marzo 7, 2024 | Industria, Industria, Institucionalidad
El proyecto de ley de Estabilización de Tarifas Eléctricas, iniciativa que busca mitigar las alzas de las cuentas de electricidad proyectadas por la Comisión Nacional de Energía y crear un subsidio temporal que permita reducir las cuentas de luz para miles de hogares vulnerables, dio un importante paso tras ser aprobado en general y particular por la Sala del Senado.
El ministro de Energía, Diego Pardow, subrayó la ágil tramitación del proyecto que se aprobó por parlamentarios de todos los colores políticos con 32 votos a favor y sin votos en contra. “El proyecto de ley que fue trabajado en conjunto con senadores de gobierno y de oposición, lo que nos permite valorar el espacio de diálogo constructivo y de construcción de acuerdos que se ha dado en esta corporación y mirar con muy buena expectativa lo que va a ocurrir en segundo trámite en la Cámara de Diputados”, dijo el secretario de Estado.
“Este es un proyecto muy importante para las familias chilenas porque nos permite moderar las alzas que fueron anunciadas en las cuentas de luz de las personas y al mismo tiempo atender con carácter de urgencia la situación de los consumidores vulnerables”, añadió.
Tras la votación, el senador y presidente de la Comisión de Minería y Energía, José Miguel Durana, destacó el avance de la iniciativa que surgió al alero de la instancia que preside y que, entre sus ejes principales, contempla la creación de un subsidio temporal para familias vulnerables. “Obviamente que es importante dar este paso que va permitiéndonos volver a la normalidad en materia energética”, aseveró.
En la misma línea, la senadora Luz Ebensperger dio a conocer su satisfacción por la amplia mayoría que aprobó este proyecto y su esperanza de incorporar mejoras en la Cámara. «Estoy agradecida por la disposición del trabajo conjunto desde el Ministerio de Energía y de todos los senadores que formamos parte de esta comisión y nos permitió sacar adelante este proyecto que lleva tranquilidad a las familias más vulnerables en nuestro país», agregó.
Por su parte, la legisladora Yasna Provoste valoró “el trabajo del ministerio y de los equipos técnicos de los senadores y senadoras que hemos querido ser parte de la solución a un problema que hemos venido enfrentando y que tiene que ver con las alzas de las cuentas de la luz. Esta ley establece un mecanismo que nos permite contener esas alzas y crear por primera vez un subsidio para la energía eléctrica que es una demanda largamente esperada, que viene precedido de un debate muy largo técnico y político”.
Tres ejes
La iniciativa legal considera tres ejes principales. Por una parte, estabilizar los precios de electricidad, mitigando las importantes alzas proyectadas con la actual legislación que, según un informe de la Comisión Nacional de Energía (CNE), alcanzaría un incremento de entre 8% y 88%.
Asimismo, la normativa busca perfeccionar el mecanismo MPC para permitir el pago gradual de la deuda acumulada con las empresas generadoras, a través de un cargo conocido y con parámetros de ajuste claros.
Finalmente, se quiere implementar un subsidio temporal para reducir las cuentas eléctricas a cerca de 850 mil hogares más vulnerables de la población, aliviando el bolsillo de quienes más lo necesitan.
Tras la aprobación en Sala del Senado, el proyecto seguirá su discusión en la Cámara de Diputadas y Diputados en su segundo trámite legislativo.
febrero 27, 2024 | Industria
La ley que reduce las tarifas eléctricas para sistemas de agua potable rural (APR) se publicó esta semana en el Diario Oficial, marcando un hito importante para más de dos millones de personas residentes en áreas aisladas y rurales de todo el país, con un impacto especialmente relevante en la región del Biobío.
Esta medida tendrá un impacto directo en la calidad de vida de las comunidades que dependen de la energía eléctrica para extraer agua y acceder a servicios básicos. En el caso del Biobío, donde 185 sistemas benefician a más de 139 mil personas, esta acción representa un avance significativo hacia el acceso equitativo a recursos fundamentales.
