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Gobierno ingresa a trámite proyecto que moderniza Ley de Servicios de Gas

Gobierno ingresa a trámite proyecto que moderniza Ley de Servicios de Gas

El Gobierno ingresó a trámite legislativo a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que modifica la Ley de Servicios de Gas y otras disposiciones legales relacionadas.

Según se consigna en la nota publicada en el portal de la Cámara Baja, la propuesta legal mantiene el régimen de libertad tarifaria regulada con tarificación eventual para los servicios de gas y servicios afines, aunque considerando un límite máximo de rentabilidad económica, el cual será controlado por la autoridad sectorial (Comisión Nacional de Energía, CNE). En el caso de Magallanes se contempla un régimen de tarificación permanente.

El proyecto mantiene la estructura de la rentabilidad máxima permitida, equivalente a la Tasa de Costo de Capital (TCC), cuyo piso mínimo sigue siendo un 6%, más un margen adicional, pero reduce dicho margen de cinco a tres puntos porcentuales. «Los cinco puntos porcentuales actuales por sobre la TCC parecen excesivos en atención a que los riesgos propios de la industria de distribución de gas están recogidos en la TCC aplicable a este tipo de empresas», comenta el mensaje presidencial.

Además, se propone la aplicación de un régimen de fijación tarifaria, por el solo ministerio de la ley, en caso que una empresa concesionaria exceda la tasa de rentabilidad máxima permitida; se establece la instancia de consulta ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), como mecanismo para volver a un régimen de libertad de precios; se establece el procedimiento y metodología de fijación tarifaria para los servicios de gas y servicios afines; y se determina un mecanismo de compensación a los consumidores, en caso que una empresa concesionaria exceda la rentabilidad fijada por la ley.

La iniciativa también fortalece la institucional del chequeo de rentabilidad, nueva metodología de cálculo y aumento del periodo de análisis a tres años móviles; aumenta el límite de consumo para determinar cuáles clientes quedan sujetos a regulación de precios; contempla una instancia de solución de controversias de carácter independiente y perfil técnico, con poder de resolución vinculante; e incorpora y modifica definiciones en la ley con el fin de obtener una descripción precisa del alcance legal en cuanto a empresas, actividades y servicios prestados, entre otras adecuaciones.

Apemec alista estatuto para el sector mini hidro

Apemec alista estatuto para el sector mini hidro

El sector de las pequeñas y medianas centrales hidroeléctricas trabaja a toda máquina para presentar al Gobierno un estatuto de los pequeños generadores donde se considera el acceso a la transmisión eléctrica.

[Revisa otros reportajes, entrevistas y columnas en Revista ELECTRICIDAD]

¿Cuáles son los planes de Apemec para 2015?

Queremos fomentar el segmento mini- hidro en Chile y las coordinaciones que hacemos con Corfo, la CNE y los Ministerios de Energía y de Medio Ambiente, para identificar las trabas y nudos existentes y revisar los instrumentos a fin de hacer un verdadero estatuto para el sector.

¿En qué principio se basa este estatuto?

Plantear que la mini- hidro es una realidad particular, porque muchas veces se piensa que al ser energía hidroeléctrica tendría un impacto mayor en el medio ambiente, lo que no es así.

También se abordará la transmisión a través de líneas asociativas con la distribución eléctrica y de licitaciones de suministro.

[Lee la entrevista completa en Revista ELECTRICIDAD]

¿Es necesario un rescate a Petrobras?

¿Es necesario un rescate a Petrobras?

(La Tercera) Nuevos préstamos bancarios estatales para el rescate de Petrobras son vistos como un golpe a los esfuerzos del Ministerio de Hacienda de Brasil para aumentar la confianza del mercado y evitar una rebaja soberana, según los analistas consultados por Bloomberg.

El gobierno brasileño ofreció a Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) un préstamo de 6.000 millones de reales, unos US$ 2,1 mil millones, de los bancos estatales BNDES, Banco do Brasil y Caixa Econômica Federal, para así fortalecer la situación de caja de la empresa, según informó el diario Estado de Sao Paulo, citando a un ejecutivo de la petrolera.

