octubre 1, 2019 | Industria
La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), a través del oficio 19.422, estableció que las empresas concesionarias de servicio público de distribución están imposibilitadas de cobrar la potencia remanente a los clientes que migren al régimen libre.
La medida se produjo en el contexto de una solicitud de interpretación normativa (Carta N°30620 del 14 de noviembre de 2018) presentada por Emoac Energy Consulting Group, cuyo director ejecutivo, Mauricio Olivares, explicó que con el traspaso masivo de clientes regulados a libres, a partir de 2016, «se denotó que algunas empresas de distribución cobraron a estos clientes la potencia remanente, concepto que corresponde a la suma de las mensualidades por la Potencia de Hora Punta, hasta el inicio del próximo periodo de hora punta (octubre a marzo)».
«Lo anterior, es válido en base a lo indicado en el Decreto 11T/2016 (decreto de tarifas reguladas) en aquellos casos en que los usuarios de la red eléctrica toman la decisión de desconexión o desmantelamiento de su empalme, no así en los casos de cambio de régimen, toda vez que el cliente mantiene su condición en el sistema, pero abastecido por un nuevo suministrador», sostiene el ejecutivo.
Sin embargo, Olivares dice que algunas distribuidoras «incluían el cobro de potencia remanente como una facturación adicional a los cobros de peaje a los clientes libres por el concepto de uso de su red (peaje de distribución), malentendido el cambio de régimen tarifario, regulado a libre, como el fin de la condición de cliente».
«De esta manera, una vez ocurrido dicho cobro se generaría una duplicidad de cargos, toda vez que los clientes libres comenzarían a pagar la Potencia de Hora Punta a su nuevo suministrador y el respectivo peaje por el mismo concepto a su concesionaria, sumado a la Potencia Remanente pagada, que ya incluye estos cargos (suministro y peaje)», agrega.
Ante esta situación, En noviembre de 2018, y luego de no haber llegado a acuerdo con algunas empresas de distribución, la Emoac Energy Consulting Group presentó una solicitud de interpretación normativa a la SEC, respecto de la aplicabilidad del cargo de Potencia Remanente a los clientes que migraron del régimen regulado a libre, la que fue respondida el 9 de septiembre del 2019, imposibilitando a las empresas concesionarias de aplicar dicho cobro.
Consecuencias
Según Olivares, el siguiente paso de este proceso «es identificar a todos aquellos clientes a los que se efectuó dicho cobro, de forma tal que la SEC pueda cuantificar el impacto económico, con la finalidad de resguardar la devolución de todos los cobros indebidos, realizados por parte de las concesionarias. Asimismo, realizar las fiscalizaciones pertinentes a fin de evitar nuevas asignaciones erradas y sobrecostos a los clientes libres».
«En la misma línea, en caso de que se detecten irregularidades en la asignación de retiros de potencia para efectos del cálculo de transferencias económicas, se tendrían que realizar las respectivas reliquidaciones por parte del Coordinador Eléctrico Nacional», plantea el ejecutivo.
En su opinión, el dictamen de la SEC viene a «mejorar la competitividad del sector, ya que con esto se derriba una barrera de salida para el desarrollo del mercado libre».
septiembre 26, 2019 | Industria
(Qué Pasa) El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) existe desde 1992, y hasta 2017, solo 256 iniciativas de inversión, el 1,6% del total de proyectos, tardaron más de dos años en obtener su permiso para operar.
El dato lo entrega Claudio Fuentes, académico de la Universidad Diego Portales, quien realizó un análisis de los más de 24 mil proyectos ingresados al sistema, sus rubros y las tasas de aprobación y rechazo. El estudio entrega importantes evidencias en medio de la discusión que ha estado teniendo las últimas semanas la comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, que está analizando precisamente una profunda reforma al SEIA.
La propuesta del gobierno apunta a tres ejes: disminuir el componente político del sistema -eliminando, por ejemplo, la instancia de decisión del Consejo de Ministros-, aumentar la participación ciudadana y, como dice el propio mensaje firmado por el presidente Piñera en el proyecto de ley, “agilizar sus procesos para fortalecer el desarrollo sustentable de Chile”. El mensaje es claro respecto a esto último: “Los plazos de tramitación se extienden por largos períodos de tiempo, manteniendo situaciones de conflicto e incertidumbre”.