La seremi de Energía, Daniela Espinoza, resaltó la importancia de esta ley. “La reducción de tarifas eléctricas para los servicios sanitarios rurales no solo alivia la carga económica de miles de familias, sino que también abre nuevas oportunidades para el desarrollo sostenible de nuestras comunidades más vulnerables. En la región del Biobío, donde la dependencia de la energía eléctrica para acceder a servicios básicos es crucial, esta medida es especialmente significativa”, aseguró.
Por otro lado, el seremi de Obras Públicas, Hugo Cautivo, subrayó el valor de la energía para estos sistemas. “Impacta muy profundamente a los comités de agua potable rural, que deben hacer esfuerzos muy importantes para poder mantener los equilibrios desde el punto de vista de lo que son sus gastos, por tanto, esto ayuda a la sostenibilidad en el tiempo de este servicio”, dijo.
Se espera que la reducción de tarifas eléctricas para los servicios sanitarios rurales tenga un impacto significativo en la calidad de vida y el desarrollo sostenible de las comunidades beneficiadas.
febrero 6, 2024
El proyecto de ley que busca estabilizar las tarifas eléctricas, congeladas desde 2019, se hace cargo de los efectos que han tenido los mecanismos de regulación tarifaria implementados en los últimos años (PEC-1 y PEC-2). Sobre este texto vemos seis puntos a destacar. En primer lugar, viene a aclarar conceptos en lo relativo a los cargos que se realizarán en las cuentas de la luz y al hecho de que esos recursos se acumularán en un fondo. En ese sentido, la propuesta entrega claridad sobre el destino de los fondos que se utilizarán para pagar la deuda con las empresas generadoras.
En segundo término, el proyecto se hace cargo del retraso en la dictación de los decretos tarifarios que debieron haber sido publicados durante 2023, año en el que se esperaba cierta alza en las tarifas. Como esto no ocurrió, la deuda con las generadoras sobrepasó los 1.800 millones originalmente establecidos en la ley PEC-2 y alcanzó cerca de 5.500 millones de dólares. En línea con esto, el denominado Mecanismo de Protección al Cliente (MPC), que se esperaba que alcanzara hasta 1.800 millones, se sinceró y estableció que ascendiera a 5.500 millones de dólares. Al respecto, cabe destacar que a diferencia de los 1.800 millones de dólares originales, los 3.700 millones suplementarios solo tendrán una garantía estatal por hasta el 30% de su valor.
Como tercer punto, el PDL modifica ciertos cargos que estaban contemplados en la ley anterior. Básicamente, fija en pesos el monto que van algunos de ellos destinados a cubrir el MPC, que durante el primer tiempo serán de 22 pesos por kWh y luego de nueve pesos, más los ajustes correspondientes. Lo anterior, sin perjuicio de la facultad de la Comisión Nacional de Energía para hacer ciertos ajustes en determinadas circunstancias.
En cuarto lugar, la propuesta da mayor certeza acerca de las fechas de pago de las deudas con las generadoras, a propósito del PEC-1 y PEC-2. Respecto a ambos casos la fecha para el pago no podrá exceder del 31 de diciembre del año 2027. En lo que se refiere al PEC-2, el desembolso dentro de dicho plazo es solamente por los 1.800 millones de dólares que estaban originalmente considerados y que debían pagarse al 31 de diciembre del 2032. Ahora −aparentemente−, tal deuda por dicho monto original se pagaría en un plazo mucho menor, al 31 de diciembre de 2027. Sin embargo, debemos tener presente que, por sobre estos 1.800 millones de dólares originales hay una deuda que es más del doble, concretamente los 3.700 millones de dólares en que se incrementó el MPC, y eso se pagará entre enero de 2028 y diciembre de 2035.
Como quinto punto, se están descongelando ciertos elementos de las tarifas de las distribuidoras, que también fueron una forma de evitar las alzas de la luz, pero que generaban distorsiones en los precios.
La propuesta establece, finalmente, un subsidio para las familias más vulnerables, que se espera que beneficie a cerca de 850 mil hogares y que será de 120 millones de dólares anuales. Estos recursos provendrán en gran parte de un “Fondo de Estabilización de Tarifas”, que se financiaría con cargos que las mismas personas pagarán en sus cuentas de la luz. Cabe señalar que solo un 17% de este subsidio provendrá de recursos del Estado.
