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Gobierno va a la justicia para dar último impulso a línea eléctrica que atraviesa por Zapallar

(La Segunda) Al postergado proyecto de línea de transmisión eléctrica Cardones-Polpaico sólo le falta saltar una valla para iniciar su construcción. Y el Gobierno le dio una mano al respaldarlo ante los tribunales ambientales, con el objetivo de destrabarlo.

El proyecto de la colombiana Interchile que demanda US$1.000 millones de inversión y pasa por 4 regiones y 20 comunas, obtuvo su permiso ambiental el 13 de agosto pasado. Pero aún no parte.

Antes debió enfrentar la oposición de vecinos como el senador Guido Girardi o el dueño de Carozzi, Gonzalo Bofill. Ahora, son las municipalidades de Zapallar y Puchuncaví las que hacen sus últimos esfuerzos por detenerlo. Recurrieron al Tribunal Ambiental para impugnar la licencia entregada por el Servicio de Evaluación Ambiental, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente. Aseguran que el proyecto, que cuenta con cerca de 1.700 torres distribuidas entre Atacama y Santiago, no cumplió la normativa que asegura a las comunidades exponer su visión sobre los proyectos en un proceso conocido como participación ciudadana.

Falta de competencia

Pero en un escrito que se hizo público esta semana, el SEA intervino ante la justicia ambiental con el fin de dar el último impulso gubernamental a la iniciativa, apelando a la certeza jurídica del país para que el proyecto se construya y no continúe judicializado.

Primero, el ente de gobierno sostiene que los municipios figuran en las actas de asistencia a la participación ciudadana, por lo tanto «no se podría decir que no hubo un proceso con la comunidad».

Y luego plantea que las municipalidades no tienen competencia para pedir la anulación del permiso. «Los municipios sólo están facultados para perseguir a este tipo de empresas o proyectos en caso de daño ambiental y no para pedir la anulación de una autorización», sostiene.

Y con su planteamiento final, le brinda el mayor espaldarazo a la iniciativa: «Si se llegara a anular el permiso ambiental del proyecto, se puede afectar el orden legal del país», concluye el documento presentado por el SEA a la justicia.

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Central Ñuble profundizará participación de hidroelectricidad de pasada en el SIC

Central Ñuble profundizará participación de hidroelectricidad de pasada en el SIC

(ELECTRICIDAD 193) Es uno de los proyectos hidroeléctricos de pasada con la mayor capacidad instalada que pretenden conectarse al SIC de aquí a 2018. Se trata de la central Ñuble, de Hidroeléctrica Ñuble SpA, filial de Eléctrica Puntilla, que tendrá una capacidad instalada de 136 MW y una generación anual estimada en 640 GWh, que provendrá de las aguas del río en el valle del mismo nombre, en la Región del Biobío.

La iniciativa contempla la construcción de una barrera de captación compuesta de una parte móvil y una fija, además de una bocatoma superficial que trasladará las aguas en el sector El Caracol del río, unos 22 kilómetros río arriba del pueblo de San Fabián, donde se encausará parte de las aguas hacia un canal de aducción de 16,4 kilómetros que llegará hasta el sector Las Guardias, donde el agua será dejada caer por tuberías hasta la casa de máquinas donde se genera la electricidad, para ser devuelta al río Ñuble en ese punto.

También se considera la construcción de una cámara de carga y obra de seguridad (rápido de descarga), una tubería en presión, la casa de máquinas y el canal de evacuación. El diseño de la central estipula un caudal de diseño de 100 metros cúbicos por segundo.

De acuerdo a lo informado por Eléctrica Puntilla, durante el trayecto del canal de aducción se contempla la construcción de secciones cerradas diseñadas para dar solución al cruce de quebradas, para disminuir el riesgo de derrumbes y el arrastre de material en las zonas de Caracol, Montenegro, El Cabro, Los Marín y La Zorra.

Además, se considera la habilitación de una tubería de 70 metros de largo en el estero Bullileo para conectarse a la cámara de carga que se enlazará a una tubería de acero, que llegará a la casa de máquinas en el sector de Las Guardias, donde se instalarán dos unidades generadoras.