Sin embargo, las cifras parecieran no sostener dicha afirmación. En los 25 años que analizaron en la UDP, el 75% de los proyectos ingresados al sistema fueron aprobados. Y el promedio de demora en obtener la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) correspondiente fueron 220 días. Un poco más de siete meses. La estadística cambia cuando se diferencia por el tipo de proyecto. Las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), relativas a proyectos de menor envergadura y de menor impacto ambiental, tardan siete meses en ser aprobadas, mientras que los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), 13 meses.
“Los datos muestran que el tiempo de demora en realidad no es tan extenso. Aumenta -y es algo esperable- mientras más grande sea el volumen de la inversión, entonces más te demoras por la complejidad del proyecto. Cuando sacas esta dimensión, que son un porcentaje bastante bajo de los proyectos que entran al SEIA, el promedio es seis a ocho meses, un tiempo bastante razonable. Existe una dinámica burocrática bastante establecida para la mayoría de los proyectos”, asegura Claudio Fuentes.
Tal como dice el cientista político, el estudio identificó que las 256 iniciativas que tardaron más de dos años en ser aprobadas (apenas el 1,6% del total), representan una inversión promedio de 116 millones de dólares, en contraste con el promedio del total de proyectos aprobados, que es de 23 millones de dólares.
También aislaron las inversiones que superan los 100 millones de dólares. Se trata de 650 proyectos “top”, el 4,5% del total de aprobados, pero que a su vez representa el 75,4% del total del dinero reconocido por el sistema. Estas inversiones “top” son, sobre todo, de energía y minería y se concentran en las regiones de Tarapacá, Atacama y Metropolitana.
[VEA TAMBIÉN: Gobierno analiza ajustes a reglamento del SEIA a la par de reforma]
Toda reforma incide en los tiempos
Si hay algo que marca la tendencia de ingreso y aprobación de proyectos son las continuas reformas al sistema. El estudio identifica cuatro períodos marcados por los cambios institucionales. Hasta el año 2002, los proyectos ingresados eran aprobados en tasas superiores al 90%, a partir de 2003 y hasta 2013 la tasa cayó a un promedio de 74% y luego de 2014 la tasa cae nuevamente a promedio de 55%, dice el estudio.
Fuentes explica que esto tiene que ver con el DS40, que estableció un nuevo procedimiento para aprobación que es mas exigente y con más condiciones sociales.
Cuando un proyecto es rechazado, se puede apelar. Y para ello existen distintas instancias. Como el titular, que puede solicitar revisión de oficio cuando algunas condiciones hayan variado sustantivamente. También existe reclamación ante consejo de ministros. Sin embargo, clarifica Fuentes, estos “rechazados”, en su mayor proporción son “No admitidos a calificación”, usualmente por faltas administrativas, debido a que el sistema es más complejo, y que corresponde a cerca del 70% de los casos rechazados.
“Eso me sorprendió”, reconoce Fuentes. “Yo pensaba que la dinámica del ciclo económico iba a ser relevante y en realidad es bastante independiente. Efectivamente, la institucionalidad incide mucho en el incentivo que los actores tienen para presentar o no proyectos. La recomendación a los parlamentarios es que evalúen el tipo de incentivo que se está diseñando, porque seguramente va a tener un impacto muy fuerte en la cantidad de proyectos que se presentan”.
Para la diputada de Revolución Democrática, Catalina Pérez, integrante de la comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, los tiempos de tramitación “no han sido parte del debate en la comisión porque se asume como dada la supuesta demora. Estos datos aportan mucho en ese sentido”.
“Lo que está haciendo el gobierno es atribuirles la responsabilidad a los órganos públicos de los procesos de demora. Por eso deciden acortar la participación ciudadana, bajándola de 60 a 30 días, por la presión del privado”, agrega la parlamentaria.
Para el diputado RN Sebastián Torrealba, también miembro de la comisión, la reforma se hace cargo de la demanda de la ciudadanía al ampliar la participación ciudadana a las Declaraciones de Impacto Ambiental y no solo a los Estudios, y de los propietarios de los proyectos. “Estamos asegurando que las iniciativas se puedan ejecutar a través de procesos más simples, para acortar la brecha que tenemos hoy día de evaluación”.
