noviembre 25, 2019 | Industria
(El Mercurio de Calama) En junio de 2012 Codelco Chuquicamata inauguró en Calama la primera planta solar de tamaño industrial de Sudamérica. Siete años más tarde, las energías renovables no convencionales (ERNC) se han expandido al punto de representar más del 20% de la matriz energética nacional, de la mano de proyectos solares, eólicos y geotérmicos, entre otros.
Tecnologías que gracias a políticas de Estado, como la Ruta Energética 2018-2022 que impulsa el ministerio de Energía, buscan extenderse a las comunidades y a nivel domiciliario, que con las energías limpias mejoran su calidad de vida y obtienen nuevas oportunidades de desarrollo.
Instrumentos de apoyo
Consultado el seremi de Energía, Aldo Erazo, sobre los programas que viene impulsando su cartera para acercar las ERNC a la comunidad, detalló que el ministerio de Energía, en su Ruta Energética 2018-2022, apunta hacia un desarrollo energético que mejore la calidad de vida la ciudadanía relevando el sello social en sus quehaceres, de la mano de una serie de instrumentos.
Entres estas iniciativas, el secretario regional especificó que se creo un Fondo de Acceso a la Energía, concurso publico orientado a facilitar y promover el acceso a la energía en comunidades rurales, aisladas y/o vulnerables, en cuyo último llamado a concurso, en la región se adjudicaron dos proyectos postulados a la línea de «Sistemas fotovoltaicos para generación eléctrica.», siendo beneficiados la localidad de Caspana en la comuna de Calama y Solor de San Pedro de Atacama.
Otro de los programas es Comuna Energética, en el que se realiza un análisis del escenario energético local, y a partir de ello, permite realizar mejoras en torno a potenciar la eficiencia energética y uso de las energías renovables.
«Este año, el ministerio de Energía y la Agencia de Sostenibilidad Energética, lanzan el programa de Comuna Energética que busca contribuir hacia la transición energética sostenible y bajo en carbono, pudiendo postular personas naturales, jurídicas y distintas agrupaciones, pudiendo acceder a financiamiento de hasta $5 millones, para ejecutar proyectos en las líneas de eficiencia energética, generación local y energías renovables, movilidad sostenible, reforestación, entre otros», detalló Aldo Erazo.
Capital humano
En cuanto a la formación de capital humano para la industria energética con foco en las ERNC, existe un mega compromiso de la Ruta Energética de formar 6.000 técnicos y profesionales capacitados y a lo menos 3.000 certificados. «En nuestra región está un primer grupo que certificó competencias en Instalación de Sistemas Fotovoltaicos (26 personas) y actualmente está en etapa de postulación un PFC de Corfo para formar (capacitación y certificación de competencias) para instaladores eléctricos Clase D, programa que se realizara en las comunas de Antofagasta, Tocopilla y Calama con 20 cupos por comuna, entre 2019 y 2020», precisó el personero ministerial.
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Balance positivo
Respecto de cuál es el balance del Programa Techos Solares Públicos, Erazo dijo que este esfuerzo se realizó hasta el año 2018, donde en la región de Antofagasta se desarrollaron 17 proyectos de generación fotovoltaica de hasta 100 kwp. «El balance, en general, fue positivo por cuanto se logró el objetivo de acercar este tipo de tecnologías a nivel residencial y promover el ahorro en las cuentas mensuales por concepto de consumo de energía».
«Como primera experiencia, agregó, nos permitió obtener aprendizajes y ha repercutido positivamente en los precios de los sistemas fotovoltaicos generando mayor competencia, dado que provoca que las empresas, busquen reducir los costos en equipamiento y presentar mejores ofertas en las licitaciones».
El seremi de Energía destacó también que se están desarrollando iniciativas a nivel local para insertar tecnologías de autogeneración a base de energías renovables dirigidas a la población, «más aun cuando en el año 2018, se modificó la ley 20. 571 sobre generación distribuida donde se aumenta la capacidad máxima de generación de 100 kw a 300 kw., es una oportunidad para aprovechar las bondades de la tecnología amigable con el medioambiente y que a su vez, nos permite generar un ahorro en el tiempo».
