agosto 16, 2018 | Industria
(La Tercera-Pulso) En Chile, la distribuidora de electricidad Sempra/Chilquinta adquirió por US$220 millones a Compañía Transmisora del Norte Grande, propiedad de una filial de AES Gener. La adquisición se compone de una red de transmisión de 316 kilómetros que se extiende por las regiones de Antofagasta, Valparaíso y Metropolitana. La compradora es una multinacional estadounidense con una capacidad consolidada de 3.700 megavatios en el mundo, compuestos por gas natural y otras fuentes renovables.
Otra inversión en el mismo sector es el anuncio de compra por US$117 millones a Centinela Transmisión, propiedad de Antofagasta Minerals, de parte de Red Eléctrica Chile. La iniciativa se realiza dentro de una estrategia de la vendedora para concentrar sus inversiones y gestión en el desarrollo del negocio minero. Centinela Transmisión se compone de 3 líneas de transmisión, con una extensión de 265 kilómetros en la Región de Antofagasta, en Chile.
En Colombia, ExxonMobil de Colombia adquirió por US$12 millones a una fábrica de lubricantes, parte de los contratos industriales vigentes y a las marcas Maxter y Maxter Progresa, de propiedad de Terpel (filial de la chilena Copec). Con esta operación concluye la integración de los activos relacionados con el negocio de lubricantes de ExxonMobil de Colombia por parte de Terpel, tomando ésta el control de los lubricantes de la marca Mobil en ese país.
También destacaron inversiones en el sector de infraestructura.
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En Perú, la chilena Cintac anunció la adquisición del 70% de la empresa Calaminon por US$40 millones. Calaminon es la principal productora en Perú de cubiertas, revestimientos y sistemas modulares. Cintac es una empresa del grupo CAP (principal productor siderúrgico en Chile), que suma esta adquisición a otras inversiones previas, dentro de las que se incluye la inauguración de dos modernas plantas productivas en Lima. La inversión en Calaminon se acompaña de un alto nivel de sinergias en relación con los negocios existentes, y se enmarca dentro de una estrategia de fortalecimiento de la empresa Cintac en el mercado peruano.
Otra inversión, dentro de este sector, la realizó en Perú el fondo chileno Bci Asset Management. A través de Bci NV, el fondo adquirió por US$42 millones el 48,8% de Norvial, empresa perteneciente al grupo peruano Graña y Montero, que administra el tramo Ancón-Huacho-Pativilca de la carretera Panamericana Norte. Es la primera vez que un fondo de inversión chileno firma un acuerdo de estas características para inyectar capital en una autopista fuera de su jurisdicción.
Finalmente, cabe destacar una inversión relevante dentro del sector financiero. Se trata de la materialización de la venta del 68% de BBVA Chile por parte de Scotiabank. La operación ascendió a los US$2.200 millones, duplicando la presencia chilena de Scotiabank a aproximadamente 14% de la participación de mercado en los préstamos totales, lo que lo consolida como uno de los bancos privados más grandes del país.
Latinoamérica está pasando por un período de transición debido a las elecciones presidenciales en la región durante los últimos meses. Una vez conocidos los resultados, podrían presentarse cambios en el nivel transaccional para este segundo semestre, debido a un mayor dinamismo de algunos sectores económicos, a que algunas operaciones estarían represadas a la espera de los comicios, y a que el apetito del inversionista podría incrementarse en ciertas geografías.
agosto 9, 2018 | ERNC
(El Mercurio) De acuerdo al último reporte mensual (junio 2018) de las energías renovables no convencionales de la Comisión Nacional de Energía, Chile cuenta con un aporte de 1,85 GW de energía solar a la capacidad instalada en la infraestructura de generación eléctrica nacional, lo cual equivale a un 8% del total considerando combustibles fósiles. A su vez, la primera planta fotovoltaica de gran escala instalada en nuestro territorio opera desde Julio de 2013, es decir, la planta más antigua en Chile tiene aproximadamente 5 años. De acuerdo a lo anterior es posible deducir que la energía solar en Chile ha crecido rápidamente, pero evidentemente aún es muy joven.