[Moody’s lleva a Petrobras a “bono basura” y pone en riesgo el grado de inversión de Brasil]

Petrobras está revisando su planificación financiera y estudiando, además, otras alternativas para levantar capital, dijo la compañía en un comunicado esta semana.
Esta empresa, una de las productoras de petróleo más endeudadas que cotiza en Bolsa, se ha excluido de los mercados de capital, en medio de acusaciones de sobornos, enfrentando, además, la degradación de su deuda a la categoría de bonos basura por Moody ‘s Investors el martes pasado.

Mientras que el banco estatal de desarrollo BNDES ha sido una fuente de préstamos baratos para Petrobras y otras compañías locales, el ministro de Hacienda, Joaquim Levy, está tratando de reducir la participación de esa entidad en el endeudamiento de las compañías locales.

“Anunciar una operación de rescate de Petrobras sería una muy mala señal al mercado y malo para la banca estatal, que en este momento necesita ser más selectiva”, dijo Sergio Lazzarini, profesor de la escuela de negocios Insper y coautor de un libro acerca de BNDES. “El gobierno está tratando de reducir la deuda bruta y ya no puede seguir apoyando créditos excesivos de los bancos públicos”, agregó.

BNDES, Banco do Brasil, Caixa y el Ministerio de Hacienda se negaron a comentar sobre la posibilidad de nuevos préstamos a Petrobras. La junta directiva de la petrolera, que registró US$ 135 mil millones en deuda a finales del tercer trimestre, se reunieron el viernes pasado, días después de que la agencia de clasificación de riesgo Moody’s recortara la calificación de Petrobras a Ba2, dos niveles por debajo del grado de inversión, y aseguró que es posible ver más reducciones a futuro.
Tras la rebaja anunciada esta semana, las acciones y deuda de la estatal cayeron. Los precios de los títulos acumulan ya un retroceso superior al 60% desde los máximos de septiembre de 2014.

[Escándalo de corrupción en Petrobras reducirá 0,5% el PIB de Brasil]

Otras clasificadoras, como Standard & Poor’s y Fitch Ratings, actualmente mantienen a Petrobras en los niveles de grado de inversión más bajos.

Fuente “inagotable”

Desde que la Presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, asumió su cargo en 2011, el BNDES ha desembolsado unos US$ 234 mil millones, impulsado por los préstamos del Tesoro, una práctica que, según dijo Levy, espera detener. El ministro de Hacienda señaló en una presentación en Sao Paulo la semana pasada que las transferencias de las arcas fiscales a BNDES ya no serán instrumentos utilizados en la política económica.

Según Joao Augusto de Castro Neves, analista de la consultora de riesgo político Eurasia Group, es posible que una inyección financiera directa para Petrobras desde los bancos públicos ayude, pero como un último recurso, o como parte de un plan más amplio de medidas de socorro. “Las medidas pueden incluir recorte de inversiones, venta de activos, el lanzamiento de una oferta pública inicial de su área de distribución y un ajuste de la política de precios de los combustibles”, dijo.

No ayuda

“Simplemente dar dinero a Petrobras y nada más no ayuda, ya que puede aumentar los niveles de deuda respecto del PIB y puede poner en mayor riesgo la calificación de Brasil”, añadió Castro Neves por teléfono desde Washington. “Lo que va a ayudar a Petrobras es el tiempo y un conjunto de medidas”, aseguró.

La deuda bruta de Brasil como porcentaje del PIB fue de 63,5% en diciembre, el más alto desde diciembre de 2006. El gobierno pretende reducir su tamaño por debajo del 50% en el largo plazo, dijo Levy el mes pasado. En febrero, la confianza empresarial en Brasil cayó a su nivel más bajo desde 2004, cuando la Confederación Nacional de la Industria comenzó a realizar esta encuesta.

S&P redujo la calificación de Brasil a BBB- el pasado mes de marzo, un nivel por encima de la calificación basura, argumentando el debilitamiento de las finanzas de la nación. Moody’s bajó su perspectiva de la calificación Baa2 de la nación a negativo en septiembre pasado.

Desde la rebaja de Petrobras a bono chatarra, el costo de proteger la deuda de la nación versus el default por cinco años ha aumentado 13 puntos básicos o 0,13 puntos porcentuales, la mayor de los países que cuentan con grado de inversión después de Marruecos, según datos compilados por Bloomberg.