1.154 calefactores solares instalados
Desde Codelco Distrito Norte, una de las primeras empresas en apostar por las energías renovables, su implementación es un eje de acción estratégico para contribuir al cuidado del medioambiente y a la calidad de vida de las personas, a través del ahorro mensual en cuentas de servicios básicos (como el gas) para familias vulnerables. A la fecha, Codelco ha instalado 1.154 calefactores solares, que benefician en forma directa a integrantes de 19 organizaciones sociales en diversos puntos de la región. Esto implica un universo aproximado de 4.600 personas que han accedido al uso de energías limpias.
Electrificación de Toconce
Otra iniciativa de alto impacto apoyada por el Distrito Norte, de Codelco, en conjunto con las empresas Enel Green Power, Enap y la municipalidad de Calama, fue el proyecto de electrificación rural en el poblado de Toconce (ubicado a más de 100 kilómetros de Calama y a 3.350 metros sobre el nivel del mar), que permitió la instalación de 90 kits solares que beneficiaron a igual número de familias con energía eléctrica durante las 24 horas del día. Dicha iniciativa colaborativa, incluso, fue premiada, en Santiago, como ganadora del concurso «Buenas Practicas para un Futuro Eléctrico más Sostenible».
octubre 29, 2019 | Industria
La sala del Senado aprobó el proyecto de ley que crea un mecanismo transitorio de estabilización de precios de la energía eléctrica para clientes sujetos a regulación de tarifas, lo que permitirá anular la reciente alza de 9,2% de las cuentas de la luz, retrotrayendo el valor de estas al primer semestre de este año.
El texto que ahora va a la Cámara Baja, fue respaldado en general con 39 votos a favor y 3 en contra , mientras que se analizó una indicación del Ejecutivo que fue rechazada.
Durante la discusión, los congresistas hicieron ver una serie de críticas al mensaje, sin embargo reconocieron que la contingencia obliga dar estas señales en pro de la economía familiar.
De hecho, se manifestó que el congelamiento de las tarifas no es más que un crédito que la ciudadanía deberá devolver a partir del 2021 y que nada asegura que dejar sin efecto el alza no impida que se reajusten los costos desde el citado año. Así se hizo ver la necesidad de hacer un cambio de fondo al mercado que presta servicios básicos y a las políticas subsidiarias del Estado.
Desde la otra vereda se reconoció que este es un primer paso a una transformación mayor que deberá hacerse al formato de “empresa modelo” pero que este análisis sólo podrá darse con el tiempo necesario, el mismo que hoy no se tiene.
Debate
Durante el debate intervinieron los senadores Álvaro Elizalde, Alejandro García Huidobro, Felipe Harboe, Carlos Bianchi, Yasna Provoste, Pedro Araya, Alejandro Navarro, Jorge Pizarro, David Sandoval, Alejandro Guillier, Víctor Pérez, Ximena Órdenes, Juan Antonio Coloma, Francisco Huenchumilla, Guido Girardi, Francisco Chahuán, José Miguel Insulza y José García Ruminot. A su vez hizo uso de la palabra el ministro de Energía, Juan Carlos Jobet.
El presidente de la Comisión Minería y Energía, el senador Elizalde explicó la iniciativa y el debate en general y particular que se dio en esa instancia. “Los generadores no cobrarían el precio actual a las distribuidoras. No se trata de congelar las cuentas sino las tarifas desde hoy hasta el 2020, fecha a partir de la cual las tarifas bajarán definitivamente considerando las licitaciones anteriores”, explicó.
Tarifas
Agradeciendo el trabajoque se ha realizado en la citada instancia por parte de los legisladores y el ministerio respectivo comenzó su intervención el senador García Huidobro. “Desde antes del alza, nos preocupó lo que iba a pasar. En algunas regiones iba a llegar el alza hasta un 16%, y a partir de los primeros meses del 2020 iban a subir aún más. Nos parecía injusta la situación de los clientes regulados. La norma es fijará hasta fines del 2020 las tarifas; y solo al 2021 se podrían reajustar vía IPC”, resumió.