En los últimos años, Chile ha sido un referente para la región en temas de energía fotovoltaica, sin embargo, un tema pendiente es la infraestructura de la calidad para la instalación y operación de estas plantas solares. Por esta razón, el comité de desarrollo de la industria de la energía solar, perteneciente a CORFO, enfoca el tema de la calidad como uno de sus pilares fundamentales.
En este contexto, el Instituto Nacional de Normalización (INN) en calidad de beneficiario, y Procobre Chile como mandante del proyecto «Marco normativo que permita certificar módulos fotovoltaicos e inversores bajo funcionamiento y resistencia a exposiciones medioambientales prolongadas a nivel nacional» – 15BPE-47132 de Innova – CORFO (el que se ha desarrollado durante 32 meses y que comenzó su ejecución el 11 de diciembre de 2015) planteó el desafío de elaborar 10 Normas Chilenas relacionadas con la industria fotovoltaica. El objetivo de este programa es básicamente dotar al país con un marco normativo orientado a desafíos que enfrentan organismos públicos, privados, grandes y pequeñas empresas en torno a la implementación de la energía fotovoltaica.
Estas normas técnicas en cuestión abarcan temas relacionados con verificación de la conformidad de diseño, puesta en marcha, inspección, desempeño, mantenimiento y calidad de sistemas fotovoltaicos. Sin embargo, existe la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC), que desarrolla estándares internacionales y que buscan normalizar los requisitos técnicos mínimos para ciertas configuraciones y/o aplicaciones y, en nuestro caso específico, tecnologías fotovoltaicas; las cuales no son obligatorias en sí mismas pero dictan un estándar de calidad adecuado y recomendado; y de acuerdo al criterio de las autoridades vigentes pueden transformarse en los requisitos mínimos legales de una instalación o aplicación fotovoltaica.
Este proyecto consideró, como base, estándares internacionales provenientes de la IEC y los adapta e interpreta para el contexto nacional chileno. Fijándose como objetivo comenzar a cimentar una estructura adecuada para la industria fotovoltaica con normas en el idioma oficial del país. Entregando una herramienta fundamental para los actores nacionales, los cuales pueden adquirir o actualizar sus conocimientos de acuerdo a los consensos mínimos técnicos a nivel mundial.
En el contexto de la ley 20.571 (Net Billing), la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC) exige como requisito mínimo de aceptación la norma internacional IEC 61215. Los módulos fotovoltaicos que pasen este requisito mínimo podrán inyectar legalmente a la red eléctrica nacional. De esta manera, la SEC exige un estándar internacional que no se encuentra homologado a nuestro contexto nacional y es aquí donde toman especial relevancia las Normas Chilenas NCh-IEC 61215-1 y NCh-IEC 61215-2, las cuales definen y detallan los procedimientos y ensayos que contienen estos requisitos mínimos exigidos por la SEC en idioma español. La aplicación directa de estas normas puede verse en la certificación de módulos fotovoltaicos y, a su vez, para que los usuarios puedan comprender las condiciones límites que pueden soportar los módulos, tales como cargas mecánicas, ciclos térmicos, robustez de terminales, entre otros.
Las Normas Chilenas NCh-IEC 62446-1 y NCh3650 contienen las especificaciones de los ensayos mínimos para poner en marcha, operar y mantener una planta fotovoltaica. A su vez, enumeran la documentación mínima para llevar a cabo estas actividades. De esta forma se propone un estándar para definir la calidad mínima en las instalaciones fotovoltaicas, con la ambición de que la energía fotovoltaica en Chile tenga un nivel de calidad mínima que ayude a generar una reputación de tecnología segura y confiable. Estas normas tienen un impacto directo en empresas que realizan puesta en marcha, operación y mantenimiento de plantas fotovoltaicas; además, son normas útiles para evaluar la calidad de una planta fotovoltaica.