Si hacemos un cálculo, básicamente se trata de un subsidio de 10 mil pesos al mes por hogar, recursos que emanan en casi un 83% de los mismos clientes, para compensar la cuenta de los más vulnerables. ¿No parecerá una reasignación tarifaria?
Al respecto, se indica que se contempla la existencia de más fondos según lo determina la ley, pero vemos que finalmente el aporte real del Estado se reduce principalmente a introducir la mano en el bolsillo de unas personas para financiar a otras. Seguimos entonces con el Estado tratando de solucionar un problema con fondos de terceros.
Lamentablemente, además de lo señalado sobre los subsidios, están de por medio los plazos que se consideran para pagar las deudas con las generadoras, más que duplicando las expectativas de recaudación. Es decir, de recaudar 1.800 millones de dólares en 10 años, a recaudar 5.500 millones en 13 años.
Es natural que existan dudas respecto a la forma como se realizan estos cálculos. En los mecanismos anteriores se quedaron cortos cuando estimaron el monto de la deuda que se acumularía con el PEC-1 y el PEC-2, y ahora que esta deuda se triplica, nos aseguran que pueden cubrirla prácticamente en la misma cantidad de tiempo.
Evidentemente, es un proyecto que tiene urgencia de ser revisado, pero esperamos que se haga a conciencia y que se pueda estudiar cada una de sus distintas aristas. No vaya a ser cosa de que nos encontremos en marzo del próximo año discutiendo una nueva modificación a este esquema de estabilización de tarifas.
enero 29, 2024 | Industria
La Comisión de Minería y Energía del Senado aprobó este lunes, de manera unánime, en general y particular el proyecto de ley de Estabilización de Tarifas Eléctricas, que busca mitigar las alzas de las cuentas de electricidad proyectadas recientemente por la Comisión Nacional de Energía (CNE).
El ministro de Energía, Diego Pardow, destacó el apoyo recibido por la iniciativa. “Acabamos de conseguir la aprobación unánime por cinco votos a cero del proyecto de ley que permite estabilizar el alza de las cuentas de la luz e implementar un subsidio para familias vulnerables. Estamos muy contentos con el respaldo transversal que hemos tenido para esta iniciativa y que cristaliza el trabajo que comenzamos hace más de dos meses con la Comisión de Minería y Energía del Senado”, afirmó la autoridad.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Minería y Energía del Senado, José Miguel Durana, afirmó que la aprobación en general y en particular del proyecto de estabilización de energía eléctrica “es algo absolutamente necesario para retomar la cadena de pago y, a su vez, también proteger a los clientes más vulnerables, de sectores medios y a las pymes que son clientes regulados. Solo este proyecto va a permitir que finalmente paguemos la deuda y esto no tenga un impacto real en la ciudadanía”.
La iniciativa legal considera tres ejes principales. Por una parte, estabilizar los precios de electricidad, mitigando las alzas proyectadas para las cuentas de los clientes regulados, junto con perfeccionar el Mecanismo de Protección al Cliente (MPC) para permitir el pago gradual de la deuda acumulada con las empresas generadoras.
Asimismo, busca implementar un subsidio transitorio, dirigido a hogares vulnerables, para mitigar los aumentos en sus cuentas eléctricas. La cobertura de este beneficio, en principio, es para cerca de 850 mil hogares vulnerables de todo el país.
Tras la aprobación en la Comisión de Minería y Energía, el proyecto, que enfrenta su primer trámite legislativo, deberá ser revisado en la Comisión de Hacienda del Senado, para su posterior debate en Sala. “Esperamos que durante el mes de marzo podamos ingresar (el PDL) en segundo trámite para su discusión en la Cámara de Diputadas y Diputados”, agregó el secretario de Estado.
enero 24, 2024 | Gremios, Industria
Con la participación de gremios de la industria energética, junto con autoridades y expertos sectoriales, se realizó este miércoles una nueva sesión de la Comisión de Minería y Energía del Senado, en el Congreso Nacional, donde entregaron sus visiones respecto del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales en materia de estabilización tarifaria.
