septiembre 20, 2018 | Industria
(El Mercurio) La industria mundial del litio se encuentra en plano boom , arrastrado entre otras cosas por el avance que han presentado los automóviles eléctricos, que cuentan con un alto consumo del mineral en su producción.
En este escenario y conscientes de lo competitivo del mercado global, Argentina se encuentra impulsando con fuerza el desarrollo de la industria local, para lo que estableció una serie de medidas para facilitar la puesta en marcha de hasta 14 iniciativas en el país, las que se encuentran en distintas etapas de avance.
Según explicó en un seminario el subsecretario de Desarrollo Minero, Mariano Lamothe, la idea es ayudar a concretar las obras a través de dos vías: el mejoramiento de la infraestructura y la disminución de los costos de la energía.
Respecto al tema energético, el país trasandino está aumentando su oferta a través de recursos no convencionales y energías renovables, proyectando duplicar la producción gasera, insumo clave para las operaciones mineras. Asimismo, se adjudicó contratos hasta por 1.732 MW de potencia fotovoltaica a un precio promedio de US$ 50,35.
Las proyecciones que manejan desde el otro lado de la cordillera son ambiciosas y se estima que la producción de litio en el país crecería exponencialmente. En ese sentido, si se espera que este ejercicio se cierre con una producción cercana a las 37.5000 toneladas de carbonato de litio equivalente, de entrar en operación aquellos proyectos que hoy se encuentran en etapas avanzadas, la industria argentina podría superar las 290 mil toneladas en 2022. Es decir, crecería en casi ocho veces.
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Según el detalle que dio a conocer la autoridad de ese país, junto a los dos proyectos que ya se encuentran en operación existen ocho iniciativas en etapas de factibilidad, o incluso en el proceso de construcción de las plantas, a las que se suman otros seis proyectos que recién se encuentran en fase de exploración.
«Argentina ha logrado posicionarse como el segundo país de destino de las exploraciones de litio y también con un boom de incremento de las inversiones, que han crecido hasta 10 veces desde 2011. Esto nos muestra un claro interés, vemos el boom , vemos la oportunidad, pero también hay que entender que claramente cuando lo miramos contra lo que es el oro y el cobre, es un mercado bastante reducido», comentó Lamothe.
La autoridad trasandina también apuntó a las grandes cantidades de recursos de litio que existen alrededor del mundo y a la dispersión que existe en cuanto a su origen, asegurando que, según el consumo que hubo en 2017, existen provisiones para 1.245 años más.
«Cuando vemos otros minerales como el cobre y el oro, hay una mayor dispersión de la producción, y lo que estamos suponiendo en el litio es que se trata de un mercado inmaduro, que aún no es commodity . Esa inmadurez del mercado nos lleva a tener estas volatilidades y estas dispersiones de precio», explicó. Además, adelantó parte del trabajo conjunto que están impulsando con Chile y Bolivia para crear un índice de precios para el mineral.
Lamothe destacó que, a pesar de que las operaciones de litio deben pasar por un proceso de maduración para alcanzar una mayor especificidad técnica, una ventaja de Argentina está en la multiplicidad de actores que existen en la industria local, lo que esperan ayude a acelerar la curva de aprendizaje para la optimización de los procesos productivos.
septiembre 4, 2018
Cuando desde las regiones se escucha la discusión nacional respecto de lo que el “país” requiere, o de las necesidades de modernización del sector energía, aparecen reiteradamente conceptos como electromovilidad, norma técnica de distribución o net billing. Sin embargo, poco se habla de la contaminación de las ciudades desde las regiones de O’Higgins hasta Aysén, o de la necesidad de dar más productividad a su alicaida industria, sustento de la actividad económica local.
La modernización energética y, de paso, la posibilidad de dar un rol social a la inversión en infraestructura debe incluir cambios en la regulación con un sentido sistémico, así como asegurar el traspaso del positivo impacto de una matriz renovable. En esta línea, la promesa de un menor precio, que se escucha en tono de queja por la propia industria energética, no siempre llega a los usuarios, quienes a la vez se confunden con el tecnicismo de las discusiones y la mirada centrada en el futuro, dejando pasar la oportunidad de implementar acciones inmediatas que permitan mejorar los actuales problemas. En concreto, un primer paso de modernización debiera incluir la revisión de la restricción o señal económica de la “hora punta”, y la restricción de límite de consumo de invierno para los hogares.
