abril 1, 2020 | Industria
La posibilidad de que las autoridades del sector eléctrico evalúen si se mantienen las condiciones para realizar la licitación de suministro eléctrico para clientes regulados, esperada para noviembre de este año, planteó Systep Ingeniería en su análisis mensual, debido a que la crisis que genera la pandemia del coronavirus está generando incertidumbre en el crecimiento de largo plazo.
La consultora advierte que si este proceso se retrasa «igualmente deberá llevarse a cabo no más allá de 2021, pues existiría un déficit de energía contratada al 2026, particularmente debido al vencimiento de los contratos licitados en los procesos 2006 y 2008. Adicionalmente, a la Licitación 2019/01 también se le suma la incertidumbre de la incorporación del comercializador, figura que está actualmente en discusión y que podría ser incorporada en la Ley Larga de Distribución».
«En este nuevo escenario, resulta fundamental que el gobierno no sólo se preocupe de la continuidad del suministro durante la contingencia, prontamente deberá tomar definiciones, dando así señales que permitan al mercado eléctrico continuar con sus inversiones», precisa el análisis.
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Systep señala que todavía es temprano para dimensionar las secuelas de la crisis desatada por el coronavirus en la demanda eléctrica, de clientes libres y regulados, ni en los contratos de este último segmento.
«Es de esperar que, conforme a que se vayan adoptando medidas más rigurosas para frenar la expansión del virus, la demanda eléctrica podría disminuir aún más en el corto plazo. Si bien el consumo residencial podría mantenerse, el consumo comercial e industrial disminuiría por la ampliación de la cuarentena y la menor actividad que ello conlleva. En países de Europa se han observado disminuciones de la demanda total de al menos 5% en comparación con las semanas anteriores, y en casos más extremos como Italia y Francia la baja ha llegado a rangos del 10-15% de la demanda total», se indica.
febrero 26, 2020 | ERNC
La empresa chilena de origen alemán K+S, principal productora y comercializadora de sal del país, comenzará en abril a abastecer sus instalaciones en Chile con energía renovable proporcionada por ACCIONA, en base a un contrato de largo plazo (PPA por sus siglas en inglés), que ambas compañías han firmado.
Este suministro eléctrico permitirá a K+S evitar la emisión anual de aproximadamente 6.400 toneladas de CO2 equivalentes en centrales térmicas a carbón, principal causante del calentamiento global y el cambio climático.
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Según el acuerdo, ACCIONA suministrará energía renovable a las operaciones que K+S posee en la Región de Tarapacá, las que consideran las minas de extracción de sal y plantas de molienda y selección en el Salar Grande de Tarapacá, ubicado a 90 kilómetros de Iquique; los dos puertos de embarque de sal a granel y la planta de envasado en Patillos.
A estas se sumarán las plantas de procesamiento y envasado ubicadas en las ciudades de Talcahuano, en la región del Biobío; San Antonio, en la región de Valparaíso; y Puerto Montt, en la región de Los Lagos.
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La electricidad aportada procederá de las plantas renovables de ACCIONA en el país, donde actualmente cuenta con 536 MW en operación comercial e instalaciones en construcción –El parque eólico Tolpán Sur y la planta fotovoltaica Usya- que suman 148 MW.
El contrato de suministro con K+S es el séptimo que la compañía ha firmado en Chile. De esta manera, K+S se suma a otros relevantes clientes corporativos de ACCIONA en el país, como los firmados con la tecnológica Google, la cadena de distribución Falabella, Aguas Chañar, LATAM Airlines Group, la Empresa Nacional de Minería de Chile (ENAMI) y la estatal ECONSSA.
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“Estamos convencidos de que acuerdos de este tipo son los que contribuirán a que Chile avance, de manera decidida, en su proceso de descarbonización”, afirmó, José Ignacio Escobar, Director General de energía para Sudamérica de ACCIONA. A su vez, Walther Meyer, Chief Operating Officer de K+S para Latinoamérica, dijo que “con este acuerdo estamos dando un importante paso para mejorar la sostenibilidad de nuestras operaciones en el largo plazo en Latinoamérica”.
febrero 25, 2020 | Industria
(El Mercurio) Los clientes libres del sector eléctrico volverán a tomar el vuelo este año.
Así se detalla en el último informe Preliminar de Previsión de Demanda de la Comisión Nacional de Energía (CNE), documento que adelanta que este año la demanda de este segmento de consumo llegue a los 41.717 GWh, cifra que representa un alza de 3,1% en comparación con el año anterior. El crecimiento triplica el alza vista en 2019 cuando subió a 1%.
