Las proyecciones apuntan a que a mediados de 2021 -dos años antes de lo establecido- se alcanzaría el techo de US$1.350 millones y esto elevaría 10% las boletas residenciales. Diputados presentarán fórmula.
A este panorama se agrega la ejecución de cobros de cuotas en las cuentas de los clientes que postergaron su pago de la Ley de Servicios Básicos debido a la actual pandemia, por lo que la consultora señala la necesidad de que el gobierno «considere que el alza de las tarifas no se ejecute en paralelo a estos cobros».
Análisis gremial considera mejorar exigencias para constituirse como Comercializador y las funciones y obligaciones del Gestor de Información, entre otros puntos.
María Isabel Gonzáles, vicepresidenta de la entidad, planteó que esta iniciativa provocaría eventuales racionamientos, además de afectar la seguridad y continuidad en el suministro del sistema eléctrico, especialmente en la zona norte.
Tras los cambios en los estatutos del gremio, la conformación del directorio de la pasó de cuatro a siete directores, debido al crecimiento que experimenta el sector.
Este fue uno de los puntos abordados en el webinar realizado por el gremio, donde se concordó en la necesidad de contar con la regulación idónea que se requiere para las nuevas tecnologías.
Análisis de la consultora indica que «la autoridad debe sopesar la distorsión que provoca la existencia de una tarifa regulada y el legítimo interés de proteger a los usuarios pequeños y medianos».
La medida afectó al 10% de la población del estado y se debió a la imposibilidad del sistema para cubrir el peak de demanda solo con generación renovable, debido al retiro anticipado de la capacidad convencional de respaldo. Algunos vieron en este episodio un adelanto de lo que podría suceder en Chile en unos pocos años.
Durante los meses de invierno explicó el 34,7% de la producción eléctrica en el país. En paralelo, el proyecto de ley que busca adelantar en varios años el plan de descarbonización suma apoyos.