Por otro lado, la Norma Chilena NCh-IEC/TS 62548 se enfoca en describir los requisitos de diseño para sistemas fotovoltaicos, incluyendo cableado de los arreglos en corriente continua, dispositivos de protección eléctrica, disposiciones sobre conmutación y puesta a tierra. Esta norma no abarca dispositivos de almacenamientos de energía, equipos de conversión de energía o cargas. De esta manera, será posible exigir un estándar mínimo de seguridad a nivel de sistema fotovoltaico y no un estándar separado por cada uno de sus componentes, como se hace en el presente. Esta norma tiene un impacto fundamental en todas las empresas que construyen o inspeccionan la construcción de una planta fotovoltaica.
La Norma Chilena NCh-IEC 61829 incluye la descripción de los procedimientos para las mediciones in situ de las características de los arreglos fotovoltaicos, de las condiciones meteorológicas presentes y el uso de estas para sus condiciones de potencia nominal u otras condiciones a definir. De esta manera, se normaliza la manera y criterios de evaluación que deben cumplir las empresas que se encargan de evaluar un sistema fotovoltaico en terreno. Esta norma tiene un impacto en las empresas que realizan control de calidad para plantas fotovoltaicas, ya que normaliza los procedimientos para evaluar el desempeño y calidad de los módulos fotovoltaicos que conforman la planta, a su vez, permite una justa comparación en el desempeño entre distintas marcas o modelos de tecnologías fotovoltaicas.
Debido a las características geográficas específicas de nuestro país, poseemos a lo largo de Chile una extensa costa marina, la cual es un sistema de corrosión muy eficiente para cualquier estructura metálica. Los módulos fotovoltaicos instalados en la zona costera no pueden escapar a esta salinidad y, por supuesto, sufren las consecuencias, ya que están considerados para operar durante 25 años o más. La Norma Chilena NCh-IEC 61701 describe las secuencias de ensayo útiles para determinar la resistencia de diferentes módulos fotovoltaicos a la corrosión producida por niebla salina. Esta norma tiene un impacto en cualquier empresa o persona natural que desee tener una instalación fotovoltaica en zonas geográficas de clima costero, ya que con su aplicación será posible informarse sobre los módulos que pueden soportar estas condiciones de alta salinidad.
Las plantas fotovoltaicas no solo están compuestas por paneles fotovoltaicos, estos últimos deben estar soportados por estructuras metálicas galvanizadas, su energía debe ser transportada a través de cables y ser transformada a corriente alterna. Todos estos componentes que complementan los módulos fotovoltaicos en una planta son definidos como «balance del sistema». La Norma Chilena NCh-IEC 62093 se hace cargo de determinar las características de desempeño de cada uno de estos componentes luego de exponerse a las condiciones ambientales naturales de servicio simuladas para las cuales se prevé su aplicación, de acuerdo a la especificación del fabricante. El impacto de esta norma está enfocado en laboratorios que puedan realizar certificaciones o empresas que se encargan de inspeccionar plantas fotovoltaicas.
Los módulos fotovoltaicos, al estar expuestos a la radiación solar, generan energía en forma de corriente continua, la cual debe ser transformada a corriente alterna para que pueda ser utilizada en cada uno de nuestros hogares. Los dispositivos que se encargan de esta transformación son los inversores fotovoltaicos, los cuales, además de transformar la energía, también poseen un rastreador (seguidor) que obliga al módulo fotovoltaico a trabajar en su punto de máxima potencia. La Norma Chilena NCh3649 se encarga de determinar el procedimiento para la medición de la eficiencia general de los inversores fotovoltaicos conectados a la red, evaluando separadamente tanto la eficiencia de la conversión de energía como la de su rastreador del punto máximo de potencia de los módulos fotovoltaicos. Esta norma tiene un impacto en empresas que construyen o innovan en fabricación de inversores, a su vez, los usuarios finales pueden entender la eficiencia del inversor que están comprando y como esta fue evaluada.