“En Chile, los proyectos se demoran cerca de cinco años en ser aprobados y en países modernos se demoran cerca de dos años. El objetivo de la reforma es proteger el medio ambiente, asegurar la participación y al mismo tiempo acortar los plazos burocráticos del Servicio de Impacto Ambiental”, dice Torrealba. Consultado por el origen de dichos datos, asegura que “son de la OCDE y están super documentados en la mesa de trabajo del gobierno de la presidenta Bachelet sobre la reforma al SEIA”.
Dicha mesa de trabajo estipula que los tiempos de tramitación son efectivamente mayores a lo esperado en algunos casos. Sobre los datos del estudio de la UDP, que contrastan los que él cita, Torrealba dice que los analizarán en la comisión.
El gobierno incluyó un informe de productividad junto al proyecto de reforma al SEIA, que incluye tablas de intervalos de tiempos que los distintos proyectos han permanecido en trámite. El análisis toma de 2010 a 2019 y coincide con el estudio de la UDP: La gran mayoría de los proyectos demoró menos de siete meses en ser aprobados.
Qué Pasa se contactó con el Consejo Minero para pedir una opinión respecto a la reforma al SEIA y al tiempo de tramitación de los proyectos. El estudio de la UDP dice que el sector minería tarda un promedio de 6,7 meses en ser aprobados por el sistema. Tomando los datos desde 2012 a 2017, tardan 8,21 meses promedio, menos de la mitad de lo que demora un proyecto de infraestructura portuaria.
Al cierre de este artículo, el Consejo Minero no respondió las preguntas de este medio, aunque el presidente del organismo, Joaquín Villarino, ha manifestado en diversas entrevistas que el Sistema de Evaluación Ambiental requiere ponerse al día para dar seguridad a la ciudadanía, a las comunidades, a los chilenos, para saber que cuando se aprueba un proyecto, sea con certeza y así evitar que se gastan millones de dólares para obtener permisos de funcionamiento y después, en un acto jurisdiccional, un juez lo rechace.
Para Claudio Fuentes, el hecho de que se asuman los tiempos de tramitación como algo a resolver por la reforma “tiene que ver con la correlación de fuerzas y el poder de ciertos grupos, como el negocio de la minería, que tiene un impacto muy grande en la economía nacional y manifiestan una mayor preocupación por los tiempos de demora. Yo creo que está más relacionado con eso que con los datos objetivos, toma relevancia una lógica política de los de gran envergadura por su impacto en la economía del país”.
septiembre 26, 2019 | Industria
(La Tercera) Se encontraron, agradeció su visita y finalmente se saludaron. Hoy, en Nueva York, el Presidente Sebastián Piñera y la activista medioambiental Greta Thunberg tuvieron un fugaz encuentro, fue ahí cuando Piñera le dijo que la están esperando y que es bienvenida en Chile en la próxima COP25.
Pero, quedan 68 días para ese encuentro y son varios los expertos en medio ambiente que ven algunos puntos que el gobierno de Sebastián Piñera, a juicio de ellos, debería solucionar antes de la cita.
Consultados por La Tercera PM, Flavia Liberona, directora ejecutiva de la Fundación Terram, Paulina Riquelme, abogada del estudio Eelaw, Cristián Franz, ex superintendente de Medio Ambiente y actual consultor nacional e internacional, Valentina Durán, académica de la Universidad de Chile y directora de Espacio Público, y Jorge Troncoso, ex director del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), identificaron cinco flancos abiertos en medio ambiente.
1. No firmar el Acuerdo de Escazú
Que Chile aún no firme el Acuerdo de Escazú, según Liberona, Riquelme y Durán, es el principal problema que Chile enfrentará antes de la COP25. Y si bien mañana, en una ceremonia que se realizará en Nueva York, varios países firmarían y ratificarían el Acuerdo, según los últimos dichos del Presidente Sebastián Piñera se ve difícil que Chile finalmente lo suscriba.
“El Acuerdo de Escazú lo firman los presidentes y de manera presencial. Entonces no sabemos qué otra oportunidad tendrá el Presidente Piñera para firmarlo y por lo tanto es improbable que lo haga. Esta no es la COP de Chile, sino que somos los representantes de América Latina y el Caribe, entonces si no firma está en juego su liderazgo en la región“, comenta Liberona.
Según Durán, la no firma deja a Chile como un país “incoherente” tanto nacional como internacionalmente en materia medioambiental y más aún antes de la COP25. “El acuerdo de Escazú es el primer flanco. Se firma o no se firma. Admite reserva o no admite reserva. Es una discusión que no es aconsejable, porque en el texto está claro que no admite reserva”, comentó Riquelme.