Alejandro Gómez, gerente general de Eléctrica Puntilla ha destacado el aporte que tendrá el proyecto hidroeléctrico en el SIC. Foto: Gentileza Eléctrica Puntilla.

Alejandro Gómez, gerente general de Eléctrica Puntilla ha destacado el aporte que tendrá el proyecto hidroeléctrico en el SIC. Foto: Gentileza Eléctrica Puntilla.

Financiamiento

Los trabajos de la central comenzaron en noviembre de 2014 y parte de su financiamiento es realizado por el Banco de Chile y BancoEstado, por un total de US$260 millones, mientras que el resto de la inversión ha sido realizada con recursos propios de Eléctrica Puntilla, según indicó la empresa en un hecho esencial a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).

Por su lado, el año pasado también se suscribió un acuerdo entre Eléctrica Puntilla y la sociedad “Sistema de Transmisión del Sur” (STS), filial del Grupo Saesa, para llevar adelante las obras de transmisión que conectarán a Central Ñuble con el SIC.

El despacho de la energía al SIC será desde la subestación San Fabián a través de una línea de transmisión de 220 kV, con una capacidad de 150 MVA, que recorrerá 120 kilómetros desde la localidad de San Fabián hasta la subestación Ancoa, ubicada en la comuna de Colbún.
Estas obras tienen una inversión aproximada de US$70 millones. De ellos, el 50,1% será integrado por STS y el 49,9% por Eléctrica Puntilla.

Comunidades
El proyecto cuenta con su RCA aprobada, en la que se establecieron 203 compromisos, como la entrega de $61 millones al Departamento de Salud de la Municipalidad de San Fabián, apoyos económicos a estudiantes de la zona, mejoramiento de caminos y obras de infraestructura como la construcción del puente Las Piedras en San Fabián y la habilitación de dos bypass en la ruta N-31, entre otras iniciativas.

Además, el proyecto contempla 37 campañas de rescate, relocalización y monitoreo de fauna terrestre en el área de las obras, la forestación de 70 hectáreas, la protección y cercado de sitios arqueológicos, además del rescate y caracterización de los lugares que serán intervenidos, junto a 112 programas de fomento productivo.

La empresa informó que existen cuatro comunidades en el área de influencia del proyecto y cinco organizaciones de vecinos. La RCA estipuló cerca de 203 compromisos en distintas etapas del proyecto. Entre ellos, que no menos del 25% de la mano de obra a contratar para la construcción, tenían que ser trabajadores locales.

De acuerdo a lo informado en un hecho esencial, la estimación para el término de las obras de la central está prevista para mayo de 2018. En esta línea, en febrero pasado, Ingeniería Agrosonda SpA se adjudicó la construcción de las obras de la bocatoma, que comprenden el manejo y desvío del río en dos etapas: las obras civiles de la Bocatoma y las obras civiles de la Obra de Toma.

En cuanto a las obras del canal de aducción y la casa de máquinas, la empresa informó que está en proceso de selección de los contratistas respectivos y se estima que se iniciarán a fines del primer semestre de este año.

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Ficha Técnica

  • Nombre: Central hidroeléctrica Ñuble
  • Desarrollador: Eléctrica Puntilla
  • Proveedores: Grupo Andritz (equipamiento y montaje); Ingeniería Agrosonda (Construcción de la bocatoma), y Sistema de Transmisión del Sur S.A., filial de Saesa (obras de transmisión).
  • Capacidad instalada: 136 MW
  • Inversión: US$410 millones
  • Generación anual: 640 GWh
  • Características: Central de pasada con un ducto de aducción de 16,4 km y un diseño de caudal de 100 metros por segundo.
  • Fecha estimada de operación: Mayo de 2018.

Gobierno retrocede y bajará nivel propuesto para multas por corte de energía

(Diario Financiero) A las cero horas venció el plazo para el ingreso de indicaciones al proyecto de ley que reformula el sistema de transmisión eléctrica, iniciativa que la industria ha calificado como la reforma más importante para este sector desde la Ley Corta II de 2005.

Tras una serie de cuestionamientos que surgieron desde distintos frentes, especialmente del sector empresarial, por las implicancias que podrían tener algunos puntos de la normativa, el Ministerio de Energía suavizó parte de su contenido.