A largo plazo, las estimaciones de la CNE apuntan a que este segmento de clientes que pueden negociar directamente precios de la energía con las generaciones crezca en promedio 2,24% en el periodo que termina en 2039. En el caso de los clientes regulados- en donde se encuentran los clientes residenciales- se espera un alza anual promedio de 2,1%.
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febrero 24, 2020 | Industria
(Pulso) Un verano intenso ha tenido el equipo técnico del Ministerio de Energía. En las últimas semanas la cartera ha sostenido reuniones de hasta tres horas con los gerentes de regulación de todas las distribuidoras eléctricas para avanzar en lo que será el mayor proyecto de ley que tramite el organismo que dirige Juan Carlos Jobet y que modernizará a un sector que hace 40 años no cambia su regulación.
Se trata de la llamada Ley Larga, normativa que quiere cambiar el mercado de la distribución de energía, segmento que cuenta con una ley cuyo objetivo inicial era desarrollar la infraestructura necesaria para aumentar la cobertura (electrificar) y luego, alcanzar una mejora en la calidad del servicio. Hoy el titular de la nueva normativa que el gobierno se comprometió a presentar al Congreso en los primeros días de marzo y que ya está en etapa de firmas, busca generar mayor competencia. Actualmente, en este mercado compiten cerca de 38 actores que en su mayoría son cooperativas eléctricas, pero cuatro son las empresas relevantes: Enel, CGE, Saesa y Chilquinta, firmas que pese al arduo trabajo que han mantenido con Energía, no conocen los detalles que contiene el borrador del proyecto de ley que durante estas últimas semanas ha estado circulando entre algunos personeros de gobierno.
A nivel de parlamentarios tampoco ha habido acercamientos. Esto, porque el compromiso tomado con Energía fue analizar el borrador en marzo y ese mismo mes comenzar la discusión, revela una fuente legislativa.
El resguardo se da porque la Ley Larga es la gran apuesta de Jobet para mejorar un mercado que a su juicio necesita con urgencia modernizarse, cuentan cercanos a la cartera. Es que de acuerdo con el titular de Energía -cuentan asistentes a las reuniones donde el ingeniero de la Universidad Católica ha manifestado su postura-, ninguna industria puede ser sostenible ni exitosa en el largo plazo si sus clientes no valoran lo que hacen. Y un claro ejemplo de ese malestar fue el incendio que afectó a la casa matriz de Enel, en avenida Santa Rosa, el pasado 18 de octubre, y los incendios de gran parte de las sucursales de CGE a lo largo del país.
Y su importancia también se refleja en el tiempo que el ministerio desea tomarse para su discusión. La meta es terminar el gobierno de Sebastián Piñera con una nueva ley de distribución. “Sabemos que esta ley es compleja, nos tomaremos el tiempo necesario”, afirma una fuente vinculada con la cartera. Tema no menor considerando que la agenda de Jobet ha sido intensa en los ocho meses que lleva en el cargo. Tramitó la ley de estabilización eléctrica en cuatro días y aprobó la Ley Corta con amplia mayoría. Además, logró diseñar la polémica normativa para los pequeños medios de generación (PMGD) y selló un acuerdo con El Campesino para evitar que el llamado “contrato fantasma” perjudicara al sistema eléctrico. Ahora quiere terminar con un cuerpo legal que está vigente hace cuatro décadas y que otros ministros han querido reformular, y no han sido exitosos. De hecho, en el gobierno anterior, tanto Máximo Pacheco como Andrés Rebolledo avanzaron en un trabajo prelegislativo relacionado con la distribución eléctrica y dejaron un borrador de un potencial proyecto de ley, documento que fue desechado por la anterior ministra Susana Jiménez.
Apertura del mercado
Hoy el nuevo cuerpo legal contendría algunos aspectos de ese borrador, cuentan conocedores del documento que se ha mantenido en un reducido círculo del gobierno. El sello relevante que Energía quiere poner en esta discusión es terminar con el monopolio natural de las distribuidoras en lo relacionado con la venta de la energía y abrir el mercado hacia los comercializadores eléctricos, intermediarios que no necesariamente están vinculados con el mundo eléctrico y que pueden ofrecer electricidad a los clientes finales. El modelo es usado en países como España o Estados Unidos donde incluso tiendas vinculadas al retail pueden ofrecer dentro de sus productos, la venta de energía.