Considerando que hoy los peak de consumo eléctrico país se dan en los meses de verano, y principalmente de día, tiene sentido revisar la limitación que se aplica a los grandes clientes para su consumo eléctrico en invierno, la cual ocurre a la misma hora que comienzan a encenderse las estufas a leña. Es decir, la contaminación por calidad del aire en las ciudades del sur de Chile, tiene la misma hora: la punta.
En una evaluación sistémica, esta medida permitiría a la industria ampliar el uso de la electricidad como fuente energética, en desmedro de la utilización de fuentes fósiles puntuales (grupos electrógenos), poco eficientes, caras y con alto impacto medioambiental.
El caso del límite de invierno para los clientes residenciales es aún más crítico, impiendo siquiera evaluar el uso de electricidad como fuente de calefacción, siendo esta (y no las emisiones vehiculares) las grandes responsables –en muchas ciudades sobre el 90%− de la contaminación ambiental.
Si ampliamos la evaluación de impacto de estas medidas, podemos imaginar incluso que nuevos proyectos de energía renovable se materializan por el aumento de la demanda de electricidad.
En resumen, existen formas concretas en que la modernización del sector energía puede dar un impulso a las regiones, con un positivo impacto ambiental y productivo. Esperemos que la discusión energética deje de llevarse de forma centralizada, y que empiece a tomar en cuenta los territorios donde se desarrollan los proyectos de inversión, es decir, las regiones.
septiembre 4, 2018 | Industria
La ministra de Energía, Susana Jiménez, anunció que ingresó al Senado el proyecto de ley de eficiencia energética que impulsa su cartera, y que busca aumentar la seguridad energética, y la productividad y competitividad de nuestra economía, mejorando la calidad de vida de las personas y contribuyendo así con el desarrollo sostenible del país
Para lograr dichos objetivos, la propuesta legal pretende, a través de instrumentos económicos y regulatorios, acelerar el cambio cultural en torno al buen uso de los recursos energéticos, alineando los intereses de la política pública con los intereses privados para que tomen las mejores decisiones, que generen tanto beneficios privados como externalidades positivas a la sociedad, derivadas del buen uso de los recursos energéticos.
Ahorro
Entre los beneficios que traerá la propuesta de ley, la ministra de Energía, Susana Jiménez anunció que “permitirá generar un 7% de ahorro de energía con respecto al consumo final al 2035”. En ese contexto, dichos ahorros equivaldrían a US$2.400 y US$3.484 millones para 2030 y 2035, respectivamente. Del mismo modo, los ahorros de energía proyectados se traducen en una reducción de emisiones de CO2 de 4,64 y 6,8 millones de toneladas a los años 2030 y 2035, respectivamente.
Bajo este escenario de reducción de emisiones, el proyecto de ley aportaría un 27% a las metas propuestas en el plan de mitigación de gases efecto invernadero del sector energía.
“Con el ingreso a tramitación del Proyecto de Ley de Eficiencia Energética estamos dando un importante paso en el avance de nuestra Ruta Energética 2018-2022, lanzada en abril pasado por el Presidente Sebastián Piñera. En el Eje de Trabajo N°6 -correspondiente a Eficiencia Energética: la mejor energía de todas- establecimos el mega compromiso de presentar un nuevo marco regulatorio que genere los incentivos necesarios para promover el uso eficiente de energía en los sectores de mayor consumo, además de crear una cultura de la eficiencia energética en la población”, señaló Jiménez.
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La autoridad destacó que este proyecto recoge el contenido de una moción parlamentaria de los senadores Isabel Allende, Alejandro Guillier, Guido Girardi, Alfonso de Urresti y Antonio Horvath, recientemente fallecido. Además, agregó que la iniciativa incluye diversas disposiciones sobre materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.