El senador Harboe aseguró que “hubo un impacto negativo por parte de la ciudadanía cuando se conocieron las medidas anunciadas recientemente. Nos preocupa esta alza porque trabajamos en la fijación tarifaria para evitar estas situaciones, pero después ingresaron decretos que complicaron el panorama. Acá se congela o difiere el pago de la tarifa. Vamos a tener que aprobar una suspensión a la tarifa pero a partir del 2021, se van a ver incrementadas las cuentas. Hay que ser transparentes en eso”.
En la línea del legislador anterior, el senador Guillier manifestó que “este proyecto no rebaja las tarifas de la luz sino que las congela por un año. Se busca una empresa modelo y las compañías no ha tenido una conducta creíble. Estoy recordando lo que pasa en la región de Magallanes respecto a lo que pasa con el gas. Uno quiere que en estos proyectos se resuelvan realmente los problemas de la gente que no puede pagar. No se resuelve el abuso histórico de las empresas generadoras y distribuidoras”.
La senadora Provoste expresó que “en lo sustancial, es una mecanismo de estabilización que trae a valor presente, una parte de las rebajas que deben verse con las nuevas centrales licitadas. Luego a partir del enero del 2021 y junio del 2023, el precio será reajustado de acuerdo al IPC. La tarifa eléctrica a un cliente regulado tiene una serie de cargos y la componente más importantes es por energía y potencia. El problema es que este proyecto solo aborda una parte de los costos de la cuenta que es la generación. Solicito al gobierno que en la ley corta se ponga un mecanismo de estabilización en la transmisión y también en la distribución”.
Dudas
“Me hubiera gustado estudiar este proyecto con calma” confesó el senador Araya. Complementó diciendo que “tengo dudas en esta norma. Se parte con un supuesto que el monto de deuda de las empresas será compensado con las bajas que no se realizarán a partir del 2021, pero los montos será en dólares. No podemos predecir el precio del dólar el 2021. Las personas no pagan en dólares, puede haber una diferencia en la tarifa. El mecanismo no asegura la baja de la tarifa final porque solo se hace referencia a la generación eléctrica. Se cree que los costos de transmisión aumentarán en los próximos años, entonces es preocupante”.
El senador Navarro dijo “esto es una mentira. Se le está dando a las empresas un crédito, porque ellas pagarán en cómodas cuotas desde el 2021. Esta era el momento para decirles a las compañías que debían llegar a un acuerdo. ¿Por qué la gente debe pagar el alza del dólar? En dos años más debía bajar la luz pero eso no se podrá porque hoy se estabiliza. Es lo peor que podemos hacer. No se toca el modelo y a las grandes empresas. Esto es engañoso porque se le hace creer a la ciudadanía que se les está premiando congelando las cuentas y no es cierto. Voto en contra”.
El senador Pizarro aseguró que “había decidido abstenerme, pero ahora voy a votar a favor por un tema de responsabilidad política. El tema de fondo es reestructurar una política pública respecto a los servicios básicos y el transporte público que deben ser eficientes y baratos. Hay que ver los subsidios a la clase media y los más pobres. Esto también implica revisar cómo están operando las empresas que los prestan. Creo que con el tiempo debemos apuntar a este reestructuramiento. No hay que quedarse en la caricatura o frase cliché. Esto es insuficiente pero es un primer paso”.
Abusos
A su turno, el senador Sandoval recordó las palabras del presidente Piñera en cuanto al tema de los abusos. “Hoy vemos el congelamiento de la electricidad. Va a ser necesario sentarse la mesa para estudiar mecanismos distintos para terminar con los abusos. No es posible que un mismo profesional de salud que atiende en el sistema público actúe de manera distinta en el privado. En la región de Magallanes esta ley no nos afecta, pero estamos legislando para el país. Nosotros tenemos casos dramáticos porque no hay empresas interesadas en prestar el servicio porque hay pocos habitantes”, relató.