Uno de los requisitos para abrir el mercado es conocer el perfil de consumo de los clientes. Por eso dentro de la nueva normativa se propondrá licitar el rol de un administrador de esa información, la que sería clave para saber tanto los consumos como el perfil de pago de los potenciales clientes y, así, los nuevos comercializadores puedan ofrecer un producto a la medida del cliente que quieran capturar. “Es necesario que el administrador de esa información sea un ente tercero independiente, porque tiene que velar para que esos datos sean confidenciales. Es información sensible y que solo se pondría a disposición de este ente en los casos que los clientes quieran que otros actores les ofrezcan servicios”, señala un conocedor del proyecto de ley.
Añade que en Energía se ha conversado bastante el tema y se planteó inicialmente que este rol lo cumpliera el Coordinador Eléctrico, pero la propuesta no ha prosperado dado el nivel de carga que tiene hoy ese organismo. “La discusión, en todo caso, no está cerrada”, cuenta la fuente consultada.
La apertura de este mercado encendió las alertas del sector privado y será uno de los puntos que las distribuidoras más defenderán en la discusión que se dará en Valparaíso. La posición de la industria será aprobar la apertura, pero harán un llamado a que la propuesta no contenga vicios de irrealidad. Esto, por un elemento que las distribuidoras indican como prioritaro: la calidad del servicio. Un ejemplo de un ejecutivo del sector es qué pasará cuando haya interrupción del suministro. “¿A quién acudirá el cliente, a la empresa de retail que le ofreció la energía, pero que no maneja las redes, o al distribuidor? ¿El comercializador tendrá brigadas también para responder a las emergencias? Ese es un tema que no está resuelto”, enfatiza.
Otro punto que estará en la mesa será el factor de riesgo, pues el nuevo actor deberá contar con garantías para asegurar el suministro, además de cumplir con otras restricciones orientadas a la protección de los clientes, cuentan fuentes vinculadas con Energía.
En todo caso, aseguran conocedores del anteproyecto, esta apertura del mercado será gradual, lo que quedará muy claro en el proyecto de ley. “Habrá un proceso de transición muy gradual hacia la comercialización, lo que se logrará con una reducción de las barreras de entrada a la oferta, la ampliación de la demanda a partir del incremento de la demanda libre, la educación de los consumidores y el establecimiento de medidas para su protección, en función de las condiciones de competencia que se observan en el mercado y monitoreando la necesidad de reponer señales de largo plazo en el sistema”, se detalla en uno de los informes técnicos que usó el ministerio para el diseño de la nueva normativa y a la que tuvo acceso Pulso Domingo.
La idea del gobierno es respetar los contratos que ya están firmados, lo que es relevante como señal hacia el inversionista. “Necesitamos que el sector siga invirtiendo, por eso este será un tema que se va a destacar en la discusión”, asegura un asesor de Energía.
Pero el ministerio también quiere hacerse cargo de la calidad del servicio y para ello quiere incorporar dentro de la ley larga, una modernización del mecanismo de compensación para los clientes, medida que será distinta al proyecto que en paralelo se quiere discutir, relacionado con un fortalecimiento de la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC), un viejo anhelo del sector y que también ingresaría en marzo al Congreso.
Guiño al sector
Un punto que la industria está esperando conocer en detalle se enfoca en los cambios que se producirán en la “empresa modelo”, elemento esencial para la fijación de la tarifa y a lo que históricamente la industria ha pedido modificaciones. Es que la regulación actual no reconoce tarifariamente las inversiones reales, como se hace en muchos países, sino que más bien las inversiones de una empresa modelo, que es más eficiente que la real y que al partir de cero cada cuatro años, no considera en su construcción los antecedentes históricos que llevaron al actual diseño de la red.
En el proyecto de ley, las distribuidoras mantendrían su calidad de monopolio en lo relacionado con la planificación, operación y mantenimiento de la red de distribución. Por lo tanto, “serán remuneradas de acuerdo a una metodología de valorización por empresa modelo eficiente perfeccionada”, destaca el informe técnico.
La posición del gobierno es realizar “algunos ajustes” al esquema con el objetivo de que los riesgos estén bien reflejados, cuenta un conocedor del proyecto de ley. Una materia que el Ejecutivo quiere plantear en la discusión es el sistema de obsolescencia, con el fin de que las nuevas inversiones sean reconocidas en la tarifa.
Este punto no es menor, ya que todas las inversiones que las compañías han realizado para mejorar las redes desde el terremoto o por problemas climáticos que han afectado el suministro eléctrico los últimos años, no han sido reconocidas y son calificadas como “pérdidas” por las empresas.
Y es más relevante aún porque el sector está en pleno desarrollo de un millonario plan de inversiones -de unos US$ 6.000 millones, cifra similar a toda la inversión que ha hecho la industria en redes desde la década del ochenta- para cumplir con la norma técnica de calidad de servicio que se aprobó en 2017 y que aborda principalmente las interrupciones de suministro eléctrico y mejora la calidad de la información que dichas compañías entregan a los clientes.