“Quiero destacar de manera especial la contribución que los senadores hicieron al tema de la eficiencia energética, que es una preocupación y desafío que tenemos como país, y que debemos abordarlo con el respaldo de todas las fuerzas políticas”, afirmó Jiménez.
Contenido
El nuevo marco regulatorio que inició su tramitación en el Congreso se enfoca en los siguientes sectores y elementos regulatorios:
1. Institucionalizar la EE en el marco del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad
El proyecto establece que el Ministerio de Energía elaborará un Plan Nacional de Eficiencia Energética cada cinco años, que será sometido al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad.
2. Promover la gestión de la energía en los grandes consumidores
Se insta a los grandes consumidores de energía, que representan más de un tercio de la energía consumida en el país, para que realicen una gestión activa de su energía.
Para esto, el Ministerio determinará los Consumidores con Capacidad de Gestión de Energía, quienes deberán implementar un sistema de gestión de la energía (SGE). Adicionalmente, deberán informar anualmente los consumos de energía y otros indicadores, con los que el Ministerio elaborará anualmente un reporte público. Corresponderá a la SEC la fiscalización y sanción.
3. Vivienda
Las viviendas consumen casi un 15% de la energía total del país, y parte importante de ésta se destina a calefacción. La cantidad de energía destinada a calefaccionar un hogar depende en gran medida de la aislación térmica de la vivienda.
Es por esto que el proyecto de ley establece que las edificaciones residenciales nuevas deban obtener, para su comercialización, la Calificación Energética de Viviendas del MINVU.
4. Sector público
El proyecto establece que las Municipalidades, Gobiernos Regionales, los Ministerios, las Intendencias, las Gobernaciones y los servicios públicos, deberán medir y reportar sus consumos de energía y otros indicadores, y deberán contar con un “gestor energético”, debidamente capacitado.
El Ministerio de Energía elaborará anualmente informes a partir de la información recibida.
5. Vehículos eléctricos
El proyecto de ley dará facultades al Ministerio de Energía para normar la interoperabilidad del sistema de recarga de vehículos eléctricos, con el fin de facilitar el acceso y conexión de los usuarios de vehículos eléctricos a la red de carga.
Esto pretende migrar esta red hacia una infraestructura más homogénea y armonizada, que se asegure el libre acceso a los cargadores públicos.
6. Renovación del parque con vehículos más eficientes, con énfasis en aquellos de propulsión eléctrica
El sector transportes representa un tercio del consumo energético total. Entre 2005 y 2015, el consumo de este sector aumentó en un 37%, explicado principalmente por la entrada de nuevos vehículos. Al año entran entre 300 y 400 mil vehículos, de un parque en torno a los 5 millones, lo que hace especialmente importante fomentar la entrada de vehículos más eficientes.
El proyecto de ley entrega atribuciones a los ministerios de Energía y Transportes y Telecomunicaciones (MTT) para fijar estándares de eficiencia energética para el parque de vehículos nuevos. Además, genera un incentivo adicional a los vehículos eléctricos al poder contarlos hasta tres veces para efectos del cumplimiento del estándar.
Las facultades de fiscalización se le entregan al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, y las de sanción a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).
septiembre 3, 2018 | Medio Ambiente
(El Mercurio) Casi como un guión cinematográfico, con varios capítulos, es el que desde hace casi dos semanas se está escribiendo en las comunas de Quintero y Puchuncaví, en la V Región. Lo que comenzó el martes 21 de agosto reportado como una emergencia en el colegio Santa Filomena en Quintero -con alumnos presentando diversos malestares que atribuían a olores y emanaciones de gases a la atmósfera-, desembocó con el paso de los días en una verdadera crisis.
Desde luego, una de tipo ambiental, con unas 350 personas afectadas y atendidas en recintos asistenciales, y suspensión de clases en la zona. Pero también se instaló de lleno en el gobierno. La estatal Enap fue rápidamente sindicada por las autoridades ambientales como la presunta responsable de la nube tóxica en la zona, tal como quedó de manifiesto en el Acta de Notificación levantada por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) -que ordenó el sellado temporal de dos estanques de las instalaciones del Terminal Enap Quintero-, unido a las declaraciones de la ministra del ramo, Carolina Schmidt, aludiendo a la firma en sus primeras intervenciones públicas sobre el tema. Todo ello incendió la pradera.