El senador Guillier admitió que “se entiende el contexto de emergencia y por eso aprobamos este proyecto. Si nos ponemos ahora a debatir los cambios de fondo, sigue subiendo la energía. Los precios de los servicios básicos no pueden incrementarse a diario sin tener mecanismos de contención. Acá se congela el precio de uno de los componentes de la tarifa final. Ojo con eso. Las empresas generadoras representan un 75% del costo de la boleta pero no aseguran que no habrá más alzas. Estamos atenuando la tarifa eléctrica que se podría disparar”.
“Me ha llamado la atención la calificación de fraude que se le ha dado este proyecto. Todos sabíamos el propósito de la iniciativa”. Así comenzó su intervención el senador Pérez. “También me sorprenden que los legisladores se pronuncien de esta manera si era conocido lo que iba a pasar. Hay que dejar de lado esta retórica. No hay duda que en los temas de fondo se deben debatir con cuidado como en este caso, la ley corta y larga de distribución eléctrica. La idea es respaldar a la ciudadanía y facilitarles la vida”, recordó.
La senadora Órdenes manifestó que “me pregunto qué pasó con la ley de equidad tarifaria. La realidad cambia y quedan estos temas atrás. Ahora el tema es el costo de la vida. En mi región pagamos el mayor monto en electricidad y agua. Asumo que este proyecto debe votarse a favor porque tiene discusión inmediata pero estamos votando sin informe. Entiendo que después todo se regulariza, sin embargo se necesita tiempo para estudiar. Espero que cuando se presenten cambios estructurales sí nos den tiempo”.
Acuerdos
Luego el senador Coloma hizo énfasis en la pertinencia de utilizar el tono adecuado. “Reclamar porque se vota o no se vota, es un derecho. Pero hay que buscar los acuerdos necesarios frente a demandas múltiples. La calle no reclama por lo mismo. A todos nos gustaría más tiempo, pero hoy existe premura. Lo que ha hecho el gobierno es hacerse cargo de un tema que debió resolverse hace muchísimos años. Acá se cambia una forma de cobro y de flujos con el fin de adelantarse a contingencias futuras”, expresó.
“Vamos a votar a favor porque le alivia la carga a parte de los chilenos”. Con esa frase el senador Letelier aseguró que “el pago de lo público es un tema. No seamos indiferentes a lo que estamos viviendo. El proyecto tendrá sentido cuando analicemos la estructura tarifaria. Acá se trata a los clientes como si todos fueran iguales y no es así. Hay utilidades brutales que manejan los privados con el capitalismo salvaje que dejó de lado el sentido público de la propiedad. Hay otro problema grande con el cobro de los TAG y el uso de las carreteras”.
El senador Huenchumilla hizo un llamado a no perder la calma. “Si este proyecto se hubiera discutido hace un mes atrás, hubiéramos estado en sintonía pero el escenario de hoy es muy distinto. Qué debemos hacer para lograr neutralizar la molestia de la gente y salir de la crisis. El objetivo político es recobrar la credibilidad del Estado. Eso no lo estamos consiguiendo porque la gente sigue en la calle. El presidente manda esta propuesta social. La gente quiere que le rebajen las cuentas, pero saben también que esto es insuficiente frente a una sociedad abusiva que lleva más de 40 años”.
abril 8, 2019 | Industria
(El Mercurio de Calama) El uso de energías renovables no convencionales cada día se implementa más, debido a que se trata de fórmulas limpias e inagotables. En este sentido, Calama, es una de las localidades con la radiación solar más alta a nivel mundial, por esto, Codelco y el ministerio de Energía han trabajado arduamente en proyectos para fomentar el uso domiciliario.
