junio 20, 2016 | Medio Ambiente
(La Tercera) “No existe -actualmente- prueba de la existencia de un daño grave e inminente para el medio ambiente o la salud de las personas a causa del Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo, situación que podría mantenerse o llegar a cambiar en la medida que la investigación avance”, informó esta semana la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) a la Corte de Apelaciones de San Miguel.
Lo anterior, luego que el 12 de mayo el tribunal acogiera, en parte, el recurso de protección de la Coordinadora No Alto Maipo contra el proyecto, controlado en un 60% por AES Gener, donde tiene como socio a Antofagasta Minerals, del grupo Luksic, con el restante 40%.
En esa ocasión, la Corte le ordenó a la SMA, entre otras cosas, explicar en un plazo de 30 días las causas de la contaminación que detectó en las aguas aledañas a las obras. En particular, encontró un exceso de hierro en una toma de muestra que mandó a realizar.
En su respuesta, el ente regulador también señaló que ante la inexistencia de un daño grave inminente, tras haber realizado actividades de fiscalización, “no se han configurado los requisitos que hacen necesaria la adopción de una medida provisional o urgente y transitoria”.
De este modo, descartó suspender las obras del proyecto hidroeléctrico como había solicitado el tribunal en caso de que se detectaran, al menos, indicios de que la construcción de las centrales estaba causando la referida contaminación.
En este escenario, el organismo liderado por Cristián Franz, sostuvo que continuará con su investigación para determinar las razones de la contaminación y si existe alguna relación con Alto Maipo. En tal sentido, precisó que le solicitó a la compañía un análisis de la evolución de la calidad del agua y un análisis del cumplimiento del plan de seguimiento ambiental. Tras haber recibido los antecedentes, ahora está analizándolos, añadió.
También le solicitó análisis de varios informes a la DGA, entre ellos comparar la calidad del agua antes y después de iniciada la construcción de Alto Maipo. “Su resultado será de vital importancia para determinar los efectos del proyecto”, afirmó.
[Recurso contra proyecto Alto Maipo será resuelto por la Corte Suprema]
junio 9, 2016 | Industria
(BiobioChile) Los habitantes y pescadores de Coronel pidieron a la Superintendencia del Medio Ambiente la paralización de la termoeléctrica de Colbún, denunciando que la central Santa María, además de no tener el permiso para utilizar agua de mar, está captando más de de lo comprometido en el Estudio de Impacto Ambiental.
La drástica medida fue solicitada en una presentación efectuada en Concepción por el abogado Andrés Durán, quien representa a miles de personas que residen en las inmediaciones de la termoeléctrica y que viven de la pesca en la Bahía de Coronel.
El argumento para solicitar la paralización de la central Santa María está en un recurso ingresado por Colbún a la Corte de Apelaciones de Concepción, y donde da cuenta de una resolución de la Dirección General de Aguas, que constató la inexistencia de un permiso para captar el agua de mar utilizada en proceso de enfriamiento de la planta.
Además, Durán dijo que se pide investigar una contradicción que queda en evidencia con la presentación de Colbún a la justicia, impugnando la resolución de la DGA, en cuanto a que en el Estudio de Impacto para la termoeléctrica Santa María se indicó que la necesidad de agua sería de 45 mil metros cúbicos por segundo, mientras que en el recurso se habla de una captación de 50 mil metros cúbicos.
Esta situación, dijo el dirigente de los pescadores Luis Morales, es doblemente perjudicial para el sector, subrayando que la Superintendencia debe prohibir el funcionaiento de la central mientras no se subsanen las irregularidades.
Sobre la denuncia, Colbún indicó a través de una declaración pública que todas las obras de la termoeléctrica en Coronel, includio el sistema de enfriamiento y su emisario, están debidamente aprobados por la autoridad ambiental, y amparadas por las debidas concesiones marítimas, descartando además que se esté utilizando más agua de mar que lo establecido.
mayo 19, 2016 | Comunidad
(La Tercera) Hasta Londres llegaron representantes de la oposición al proyecto hidroeléctrico Alto Maipo, quienes interrumpieron la junta anual de accionistas de Antofagasta plc, compañía controlada por el grupo Luksic.
En la reunión, presidida por Jean-Paul Luksic, y que contó con la presencia de Andrónico Luksic Craig, tomó la palabra Marcela Mella, vocera de la coordinadora No Alto Maipo, quien realizó preguntas a la mesa directiva sobre el proyecto que comparten AES Gener (60%) y el grupo Luksic (40%).