El costo de proteger los bonos del BNDES en caso de incumplimiento se ha incrementado casi el doble de esa cantidad, o 24 puntos básicos.

Generación eléctrica aumentó 5,1% en doce meses

En enero de 2015, todos los indicadores que miden la actividad económica de los sectores: Minería, Manufactura, Electricidad, Gas y Agua (EGA) y Comercio Minorista registraron crecimiento en términos interanuales, informó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

La entidad detalló que el Índice de Electricidad, Gas y Agua creció 3,2% en doce meses, explicado por el alza de electricidad y por la mayor distribución y regasificación de gas natural, los cuales incidieron en 3,360 puntos porcentuales (pp.) y 0,038 pp., respectivamente. La distribución de agua potable, por el contrario, disminuyó interanualmente, restando 0,193 pp.

El aumento de 4,2% en el Índice de Electricidad fue liderado por el mayor dinamismo, tanto de la generación como de la distribución eléctrica, con incidencias en la variación del índice de esta actividad de 3,558 pp. y 0,684 pp., respectivamente, señaló el INE.

El reporte resalta además que la generación eléctrica anotó un alza de 5,1% en doce meses, destacando el aumento de la generación de la categoría Otros n.c.p., la cual incidió en 1,444 pp. Dentro de esta agrupación, sobresale el crecimiento interanual registrado por las centrales solares. En contraste, la generación con diésel presentó la mayor incidencia negativa de este período, restando 1,115 pp.

Efectos por sequía impulsan al Gobierno a crear Subsecretaría del Agua

(Pulso) A toda marcha avanzan los equipos técnicos de la Dirección General de Aguas (DGA) en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas, en la elaboración de un informe que presentarán a la Presidenta Michelle Bachelet y que trata sobre la creación de una inédita institucionalidad para recursos hídricos.

La nueva estructura que incluirá la creación de una Subsecretaría de Recursos Hídricos hará frente a la extensa sequía que se prolonga por más de cinco años entre las regiones de Atacama a Valparaíso, y que se ha combatido a través de planes de emergencia.

De hecho, la Jefa de Estado anticipó los cambios al sistema que regula los recursos hídricos en su Programa de Gobierno, asegurando que “la institucionalidad pública en este ámbito es insuficiente y no efectiva para cumplir los roles fundamentales de planificación, normativo, de fomento, diseño de política, regulación y fiscalización”.

Pero fue a través de un documento reservado de la DGA -al que tuvo acceso PULSO-  donde se evidenciaron las intenciones del Ejecutivo en esta materia.

El organismo dirigido por el abogado Carlos Estévez respondió un oficio de la presidenta del Senado, Isabel Allende, quien consultó respecto de la viabilidad de crear la denominada Subsecretaría del Agua.

En el escrito, la unidad señala que dicha figura “permitiría una mejor distribución de los recursos del Ministerio de Obras Públicas, superando los déficit tradicionales de la DGA”. Además reordenaría los programas presupuestarios  de la DGA y la Dirección General de Obras Hidráulicas (DOH).

“El documento permitiría a cualquier parlamentario proponer al Congreso un acuerdo para solicitar a la Presidencia de la República la creación de una Subsecretaría de Recursos Hídricos dependiente del Ministerio de Obras Públicas”, sostiene el escrito enviado a la Presidenta del Senado, Isabel Allende.

¿Cómo se llevaría a cabo, en concreto, esta Subsecretaría de Recursos Hídricos?

El mismo documento de la DGA revela los pasos a seguir: “El mecanismo identificado, permitiría proponer su implementación como una reforma al DFL 850 del Ministerio de Obras Públicas, cambiando el nombre de dicho ministerio por el de Ministerio de Obras Públicas y Recursos Hídricos, sin necesidad de modificar las funciones del MOP, según el artículo 3 de la ley”.

Este último artículo, según la DGA, permite dar cabida a las nuevas funciones y atribuciones respecto de los recursos hídricos que se requiere asignar a la nueva institucionalidad.

Altas fuentes ligadas al proceso señalan que la misma inquietud, respecto de la creación de la nueva institucionalidad, hizo llegar al MOP, el presidente de la Cámara de Diputados, Aldo Cornejo.

