diciembre 18, 2019 | Industria
Más de 50 empresas han manifestado su interés, mediante una declaración jurada para participar en el portal de subastas de Servicios Complementarios, que pondrá en funcionamiento el Coordinador Eléctrico Nacional, a partir del 1 de enero de 2020, cuando comience a operar este nuevo régimen en el mercado local.
Así lo informó Pablo Oyanedel, jefe de la nueva Unidad de Monitoreo de la Competencia del organismo coordinador, quien explicó que los participantes «representan más del 95% de la oferta potencial para control secundario de frecuenci y casi 90% para el control terciario de frecuencia», por lo que destacó el interés en utilizar la plataforma implementada.
Taller
El ejecutivo expuso en el taller «Temas claves sobre servicios complementarios», organizado por el Coordinador Eléctrico, donde se refirió a las bases administrativas de la subasta en el control de frecuencia, tanto secundario como terciario
[VEA TAMBIÉN: La plataforma de subastas que alista el Coordinador Eléctrico Nacional]
Explicó que quedan varios temas que se deben desarrollar próximamente en esta materia, «como son incorporar cantidades y que se pueda ofertas por precio y cantidad´», además de avanzar a subastas por bloques horarios.
Oyanedel recordó los servicios complementarios serán subastados «si hay condiciones de competencia», pues, en caso contrario, se realizarán por instrucción directa del Coordinador Eléctrico.
Otro aspecto mencionado por el ejecutivo es que la participación en el mecanismo de subastas es voluntaria por parte de las empresas, aunque los interesados en participar deben cumplir una serie de requisitos como ser una empresa coordinada por el organismo, además de realizar una declaración jurada para inscribirse en la plataforma de subastas, designando a uno o más participantes en el plataforma, pues las ofertas que se hagan, en caso de ser adjudicadas, se consideran vinculantes.
agosto 19, 2019 | Industria
(El Mercurio) Una importante baja en las cuentas de la luz de los clientes residenciales del país, a partir del año 2021, es una de las expectativas forjadas en el marco de las últimas licitaciones de suministro adjudicadas en 2016 y 2017, debido a la alta participación de empresas con precios que marcaron récords por sus bajos niveles.
Sin embargo, hoy los datos muestran que la concreción de dichas iniciativas enfrenta obstáculos. Por un lado, retrasos, cambio de proyectos y hasta una multa lo aquejan. Y por otro, a nivel mas general, una sobrecontratación, es decir, que la oferta de energía adjudicada en esas licitaciones es en realidad mayor a la demanda que se proyecta para esos mismos años, por lo menos hasta el 2024.
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agosto 21, 2017 | Industria
(El Mercurio) Tres edificios de departamentos de 15 pisos en un barrio de clase media se podrían construir con los dineros que no ha logrado recaudar el Estado debido a trabas para rematar derechos de aprovechamientos de agua (DAA) ligados a propietarios que no los utilizaron y tampoco pagaron las patentes por no uso.
Se trata de 3.259 DAA con subastas pendientes desde hace hasta 10 años, que a nivel nacional suman un caudal de 15,6 millones de litros por segundo e involucran 837.506 UTM, unos US$ 60 millones, según información elaborada por la Confederación de Canalistas de Chile (CCCh) sobre la base de datos obtenidos de servicios públicos.
Estos antecedentes forman parte de una batería de datos que levantó la agrupación para respaldar sus argumentos contrarios a la reforma al Código de Aguas (Boletín 7543-12), que desde 2011 se discute en el Congreso. En 2014, el actual gobierno le introdujo ajustes a esta iniciativa, que se ha planteado -entre otros- como necesaria para garantizar el consumo humano y evitar el acaparamiento de derechos de agua por parte de especuladores.
La reforma hoy está en segundo trámite en el Parlamento -ya pasó por la Cámara de Diputados- y acaba de salir de la comisión de Recursos Hídricos del Senado. Ahora debe ir a las comisiones de Agricultura, Constitución y Hacienda.
Al igual que los empresarios agrícolas, la principal preocupación en este tema de la Confederación de Canalistas -que reúne a diversas organizaciones de usuarios de agua del país- es que los nuevos derechos de agua que otorgará el Estado, una vez aprobada la norma, no serán concedidos de forma perpetua como hasta hoy, sino que serán una concesión a 30 años, prorrogables.
Al igual que en la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), en la CCCh creen que este cambio repercutirá negativamente en la búsqueda de financiamiento para proyectos.
Canalistas creen que hay ineficacia del Estado en subastar patentes por no uso.
¿Pero qué cuestionan los canalistas? Su foco está en las subastas de derechos de agua que el Estado tiene pendientes, incluso, desde hace años.
«Uno de los pilares de la reforma al Código de Aguas, y que expuso el Ejecutivo a la sociedad, es que en Chile no se usa el agua por parte de los usuarios, que la emplean para especular y que la patente por no uso establecida en 2005 no ha dado resultados. Nosotros creemos que eso no es verdad, y que hay una actuación ineficaz por parte del Estado en los remates de aguas. Si fuera eficiente en ello, no sería necesario modificar la ley y no habría que ir un derecho temporal de 30 años», dice categórico el presidente de la CCCh, Fernando Peralta.