Mella preguntó respecto del fallo de la Corte de Apelaciones de San Miguel, que dio un plazo de 30 días a la Superintendencia de Medio Ambiente para que determine la razón de la existencia de metales pesados en las aguas aledañas a dos centrales del proyecto.
De acuerdo a Mella, Jean-Paul Luksic “dijo no tener todos los antecedentes y que había un trámite pendiente, que era una eventual apelación a la Corte Suprema”. Agregó que los accionistas escucharon con atención, pero que no les realizaron preguntas al respecto.
La activista señaló que en la Memoria de la firma que le entregaron a los accionistas, “hay muy poca información sobre el proyecto Alto Maipo. No hay nada que tenga que ver con la información de lo que hacen en el proyecto”.
Mella agregó que interpeló a Vivianne Blanlot, miembro del directorio de Antofagasta Minerals, por su rol en la empresa y en el Consejo para la Transparencia.
Bajo precio
En tanto, en su discurso ante los accionistas, Jean-Paul Luksic dijo que se vislumbran uno o dos años de precios de cobre bajo, por lo que resultaba importante mantener la posición financiera de la compañía.
“Seguimos enfocados en proteger los márgenes y generar flujo de caja mediante reducciones sostenibles de costos y mejoras en productividad, lo que ayuda a compensar en parte el impacto de los menores precios”, afirmó el empresario.
Respecto de los desafíos que enfrentan las empresas mineras, el presidente del directorio de Antofagasta plc indicó que la firma mantendrá su estrategia de crecimiento.
“Estamos concentrados en optimizar nuestras operaciones existentes, donde nuestra inversión genera buenos retornos rápidamente”, expresó Luksic. Agregó que la compañía busca crecimiento orgánico e inorgánico, tanto en Chile como en el extranjero.
También se refirió a la eventual expansión de su principal yacimiento: Los Pelambres. “Esperamos que el estudio de factibilidad para la expansión Pelambres se completará a finales del próximo año”, estimó.
Acuerdo con Caimanes
En paralelo, la compañía informó que el 81% de los vecinos de la comunidad de Caimanes firmaron el acuerdo con su filial Los Pelambres, lo que pondrá fin a más de 10 años de conflicto.
“Hace menos de dos semanas acordamos una solución perdurable con la comunidad de Caimanes, la que aborda ciertos requisitos exigidos por tribunales chilenos y que implica que Los Pelambres invertirá en soluciones para asegurar el suministro futuro de agua, medidas de seguridad, proyectos para el desarrollo comunitario y de las familias del valle”, sostuvo Luksic.
[Quiénes son las asociaciones opositoras a los proyectos eléctricos]
mayo 10, 2016 | Industria
(El Mercurio) Como «un mal precedente para la certeza jurídica y el marco legal minero vigente» calificó el presidente de Sonami y CPC, Alberto Salas, el decreto que data de julio de 2013 que estaría afectando el derecho legal del concesionario de constituir servidumbres mineras en ciertas zonas.
Lo anterior, porque los ministerios de Energía y Bienes Nacionales firmaron este decreto que crea áreas de reserva para proyectos de energía, pero interfieren con derechos mineros preconstituidos.
Uno de estos casos es la «Reserva eólica» que se estableció sobre un área de 287 mil hectáreas en la comuna de Taltal, lo que tiene a la autoridad enfrentada con Antofagasta Minerals, del grupo Luksic. Esta tiene emplazados proyectos y pertenencias mineras en el lugar. Hoy la Corte Suprema revisaría la reclamación de la compañía en contra del fisco por estas servidumbres. Esto ya pasó en primera instancia por el Cuarto Juzgado de Letras en Antofagasta, donde la compañía ganó; y por la Corte de Apelaciones, donde triunfó el fisco.
Salas especificó que no se trata de impedir el desarrollo de energías renovables no convencionales, sino de compatibilizar ambas actividades productivas. «Si bien la Constitución establece la posibilidad de imponer limitaciones al derecho de propiedad en base a la función social de la misma, tales limitaciones deben ser impuestas solo por ley, y no pueden fundarse en un acto puramente administrativo, como un acuerdo o convenio de dos ministerios», advirtió.