Las mismas fuentes sostienen que el objetivo de personeros del MOP es que la Presidenta Bachelet anuncie este nuevo estamento en el marco del Discurso de 21 de Mayo, sin embargo, la decisión final recae en la Jefa de Estado. Por lo mismo, los técnicos de la DGA trabajan en la propuesta que se presentará a la Mandataria.

La idea de crear este organismo también ha avanzado positivamente en el Comité de Ministros de Asuntos Hídricos. Sin embargo falta sólo la decisión final que está en manos de La Moneda.

En todo caso, la idea de crear una Subsecretaría del Agua en nuestro país no es nueva.

Durante el primer mandato de Michelle Bachelet, el Ministerio de Obras Públicas encomendó un informe al Banco Mundial y sus conclusiones siguen siendo una base para los cambios que se evalúan.

Dicho estudio critica la multiplicidad de instituciones a cargo de diseñar políticas públicas en torno al agua.

Una de las presentaciones del Delegado Presidencial para los Recursos Hídricos, Reinaldo Ruíz, recoge justamente esta materia.

Entre los cambios que recomendó el  Banco Mundial está justamente el de la creación de una Subsecretaría y que ésta dependa del Ministerio de Obras Públicas.

De esta forma, la entidad aseguró que el objetivo es que las políticas públicas entorno al elemento vital radiquen en un sólo estamento.

Javier Zuleta: «Crear la subsecretaría del agua no es lo único que hay que hacer»

Mejorar la actual Dirección General de Aguas, solucionar las falencias del proyecto presentado para reformar el Código de Aguas y crear una Subsecretaría.

Esa es la hoja de ruta que entrega el Banco Mundial para responder a la urgente tarea de combatir la sequía en Chile.

Para el representante de la entidad internacional en Chile y especialista en recursos hídricos, Javier Zuleta, se debe entregar un mayor peso político al cuidado del agua.

¿Ven acogidas sus recomendaciones tras las propuestas de cambio al Código de Aguas que realizara el actual gobierno?

El gobierno tiene una estrategia de revisión del Código de Aguas, distinta a las que se citaron en el pasado. Esto es completamente nuevo, lo que ha hecho una serie de reformas iniciales que probablemente vendrán.

En general, el espíritu de nuestras recomendaciones ha sido captado en el proceso de reforma. Sabemos que luego vendrá una serie de reformas que entrarán en acción, como un proyecto que resolvería la fiscalización más en detalle. Hay otro proyecto que tiene que ver con los glaciares. Esa es una decisión política de cómo abordar la reforma.

¿Cuán beneficioso para organizar las políticas públicas en relación a los recursos hídricos es la creación de una subsecretaría del Agua?

Nosotros lo que venimos estudiando hace un tiempo, que fue motivo de un estudio que iniciamos en 2013 y se continuó en 2014, es que independientemente de los obstáculos legales, lo más visible es la incapacidad del aparato regulatorio o de la agencia a cargo de la gestión del agua. Hoy la DGA ha estado subdimensionada desde su inicio. Nunca se le ha dotado de los recursos humanos ni presupuestarios para poder abordar la totalidad de la tarea que tiene que ver con los recursos hídricos.

Entonces, el fortalecimiento institucional es una vía de acción muy importante. Otra es la del cambio regulatorio, pero la parte de la calidad de gestión es un tema que estudiamos y sugerimos en principio fortalecer a la DGA y luego propusimos otro conjunto de medidas que implicaría cambiar algunas funciones o crear algunas instituciones que no existen para mejorar la gestión. Entre ellas identificamos la creación de una subsecretaría. Luego vendrían otros aspectos que involucrarían cambiar aspectos de la ley. Pero crear la subsecretaría del agua no es lo único que hay que hacer.

¿Cuáles cree que son las facultades con las que necesariamente debe contar esta unidad?

En todos los debates en los que hemos podido participar queda en evidencia que la autoridad del agua tiene una jerarquía institucional y estatura política  muy baja dentro de la administración. La DGA sólo ha estado dedicada  a administrar los derechos de agua, cuando en realidad tiene un rol de hacer la planificación de la política hídrica.

¿Qué roles están quedando fuera?

Coordinar entre los sectores, y asegurar que estos actores de la gestión del agua trabajen articuladamente. Esas funciones de diseño de política y de coordinación institucional son más propias de una subsecretaría, más que de una agencia de regulación como es la DGA.