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Finalmente, la Norma Chilena NCh-IEC 61836 tiene como objetivo establecer «que significan las palabras» y no «bajo qué condiciones se aplican los términos». Básicamente, presenta los términos, definiciones y símbolos de normas fotovoltaicas nacionales e internacionales y documentos relevantes utilizados en el área de sistemas de energía solar fotovoltaica. Esta norma tiene un impacto en cualquier persona u organización que se está familiarizando con el lenguaje técnico fotovoltaico, ya que define cada término utilizado técnicamente y en el contexto que se encuentra.
Este proyecto fue ejecutado por el INN, cuyo rol es contribuir al desarrollo productivo del país, fomentando la elaboración y uso de Normas Chilenas, coordinando la Red Nacional de Metrología y acreditando organismos de evaluación de la conformidad. Tuvo como institución mandante a PROCOBRE Chile, parte de International Copper Association (ICA), organización líder mundial en la promoción del cobre. Basado en las características únicas del cobre por su conductividad y siendo un recurso reciclable, es que el rol de PROCOBRE en el proyecto, se destaca por buscar la normalización y desarrollo sostenible de los sistemas fotovoltaicos, ya que se utilizan cantidades significativas de conductores eléctricos de cobre y según cifras de la Comisión Nacional de Energía, en Chile hay 1.041 MW de sistemas fotovoltaicos en operación y 1.238 MW se encuentran en construcción, lo cual enriquece el escenario futuro para esta industria.
El primer taller fue realizado en Copiapó el 7 de junio, mientras que el segundo fue realizado en Santiago el 21 de junio, ambos fueron dictados por un experto fotovoltaico y contaron con una asistencia que bordeaba los 50 asistentes cada taller. A su vez, el primer seminario fue realizado en Santiago el 29 de mayo y el segundo el 29 de junio en Antofagasta, los cuales contaron con la participación del Comité de Desarrollo de la Industria de la Energía Solar (Comité Solar – Chile), Ministerio de Energía, Fundación Chile, PROCOBRE, Atamos-Tec y el propio INN.
Las 10 Normas Chilenas resultantes son el primer paso y se espera que se transformen en los cimientos para fortalecer la infraestructura de la calidad en la industria solar fotovoltaica.
Material de apoyo
Para la provisión de este bien público (Normas Chilenas), el INN cuenta con los diversos mecanismos a disposición de los usuarios y organismos:
Uno es el Centro de Consulta Digital, ubicado en las dependencias de INN, en sus oficinas en la ciudad de Santiago, en el lugar es posible encontrar todas las Normas Chilenas vigentes elaboradas por el INN y revisar los textos completos de ellas en forma absolutamente gratuita.
Por otro lado está el Sistema de Venta en línea (eCommerce). El que permite la adquisición del servicio de visualización on line de las normas escogidas del catálogo.
Finalmente, se encuentra la plataforma web «INN Colección». Esta entrega la flexibilidad de seleccionar el conjunto de Normas Técnicas de interés, sin necesidad de tener que circunscribir una familia de estas, área o temas en particular. Se puede estructurar una colección de normas a partir de un grupo de cinco o más e, incluso, por el total de las normas disponibles en el catálogo de normas de INN. El Servicio de Visualización de Normas Chilenas permite el acceso por 12 meses a los documentos, funcionando las 24 horas del día, los siete días de la semana y durante todo el año, totalmente en línea.
agosto 6, 2018 | Industria
(El Mercurio) Una propia y particular sequía enfrenta el fisco de Chile en materia de derechos de aprovechamiento de agua. Por ley, desde 2006 quienes poseen estos títulos pero no utilizan el caudal que se les asignó, deben pagar una patente anual. Y si bien desde entonces el Estado ha recaudado US$ 417 millones por este concepto, cada vez menos empresas y personas están cumpliendo con el impuesto, que fue creado para desincentivar la especulación de precios.
Datos de la Dirección General de Aguas (DGA) del Ministerio de Obras Públicas (MOP) muestran que el número de patentes pagadas oportunamente (durante marzo de cada año) ha ido cayendo de manera consecutiva en los últimos diez años.
