marzo 16, 2015 | Laboral
(El Mercurio) Reforma la Reforma. No se trata de un déjà vu, sino de un nuevo movimiento ciudadano que está impulsando Bernardo Fontaine, economista y director de empresas. Esta vez el foco es la reforma laboral que el gobierno envió a tramitación al Congreso.
[El 80% de los empresarios cree que la reforma laboral será negativa para la productividad]
Tal como en el pasado ya lo hizo con la reforma tributaria y usando el mismo nombre, este nuevo grupo busca advertir de los efectos que tendrá dicho proyecto de ley, y generar un debate para incorporar temas que, estiman, no aborda la iniciativa.
Se trata de un grupo de acción ciudadano transversal, no político, y que está compuesto tanto por antiguos integrantes del equipo que buscó cambiar la reforma tributaria, como por nuevos miembros.
Entre ellos hay abogados, economistas y expertos laborales, pero también ciudadanos, emprendedores y representantes de pymes que conocen la realidad laboral, por su propia experiencia y porque la viven en terreno a diario, destaca Fontaine.
El grupo lo integran Rafael Garay (economista), Juan Carlos Jobet (ex ministro del Trabajo), Germán Dastres (ex dirigente de la Conapyme), Joanna Davidovich (economista), y Carlos Boada (abogado laboral y asesor de PYMES), entre varios otros.
Fontaine destaca que se trata de un grupo que no es monolítico, que tienen entre sí diferencias con algunos puntos de la reforma y que tiene distintas sensibilidades políticas. Pero que tiene en común buscar cambios en la iniciativa para que fomente el empleo y los salarios.
«Estamos convencidos de que la reforma planteada por el gobierno no es la que necesitan los chilenos. Pero no se trata de un grupo de ‘expertos’, sino de personas que saben lo que hablan porque no lo hacen desde la academia o un escritorio corporativo, sino desde el terreno, la acción y lo que les toca vivir», explica.
El grupo está en pleno proceso de formación, se prevé que se integrarán nuevos nombres, y ya cuentan con una página web -www.reformalareforma.cl-, que aún está en borrador en sus contenidos.
Si bien Bernardo Fontaine precisa que no pretenden levantar propuestas como grupo ni ser un interlocutor con el Gobierno, el objetivo es aportar contenidos y, por esa vía, generar un debate ciudadano en torno al proyecto. «Queremos incorporar los intereses de los ciudadanos comunes y corrientes, y del consumidor», dice, en el sentido de también recoger la mirada de los que se verán afectados como usuarios y consumidores.
Fontaine concuerda con que es necesario hacer una reforma laboral y modernizar la actual normativa. Y en ese sentido destaca aspectos positivos del proyecto en trámite, como que incorpore la adaptabilidad, que aborde la violencia en las huelgas, sanciones las prácticas antisindicales y que simplifique el proceso de negociación colectiva.
Pero estima que le faltan muchos temas, que no es inclusiva y, sobre todo, que no se hace cargo de fomentar el empleo entre quienes están al margen de él y más lo necesitan: tres millones de mujeres, un millón de jóvenes y 700 mil adultos mayores, todos quienes potencialmente podrían trabajar y que, según Fontaine, deberían estar en la prioridad a la hora de legislar. «En el 20% más pobre, el 70% no trabaja. Y en el 20% más rico, el 70% sí lo hace. Si eso cambiara, modificaría radicalmente la radiografía de la desigualdad», grafica.
«Las personas se dan cuenta de que esta reforma le da un enorme poder a los sindicalistas y no necesariamente a los trabajadores (…) Lo que yo percibo es que esta reforma se fundamenta más en un acuerdo político de campaña con la CUT para lograr su apoyo, que en la búsqueda de mejoras per sé. Me parece una forma equivocada de legislar. Es una reforma pro CUT», cree.