De este modo, el titular de la cartera, Máximo Pacheco, adelantó que son más de 25 los ajustes al texto, que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados, tanto en los artículos transitorios como los definitivos, los cuales ahora están siendo trabajados por la Comisión de Energía y Minería del Senado.

De partida, la autoridad retrocedió y propone una fuerte reducción de las multas contempladas para fallas que impliquen corte de suministro.

En el proyecto aprobado en primer trámite, se calculaban las compensaciones en virtud del costo de falla o racionamiento (desde US$ 325 por MWh).

Según explicó en una presentación ante el Senado, para Transelec, la principal firma de transmisión del país, en el caso de una interrupción de suministro de 60 minutos por fuerza mayor, como un terremoto, la multa para ellos podría bordear nada menos que US$ 116 millones. Aplicado a lo que sucedió el 27F, ésta habría sido de US$ 90 millones.

“Esto es más que la utilidad anual de la compañía y no quiero imaginar lo que significaría para un nuevo actor. Es la quiebra”, dijo en su oportunidad el gerente general de la compañía, Andrés Kuhlmann.

En cambio, la indicación del gobierno establece que la compensación “corresponderá al equivalente de la energía no suministrada durante ese evento, valorizada a quince veces la tarifa de energía vigente durante la indisponibilidad de suministro”. Esto con un tope de 20.000 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalente a cerca de US$ 15 millones.

Otro cambio es que ahora las multas o compensaciones tendrán que ser pagadas en forma inmediata una vez que la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC) determine la responsabilidad y, después de eso, las empresas pueden reclamar ante la autoridad y la justicia. Eso es lo contrario de lo que sucede hoy, donde a través de recursos ante la SEC y luego los tribunales, se han materializado muy pocos de estos pagos.

Panel de Expertos

En otro punto que el Ministerio de Energía retrocedió fue en relación con el Panel de Expertos, pues respecto de él se eliminaron varios cambios propuestos.

El principal es que los organismos de gobierno sí tendrán que cumplir sus dictámenes y la atribución que se le daba al ministro de Energía para anular sus resoluciones en forma permanente, ahora requerirá de la autorización previa de la Contraloría.

Otro de las modificaciones relevantes es que se aclara que cuando la CNE y la SEC tengan la calidad de partes en un proceso, los dictámenes del panel les serán vinculantes.

En un frente distinto están las dudas que generaban los denominados polos de desarrollo, que serán áreas que el gobierno considera prioritarias para generar líneas de transmisión, para evacuar energía de fuentes renovables.

En primer lugar, se introducen ajustes a algunas normas, para mejorar el sentido y, por tanto, cómo se aplican las normas. Así, en la definición de polos, se aludirá a cumplimiento de legislación ambiental en vez de que sea “coherente con la conservación del patrimonio ambiental y la preservación de la naturaleza”.

Adicionalmente se plantea excluir la posibilidad de tener estos polos en Aysén y Magallanes. Así, cuando ellos se determinen, serán sometidos a una evaluación ambiental estratégica.

Nuevo coordinador del sistema tendrá cinco directores

Una de las dudas que había en la industria a raíz del proyecto que fue aprobado en la Cámara de Diputados era cómo quedaría la composición y cómo se designarían los nombres del directorio del Coordinador Independiente del Sistema Eléctrico Nacional, el que será el continuador de los actuales Centros de Despacho Económico de Carga (CDEC). En las indicaciones que preparaba el ejecutivo se establecían varios cambios, como por ejemplo que de siete miembros, tendrá finalmente cinco consejeros. Éstos serán elegidos por un Comité Especial de Nominaciones (CEN) en base a propuestas de empresas especializadas. Del mismo modo, se aumentó el tiempo de permanencia, desde cuatro años a cinco y podrán ser reelectos una sola vez. La mesa tendrá un presidente y un vicepresidente.

El gobierno mantuvo el poder del CEN para destituir a algunos de estos consejeros, pero especificó las cuasales. Antes era por «causa justificada» y ahora será por cosas como abandono de funciones, negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones o falta de idoneidad por haber sido condenado por crimen, entre otras cosas.