Calefactores solares
Enfocados en el cuidado del Medio ambiente, el Distrito Norte de Codelco, ha beneficiado a más de 1.000 familias de la comuna con el uso de energía renovable no convencional, desarrollando proyectos con organizaciones tanto de Calama como de Lasana, Tocopilla y Toconce. En este último poblado, se realizó un trabajo conjunto con la comunidad, el municipio de Calama y Geotérmica del Norte.
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En el mismo punto, la instalación de calefactores solares por parte de la empresa, también ha garantizado ahorros en los servicios básicos de las familias beneficiadas en la ciudad, variando entre los 169 y 180 mil pesos anuales.
Por otra parte, la instalación de los kits solares en viviendas a 90 familias aproximadamente, en caletas de Tocopilla, les permite ahorrar 80 mil pesos mensuales, que antes utilizaban en compra de combustible.
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marzo 25, 2019 | Industria
(El Mercurio) En medio de una semana intensa -que incluyó en un mismo día acompañar al Presidente Sebastián Piñera a una visita relámpago a Argentina y por la noche asistir al concierto de Paul McCartney-, la ministra de Energía, Susana Jiménez, logró que el viernes las principales distribuidoras eléctricas se sentaran por primera vez en la misma mesa con la Comisión Nacional de Energía para acordar una fórmula para destrabar la instalación de medidores eléctrónicos o inteligentes, un requisito para la futura digitalización de la red.
La titular de la cartera comenta que no asistió a la primera de las ocho sesiones que en principio están previstas (en sesiones semanales durante unos dos meses) para no desviar el carácter técnico que espera que tenga este proceso.
-¿Esta polémica por los medidores es lo más complejo que ha enfrentado en este primer año de gestión?
«Creo que sí. Ha sido muy demandante hacernos cargo en forma transparente de la desinformación que heredamos y que produjo esta legítima preocupación ciudadana. Ha demandado mucho trabajo el poder comunicar y explicar de cara a la ciudadanía y al mundo político de qué se trató todo esto, pero creo que cuando los temas se enfrentan y se dialoga se llega a buen puerto».
-¿Cree que este asunto pudo hacerse de forma distinta? ¿Es toda la responsabilidad del gobierno anterior?
«Diría que acá no se ha comunicado suficientemente bien lo que persigue todo este proceso, que comenzó con las exigencias de la ciudadanía tras los cortes del invierno de 2017. Podríamos haber mantenido el sistema anterior, donde la gente es dueña de su medidor o lo arrienda, pero la verdad es que siendo estos medidores mucho más costosos iba a ser muy difícil para las personas costearlos. En ese contexto, lo que se hizo al traspasar la propiedad de los medidores a las empresas, haciendo que pasen a formar parte de los activos que requieren para prestar un servicio de mejor calidad, fue responder a la necesidad de un sistema de información integral que permita mejorar la calidad de suministro. Lo cierto es que el sistema actual no es distinto del que rige en 22 de 28 países europeos».
-¿Hay algún mea culpa por la forma en que procedieron como ministerio, considerando que la polémica estalló cinco meses después de que la medida se oficializó con la entrada en vigencia del decreto?
«Hay que entender que llegamos al gobierno con una norma que se hacía exigible solo si había un proceso tarifario de por medio, por lo que era poco lo que podíamos hacer porque significaba postergar la exigibilidad de esa mayor calidad de servicio. Heredamos esta solución y hemos sido activos motivando a que se entiendan los beneficios de este cambio y buscando una solución que incentive este recambio».
-¿Qué ha conversado con el Presidente respecto de este tema?
«Lo que es importante es que los dichos del Presidente apuntan a que todos nosotros pagamos nuestras cuentas de los servicios públicos. Antes y después de eso hemos conversado para hacer un seguimiento de lo que está pasando».
-En esas conversaciones con parlamentarios, ¿se ha visto algún cambio de postura respecto de los proyectos anunciados para reversar el traspaso de propiedad de los medidores?