Mientras en 2007 se llegó a un récord de 67% de patentes pagadas (1.110 de un universo de 1.651), por US$ 21 millones, de US$ 31 millones posibles, una década después solo cumplieron con esa obligación 1.078 patentes de un total de 5.320. Es decir, el 80% de quienes debían pagar está en situación de morosidad, una cifra récord desde que existe esta patente. La recaudación, en tanto, fue de apenas 21%, US$ 26 millones de un total esperado de US$ 124 millones.
«Lamentablemente, la tasa de morosidad es alta», reconoce Óscar Cristi, asesor de la DGA. «Hasta julio se han recaudado solo US$ 26 millones de los US$ 124 millones que la Tesorería General de la República debe cobrar», confirma.
Así, los primeros 11 años de vigencia de este tributo acumulan una morosidad de US$ 317 millones, dineros que de haber sido enterados habrían robustecido las cuentas del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (65%), de los municipios (10%) y del presupuesto general de la nación (25%).
Detallada en la resolución 3430 de la DGA, la nómina de las patentes morosas del año pasado incluye a la mayoría de las actividades productivas del país, desde empresas eléctricas y mineras, hasta agrícolas y ganaderas, pasando además por viñas, sanitarias, salmoneras, inmobiliarias y alimenticias.
También hay compañías estatales. Codelco, por ejemplo, exhibe la deuda más cuantiosa en esa categoría: un millón de dólares por 20 patentes de Antofagasta, Calama, Los Andes y San Felipe y un caudal total de 2.723 litros por segundo.
La lista incluye a otras dos empresas públicas (Enami, con $50,4 millones, y a Enap, con $5,5 millones), a seis municipalidades (Camiña, Tierra Amarilla, Nogales, Ranquil, Lanco y La Unión) y hasta a la Junta Nacional del Cuerpo de Bomberos.
Entre los privados, la nómina de la DGA identifica a las eléctricas Colbún, AES Gener y Endesa, y a mineras como Quebrada Blanca, SQM, Collahuasi, Zaldívar, Escondida, Spence, Antofagasta Minerals, Casale y Mantos de Oro.
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Plan de cuatro pilares
Enfrentar este problema es una de las prioridades que el ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine, anunció recientemente al Congreso, al exponer su agenda de recursos hídricos ante la comisión ad hoc de la Cámara de Diputados.
En tiempos de escasez hídrica, el secretario de Estado explica a «El Mercurio» que «como Gobierno buscamos garantizar el abastecimiento de agua para consumo humano en zonas urbanas y rurales y potenciar el buen funcionamiento del mercado de agua».
La estrategia para alcanzar ese objetivo se basa en cuatro pilares: certeza jurídica de la duración y transferibilidad de los derechos de agua; certeza hídrica de los mismos, para que sean consistentes con la real disponibilidad en las cuencas y acuíferos; mayor transparencia y menores costos de transacción en el mercado, y fiscalización efectiva por parte de la DGA.
Fontaine avizora cambios regulatorios y de gestión, entre ellos terminar con el sobreotorgamiento de derechos de agua, reducir las extracciones ilegales y monitorear el nivel de los acuíferos.
Según el titular del MOP, además, «vamos a reducir la especulación en los derechos de agua, haciendo un cobro efectivo de las patentes por no uso del agua, las cuales hoy muchas veces no se pagan».
Fuera de la fiscalización
De acuerdo con el Código de Aguas, el cobro de estas patentes se basa en un trabajo conjunto de la DGA y la Tesorería General de la República. La primera fiscaliza el no uso de los derechos de agua, informa a los deudores y cada último día hábil de diciembre envía la nómina de morosos a Tesorería.
Luego, esta última debe cobrar la patente y distribuir lo recaudado entre el FNDR, los municipios y el presupuesto general; y en caso de morosidad, enviar los antecedentes a los juzgados de letras competentes, para que estos realicen las subastas respectivas.
Hoy, la DGA y la Tesorería trabajan en un software de gestión de patentes, que permita interconectar sus sistemas de información para agilizar la cobranza y el eventual remate de los derechos morosos.