En tanto, consultado por el tema, el ministro subrogante de Medio Ambiente, Felipe Riesco, insistió en los dichos del Mandatario sobre el tema. “El Presidente Piñera ha sido muy claro al respecto: todas las normas que Escazú exige a los países ya están contempladas en nuestra legislación. Chile tiene una legislación y una institucionalidad ambiental muy poderosa al contar con el Ministerio de Medio Ambiente, Tribunales Ambientales, una Superintendencia de Medio Ambiente”, comentó Riesco.
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2. Proyectos de ley y financiamiento pendientes
Según Riesco, antes de la COP25 se enviará al Congreso el proyecto de ley marco de cambio climático que ya terminó su consulta ciudadana. Un proyecto que “contemplará la meta nacional de ser carbono neutral al 2050 –el primer país en vías de desarrollo en hacerlo por ley- y medidas de adaptación al cambio climático”.
La mayoría de los expertos consultados valoran la ley, sin embargo, establecen que debe ser ambiciosa y que tenga herramientas concretas para el combatir el cambio climático. “Es difícil que sea aprobada antes de fin de año y si será una ley sin ambición y que no contenga instrumentos concretos, es un flanco. Además, hay otros proyectos con falta de apoyo en el Congreso, por ejemplo a la ley de protección de humedales, donde parlamentarios se han quejado de la falta de ambición en esta ley”, comenta Durán.
En ese sentido, Durán agrega que otro flanco son los recursos que se le darán a la institucionalidad ambiental. “Las competencias que tiene la Superintendencia de Medio Ambiente no son suficientes y los recursos tampoco, por lo tanto se necesita reforzar este punto”.
En la misma línea, Franz señaló: “En un modelo como el nuestro, la mejor expresión de un compromiso real con la protección del medio ambiente se traduce en el dinero que pones como Estado a disposición de la instituciones competentes para hacerse cargo de los problemas medioambientales. Hay una oportunidad a propósito del presupuesto del próximo año, que se está empezando a discutir, para que el gobierno muestre una señal significativa”.
“El gobierno debe hacer un esfuerzo por retomar el control de la agenda legislativa en materia ambiental, porque todos los actores del mundo ambiental vemos que hay una gran variedad de proyectos de ley que se están tramitando o que se han anunciado, pero no se ha establecido un orden de prelación o ranking de importancia que pueda dar coherencia a ese conjunto de iniciativas legales“, agregó Franz.
Asimismo, Riquelme comenta que hay otros temas pendientes en el Congreso, como por ejemplo la reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, el proyecto de ley de delitos ambientales, el proyecto de ley de glaciares y la reforma al Código de Aguas. “Lo que observo es que en el fondo existe mucho trabajo de difusión y mucho anuncio, pero no se visualiza el trabajo en medidas concretas para avanzar en el cumplimiento de los objetivos, incluyendo la labor en el Congreso”, agrega.
3. Tratamiento de las zonas de sacrificio
En marzo comenzó a regir un nuevo Plan de Descontaminación para Concón, Quintero y Puchuncaví -denominadas como zonas de sacrificio porque existe alta concentración de centrales termoeléctricas de carbón y gas- para así descontaminar la zona en un plazo de tres años. Sin embargo, a juicio de los expertos, esas medidas son insuficientes y ha fallado la comunicación del plan.
“Ese es un flanco abierto que en el fondo tenemos una ciudadanía molesta, porque no comprende bien cuáles son los alcances del nuevo plan de contaminación que es ambicioso y objetivo. Pero no se ha sabido comunicar bien cuáles son las ventajas a los vecinos y tampoco se ha sabido informar bien a la comunidad como interpretar la información en línea de los monitoreos. La comunidad ve los monitoreos en línea y no tiene claro qué significan en el sentido si hay un umbral que se sobrepasa si es contaminación o no y si les afecta a la salud o no”, comenta Riquelme.
“Todo ese tema tiene que ver con el Acuerdo de Escazú, porque nos está diciendo la Corte Suprema que tenemos que mejorar los estándares de acceso a la información porque sin eso, no sabemos cómo tomar las medidas adecuadas para proteger a la población”, agrega Durán.