Equipos a la cancha
La industria sabe que las conversaciones con el gobierno no serán fáciles, sobre todo porque el diálogo entre las partes quedó resentido luego de la aprobación de la Ley Corta donde se rebajó la tasa de rentabilidad de las empresas distribuidoras y donde el sector no tuvo mucho espacio para hacer valer su postura, acusa un ejecutivo de la industria.
Por eso para el diseño de la Ley Larga, Energía armó un equipo potente donde además de contar con la experiencia de Hugh Rudnick, académico de la Universidad Católica y reconocido experto del sector, la cartera que lidera Jobet también fichó al exgerente general de CGE, Pablo Guarda. Su vínculo con Jobet es antiguo. Ambos se conocieron hace una década, cuando fue el terremoto del 27F. Guarda, en CGE, y Jobet, en ese tiempo, jefe de gabinete del entonces ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter, se coordinaron para restablecer el servicio eléctrico. “Ellos han trabajado juntos. Tienen cosas en común: ambos son francos y directos”, recalca una fuente de Energía.
El ministerio también reclutó a Gustavo Riveros, quien tuvo una larga trayectoria en Saesa. “Era necesario tener gente que conociera a las empresas por dentro”, indica la fuente.
La asociación de empresas distribuidoras, en tanto, está trabajando con Rodrigo Moreno, académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Chile e investigador del ISCI (Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería).
enero 13, 2020 | Sin categoría
Una de las señales más visibles del avance de la electromovilidad en Chile es el creciente número de buses eléctricos que se han ido incorporando al transporte público de Santiago, desarrollo que el Gobierno desea replicar en regiones.
Es así como el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones está realizando una licitación de suministro de buses en la Región Metropolitana, a la que se sumó recientemente una en la Región de Valparaíso, las que han despertado el interés de las empresas comercializadoras de este tipo de vehículos.
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Tal es el caso de la empresa Vivipra, importadora y representante de King Long en Chile, que trajo al país un modelo de bus eléctrico de nueve metros de largo, con el que buscan atender los requerimientos del transporte público en regiones.
Francisco Martínez, Brand Manager de King Long – Vivipra, señala que “trajimos un bus especial, que cumplía con todas las exigencias de la Red Metropolitana de Movilidad (RED), porque supusimos que en regiones no iban a pedir menos. Una de sus características esenciales es que posee entrada baja, lo que es muy importante para el acceso de personas minusválidas y adultos mayores”.
El ejecutivo detalla que actualmente se encuentran realizando diversas pruebas a este modelo, para posteriormente desarrollar una serie de demostraciones en distintas regiones de Chile. “Nuestro objetivo es dar a conocer que King Long posee el bus que requieren las regiones, un bus de entrada baja, 100% eléctrico, que cumple a cabalidad con el estándar RED, permitiendo a las regiones cumplir, desde lo que tienen hacia arriba, nunca bajar el nivel siempre estarlo subiendo, de exigencia, confort y calidad”, señala.
Un bus acorde a Chile
La experiencia de Vivipra como proveedores de buses para el transporte público ha sido relevante en el nuevo desarrollo con que cuenta la compañía.
Es así como Francisco Martínez menciona que “todas las modificaciones que fuimos haciendo en el bus de 12 metros para el Transantiago, las implementamos en este bus de nueve metros para regiones”, agregando que siguen trabajando en el rendimiento de este nuevo modelo.
”Ya tenemos un avance preliminar, porque no hay experiencia en este tipo de buses, pero estamos superando los 220 kilómetros de autonomía, y creemos que vamos a superar los 250 kilómetros, con un tiempo de carga de máximo dos horas, con un cargador de tamaño normal”, destaca.
Respecto a cómo se llevó a cabo el proceso de desarrollar un bus acorde a los requerimientos nacionales, el Brand Manager de King Long – Vivipra comenta que “trabajamos directamente con la fábrica en China. De hecho, estuve hace poco allá inspeccionando los modelos en producción. Viajamos y le decimos a la fábrica lo que necesitamos, lo que requerimos, para poder entrar en el mercado chileno”.
En el caso del vehículo que se trajo a Chile, “fue un bus especial y el primero que se diseña en nueve metros, con piso bajo, con esta cantidad de baterías”, menciona el ejecutivo, quien además explica que el bus mide nueve metros, “aunque en realidad son 8,9 metros, porque después de ese tamaño requieres otro tipo de licencia de conducir, que no la tienen todos los conductores de buses”, asevera.
Revisa las características técnicas del vehículo.
