febrero 11, 2022 | Industria
Fue publicada en el Diario Oficial la Ley que regula el prorrateo y pago de deudas de Servicios Básicos, cuyo objetivo es «regular el mecanismo de postergación y prorrateo de las deudas contraídas por los usuarios señalados en el inciso primero del artículo 1° de la ley N° 21.249, que dispone, de manera excepcional, las medidas que indica en favor de los usuarios finales de servicios sanitarios, electricidad y gas de red, con las empresas de servicios sanitarios y con las empresas y cooperativas de distribución de electricidad, durante el periodo comprendido entre el 18 de marzo de 2020 y el 31 de diciembre de 2021».
Para estos usuarios se establecen subsidios de cargo fiscal, «para contribuir al pago de las deudas por consumo de agua potable y para el pago de las deudas por consumo de electricidad».
En el sector eléctrico, en el caso de las empresas y cooperativas de distribución eléctrica, son «aquellos usuarios que tengan un consumo promedio de electricidad no superior a 250 kilowatts hora mensuales y que se encuentren morosos respecto de la deuda generada en el periodo señalado».
Subsidios
Según indica la nueva Ley, se establecen subsidios temporales de cargo fiscal para los usuarios identificados en la normativa, que tendrán una duración de 48 meses contados desde el mes de entrada en vigencia de la presente ley.
Los subsidios se otorgarán automáticamente a los usuarios indicados en la Ley, donde también se estipula que las empresas de servicios sanitarios y las empresas y cooperativas de distribución eléctrica, según corresponda, «deberán informar a los usuarios el total de la deuda acumulada entre el 18 de marzo de 2020 y el 31 de diciembre de 2021, su distribución en el número de cuotas señalado en el artículo 2°, su calidad de beneficiario del subsidio y el monto del subsidio mensual».
octubre 6, 2021 | Industria
El ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, indicó que están evaluando una ayuda estatal para las familias más vulnerables, en el marco de las morosidades que se están acumulando a causa de la Ley de Servicios Básicos, que permite postergar el pago de las cuentas de luz, debido a la crisis sanitaria provocada por la pandemia de Covid-19.
La autoridad expuso este tema ante la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, donde sostuvo que un modelo a considerar es «el subsidio que hoy existe en el agua potable», precisando que sería necesario hacer ajuste, tratándose de sectores distintos.
Jobet también planteó que este subsidio es un monto de consumo de agua limitado, suficiente para tener acceso al recurso, pero no es ilimitado, por lo que «creemos que también se podrían utilizar en electricidad, por lo que una familia tiene un determinado consumo promedio, puede optar al subsidio con un monto límite y, si alguien consume más que eso, tiene que pagar el diferencial».
«Creemos que esos son los trazos gruesos de una posible solución que nos permitiría poner al día las cuentas, aliviar la situación de la gente más vulnerable con una ayuda estatal y hacer que las familias que pueden pagar lo hagan, para empezar a normalizar la situación del sector», afirmó Jobet.
agosto 23, 2021 | Industria
Un aumento en las tarifas eléctricas para los clientes residenciales, de entre 2,6% y 8,9% pronostica un análisis de Valgesta Nueva Energía, titulado «Dólar al alza, preludio de tormentas y truenos», a partir de dos escenarios modelados que consideran que el fondo de estabilización de precios de la energía llegue a su límite, de US$1.350 millones, durante el próximo año o en 2023.
Según el análisis el actual aumento que experimenta el tipo de cambio se ha vuelto otro factor de preocupación en el sector, pues presiona al Fondo de Estabilización de Precios de la Energía para que llegue a su límite de US$1.350 millones.
El documento indica que, si este nivel se alcanza antes de junio de 2023, «obligará a ajustar el precio de la energía (PEC), para no seguir acumulando más saldos», traduciéndose en un alza en el precio estabilizado y, por ende, en las tarifas finales para clientes regulados.
«Adicionalmente, la ley dispone que los saldos deben ser pagados en su totalidad a fines de diciembre de 2027 y, en caso de que esto no suceda, el PEC debe ser ajustado de tal forma de lograr dicha meta. Lo anterior también se traduce en aumentos en las cuentas finales», se precisa.
Si los actuales niveles del dólar se mantienen, la consultora sostiene que se modelaron dos escenarios: «El primero con un tipo de cambio de 775 CLP/USD desde agosto de 2021 en adelante, cercano al promedio actual del tipo de cambio de agosto a la fecha; y el segundo escenario fue definido con un tipo de cambio que tiene un valor de 775 CLP/USD en agosto de 2021 y llega a 800 en noviembre de 2021, valor que se mantiene hasta finales de 2027».
«En base a estos escenarios, el límite de 1.350 MM USD podría ser alcanzado entre finales de 2022 y principios de 2023. Específicamente, el primer escenario muestra que el límite del fondo es alcanzado en febrero de 2023, mientras que el segundo escenario alcanzaría el límite en septiembre de 2022», se agrega.
