aunque el conflicto con algunos dirigentes de pescadores se mantiene hace varias semanas y había ocasionado ya el corte parcial de la operación de la central, desde la semana pasada, tras una orden de la Corte de Apelaciones de Concepción, que las unidades no han vuelto a funcionar.
Una de las últimas acciones que presentó la empresa fue entablar una querella criminal ante el Juzgado de Garantía de Coronel por delito de desórdenes públicos y otros, en contra de los dirigentes David Guerrero, Luis Morales Riffo y Lorena Sepúlveda, entre otros, así como todo los que resulten responsables.
Desde el 17 de diciembre, además, la generadora había solicitado a la Fiscalía de Coronel reactivar medidas de protección, para evitar las tomas. Del mismo modo, la empresa ha hecho dos denuncias y envió una carta a la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC), para que se tomen “las medidas necesarias para la seguridad del público y el resguardo del derecho de Endesa y consumidores de energía eléctrica, requiriendo del auxilio de la fuerza pública a fin de ordenar el desalojo de la Torre de AT (Alta Tensión), antes indicada, y asegurar la integridad de las instalaciones y seguridad pública, evitando los graves perjuicios que por este acto hemos descrito”.
Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, la torre seguía tomada.
En la industria comentan que lo insólito del caso es que el dictamen de la Corte de Apelaciones, donde se establece la obligatoriedad de cortar la transmisión de la energía que pasa por la torre, no ordena el desalojo, sino que pide un informe de Bomberos, respecto del tema.
Aunque los manifestantes estarían solicitando públicamente que la central deje de operar, algunas fuentes comentan que en privado estarían solicitando una retribución monetaria a la empresa.
En ese plano, cercanos a la empresa han comentado que no hay disposición a negociar, ya que anteriormente se había compensado a pescadores de la zona, lo que esta vez no sería el caso.
En Endesa aún no tienen estimaciones del costo que ha implicado la paralización de las unidades de la central, pero sería marginal hasta la fecha.
De todos modos, el episodio les ha producido algunos daños en equipos menores de la central, producto de los cortes que han debido realizar.
La central Bocamina ya pasó por un extenso periodo de paralización entre diciembre de 2013 y mediados del año pasado, producto de recursos judiciales.
enero 4, 2016 | Industria
(El Mercurio) El miércoles 30 de diciembre, la Corte de Apelaciones de Concepción ordenó a Transelec cortar la transmisión eléctrica de una torre de alta tensión que soporta los circuitos de 154 kV y 220 kV de Bocamina1 y 2. Este complejo termoeléctrico, ubicado en la Región del Biobío, es de propiedad de Endesa Chile.
Dicha torre se encuentra tomada por un grupo de personas -tres personas según precisó la eléctrica en un hecho esencial- desde el 17 de diciembre pasado. Endesa agregó que ha tomado acciones legales para proteger sus intereses, pero que no ha podido obtener el desalojo de las personas de esta torre.
«Las personas arriba de la torre no solo ponen en riesgo su vida, sino que además afectan al sistema eléctrico general, toda vez que por dicha situación, Transelec S.A. ha procedido, en diversas oportunidades y por distintos periodos de tiempo a abrir (desconexión) los circuitos indicados», aseguró Endesa en su hecho esencial.
La estructura que permanece tomada permite el transporte al Sistema Interconectado Central (SIC) de la energía producida por Bocamina 1 y 2. En la práctica, la desconexión de esta torre impide evacuar la energía producida por las líneas 220 kV Bocamina Lagunillas y 154 kV Bocamina Lagunillas y por lo mismo aportar dicha energía al SIC.
Los efectos del corte de la transmisión eléctrica de Bocamina «dependerán del tiempo en que se prolongue dicho corte y la magnitud de estos están siendo evaluados actualmente por la compañía», indicó Endesa. No obstante, la empresa comentó a «El Mercurio» que mensualmente y a full capacidad, Bocamina 1 y 2 contribuyen con 340 mil megawatts hora al SIC.
Autoridad descarta repercusiones en el SIC
Consultado, el Ministerio de Energía aseguró que esta situación no afecta la estabilidad del sistema ni menos pone en riesgo el suministro.
Fuentes de la industria coinciden en que el suministro eléctrico no debiese verse afectado para clientes residenciales. Sin embargo, indican que sí se verían afectados los costos marginales de energía en el SIC -solo para los grandes consumidores de energía de la zona no para clientes residenciales-, mientras se mantenga la situación, dado que se deberá reemplazar esa producción con otras fuentes de mayor costo.
En tanto, el 30 de diciembre, el Centro de Despacho Económico de Carga del Sistema Interconectado Central (CDEC SIC) recibió por parte de Transelec una solicitud de desconexión por curso forzoso de la línea 220 Kv Bocamina II-Lagunillas y la autorizó.