Tampoco cree que se cumpla con la expectativa del gobierno de disminuir la conflictividad y paros ilegales. «Nos vamos a llenar de huelgas. Va a haber un aumento muy grande en la conflictividad», estima. En parte, agrega, porque al incorporar el sistema de piso mínimo en los beneficios, el empleador va a tener un claro incentivo a ser muy cauteloso sobre qué ofrece en una negociación, pues sabe que esa será la oferta base a futuro.
¿Qué cambiaría o sumaría Fontaine? Que en el tema de adaptabilidad no se imponga un piso de sindicalización para que aquella opere (en el proyecto se exige 30% de sindicalización en régimen), de modo que todas las empresas puedan acceder, incluidas las pymes. También incorporar expresamente la posibilidad del trabajo por horas, con cotizaciones previsionales. Sobre el reemplazo en la huelga, plantea la necesidad de conciliar el derecho a esa paralización, pero sin olvidar a los afectados, consumidores que se quedarían sin servicios frente a una paralización. «No favorece a las pymes, que no tienen capacidad financiera para resistir si quedan sin ventas y pueden ser sustituidas. Uno de los grandes perjudicados son las pymes», dice.
Otros integrantes del grupo
* Germán Dastres : Empresario del rubro salud. Ex dirigente de la Conapyme
* Carlos Boada : Abogado, magíster en Tributación. Profesor de Magíster en Tributación en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.
* Paola Cabezas: Abogada laboral y actual estudiante de Magíster en Derecho de la Universidad Católica.
* Osciel Velázquez : Empresario pesquero de Coquimbo. Presidente de la Asociación de Industriales Pesqueros Armadores de Coquimbo y Quintero.
* Cristián Allende: Agricultor de Paine.
* Pablo Guerra : Constructor civil y profesor de la Universidad Católica.
* Carolina Fuentealba : Abogada y panelista de radio.
marzo 12, 2015 | Industria
(Diario Financiero) En medio de la tramitación del proyecto de ley que fortalece el Sernac en la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, los abogados y acádemicos de la Universidad de Chile, Mauricio Tapia y Francisco Agüero, abrieron el debate acerca de la derogación del artículo 2° bis de la Ley del Consumidor, que restringe la aplicación de ese cuerpo legal en industrias o sectores regulados por una normativa especial.
«El estatuto del consumidor no tiene una aplicación como nosotros deseamos, por tanto se vincula directamente al propósito de este proyecto de ley que de una vez por todas se derogue el artículo 2° bis de la ley de protección al consumidor, que excluye de la protección a aquellas áreas reguladas por leyes especiales, cuestión que es inédita en el mundo. Es como si las legislaciones que regulan una determinada actividad económica como la ley de bancos fuesen una especie de inmunidad frente a la protección del consumidor, en verdad esa norma no tiene sentido», alegó el profesor Tapia.
El experto en derecho civil explicó que esa norma «se ha utilizado como excusa en miles de juicios para excluir la aplicación de la ley del consumidor y no tiene ningún sentido, porque las leyes que regulan la actividad económica sólo regulan la actividad económica, no protegen al consumidor, por tanto no hay posibilidad de doble estatuto».
[DL 600 entre prioridades legislativas para 2015]
Tapia recordó que la Superintendencia de Bancos (SBIF) «sobre la base de esta lógica de sectores regulados por leyes especiales empezó a dictar su propia legislación que iba abiertamente en contra de la ley de protección al consumidor. Prueba de ello, es que las prácticas sancionadas en el célebre fallo contra Cencosud, las prácticas que llevó a cabo esa empresa estaban avaladas por circulares de la SBIF, que eran abiertamente ilegales y fueron derogadas de manera coincidente con la dictación del fallo».
El abogado planteó que una indicación para derogar el artículo 2° bis «es perfectamente consistente con el espíritu de este proyecto del Sernac y sería una gran contribución a la protección del consumidor, puesto que bajaría enormemente la litigiosidad en la materia, todo proveedor que tiene una ley especial que lo regula alega esa ley como inmunidad y eso es muy negativo».