La CCCh afirma que del total de derechos de agua, solo 4% está afecto a patente por no uso, es decir, 96% está siendo explotado en labores productivas, ya sea mineras, agrícolas, entre otras.
Añade que de ese 4%, cerca de dos tercios están en proceso judicial de cobranza por deuda de las patentes, y más de la mitad de esos casos se encuentra en esa situación desde 2006. Los canalistas acusan de falta de eficiencia a la Tesorería General de la República por la lentitud de las subastas.
Peralta también afirma que el Gobierno no conoce cuántos derechos de agua posee el fisco, y si estos están disponibles para ser utilizados o no. Indica que la CCCh solicitó esta información por Ley de Transparencia a la Dirección de Obras Hidráulicas del MOP, pero no tuvieron una respuesta positiva.
Tesorería debe pagar publicaciones en diarios y radios para subastas
En la Tesorería admiten que se han encontrado con trabas para rematar los derechos de agua, ligadas a burocracias costosas, pero aseguran que la institución ha estado preocupada de agilizar este tema. El jefe de la División de Cobranza y Quiebras de la entidad estatal, Jaime Fuentes, explica que cerca del 30% de las patentes por no uso de derechos de agua que cobran cada año no se cancelan y deben ir a tribunales civiles para exigir el pago.
Luego, la Tesorería debe notificar al deudor mediante carta certificada, publicar el asunto en el Diario Oficial y también en un periódico de alta circulación. Si el titular del DAA no reclama el derecho de agua en los 30 días siguientes, el juez puede decretar su remate. Pero la entidad nuevamente debe publicar este proceso de subasta en un diario y en radio. «Son costos altos», sostiene Fuentes.
Otro problema es que cerca del 21% de los DAA para remate no están inscritos en el Conservador de Bienes Raíces, documento que exigen los tribunales para proceder con la subasta.
De allí que la reforma al Código de Aguas incorporará cambios para agilizar los remates.
Uno de los ajustes más relevantes, explica el director general de Aguas, Carlos Estévez, es que la entidad que encabeza (DGA) podrá subrogar al dueño de los derechos no inscritos para registrarlos en el Conservador de Bienes Raíces. Así, la justicia podrá ordenar la enajenación con documentos oficiales.
Estévez comenta que existen especuladores que adquieren títulos de agua, no los inscriben en el Conservador y los mantienen por un tiempo en su poder hasta que cuando existe estrés hídrico los ponen a la venta.
Otra adecuación es que se liberará a la Tesorería de la obligación de publicar la subasta en el Diario Oficial y en un diario de circulación nacional, dejando solo la divulgación en un medio escrito provincial o regional.
La reforma también plantea la pérdida total o parcial de los derechos de agua si su titular no hace uso efectivo del recurso y no paga la patente. En el caso de los derechos consuntivos (agua que se usa y no se devuelve al cauce), el período de extinción será transcurridos cinco años, y en los no consuntivos (agua se utiliza y retorna al cauce) de 10 años.
Debido a este proyecto, en el sector agrícola ven que ahora este rubro sería visto como más riesgoso para la banca, al no contar con derechos de aguas perpetuos.
«Los propietarios pierden su patrimonio, dejamos de ser sujetos de créditos sólidos y se traspasa esa incertidumbre a la banca», comenta Ricardo Ariztía, presidente de la SNA. El dirigente admite que si no logran revertir los puntos que inquietan al sector en la discusión en el Congreso, podrían recurrir al Tribunal Constitucional.
octubre 21, 2009 | Industria
(Andina – Perú) La empresa Pluspetrol, líder del Consorcio Camisea, deberá priorizar la atención de las plantas de generación eléctrica que sean más eficientes en las licitaciones para adjudicar volúmenes de gas natural, informó hoy el Ministerio de Energía y Minas (MEM).
El ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, indicó que su despacho ya aprobó las prioridades y condiciones que debe aplicar Pluspetrol en las licitaciones de gas natural, donde la eficiencia en el uso del gas es el criterio más relevante.
“Siempre la prioridad es la eficiencia del gas con ciclos combinados y luego vienen los ciclos simples”, manifestó.
Asimismo, mencionó que otra condición básica que ha establecido el ministerio es que las plantas que se abastezcan con gas natural entren a operar antes del año 2012.
Cabe señalar que el Consorcio Camisea, liderado por Pluspetrol, tiene previsto convocar otro proceso de licitación para la asignación de nuevos volúmenes de gas provenientes del Lote 88.
Esto debido a la última modificación al contrato de Camisea gestionada por el MEM y que permitirá incorporar 150 millones de pies cúbicos diarios (MMPCD) adicionales del Lote 88 para abastecer la demanda del mercado interno, los que antes estaban destinados a la exportación.