El directorio de Enap evidenció su molestia, anunció estudios propios para demostrar que no era la responsable de los gases causantes de la crisis ambiental (ver nota relacionada), y el impasse , en uno de sus capítulos a mediados de semana, desembocó en una accidentada visita en terreno del Presidente Piñera anunciando la implementación de medidas de apoyo a la comuna, en medio de investigaciones técnicas y penales sobre un episodio del que aún no hay un responsable claro.
Pero lo cierto es que este evento es solo uno de varios episodios de contaminación ambiental que ya agotaron la paciencia de la población de la zona industrial de Quintero y Puchuncaví, que desde los años 60 se ha convertido en un parque industrial con más de 14 empresas que conviven con una población cercana a las 18.000 personas en Puchuncaví y 28.500 personas en Quintero (ver nota relacionada).
Hay cerca de 30 mil expedientes en el sistema
Esta situación contrasta con los números oficiales disponibles en la SMA. Según el Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental, (SNIFA), dependiente de la SMA, solo desde 2013 a la fecha -no existen datos para períodos anteriores en dicho sistema-, se han realizado 132 fiscalizaciones a estas industrias, 27 en Quintero y 105 en Puchuncaví. Del total, solo nueve están con proceso sancionatorio en distintas etapas, todos en Puchuncaví. Y de estos, solo se aplicó una multa.
¿Pocas sanciones? Según Cristián Franz, superintendente del Medio Ambiente, hay un grupo de expedientes, que no son públicos, con evidencia de algún incumplimiento, que están derivados a la división de sanciones de la entidad para que investigue y, si hay mérito, formule cargos. «Hay procesos que pasaron la etapa de formulación de cargos y por eso son públicos», explica.
Además acota el ámbito de competencia de la SMA, en el sentido de que puede fiscalizar instrumentos de gestión ambiental (RCA, desde 1997), normas de emisión y calidad y los planes de descontaminación.
Pero además explica que existe una norma de emisión para la regulación de descarga de riles a cuerpos de agua, que obliga a las empresas a reportar a la SMA datos mensualmente y que generan expedientes. De todos los expedientes -unos 30 mil del SNIFA-, «cerca de 29.200 son de la norma de emisión de riles y los otros son de RCA, que es lo realmente importante», matiza.
En otras palabras, según Franz, de los 105 expedientes de Puchuncaví, «muchos» se generan por la normas de emisión de riles y no por transgresiones a las RCA.
Desde la SMA además agregan que son 66 las instalaciones que se norman bajo RCA. Estas pertenecen a las empresas (detalladas en la infografía) y serían posteriores a 1997. Las instalaciones previas, que no se norman por RCA, también pueden ser reguladas por otro organismo, como el Ministerio de Salud, si produjeran algún daño a la salud.
¿Por qué se realizan las fiscalizaciones? Para que la SMA efectúe una fiscalización, puede ser por iniciativa propia o por denuncias, tanto de autoridades como de particulares. Y para sancionar considera, según el manual de sanciones de 2017, la importancia del daño causado o del peligro ocasionado, el número de personas cuya salud pudo afectarse por la infracción, el beneficio económico obtenido con motivo de la infracción; la intencionalidad en la comisión de la infracción y el grado de participación en el hecho, acción u omisión constitutiva de la misma; la conducta anterior del infractor; la capacidad económica del infractor; el detrimento o vulneración de un área silvestre protegida del Estado, entre otros criterios.
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Puerto Ventanas explica por qué no se acogió a PDC
Asimismo, las empresas que son identificadas como infractoras pueden acogerse al Programa de Cumplimiento (PDC), que las obliga a adoptar medidas con un plazo determinado para resolver el daño que provocaron a la zona, a cambio de no aplicarse la sanción económica. Tal fue el caso, por ejemplo, de AES Gener o Codelco Ventanas, que fueron parte de procesos sancionatorios en 2014 (completado satisfactoriamente) y 2016 (aún en cumplimiento), respectivamente.