Un problema no resuelto es el desconocido número de derechos de agua que no han sido inscritos en el Catastro Público de Aguas y que están, por ende, al margen de la fiscalización.
agosto 3, 2018 | Electromov, Mundo
(La Tercera-Pulso) La caída de precios y los mandatos de los Gobiernos impulsarán las ventas de vehículos eléctricos a nivel mundial, lo que hará que la propiedad y gestión de infraestructura de recarga de vehículos sea un sector atractivo para la inversión.
La infraestructura de recarga en América del Norte atraerá más de US$18.600 millones para el año 2030, según un informe de Wood Mackenzie Ltd. publicado el jueves. No es solo Norteamérica la que se está beneficiando. Para el año 2030 habrá hasta 40 millones de puntos de carga en todo el mundo, ya que se prevé que los vehículos eléctricos representen alrededor del 11 por ciento de las nuevas ventas, según el informe.
“El ecosistema de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos es muy complejo, y la mayoría de los proyectos requieren alianzas sólidas entre las partes interesadas, tanto públicas como privadas, para desplegar la infraestructura necesaria”, dijo Timotej Gavrilovic, analista de Greentech Media, la división de WoodMac que escribió el informe. Aunque las oportunidades serán lentas al principio, las empresas pronto verán un rápido crecimiento, señaló.
[VEA TAMBIÉN: Proyecto de eficiencia energética incluirá incentivos para la compra de autos eléctricos]
Es probable que el total mundial de vehículos eléctricos se triplique hasta los 13 millones a finales de la década, desde los 3,7 millones el año pasado, según un informe de la Agencia Internacional de Energía. Las ventas pueden aumentar un 24 por ciento al año de media hasta el 2030, y se espera que China se convierta en el mayor mercado.
Las grandes petroleras como Royal Dutch Shell Plc y BP Plc quieren traducir su éxito en el sector de la gasolina al mercado de recarga de vehículos eléctricos. Es probable que tengan que luchar contra las empresas de servicios públicos y tecnológicas para hacerse con cuota de mercado, ya que éstas también consideran la recarga de vehículos eléctricos su territorio natural.
julio 30, 2018 | Sin categoría
Las dos empresas que producen y exportan litio en Chile anunciaron recientemente cambios en su plana ejecutiva. A la renuncia de Patricio de Solminihac en SQM, se sumó la salida de John Mitchell, ex presidente de litio de Albemarle.
El ejecutivo llegará a la presidencia de la norteamericana Genlith, y su subsidiaria Chilean Cobalt Corp (CCC). Esta firma, encabezada por el ex subsecretario de Minería Ignacio Moreno, se encuentra en desarrollo de exploraciones para explotar cobalto en Chile, 70 años después de la última operación en el país.
Greg Levinson, presidente de Genlith, afirmó a través de un comunicado que “la experiencia global de John Mitchell en materia de energía, infraestructura de agua, gases industriales y energía se alinean bien con la plataforma de Genlith. Sus logros recientes en Rockwood y Albemarle son un testimonio de su experiencia en la industria y sus habilidades de liderazgo. Estamos encantados de tener a un ejecutivo del calibre de John uniéndose a la organización y estamos muy seguros de su capacidad para generar valor tanto para Genlith, como para Chilean Cobalt Corp”,
CCC cuenta con alianzas para el estudio de dos zonas: La Cobaltera y Carrizal Alto, ambas en la Región de Atacama, trabajo que realiza con un modelo asociativo, a través de un contrato de exploración de tres años, que cuentan con opciones de compra de encontrar recursos atractivos.
El plan de desarrollo requiere un programa de perforación y acotación de seguimiento rápido, en sectores que tuvieron grandes reservas en el pasado, y que asegurarían la posibilidad de lograr la producción a gran escala en un mediano plazo.
La empresa ha destinado una inversión inicial de US$5 millones, la que podría llegar a un piso de inversión de US$100 millones, con el objetivo de comenzar la producción en 2022.