Una de las entidades asistentes fue la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (Acera A.G.), estuvo representada por su directora ejecutiva, Ana Lía Rojas.
En la ocasión, Rojas manifestó la positiva evaluación del gremio sobre la propuesta de ley de estabilización tarifaria presentada por el Ejecutivo, el que, según el gremio, cumple con tres objetivos fundamentales, tanto para el sector eléctrico nacional como para el desarrollo de esta industria, considerada estratégica para la economía del país. Según el gremio, estos son:
1. Protección sostenible de los clientes regulados:
El proyecto busca la estabilización de tarifas eléctricas, mitigando las alzas proyectadas según los Informes de Precio de Nudo del 1er semestre de 2023. Se implementaría un subsidio transitorio beneficiando a 850.000 familias, con una reducción del 35% en sus cuentas, protegiendo así a los consumidores más vulnerables.
2. Sinceramiento de precios de energía:
La iniciativa aborda la necesaria actualización de los precios de la energía que se han mantenido congelados desde 2019 mediante mecanismos de estabilización transitorios aprobados por las leyes PEC I (N° 21.185) y PEC II (N° 21.472).
3. Perfeccionamiento del mecanismo de pago de deuda acumulada:
Mejora el mecanismo de pago de la deuda acumulada, conocido como «el cargo MPC», para subsanar la deuda con los prestadores del suministro eléctrico y las empresas generadoras.
Facilitando el pago de la deuda acumulada
“El congelamiento de tarifas desde 2019 ha acumulado una deuda significativa de los consumidores con los generadores de energía que ya asciende a US$6.000 millones, por lo que la ley de estabilización tarifaria facilitará el pago de este pasivo financiero, siendo un compromiso legítimo y una realidad ineludible”, expresó la directora ejecutiva.
Asimismo, desde la organización gremial formularon un llamado “a la comisión (de Minería y Energía) y al Parlamento para que aprueben este proyecto, instando al Ejecutivo a realizar el mayor esfuerzo para su oportuna ejecución y cumplimiento”. Y añadieron que “la agilidad en la dictación de reglamentos y resoluciones es esencial, considerando la posibilidad de eximirlo de toma de razón para asegurar la estabilidad y competitividad de la industria de energía renovable en Chile”.
A juicio de Acera, esta propuesta no solo beneficia a los consumidores en el corto, mediano y largo plazo, sino que también envía señales positivas a la banca e inversionistas internacionales, “fortaleciendo la confianza en la transición energética de Chile hacia una industria generadora de energía renovable, sólida y competitiva”, indicaron.
Transmisoras llamó a incorporar norma transitoria
En la sesión estuvieron presentes los senadores de la Comisión de Minería y Energía, el presidente del Coordinador Eléctrico Nacional, Juan Carlos Olmedo; el director de Estudios de Generadoras de Chile, Francisco Muñoz; el gerente de Fenacopel, Patricio Molina; el director ejecutivo de Empresas Eléctricas A.G., Juan Meriches; Ramón Galaz, Gerente general de Valgesta Nueva Energía; el director ejecutivo de Transmisoras de Chile, Javier Tapia, además de Humberto Verdejo, académico de la Universidad de Santiago de Chile; Juan Ignacio Gómez, abogado de LyD.
Durante su intervención, el director ejecutivo de Transmisoras de Chile solicitó incorporar una norma transitoria que prorrogue la vigencia del decreto tarifario de calificación y valorización de instalaciones de transmisión del periodo 2020-2023.
“Se trata de una oportunidad única, no solo para normalizar un proceso muy relevante, cuyos atrasos se originan desde hace años, sino para mostrar que podemos lograr acuerdos en pro de las buenas políticas públicas, considerando además que esto permitiría reducir la incertidumbre a los usuarios de las instalaciones de transmisión, a las empresas transmisoras y, en especial, a los clientes finales”, manifestó Javier Tapia.
Además, Transmisoras resaltó el atraso considerable en el decreto tarifario respectivo al proceso de valorización de instalaciones de transmisión 2024-2027, que debiera haber sido publicado previo a ese período, y cuya demora −según indicaron− ha obstaculizado los avances en esta materia.