Eso sí, de incumplirse las obligaciones contraídas en el programa, «el procedimiento sancionatorio se reiniciará, pudiendo aplicarse hasta el doble de la multa que corresponda a la infracción original», consigna el documento metodológico de sanciones de la SMA.
Puerto Ventanas es la única empresa multada en este período en la zona, por un monto que ascendió a 132 Unidades Tributarias Anuales (UTA), unos US$ 120.000 de 2013. Consultado al respecto, Puerto Ventanas respondió que las empresas solo pueden acogerse a un PDC cada cinco años. Fueron tres las infracciones, dos por la ausencia de ciertos equipos en la bodega y una por la falta de un procedimiento administrativo, «calificada como grave de acuerdo al procedimiento establecido. Debido a lo anterior y considerando que las desviaciones fueron corregidas en forma inmediata, se decidió no presentar un PDC y proceder a subsanar con la mayor celeridad las desviaciones detectadas, las que fueron corregidas en su totalidad en un breve plazo», dice la compañía.
Normativa permite contaminar más del doble que recomendación OMS
Tema aparte son los estándares de cumplimiento. Una ex autoridad ambiental explica que en Chile no hay estándares para la emisión o concentración en el aire de muchos gases, como el benceno, tolueno, arsénico, xileno, cadmio, vanadio y compuestos orgánicos volátiles (COV), «no hay norma de calidad del aire ni de emisión en Chile. Porque son una enorme cantidad y está normado su uso en algunas actividades. Ahora, tras este incidente, quizás se evalúe su regulación», indica la fuente. Algunos de estos (como el arsénico o el mercurio), eso sí, se encuentran presentes en el material particulado (MP) que sí tiene un límite determinado por el Ministerio del Medio Ambiente (MMA).
En el informe Programa para la Recuperación Ambiental y Social (PRAS) de Quintero-Puchuncaví -publicado a fines del año pasado y que está en etapa de aplicación-, se evidencia que los estándares chilenos permiten contaminar más del doble que los estándares de la OMS. Por ejemplo, la norma de calidad del aire de SO {-2} (dióxido de azufre) de la OMS establece un valor de 20 µg/m {+3} (microgramos por metro cúbico) como concentración media en 24 horas. El estándar de Chile, en cambio, es de 250 µg/m {+3} N como media en 24 horas. Esto es el doble del estándar que recomienda la Unión Europea para sus países miembros, de 125µg/m {+3} N.
Desde el MMA consignaron que esta norma se encuentra en proceso de actualización, así como también la normativa de MP10 y que ambas debieran ser evaluadas el segundo semestre.
MMA revela que nuevo estándar se basará en Finlandia
El «Informe II: Evaluación y diseño de las redes de monitoreo de calidad del aire», realizado por el Centro Mario Molina en 2017-, revela que la medición de niveles de contaminantes en Chile puede no ser confiable, debido a que tanto la recolección de las muestras como la medición de estas son realizadas por las mismas empresas fiscalizadas.
«En Chile la información que entregan los laboratorios acerca del suelo, del agua, del aire y las emisiones de contaminantes es poco confiable. La mayor parte de la información es generada por laboratorios privados a solicitud de otras empresas privadas o de organismos estatales. La institucionalidad ambiental no cuenta con un laboratorio de excelencia. (…) No se debería permitir que empresas operadoras locales realicen funciones de auditoría a sus pares», se explica en el reporte. Sobre la validez del documento, el Ministerio del Medio Ambiente dijo a «El Mercurio» que este informe, como muchos otros solicitados por el organismo, «son utilizados como insumo para mejorar el sistema de monitoreo del aire en el país».