Además, se modificó la composición del CEN. Ahora será integrado por el titular de la CNE, un integrante del Consejo de Alta Dirección Pública, el presidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y, finalmente, se sumó al presidente del Panel de Expertos o uno de sus integrados. Además, fijó la entrada en operación del organismo para el 1 de enero de 2017 para ciertas funciones, aunque otras aplicarán desde 2018.

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La importancia de la relación temprana con las comunidades

La importancia de la relación temprana con las comunidades

(Pulso) Casos como el de Pascua Lama en el norte de Chile e Hidroaysén en el sur han dejado varias lecciones para las compañías que quieren realizar grandes proyectos de inversión en Chile. Pero quizá una de las más relevantes, no pasa por temas comunicacionales o medioambientales. Lo fundamental es acercarse a las comunidades que se ven afectadas por los proyectos no durante su construcción o planificación, sino antes.

En términos técnicos, esta estrategia se llama “acercamiento temprano” o “comunicación temprana” y hoy, cada vez más las empresas de todos los tamaños lo consideran en su planificación. Es que la denominada “licencia social” es la llave maestra que puede abrir el negocio y aplacar las críticas posteriores a través de redes sociales e incluso demandas.

Participación ciudadana

Sebastián Cantuarias es el director ejecutivo de Proyecto Propio, una consultora que ya lleva más de diez años especializándose en abrir las primeras puertas de los vecinos ante un proyecto empresarial. Ya sea desde la instalación de un edificio, hasta la construcción de una gran planta industrial. “El vínculo temprano es imprescindible. Ya no es posible hacer un proyecto y luego comunicarse con la comunidad. El acercamiento previo trae varios beneficios, como por ejemplo disminuir el rumor”, comenta Cantuarias.

A esto se le agrega la recepción de los aportes que pueden entregar dicha comunidad. Un ejemplo claro es lo que ha ocurrido durante años con las antenas de telefonía móvil, algo que en muchas ocasiones ha significado disgustos de los vecinos e incluso, una fuerte oposición que ha terminado en tribunales.

Al respecto, Katherine Martorell, directora de Sustentabilidad y Comunidades de la gerencia de Regulación y Asuntos Corporativos de Entel, explica que buscan que los dirigentes sociales los conozcan y entiendan su misión. “Es por esto, que realizamos talleres en distintas regiones que buscan fortalecer el rol del dirigente social a través de la tecnología, ya que conocemos las dificultades que ellos enfrentan diariamente y la conectividad resulta ser gran aliado para el cumplimiento de su función”, dice Martorell.

La ejecutiva agrega además: “Nuestra implementación de red nunca es ajena a la comunidad, razón por la cual nos acercamos, conversamos y buscamos los mejores acuerdos para que realmente este beneficio tenga todo el potencial posible”.

Incluso, esta compañía de telecomunicaciones realiza talleres especiales a sus proveedores que están en continua relación con los clientes, sobre buen trato y respecto a las comunidades.

En esta misma línea, desde sus orígenes, incluso en la etapa voluntaria (1994), el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) agregó la participación de las comunidades en los procesos de evaluación de impacto ambiental.

A esta mezcla de factores se le agrega la reciente ratificación de Chile al Convenio 169 de la OIT, que incorpora en los proyectos de inversión la visión, opinión y participación del mundo indígena, donde también se incluye la participación.

Relación directa

Según Cantuarias, comunicarse antes con las comunidades permite también que las comunidades se transformen en una especie de socio estratégico, generando un vínculo, algo que además es un excelente argumento para los inversionistas. “Entrar antes en la comunidad permite que ésta sea tu socio en vez de tu enemigo. Pero sobre todo, ayuda mucho a la transparencia y ante cualquier problema futuro, los miembros de la comunidad ya saben a quien acudir o quién es un interlocutor válido”, asevera.

En este punto, los especialistas estiman que es fundamental que independiente que las empresas sean asesoradas y acompañadas por consultoras externas que le ayuden a la relación con sus vecinos, siempre el que tiene que dar la cara tiene que ser un ejecutivo de la misma compañía. En otras palabras, ante una crisis o conflicto no utilizar nunca intermediarios.