Aún fortaleciendo la DGA es necesario que exista una instancia política de mayor nivel. La idea es que esté por encima de la DGA.

Se requiere una instancia de mayor peso político que coordine las actividades que realzan distintos actores a los cuales no se pueden soslayar, como el ministerio de Medio Ambiente y Agricultura o la Dirección Hidráulica del MOP.

Un tema importante a tomar en cuenta es que la realidad chilena concibe que la gestión directa del agua se realice mucho a través de organizaciones de usuarios. El Estado chileno entrega la administración del agua a distintas organizaciones.

Rodrigo Weisner: «Se debe elevar el rango de la DGA a una Subsecretaría»

Una mayor voluntad política para elevar el presupuesto que asigna el Estado a la gestión de los recursos hídricos es lo que solicita el abogado socio de Puga Ortiz, Rodrigo Weisner.

Para el ex director general de aguas, la actual situación de escasez que vive nuestro país no se solucionará solo con la creación de una subsecretaría que maneje los recursos hídricos.

¿Cuán favorable sería para mejorar la actual situación de sequía que afecta al país la creación de una Subsecretaría de Recursos Hídricos?

Por sí mismo sería poco. Efectivamente uno de los problemas que tenemos en materia de aguas, lo que se agrava por las sequías recurrentes que tenemos, es de una inadecuada institucionalidad pública. Creo que se debe elevar el rango de la DGA a una Subsecretaría, para labores de medición del recurso, planificación y coordinación de todas las actividades públicas entorno al agua, siguiendo un poco el modelo Brasileño de la Agencia Nacional de Aguas. Se debiese potenciar el rol en materia de medición y control de glaciares y rutas de nieve. Se debiese separar el rol de fiscalización y control del mal uso de los recursos hídricos con la creación de una Superintendencia de Recursos Hídricos, potenciando las capacidades públicas para controlar la usurpación de aguas.

¿Cree que las actuales políticas del gobierno de Michelle Bachelet están ajustadas a las recomendaciones del Banco Mundial?

Las recomendaciones del Banco Mundial no hacen sino reiterar lo que sabemos hace por lo menos 20 años, y es que los problemas que tenemos en materia de recursos hídricos tienen muchas causas y se requieren muchas soluciones. Todas las soluciones necesariamente requieren de incrementar por lo menos en 10 veces el gasto público en materia de gestión del recurso hídrico, y mejorar la coordinación con las organizaciones privadas de aguas, que son las que administran en Chile de las aguas. Mientras no exista la decisión política de todos los sectores, de asignar esos recursos, los problemas no solo se mantendrán sino que aumentarán. Obviamente, ese aumento de recursos debe pasar necesariamente con una regla de accountability, de manera que el aumento en presupuesto público, se traduzca en más agua disponible, un mercado más transparente y no en mayor burocracia que ralentice más las aprobaciones estatales.  Pensemos que uno de los objetivos de la patente por no uso de los derechos de aguas era que lo recaudado se invirtiera en mejorar la gestión del agua. Hoy, ni el 1% de lo recaudado por patente se destina a dichos fines.

¿Cómo evalúa los cambios en el Código de Aguas y de la labor del Delegado Presidencial de Recursos Hídricos?

Los cambios propuestos no guardan relación con la escasez y sequía, ni mejorarán la situación. Más bien apuntan a una discusión ideológica, muy legítima por cierto, en torno a la fortaleza del concepto de propiedad del derecho de aguas. En ese sentido, a mi me parece que el debilitamiento de la propiedad no va en la línea correcta. Más bien debiesen eliminarse los problemas de especulación que aún existe, pero no debilitando la propiedad. Por ejemplo, exigirse que los dueños de derechos construyan las obras o tengan una resolución de calificación ambiental, en un plazo razonable, que no supere los 8 años, sobre todo, asociado a los derechos no consuntivos.

Respecto de la labor del Delegado Presidencial, siempre he sido enemigo de analizar la labor de personas por la prensa. Tengo una gran impresión de las capacidades profesionales de Reinaldo Ruiz,  y no me cabe duda que debe estar trabajando bajo mucho estrés por la sequía que ha tenido que enfrentar.