Consultado sobre la falta de confianza en la automedición de las empresas de sus niveles de contaminación y la necesidad de un nuevo sistema de redes de monitoreo, el ministerio reveló que está trabajando para acoger el modelo finlandés en el país. «El MMA, Sofofa y la Embajada de Finlandia en Chile firmaron una carta de intención consistente en elevar los estándares de confiabilidad de las mediciones ambientales. (…). Esta alianza pone el foco en el control y aseguramiento de la calidad de las mediciones que realizan los CEMS ( Continous Emissions Monitoring Systems). Esto se realizará con la colaboración del Centro de Investigación Técnica de Finlandia (VTT) -que es uno de los centros de investigación aplicada más importantes del norte de Europa-, quienes entregarán ayuda en el desarrollo de un diagnóstico de las capacidades de monitoreo de emisiones atmosféricas en instalaciones», dijo la entidad.
Los episodios tóxicos que han marcado la bahía de Quintero
Vertimientos de crudo al mar y nubes tóxicas han causado las principales crisis ambientales. Hay registros que datan de diciembre de 1988, abril de 1994, abril de 2000 y julio de 2003.
Pero el incidente de este tipo más bullado tuvo lugar el 24 de septiembre de 2014, cuando en una fallida maniobra de descarga en el terminal de Enap, desde el buque «Mimosa» cayeron 37.800 litros de crudo al mar. Un año después, en agosto de 2015, el recién certificado tanquero «Doña Carmela» arrojó 400 litros de combustible. En mayo de 2016, el desprendimiento de un flexible del terminal multicrudo de Enap derramó aceite decantado.
En cuanto a emanaciones tóxicas, la primera en causar mayor revuelo tuvo lugar en junio de 2008, cuando 25 niños sufrieron problemas respiratorios por el derrame de 180 toneladas de 2-etilhexanol de la empresa Panimex al estero Campiche.
El 2011 fue otro año de nubes tóxicas. Ese año ocurrieron cuatro eventos. El 23 de marzo, 12 niños y 8 adultos fueron intoxicados por una nube de SO {-2} . El 31 de agosto de 2011 resultaron afectados otros 26 niños de 4 escuelas de Quintero, entre ellos el colegio Alonso de Quintero. El 7 septiembre de 2011, 34 personas de la escuela rural General Velásquez de Puchuncaví. Y el 24 de noviembre, nuevamente en la escuela de La Greda, afectando a 41 personas.
Previo a la actual crisis, en el último año hubo varias intoxicaciones de gases de origen desconocido. En marzo de 2017 fueron intoxicados 17 niños de la escuela Sargento Aldea de Puchuncaví, que sufrieron cefalea, náuseas y dolor de estómago. Al mes siguiente, otros dos niños de la misma escuela se intoxicaron por olor a gas, pese a que la red de monitoreo no marcaba nada anormal.
Vecinos dicen ser víctimas de un Estado fallido en tema ambiental
Siete integrantes de una misma familia sufrieron los efectos de los gases tóxicos de hidrocarburos que la semana pasada llevaron al menos a 358 personas a pedir auxilio médico al Hospital Adriana Cousiño de Quintero. Estaban en su domicilio del pasaje Ancud s/n, en el sector alto de Ventanas, Puchuncaví, cuando el olor nauseabundo inundó todos los rincones de la casa, pasadas las 9 AM del jueves 23.
Uno de ellos, Tamara Suazo (23), reposaba de sus 34 semanas de embarazo en su dormitorio. «Empecé con dolor de cabeza y mareos», relata. Su angustia creció al ver que su hijo Danilo (4) mostraba similares síntomas. Para peor, Tamara presentó contracciones y se desmayó. Como pudo, su marido -que también se sentía mal- los llevó al centro asistencial. Sus cuñadas Alejandrina y Débora y las sobrinas Milenka (17) y Catalina (2) también tuvieron que recibir asistencia sanitaria, detalla.