«Ha sido muy positivo conversar en los planos político y ciudadano, porque es importante señalar que este es un país que gracias a su estabilidad regulatoria ha logrado niveles de cobertura de servicios básicos de país desarrollado. En ese sentido, es muy importante ver las implicancias que cualquier modificación legal podría tener sobre estos sectores regulados, y explicar cómo se hace el cálculo tarifario y el rol que juega el regulador al respecto de asegurar que el servicio que se preste -que es por lo que finalmente paga el consumidor- tenga los estándares de calidad exigidos al menor costo posible».
-¿No previeron que esta situación podría agravarse tanto?
«No se previó que no había sido suficientemente comunicado. Ha habido mucha crítica y no es que quiera entregar toda la responsabilidad al gobierno anterior, pero lo cierto es que se comunicó de una forma que generó expectativas que no se iban a cumplir».
-Nadie parece haber quedado conforme con el anuncio de que las empresas van a comprar los medidores usados, incluso alcaldes han llamado a oponerse al cambio. ¿Fue apresurado hacerlo?
«No. Tengo la impresión contraria. Esto fue bien recibido por la ciudadanía en el sentido de que es un buen incentivo para informarse de los beneficios del cambio de medidores. Claro que hay autoridades que han hecho estos llamados, pero creo que las personas van a tomar su propia decisión en base a lo que les conviene y lo que no».
«Adicionalmente, desde el punto de vista de las empresas, al día siguiente del anuncio ya teníamos la confirmación por parte de una de ellas de que se sumaba a esta propuesta. Diría que la gran mayoría de las empresas se ha mostrado disponible para tomar esta medida y queremos hacer la bajada de su implementación».
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-¿Cuál es el sentido de hacer comprar algo que para las empresas es chatarra, que representa un costo que será difícil de justificar ante sus accionistas?
«Así es. Por eso fuimos claros al decir que vamos a explorar un acuerdo y estamos positivos de que lo lograremos. Las empresas deben asumir la compra de medidores usados como un incentivo para que las personas acepten el cambio, para que vean con mejores ojos lo que esto va a significar, dada su legítima preocupación y los mismos llamados a no permitir el cambio, que de alguna manera podrían ser un obstáculo para este sistema, que para las empresas es obligatorio».
-Pero esto tiene un efecto en cadena para las empresas, que ven impedimentos financieros y tributarios para la compra de los medidores usados.
«Esto va a ser un gasto para las empresas, pero vemos que va en la línea de lograr la mejora tecnológica y cumplir con la obligación que tienen de hacer el recambio de medidores».
-Y en todo esto, ¿qué ganan las empresas? ¿Falta transparentar algo?
«No. Desde el punto estrictamente monetario las empresas no ganan, por cuanto esto es un gasto que no va a ser reconocido dentro del proceso tarifario y por lo tanto no es transferible».
-Pero las empresas no son organizaciones sin fines de lucro…
«Claro, pero también las empresas saben que tienen esta obligación legal, que hay una postura negativa desde la ciudadanía y, por lo tanto, me parece que vamos a avanzar en este acuerdo».
-¿Por qué entregó una estimación del precio de los medidores usados? Eso instaló una expectativa.
«Es importante que cada una de las empresas defina prontamente ese valor; es algo que cada una debe definir porque el trabajo de la mesa será la implementación de las medidas».
-En privado las empresas dicen que esperaban zanjar el precio en la mesa.
«El precio lo acordaremos uno a uno con las empresas».
-¿En un proceso con la autoridad?
«No, ellos tienen que proponer».
-¿Les parece que un tercero independiente valorice los medidores?
«Es una alternativa, pero lo cierto es que el medidor tradicional una vez que se cambia queda obsoleto y el valor al que llegaría un experto sería relativamente bajo. Creemos que es mejor que las empresas evalúen cuál es el incentivo que les quieren dar a sus usuarios».
-¿Lo que esperan es que las empresas ofrezcan un monto que no está relacionado con el precio real de los medidores usados?
«Así es».
-¿Han analizado el caso de las cooperativas o distribuidoras más chicas que no tienen recursos para comprar medidores nuevos y los usados?