A juicio de Franz, los potenciales nuevos recursos, tienen que ir a las zonas de sacrificio. “Hay que dar un salto en materia de fiscalización ambiental. Tienen que haber más fiscalizadores en Quintero, en Coronel, Tocopilla, etc (…) Van a haber reacciones sociales por este tema, van a haber protestas y manifestaciones, y en ese sentido el gobierno debe salir a dar una señal potente de que esta retórica en el plano internacional tiene su reflejo en el plano nacional y que se traduzca en medidas concretas en el caso de Puchuncaví-Quintero”.
Consultado por el tema, el ministro subrogante de Medio Ambiente señala que el gobierno “cumplió con el compromiso de traer el Instituto Noruego de Investigación del Aire (NILU) -el más prestigioso centro de calidad de aire a nivel mundial y laboratorio referente de la Unión Europea-, para, por primera vez en la historia, tomar la «huella digital» del aire que respiran las familias de Concón, Quintero y Puchuncaví, en particular respecto de los Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs) respecto de los que no existían referencias en nuestro país”.
4. ¿”Retraso” en la meta de NDC?
La NDC (por sus siglas en inglés) se refiere a la Contribución Nacional Determinada, o sea, el compromiso de cada país para reducir la huella de carbono global. Actualmente, el gobierno afirma que está en “proceso de revisión” para definir la nueva meta de Chile que se actualiza cada cinco años.
“Iniciaremos, en octubre, una consulta ciudadana sobre la actualización de las NDC de Chile”, confirmó el ministro (s) de Medio Ambiente, Felipe Riesco.
Sin embargo, para los expertos esto sería difícil de lograr antes de la COP25 ya que para definir la nueva meta se necesita de una consulta ciudadana que aún no se realiza. “Hay un tema de coordinación que uno se puede preguntar cómo se va a hacer más ambiciosa la NDC de aquí a tan poco tiempo si ni siquiera se ha iniciado la discusión”, comenta Durán. Asimismo, Liberona señala que el gobierno “está atrasado, no sabemos si van a llegar con la nueva NDC a la COP25. La ministra Schmidt dijo que lo haría en la cumbre, pero eso se ve muy difícil”.
Desde el gobierno aclararon que no existe retraso en la meta ya que el Acuerdo de Paris indica que las partes, con metas al 2030, deberán comunicar una NDC actualizada 9 o 12 meses antes de la COP correspondiente y que lo deberán continuar haciendo cada 5 años.
5. La polémica descarbonización
“La descarbonización que anunció el Presidente Piñera en junio, no descarboniza”, señala Liberona. Para la directora ejecutiva de la Fundación Terram el anuncio hecho por el Mandatario en su última cuenta pública donde se comprometió a retirar ocho centrales a carbón en un plazo de cinco años y en 2040, la clausura de las restantes termoeléctricas que existen en el país, es “insuficiente”.
“No descarboniza porque el cierre de plantas es lento y porque no implica el desmantelamiento de las centrales. Las centrales van a seguir en pie y van a seguir como un respaldo en caso de crisis, algo que se puede entender en un lapso corto de tiempo mientras se afirma la energía renovable, pero eso no está dicho en los acuerdos”, agrega Liberona.
Sobre el tema, Troncoso cree que Chile debe hacer, previo a la COP, es “comprometer en su Plan de Acción Nacional, la neutralidad de carbono para antes del 2050, tal como lo han hecho Suecia y Noruega, señalando clara y concretamente las acciones, medidas y exigencias que se establecerán en una agenda específica, que le permita a todas las fuentes de emisión adecuarse rápidamente”.
A su vez, Riquelme agrega que para este punto será fundalmental la ley marco de cambio climático que aún no llega al Congreso. “Sobre cómo llegamos a esa meta de descarbonización como país no se ha dicho mucho. Sobre todo qué medidas implementamos y cómo financiamos. Hablamos de quién va a pagar los costos. Efectivamente pueden venir algunos fondos internacionales por algunos proyectos, pero no será en todos”.
septiembre 25, 2019 | Industria
Cumpliendo con los requisitos exigidos por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Gobierno ingresó a trámite legislativo a la Cámara de Diputados un acuerdo con dicho organismo que viene a dar formalidad a la organización en Chile de la próxima reunión de los países parte de dicha entidad (Conferencia de las Partes, COP).