Sánchez mencionó que el MEM aún está evaluando si las reservas de gas natural de Lote 57, que opera Repsol-YPF, seguirán el mismo mecanismo de licitaciones que sigue Pluspetrol.
Por otro lado, manifestó que está en proceso la contratación de la consultora internacional especializada que certifique las reservas de gas natural de los lotes 88 y 56 de Camisea.
“Por mucho tiempo hemos estado pensando que Camisea tiene 8.8 trillones de pies cúbicos (TCF) de reservas de gas natural, pero tiene mucho más ya que los volúmenes recuperables de todo el sistema es de 15 TCF”, dijo.
Según el informe de reservas elaborado por Gaffney, Cline & Associates a febrero del 2009 las reservas recuperables de gas natural de los lotes 88 y 56 se ubican en 10.6 TCF de acuerdo a la proyección mínima, 13 TCF en la mejor y 14.7 TCF para la máxima.
Manifestó que para fin de año se espera contar con los reportes de reserva de gas natural que elabore la empresa consultora que contratará el MEM.
Finalmente, señaló que un TCF de los diez TCF de reservas recuperables que tiene el Lote 88 es lo que se piensa destinar para abastecer el proyecto del Gasoducto Andino del Sur que construirá Kuntur Transportadora de Gas en la zona sur de Perú.
Sánchez participó hoy en la inauguración de la tercera turbina de generación eléctrica de la Central Térmica Chilca Uno de Enersur, ubicada en la localidad de Chilca al sur de Lima.
Fuente: Andina – Perú.
junio 18, 2008 | Industria
Colombia se aseguró el abastecimiento de energía hasta el 2018, al comprometer a grandes firmas la construcción de nueve plantas, con una capacidad cercana a los 3.500 MW, informó el martes el regulador del sector eléctrico y de gas del país.
El Gobierno estima que las inversiones podrían superar los US$ 5.000 millones, la mayor parte de las cuales iría para plantas de generación hídrica, lo que aumentaría en más de una cuarta parte la actual capacidad de generación de unos 13.500 MW.
Con la subasta, eléctricas como las españolas Endesa y Unión Fenosa, y las colombianas EPM e ISAGEN se comprometieron a levantar proyectos vitales para atender un aumento estimado en la demanda de energía de esta nación andina.
«Es un mercado que ha respetado las reglas de juego por 10 años, un país que ha creado confianza, con un proceso de formación de precios eficiente, y eso da las señales para entrar,» dijo en una entrevista con Reuters Hernán Molina, director de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).
«Uno puede quedar tranquilo, pero hay mucho que hacer,» sostuvo por su parte Javier Díaz, uno de los cinco comisionados de la CREG, en la misma entrevista.
Colombia ofrece una economía en crecimiento, reglas de juego estables, atractivos incentivos tributarios, así como tres cordilleras y favorables condiciones hídricas para montar proyectos de generación, explicó el experto de la CREG en su oficina en el norte de Bogotá.
El país deja en la historia el engorroso esquema que rigió la generación de energía, en el que los proyectos eran diseñados, construidos y operados por el Estado, y que colapsó al comenzar la década de 1990 con el peor racionamiento de energía en la historia del país, dejando millonarias pérdidas.
Las generadoras
«Esto tiene otros efectos que son los indirectos y es que vamos a construir nueve proyectos que van a demandar mano de obra, hierro, cemento que es un desarrollo que jala la economía,» aseguró Díaz.
Colombia estrena así un novedoso mecanismo de subasta, no visto en América Latina, en la que se garantiza un precio por la energía que provean las generadoras eléctricas durante 20 años, basado en el aumento de la demanda proyectada en una de las economías más dinámicas del continente.
El experto dijo que el esquema llamado de «energía firme,» que algunos países estudian para ponerlo en marcha, mitiga el riesgo de que Colombia sufra fenómenos climatológicos como sequías, debido a que permite posibles sustitutos de generación.
Para Molina, si se llegan a pactar compromisos en firme con Panamá, se podría atender también ese mercado, para lo que se volverían a realizar estimaciones sobre la demanda y la electricidad que se requerirá.
«Sabemos hasta qué cantidades pueden bajar las plantas de generación de presentarse un fenómeno como El Niño, entonces, basado en eso, sabemos la energía que se compra,» explicó.
Otros ganadores más pequeños de la subasta, como Gecelca y Poliobras, también construirán y operarán plantas, respaldados por firmas como el Grupo Helm de Estados Unidos o la japonesa Marubeni Corp., e incluso se innovarán sistemas de generación como el basado en grandes caídas de agua.
El grupo eléctrico español Endesa construirá el proyecto hidroeléctrico El Quimbo, a través de su filial EMGESA, el primero que emprende por cuenta propia la firma europea desde que incursionó en el país en 1997.
Al mismo tiempo, Empresas Públicas de Medellín (EPM), el mayor prestador de servicios públicos del país, encabezará el proyecto Pescadero Ituango con una capacidad de hasta 2.400 megavatios, los primeros 1.200 de los cuales estarán listos en diciembre del 2018.
Fuente: Reuters.