Para Jorge Troncoso, director del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), hoy cualquier proyecto de inversión que no considera la variable ciudadana o comunitaria comete un error. “El mundo empresarial también lo está asimilando e incorporando en sus políticas de gestión, como una variable relevante dentro de un proyecto. Hace 30 años, el tema de seguridad laboral no era relevante, hoy es fundamental. Hace 20 años, los aspectos medioambientales tampoco lo eran y hoy son claves. Hoy el tema ciudadano y manejo de comunidades está comenzando a tomar la misma importancia que actualmente tienen la seguridad y el medioambiente”, comenta Troncoso.

La importancia del proceso

Una visión particular tiene Bernardita Fernández, gerente de asuntos corporativos de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi, compañía que tiene bastante experiencia de relación con las comunidades en el norte de Chile.

Según la ejecutiva, el modelo que se usó durante mucho tiempo, basado en lo transaccional, demostró ser incapaz de hacer frente a este nuevo ciclo social, y mantenerlo solo augura enfrentamiento y posiciones polarizadas. “Hoy es el momento de generar conversaciones amplias, un diálogo entre el Estado, las empresas y la comunidad, en torno a la búsqueda de visiones comunes. Debemos ser mucho más proceso que resultado. Hoy es más importante el cómo por sobre el qué.

Finalmente es una relación que debe basarse en el respeto, no dilatando decisiones y cumpliendo en tiempo y forma lo comprometido. “Las relaciones con las comunidades deben ser escalonadas en su confianza y su complejidad de los proyectos o programas. Entendemos que todas las relaciones sufren mutaciones y el trabajo en el territorio puede variar, así como sus instrumentos de intervención”, comenta Fernández.

Otro ejemplo es lo que realiza la generadora eléctrica E-CL. Antes de diseñar cualquier proyecto, hace un “análisis social” de posibles localizaciones, que les permite conocer dónde puede haber una mayor aceptación social o un menor impacto en la comunidad. Ya sea porque se requiere menos intervención o porque está muy alejado de zonas pobladas o no hay zonas protegidas medioambientalmente.

“Luego, nuestro foco está en comunicar a todos los actores relevantes de lugar escogido, quiénes somos y nuestra idea de proyecto. De esta forma incorporamos desde un inicio, al diseño de nuestros proyectos, las expectativas y preocupaciones de la comunidad y eso solo se logra en la medida en que las personas tengan acceso temprano a la información desde la propia empresa”, comentan en E-CL

Esta metodología ya la están utilizando por ejemplo, en la Región del Biobío, en una etapa de sociabilización temprana de un proyecto de generación eléctrica. “El proyecto aún no ha ingresado a evaluación, pero ya hemos tenido reuniones con todas las autoridades locales, diversos actores y organizaciones sociales”, explican en esta empresa.

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Transelec cifra en US$500 millones impacto de ley de transmisión en rentabilidad

Transelec cifra en US$500 millones impacto de ley de transmisión en rentabilidad

(Diario Financiero) Transelec, el principal actor del negocio de transmisión eléctrica en el país, sacó ayer la voz para criticar públicamente el proyecto de ley que impulsa el gobierno, iniciativa que es seguida de cerca por la industria.

Ante la comisión de Energía y Minería del Senado, el gerente general de la compañía, Andrés Kuhlmann, dijo que varias de la normas que se contemplan, entre ellas el cambio en la tasa de rentabilidad y el alza en las multas, tendrían fuertes efectos en las empresas y en particular sobre la compañía que dirige, la que es controlada por un grupo de fondos de pensiones encabezado por el canadiense Brookfield Asset Management.

Respecto del primer punto, el ejecutivo precisó que al fijar una tasa de rentabilidad variable, de entre 7% y 10% después de impuestos, que reemplazaría al monto fijo actual de 10%, el impacto sobre la rentabilidad sería de unos US$ 500 millones. Esto se explica porque habría menores retornos sobre los activos, al momento de realizarse la fijación de sus tarifas, lo que en términos simples equivale a reconocer menos ingresos en el largo plazo.

“Entendemos la necesidad de adecuación que se está haciendo, pero este es un cambio muy importante, al menos para la compañía que represento”, dijo.