En el mensaje se explica que la COP 25 tendrá lugar el 13 de diciembre del presente año, en Santiago, y como cuestión previa para la realización del encuentro y las sesiones de los órganos subsidiarios, se requiere contar con acuerdo vinculante entre el país anfitrión y la Secretaria de la CMNUCC.
El acuerdo consta de un preámbulo, en el cual las partes dan cuenta de las consideraciones y propósitos que tuvieron a la vista para celebrar el acuerdo, y de 16 artículos, donde se despliegan las normas que conforman su cuerpo principal y dispositivo, entre otras materias, para definir la fecha y lugar de la conferencia; asistencia, instalaciones, equipos y servicios públicos; instalaciones médicas; alojamiento y transporte; comunicaciones, sitios web y actividades de divulgación de la conferencia; y protección policial y seguridad.
Entre las disposiciones destacan dos artículos, uno que define la responsabilidad del país organizador por posibles acciones o demandas contra el secretariado de la CMNUCC, ONU o sus oficiales; y un apartado denominado «Neutralidad y sostenibilidad climática», que contempla el deber del Gobierno de garantizar la neutralidad climática de la conferencia y de implementar un sistema de gestión ambiental sostenible, reconocido internacionalmente, a fin de planificar, coordinar y reportar los aspectos de la conferencia en materia de sustentabilidad.
Además, se determina que cualquier equipo, servicio y/o recurso adicional necesario para la implementación de una conferencia sostenible y neutral con el clima, será proporcionado por el Gobierno, con cargo para sí.
La propuesta pasó a análisis a la Comisión de Relaciones Exteriores para su estudio.
septiembre 12, 2019 | Industria
El martes 24 de septiembre se realizará la primera Feria Laboral Energía +Mujer en el Centro de Extensión de la Universidad Católica, siendo una de las iniciativas que se enmarca en la mesa público-privada que lidera el Ministerio de Energía con el propósito de aumentar la participación de las mujeres en el sector energético, especialmente en el mundo laboral.
El evento es realizado por la Agencia de Sostenibilidad Energética (AgenciaRE), la Asociación Nacional de Empresas de Eficiencia Energética (Anesco A.G.) y el Magíster en Ingeniería de la Energía de la Universidad Católica.
Objetivos
Mónica Gazmuri, gerenta general de Anesco A.G., es una de las ejecutivas a cargo de la Feria, por lo que explica a ELECTRICIDAD cuáles son los principales objetivos del encuentro y cómo esta iniciativa contribuirá al incremento de la participación femenina en la industria.
¿Cuáles son los objetivos de este primera feria laboral energía +mujer?
Como primer objetivo queremos que a través de estas iniciativas se logre conocer a la industria, quien es quien, sus actores y su aporte al día a día de la economía y para la vida en Chile. Como segundo objetivo está el que las mujeres puedan ver ahí un espacio para aportar y crecer, lo cual responde también a las metas de la mesa público-privada que lidera el Ministerio de Energía y así el sector aumente la participación de mujeres en su fuerza laboral.
[VEA TAMBIÉN: Presente y futuro de la empleabilidad de mujeres en el sector sería visto en Feria laboral Energía+Mujer]
¿Cuál es la situación actual de la mujer en el sector energético a nivel laboral?
Las mujeres actualmente representan sólo un 23% y pocas en puestos de jefaturas o liderazgo, la mayoría en quehaceres ligadas al servicio y administración.
A su juicio, ¿Cómo es el comportamiento de las empresas energéticas en cuanto a la inserción laboral femenina?
Creo que hoy están tomando conciencia de la necesidad del cambio y muchas adscribieron un manifiesto para ir paso a paso incorporando a mujeres en un plan propuesto de ocho ejes.
¿Cuáles son los principales ejes temáticos que busca instalar este evento en torno al rol laboral de la mujer en el sector?
Dar a conocer los roles de los diferentes gremios y actores del sector, entregar tips para mejorar las postulaciones, sentar un precedente y repetir la instancia para posibilitar la entrada de más mujeres año a año al sector. Nuestra idea es llevar un reporte de la cantidad de oferta por parte de las empresas, de postulantes y de los matchs logrados en esta primera feria.
¿Cuáles son los principales desafíos que se vienen con la implementación de la iniciativa Energía +Mujer en materia laboral?
Creo que lo relevante será poder llevar un seguimiento de estos avances, de ahí lo relevante de tener esta feria y llevar alguna estadística al respecto y así que el sector sea activo en la concreción del plan.