El profesor Agüero coincidió en que «su aplicación ha generado múltiples conflictos. Es una defensa habitual de cualquier empresa que dice que es de un sector regulado. Cuando se revisa la jurisprudencia de policía local, lo va a ver desde siempre, desde que hay ley de protección al consumidor se alegó primero como argumento y luego con la modificación del año 2004 es una alegación permanente. Ha generado problemas en la aplicación de las normas de protección al consumidor en materia de retail financiero, el caso La Polar se explica un poco por esta discusión (…)»
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El jurista dijo que en la reforma al Sernac se fija «un procedimiento donde pueden participar a la hora de dictar una norma las superintendencias, pero a la inversa puede seguir ocurriendo que los derechos de los consumidores se vean disminuidos o puedan verse afectados por una normativa interna de una superintendencia».
Visión del Sernac
Los parlamentarios de la comisión de Constitución dijeron que el planteamiento de los expertos será analizado para una eventual incorporación en la presentación de indicaciones al proyecto del Sernac.
En tanto, el director del servicio, Ernesto Muñoz, argumentó que «no es que la ley de protección al consumidor quede sin aplicación en un ámbito regulado, sino que cuando por ejemplo en el caso de la normativa de seguros, a propósito de ciertas cláusulas que permiten el cambio unilateral, se permite en una norma especial ceder su aplicación a la norma específica que existe en ese sector regulado».
El personero aclaró que en casos de publicidad engañosa la ley del Sernac se aplica en todos los sectores económicos.
marzo 9, 2015
Uno de los grandes desafíos que tendrá la agenda legislativa del Ministerio de Energía el 2015 será la presentación y posterior envío al Congreso Nacional del proyecto sobre eficiencia energética, programado para el cuarto trimestre de este año.
El año pasado el Ministerio de Energía y el Centro de Energía de la Universidad de Chile, realizaron una serie de mesas de trabajo que tuvieron por objeto analizar y discutir los potenciales cambios regulatorios en materia de eficiencia energética, las que servirán de insumos para el proyecto de ley a presentar.
En relación al denominado sector “hogares, comercio y pequeña industria”, uno de los aspectos centrales de la discusión fue el desacople tarifario y las metas de eficiencia energética a las empresas eléctricas de distribución. Lo anterior, se explica en la necesidad de involucrar a las empresas distribuidoras de energía eléctrica en las políticas de eficiencia energética, tomando valor la directa relación existente entre estas y los clientes del sector mencionado.
Los mecanismos de desacople buscan eliminar los desincentivos que tienen las distribuidoras hacia la eficiencia energética, pues al tener estas ingresos asociados a las ventas de electricidad, una mejor eficiencia entre sus clientes implicaría una reducción en las ventas de energía y en consecuencia en sus ingresos. Por lo anterior, estos mecanismos buscan compensar los ingresos perdidos asociados a la reducción en el consumo de energía. Además, se establecen obligaciones para las empresas distribuidoras de cumplir con metas de implementación de programas de eficiencia energética entre sus clientes.
En el esquema de derechos y obligaciones descrito, la aplicación de metas de eficiencia energética para las distribuidoras se hace necesaria. Las referidas metas deberán ser definidas en base a una política nacional, propuesta por la autoridad, y consultada con las empresas. De igual forma, estimamos que la aplicación de metas obligatorias debe estar asociada a una sanción en caso de incumplimiento, para asegurar su carácter imperativo.
Creemos que los programas a desarrollar por las empresas distribuidoras, asociados a las metas de eficiencia energética, pueden ser implementados por empresas externas. No obstante lo anterior, debe quedar claro en la ley las responsabilidades en el cumplimiento de las metas establecidas
Esperamos que esta importante iniciativa legal dé pie al inicio de un cambio cultural sobre la materia en el país. Este proceso de cambio debe, necesariamente, ir acompañado de una toma de conciencia sobre el tema por parte de la ciudadanía. Por lo anterior, seguirá siendo fundamental contar con programas de educación y difusión sobre eficiencia energética.
marzo 5, 2015 | Designaciones
Mediante un hecho esencial, Enap informó que Corfo les notificó la designación como directora de la empresa de María Isabel González.