«Por cierto. Las cooperativas son organizaciones sin fines de lucro, y si es que fuera necesario habrá que evaluar un tratamiento diferenciado para ellas».
-¿Cómo podría ser eso?
«Lo tenemos que ver en la mesa técnica».
-¿Podría ser que las empresas privadas asuman ese costo?
«No podría adelantar nada porque eso no se ha tratado aún».
-¿Cree que este episodio empañará el proceso de la reforma de la Ley de Distribución?
«Espero que no, porque estamos haciendo un trabajo muy intenso en la Ley de Distribución, que es muy importante para esta administración. Es una ley que permitirá revisar y actualizar todo el modelo de distribución que tenemos, en vista de que este usuario que sólo puede comprar energía va quedando atrás, porque ya puede producir, almacenar e inyectar energía a la red y que puede relacionarse de una forma distinta con ella a partir de la electromovilidad».
marzo 7, 2019 | Industria
(La Tercera-Pulso) El director ejecutivo de Empresas Eléctricas, Rodrigo Castillo, abordó una vez más la polémica sobre quién asume el costo de los nuevos medidores inteligentes, tras las declaraciones del presidente Piñera en Bienvenidos quien señaló que “el usuario paga todo”.
El directivo dijo en Pulso TV que concuerda con estos dichos y aclaró que los consumidores siempre han pagado los medidores.
“No hay ninguna polémica, todo lo que describió el presidente es totalmente correcto, es lo mismo que hemos venido diciendo con palabras distintas. El medidor siempre había sido financiado directamente por el cliente, ya sea comprándolo o pagando un arriendo a la empresa”, señaló Castillo.
Piñera pone fin a las dudas por quién asume el costo de los medidores inteligentes: “El usuario paga todo”
“Efectivamente, hubo un cambio tarifario en el 2018 que tuvo un efecto del orden del 1% en la tarifa lo que representa un alza de $200. El cliente siempre pagó el medidor, antes de una forma hoy como parte de los costos generales, igual que un poste, un generador o los cables que están en la calle”, agregó
Por otro lado, indicó que jamás pensaron que se iba a desatar una polémica en torno al costo de los medidores inteligentes que estarán instalados en todos los hogares del país en 2025, luego que se estableciera en el decreto tarifario que entró en vigencia en octubre de 2018.
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“Cuando uno se encuentra con una polémica como esta uno se retrotrae y entiende que probablemente uno debió haber imaginado que iba a ocurrir algo así. No lo imaginamos. Es bien importante aclarar que la instalación de medidores inteligentes hasta ahora han sido solo proyectos piloto, solo a partir de abril comienza la instalación de la campaña de recambio de medidores con la nueva normativa”, afirmó.
Además afirma que la información respecto al costo siempre ha estado disponible desde que fue aprobada la normativa por unanimidad en ambas cámaras.
Polémica por medidores llega al Congreso y diputados PS ingresan proyecto para que costo lo asuman las empresas
“Respecto del hecho de como se financia el medidor siempre entendimos que era perfectamente transparente, toda la información ha estado siempre disponible tanto en la discusión legislativa como en la norma técnica, que fue la exige que los medidores sean inteligentes”, señaló.
“Estábamos preparados para hacerlo cuando comenzara la campaña de cambio de medidores”, puntualizó Castillo.
Debate en el Congreso
La polémica por el costo se trasladó rápidamente al Congreso. Este martes los diputados socialistas Marcelo Díaz y Patricio Rosas presentaron un proyecto para que sean las empresas las que asuman los costos de estos cambios sean asumidos por las empresas que aportan los servicios básicos. ¿Qué opinan las empresas sobre esta iniciativa?.
“Lo que pareciera entenderse es que un costo de infraestructura e la empresa no podría ser parte de la tarifa, es extraño, sin embargo por política como se trata de un proyecto de ley primero nos gusta estudiarlos muy bien y probablemente vamos a dar nuestra opinión en la Cámara de Diputados”