En el primer escenario modelado, Valgesta pronostica un aumento en el precio de la energía de $3,72 por kWh para el segundo semestre de 2023, «lo que significa un aumento del 5,6% sobre el precio de la energía de energía ajustado por IPC», mientras que en otro escenario presenta un incremento de $9,45/kWh para el primer semestre de 2023, «lo que significa un aumento de 14,4% sobre el precio de la energía.
«En estos casos, los ajustes que se produzcan en el precio de la energía tendrán un efecto directo en las cuentas finales de los clientes regulados, entre ellos los clientes residenciales. El primer escenario representaría un alza en las cuentas finales de los clientes residenciales en torno al 2,6 – 3,5%, mientras que, para el segundo escenario el alza estaría en torno al 6,6 – 8,9%. Este porcentaje variará dependiendo de la comuna que se estudie, ya que estas presentan diferentes valores en sus tarifas. Sólo a modo de referencia, para los clientes residenciales (BT1) de la comuna de Santiago, el alza significaría un 3,4% de la cuenta final para el primer escenario y de un 8,8% para el segundo», indica el análisis.
Como conclusión, la consultora señala que el próximo gobierno deberá anticiparse a este escenario, «definiendo políticas públicas que por una parte sinceren los precios de la electricidad a los clientes finales, pero también construyendo mecanismos que apoyen a las familias que no pueden pagar las cuentas eléctricas».
agosto 16, 2021 | Industria
La Asociación de Comercializadores de Energía (ACEN) plantea la necesidad de que se reduzca el requisito de potencia conectada con el objetivo de que las pequeñas y medianas empresas puedan acceder a mejores precios y condiciones para suministro eléctrico.
El diagnóstico de la asociación gremial es que actualmente «solo pueden contratar libremente su suministro eléctrico los denominados «clientes libres» que de acuerdo con la normativa actual son aquellos cuyo empalme de conexión a la red eléctrica es a través de un transformador de a lo menos 501 kW».
Según el gremio, «múltiples industrias, de diversos sectores productivos, que cumplen con el requisito de los 501 kW ya han podido contratar su suministro con comercializadores, logrando rebajas de hasta un 30% en el costo de la energía».
Sebastián Novoa, presidente de ACEN, señala la importancia de avanzar en este tema, precisando que una modificación por parte de la autoridad sectorial «representaría un importante alivio a cerca de 47.000 industrias, para lo cual solo debe seguir un procedimiento establecido en la ley».
«Quienes se oponen a esta reducción han esgrimido principalmente que se afectarían los contratos existentes entre las empresas distribuidoras y generadoras, originados en las licitaciones realizadas por la Comisión Nacional de Energía (CNE). Al respecto, las cifras indican que la afectación a esos contratos sería marginal (alrededor del 0,8%) y de corta duración (dos años)», agrega Novoa.
La propuesta de ACEN consiste en que el Ministerio de Energía impulse la reducción del requisito de potencia conectada indicado en el artículo 147 letra d) de la Ley General de Servicios Eléctricos, conforme a la facultad y mecanismos ahí establecidos.
«Si se implementa esa rebaja, año a año se agregaría un número importante de pequeñas y medianas empresas que podrían acceder al descuento de energía eléctrica. A ello se sumaría una mejora en la calidad de atención comercial, el derecho a elegir a su suministrador y la posibilidad de acceder a una oferta más amplia de servicios relacionados», afirma el presidente de ACEN.
junio 17, 2021 | Industria
Sigue la discusión en torno al nivel de endeudamiento que se está alcanzando en el sector de clientes regulados de electricidad, debido a la actual Ley de Servicios Básicos que prohíbe el corte de luz por morosidad, permitiendo acogerse a planes de posteriores pagos con las distribuidoras.
Y es que en una de las últimas sesiones de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus) planteó la posibilidad de implementar un subsidio para el consumo eléctrico, el que tendría un monto mensual de US$60 millones.
Cómo operaría
«Creemos imperioso implementar un subsidio escalonado equivalente a 150 kwh para 40% más vulnerable, 125 kwh para el 50% y 100 kwh para el 60%. Si se considerara un universo de 3 millones de beneficiarios a un promedio de $15.000 por usuario a un valor dólar de $751.50 serían aproximadamente US$60 millones mensuales», indica el informe presentado por la organización a los diputados.
Según Conadecus, el subsidio escalonado «es aplicable a distintos servicios básicos y también con una que es perfectamente aplicable en nuestro país, implementando una eventual rebaja del IVA del actual 19% al 4% para todos los servicios básicos como agua, electricidad, gas de red, telefonía e internet, focalizando dicho beneficio, en aquellos sectores más vulnerables de la sociedad».
«Esta propuesta es totalmente aplicable y no tiene los riesgos de evasión que muchos ministros de hacienda han señalado cuando se ha hablado de implementar medidas como el IVA diferenciado en nuestro país, medida que actualmente se aplica, en la gran mayoría de los países y casi la totalidad de los países de la OCDE. Implementar medidas redistributivas en el área de servicios básicos permitiría también hacer justicia tributaria, para que los que más consumen cancelen más y los sectores vulnerables y de menores ingresos cancelen menos», se concluyó en la presentación.