La profesional ejercerá sus funciones en reemplazo de Jorge Bande.
Currículum
María Isabel González es Ingeniero Civil de Minas de la Universidad de Chile y Magíster en Gerencia Pública, de IEDES y la Universidad de Barcelona.
La profesional, que actualmente es parte del Consejo Editorial de la Revista ELECTRICIDAD, ha dedicado prácticamente toda su vida profesional al tema energético, desde su primer trabajo en los proyectos carboníferos de la Región de Magallanes.
Entre 1990 y 1999 se desempeñó en la Comisión Nacional de Energía (CNE), ocupando durante cinco años el cargo de Secretaria Ejecutiva.
Durante el período 2001-2002, en tanto, participó en el directorio de Enap en representación del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, del cual fue vicepresidenta.
A partir de 2004 dirige la consultora Energética S.A., dedicada a entregar asesoría sobre el mercado eléctrico chileno, uso eficiente de la energía y apoyo en el desarrollo de negocios en el sector energético.
Además, desde 2011 es presidenta del directorio de la empresa SYSRED, dedicada a la asesoría en planificación de sistemas eléctricos para la conexión de nuevas cargas o generación y otros estudios específicos.
marzo 3, 2015 | Industria
A los 49 años de edad y con una destacada trayectoria en el campo de la ingeniería de consulta, la tarde del pasado lunes falleció Andrés Poch Piretta. Ingeniero Civil Industrial de la Universidad de Chile, inició sus actividades profesionales en 1994 en la oficina de Poch y Asociados, de la cual era actualmente el presidente del Directorio y gerente general de Poch Ambiental.
Lideró y coordinó diversos proyectos de consultoría en ingeniería y medioambiente para distintos rubros, entre ellos, generación y transmisión de energía, acuicultura y oceanografía, agroindustria, minería, infraestructura y retail.
Especialmente preocupado por los aspectos ambientales y de sostenibilidad de la industria, este interés de Andés Poch estaba representado por la compañía que presidía, especializada en servicios de ingeniería, medio ambiente y sustentabilidad.
Fue también presidente de la Asociación de Empresas Consultoras de Ingeniería de Chile (AIC) en el periodo 2010-2012, donde “desarrolló una gran labor, mostrando siempre su predisposición, energía y dinamismo, lo que fortaleció y posicionó a nuestra entidad públicamente, tanto a nivel nacional como internacionalmente”, comunicó la asociación.
Como parte de la AIC, fue director de Chile Engineering, iniciativa que busca posicionar los servicios nacionales de ingeniería en el extranjero y que a la fecha había alcanzado favorables resultados.
Casado con Francisca Márquez, Andrés Poch era papá de cuatro hijas, Camila, Javiera, Daniela y Emilia Poch Márquez.
Funerales
Este martes se realizó un responso en su domicilio. En tanto, la misa despedida tendrá lugar este miércoles 4 de marzo a las 15:00 horas en la Capilla del Colegio Sagrados Corazones de Manquehue, en Padre Damián de Veuster 2215, Vitacura. Posteriormente, sus funerales se llevarán a cabo en el Parque del Recuerdo de Américo Vespucio.
Columnista de Minería Chilena y Electricidad
Andrés Poch colaboró como columnista para distintas publicaciones del Grupo Editorial Editec. Cabe destacar su participación en Revista MINERÍA CHILENA con su columna de opinión sobre Desarrollo Territorial Sustentable, así como la que se publicó en Revista ELECTRICIDAD sobre El desafío de las comunidades en el desarrollo energético de Chile.