[Pacheco logra acuerdo en el Senado para fast track en ley de transmisión]
mayo 2, 2016 | Industria
(Diario Financiero) ¿Judicialización? El futuro de otro proyecto de inversión sería zanjado en los tribunales de justicia. Comunidades opositoras a la construcción de la línea de transmisión Cardones-Polpaico, que desarrolla la colombiana ISA y que tiene una inversión de US$ 1.000 millones, recurrieron a la Corte Suprema para frenar la iniciativa.
Pero no tuvieron éxito. No obstante, desde el Comité de Defensa del Medioambiente del valle de Limache, por donde pasará la obra, anunciaron que recurrirán al Tribunal Ambiental y al Comité de Ministros para frenarla.
Esta iniciativa busca unir la subestación Cardones, en las cercanías de Copiapó, con la subestación Polpaico en Santiago, por lo que abarca 753 kilómetros y pasa por más de 50 comunas. Esta inversión refuerza el sistema de transporte de electricidad en Santiago y es clave -según han señalado autoridades de gobierno- para la seguridad del suministro.
El 10 de diciembre del año pasado, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) resolvió aprobar la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto de Interchile, filial de la colombiana ISA. El proceso comenzó el 6 de octubre de 2014, e incluyó una consulta indígena realizada por el SEA de la Región de Atacama.
No obstante, la obra ha enfrentado una dura oposición entre algunos vecinos de la zona de Zapallar y representantes de comunas como la mencionada Limache, además de Papudo, Puchuncaví, Quintero, Concón, Quilpué y Villa Alemana, entre otras.
También ha tenido resistencia de empresarios como Gonzalo Bofill, ligado a Carozzi; como también del senador PPD Guido Girardi, quien rechazó que la línea pasara por la cuesta La Dormida.
En enero de este año, unas 400 entidades y personas, además de cinco municipalidades, presentaron recursos de protección, aduciendo una supuesta “afectación de derecho a la vida, igualdad ante la ley, derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y derecho de propiedad” por parte del proyecto de la empresa colombiana.
La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó los recursos y los declaró inadmisibles, señalando que los antecedentes deben ser vistos por el Tribunal Ambiental.
Frente a esto, representantes del Comité de Defensa del Medioambiente del valle de Limache presentaron recursos de apelación y reclamación ante la Corte Suprema, sin éxito.
Frente a esto anunciaron que presentarán recursos ante el Tribunal Ambiental y el Comité de Ministros.
No obstante, esta instancia ya estaba viendo reclamaciones de otros grupos de opositores al proyecto.
De hecho, el SEA suspendió el conocimiento de los recursos de reclamación interpuestos en contra de su resolución ante la instancia interministerial.
“Con la finalidad de evitar la dictación de decisiones contradictorias, respetando con ello la jurisdicción de los tribunales superiores de justicia, para conocer de la impugnación de la RCA de marras, resulta razonable y jurídicamente procedente, suspender el conocimiento del recurso de reclamación interpuesto ante este Comité de Ministros mientras no se resuelva por la Corte Suprema la apelación”, dijo el director ejecutivo del SEA, Jorge Troncoso, en un documento con fecha 14 de abril. Pero el SEA reaccionó a destiempo, porque la Corte Suprema falló un día antes, el 13 de abril.
Pese a todo, la empresa colombiana ya partió la construcción de la línea, la que se espera esté lista a fines de 2017. No obstante, el Comité de Ministros y el Tribunal Ambiental tienen la facultad para paralizar las obras.
La importancia de la línea
El Gobierno ha definido esta iniciativa como prioritaria, ya que refuerza una sección del sistema de transmisión que estaba al debe en cuanto a capacidad. Esto -así como otras secciones que se están reforzando- ha provocado que se generen muchas islas de precios al interior del sistema, ya que no se puede transportar toda la energía desde un lugar a otro, aprovechando los distintos tipos de generación.
Por esto, la autoridad calificó la línea Polpaico-Cardones como iniciativa estratégica.
Esta obra, además, es complementaria con la interconexión de los dos principales sistemas eléctricos, el del norte grande y el del centro sur. Este otro proyecto -que también es prioritario para el gobierno- está a cargo de E-CL, firma que está impulsando un cambio de nombre, y que constituyó una filial con la cual hará las obras en sociedad con inversionistas españoles.
[Línea Interchile: Corte declara inadmisibles 15 recursos en contra]