Se trata de la octava intoxicación respiratoria masiva registrada en la última década en la bahía de Quintero y resultó ser la más grave de ellas. Para sus residentes, muestra la inoperancia del mismo Estado que a partir de 1958 transformó en industrial una zona hasta entonces turística, agrícola y de pesca artesanal. «Queda una sensación de total vulnerabilidad que ni siquiera en tu propia casa, los que más amamos, estén a salvo», enfatiza Carlos Muñoz (45), apoderado del liceo Alonso de Quintero y vocero de los 15 establecimientos de la comuna de Quintero, al otro extremo de la bahía, cuyos 15 mil alumnos debieron dejar de ir a clases para no exponerse a la nueva nube tóxica. «Es imposible entender que el Estado en esta comuna sea ineficiente en proteger a la infancia», añade.
De los 60 hasta ahora
Todo partió en la década del 60, con una termoeloéctrica a carboncillo (hoy de AES Gener) y una fundición y refinería de cobre (hoy de Codelco Ventanas). El dirigente pesquero de caleta Ventanas, el buzo Carlos Vega (62), recuerda aún las expectativas de progreso que despertaba en las comunas. Pero las más de 49 mil toneladas al año de dióxido de azufre (SO {-2} ) y material particulado (MP) que lanzaban «terminó matando las vocaciones productivas locales».
El dirigente fue testigo de la pérdida de la calidad de balneario de Quintero, de agricultura de lentejas de Puchuncaví y de la abundancia de recursos del mar. «Lenguado, cojinova, corvina, ostiones había en mi infancia. Hoy, con suerte, jibia», reclama.
El primer y hasta ahora único plan descontaminador de la zona, obligó a la fundición de cobre y a la termoeléctrica a reducir drásticamente sus emisiones. Pero no limitó el ingreso de nuevas empresas que paulatinamente, en especial hasta 2002, fueron ampliando el área para industrias peligrosas.
Según datos del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), a mayo de 2016, seis empresas en su conjunto arrojan al aire un peso anual de gases contaminantes de 3 mil toneladas de MP, 32 mil de SO {-2} y 14 mil de óxidos de nitrógeno (NOx).
En 2014, un estudio encargado por el MMA al Centro Nacional del Medio Ambiente de la. U. de Chile, Cenma, no descartaba, además el efecto contaminante de compuestos orgánicos volátiles detectados en el aire de la bahía, como los que causaron la crisis de esta semana. El estudio recomendaba ampliar la red de monitoreo con estaciones manejadas por organismos públicos y crear planes preventivos de episodios de intoxicación.
Pese a esas recomendaciones y a las efectuadas en 2012 por una comisión investigadora de la Cámara de Diputados, la actual red de monitoreo de gases cuenta con seis estaciones (solo una más que cuando partió en 1991), a cargo de las propias empresas. Esas inconcordancias del propio Estado incrementan la irritación de los dirigentes locales.
«En la actual crisis de intoxicados, solo vemos suspensión de clases y parar faenas de limpieza de estanques. Ninguna medida clara y de información transparente que garantice a la comunidad que se está atacando el origen de la contaminación», dice el ambientalista asesor de dirigentes pesqueros Hernán Ramírez.
Ampliación de causa
También despierta alarma la «pasividad» frente a indicadores inquietantes sobre la presencia de arsénico en el ambiente: mariscos extraídos de la bahía que en 2015 arrojaban valores de ese metal por sobre el reglamento sanitario de alimentos y en el aire de Quintero y Puchuncaví por sobre la norma europea, hasta 23,3 veces en La Greda ese año.
El arsénico también apareció en los restos óseos de 20 ex trabajadores de Enami, que murieron de cáncer en los primeros años de este siglo, tras haberse desempeñado en la fundición de cobre de Ventanas, cuando pertenecía a esa empresa, según el abogado Raúl Meza. La exhumación fue realizada en el marco de la investigación penal por cuasidelitos de homicidios múltiple que lleva a cabo el fiscal de Quintero Mauricio Dunner, a raíz de la querella encabezada por el presidente de esos ex trabajadores, Eduardo Pino.
Aunque Dunner está tratando por segunda vez de cerrar la investigación, estimando que no se ha podido establecer una relación causal entre la contaminación y la enfermedad que mató a los trabajadores, Pino y Meza dijeron que esta semana pedirán al fiscal regional ampliar la causa a delitos de lesa humanidad por negligencia del Estado.