El ejecutivo sostuvo que este cambio en el régimen de rentabilidad los afectaría más que a otros actores del sector, porque ellos ya recobraron sus inversiones y la nueva tasa de rentabilidad regirá recién una vez que el resto haya amortizado sus activos. De ahí que Kuhlmann planteó la necesidad de reponer en el proyecto, actualmente en segundo trámite constitucional, el carácter gradual en la aplicación de la nueva tasa variable. De lo contrario deberán realizar un reconocimiento contable por el efecto en la rentabilidad.

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Multas desproporcionadas

Aunque valoró en general el proyecto, pues permitirá un desarrollo más expedito de la transmisión, señaló que el monto de las multas por indisponibilidad o fallas ponen en riesgo la viabilidad de los operadores.

“El proyecto de ley tiene sanciones absolutamente desproporcionadas respecto de las mejores prácticas internacionales, y Chile es el único país del mundo que plantea compensaciones y multas sin límites”, dijo.

Según un estudio encargado por la firma, en el caso de una interrupción de suministro de 60 minutos por fuerza mayor, como un terremoto, la multa para ellos sería de hasta US$ 116 millones. Aplicado a lo que sucedió el 27F, habría sido de US$ 90 millones. “Esto es más que la utilidad anual de la compañía que represento y no quiero imaginar lo que significaría para un nuevo actor. Es la quiebra”, dijo.

Además, Kuhlmann abogó por el fin a la restricción de integración en el negocio eléctrico (generación, transmisión y distribución), pues a su juicio actualmente no se justifica y al levantarla viabilizaría que grandes actores, como Brookfield Asset Management y CPP (ambos accionistas de la firma), pudieran incursionar en los dos segmentos donde no están.

“Queremos las mismas reglas para todos, sin discriminación, y con estricto apego a la Ley Antimonopolios”, dijo.

El proyecto de transmisión es clave para la agenda energética del gobierno y es prioridad para el ministro de Energía, Máximo Pacheco, pues una vez aprobado se podrá continuar con la mayor licitación de suministro para clientes regulados hecha hasta ahora. La Comisión de Energía y Minería del Senado aprobó ayer la idea de legislar esta iniciativa.

Organizaciones exponen diferencias con proyecto del gobierno

En una maratónica sesión, donde solo la mitad de los expositores que estaban inscritos lograron hacer ver sus puntos a los senadores, representantes de los entes coordinadores de las empresas eléctricas, los CDECs del SIC y SING, ambientalistas y expertos expusieron sus reparos al proyecto de ley del gobierno.

El abogado y ex integrante del Panel de Expertos, Alejandro Vergara, centró sus críticas en los efectos que tendrá en la institucionalidad del organismo encargado de resolver los conflictos en el sector eléctrico, señalando que las potestades que se le daba a la Comisión Nacional de Energía (CNE) y a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) dejaban la puerta abierta para que estos organismo en el futuro no acataran los fallos del Panel, que es el que dirime las diferencias en esta industria.

Sostuvo que dados los cambios que introducía en el funcionamiento de Panel de Expertos, la iniciativa debía contar con un informe de la Corte Suprema, pues era el máximo tribunal el que tenía la potestad para controlar las acciones del organismo, cuestión que no había sido considerada.

La directora ejecutiva de Chile Sustentable, Sara Larraín, señaló que si bien el proyecto avanzaba en algunos ámbitos relativos a la planificación de largo plazo de la transmisión, establecía mecanismos de evaluación para los proyectos donde el Estado tenía un rol relevante en el inicio, pero que luego se restaba de participar del negocio, favoreciendo a las empresas privadas.

Señaló que el establecimiento de los denominados «polos de desarrollo» de proyectos de generación y transmisión finalmente se transformaría en «zonas de sacrificio» y que también se instauraría un subsidio «encubierto» para que los principales tenedores de derechos de agua, entre ellos Endesa, Colbún y AES Gener, desarrollen proyectos hidroeléctricos.

El presidente del CDEC-SIC, Sergi Jordana, mostró su preocupación por la forma en que se designará en Comité de Nominaciones, que será el que a futuro designe los integrantes del coordinador eléctrico nacional, organismo que reemplazará a los actuales CDEC, y solicitó que estas nominaciones las realice exclusivamente el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).

El gobierno tiene preparadas al menos 20 indicaciones al proyecto en las cuales pretende solucionar las diferencias con los principales actores, las que serían ingresadas al Senado durante abril.