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Encuentro aborda proceso de implementación del Acuerdo de Escazú en Chile

Encuentro aborda proceso de implementación del Acuerdo de Escazú en Chile

Con más de 400 participantes se desarrolló la reunión virtual “Acuerdo de Escazú y los Ejes de implementación nacional y próxima COP”, donde se discutió sobre la implementación del Acuerdo de Escazú en Chile y los desafíos a enfrentar en la próxima Conferencia de las Partes de este tratado, según informó la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA)

El evento, organizado por el Ministerio del Medio Ambiente, tuvo como objetivo informar sobre los avances de la implementación del Acuerdo de Escazú en Chile de cara a la próxima Conferencia de las Partes (COP2 de Escazú), que se desarrollará del 19 al 21 de abril en Buenos Aires (Argentina).

Desde la SMA indicaron que la reunión se dividió en dos bloques. El primero se tituló: “Ejes de Implementación Nacional del Acuerdo de Escazú”, en el que expusieron la jefa de la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio del Medio AM, Constance Nalegach, y el jefe de División de Educación Ambiental y Participación Ciudadana del Ministerio del Medio Ambiente, Carlos Rungruangsakorn ; la jefa del Departamento de estudios y Desarrollo del Servicio de Evaluación Ambiental, Camila Carrasco y la encargada de la Oficina de Participación Ciudadana y Escazú de la Superintendencia del Medio Ambiente, Mirella Marín.

En el segundo, titulado “Desafíos para la Segunda Reunión de la Conferencia de las Partes (COP) para el Acuerdo de Escazú”, nuevamente Constance Nalegach, junto al director de Medio Ambiente, Cambio Climático y Océanos (DIMA) del Ministerio de Relaciones Exteriores, Julio Cordano, fueron los interlocutores.

Según la SMA, «la reunión fue de gran importancia, pues los asistentes pudieron informarse sobre los avances en la implementación del Acuerdo de Escazú en Chile y sobre los desafíos a enfrentar en la próxima Conferencia de las Partes, promoviendo la transparencia y la participación ciudadana en la toma de decisiones en asuntos ambientales».

Representantes del Ministerio de Medio Ambiente se reúnen para abordar Plan de Implementación Participativo del Acuerdo de Escazú

Representantes del Ministerio de Medio Ambiente se reúnen para abordar Plan de Implementación Participativo del Acuerdo de Escazú

En el marco del proceso de implementación del Acuerdo de Escazú, esta semana se realizó en el Ministerio de Medio Ambiente una nueva jornada interna, que tuvo entre sus objetivos dar a conocer los estándares de participación pública de Escazú, realizar diálogos sobre las fortalezas y áreas por mejorar de los actuales procesos de participación, y acordar cuáles estándares se pueden implementar en la consulta anticipada para la elaboración del Plan de Implementación Participativo Escazú (PIPE).

En la jornada participaron los equipos de la División de Educación Ambiental y Participación Ciudadana, la División de Información y Economía Ambiental, la División Jurídica, el punto focal para el Empoderamiento y la Acción Climática (ACE, por sus siglas en inglés), la Oficina de Asuntos Internacionales, además de funcionarias y funcionarios s del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), además de representantes de Cepal, quienes están apoyando en Chile la implementación del Acuerdo de Escazú.

La jefa de la Oficina de Asuntos Internacionales del MMA, Constance Nalegach, reconoció la importancia de la jornada de trabajo: “Como Oficina de Asuntos Internacionales valoramos cómo este tratado va cobrando realidad en aspectos específicos, como son identificar mejores estándares de participación pública. Finalmente, lo que buscamos con este tratado es que tenga un real impacto en una gestión informada, transparente, respetuosa de los Derechos Humanos y que dé seguridad y certeza a todos los actores”.

Durante la actividad, se trabajaron en los estándares de Escazú en materia de información y participación, vitales para guiar el proceso de elaboración del Plan de Implementación Participativa de Escazú (PIPE), el cual contará con participación temprana y un especial foco en grupos y personas vulnerables. Además, se reforzó un compromiso de trabajo en conjunto con el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia de Medio Ambiente en el proceso de implementación de Escazú.

Este año, nuestro foco estará precisamente en recoger la mayor cantidad de aportes que nos permitan contar con un plan de implementación participativo, mejorando así nuestras políticas públicas a través de la justicia y democracia ambiental”, profundizó Constance Nalegach.

Al finalizar la jornada, se coordinó la continuación de actividades de difusión y capacitación con actores del nivel central y regional, para que en marzo se dé inicio al proceso de participación temprana.

Webinar aborda proceso de implementación de Acuerdo de Escazú en Chile

Webinar aborda proceso de implementación de Acuerdo de Escazú en Chile

Análisis para apoyar la aplicación del Acuerdo de Escazú en Chile”, fue el título del webinar organizado por el Ministerio del Medio Ambiente en conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), y que tuvo como uno de sus panelistas al abogado Juan Cristóbal Moscoso, jefe de la División de Evaluación Ambiental y Participación Ciudadana del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).

Durante su intervención, Moscoso destacó las acciones que se encuentra desplegando el SEA en esta materia. En particular, resaltó la creación del nuevo Departamento de Participación Ciudadana, Consulta Indígena y Evaluación del Medio Humano, que tendrá como uno de sus objetivos principales el diseñar y ejecutar las acciones pertinentes para la implementación progresiva del Acuerdo de Escazú, en el marco de la evaluación ambiental.

En el seminario online se analizaron los resultados de una consultoría desarrollada por el PNUMA, que entre sus principales conclusiones definió que Chile cuenta con bases sólidas para avanzar en la implementación del Acuerdo de Escazú. También que existe un estrecho vínculo entre las medidas del Acuerdo de Escazú y la necesaria modernización del Estado, y que el cumplimiento efectivo del Acuerdo de Escazú requiere de una inyección presupuestaria.

Asimismo, el informe sostuvo que la situación de las personas defensoras del medio ambiente debe ser visibilizada para un diagnóstico preciso y soluciones adecuadas. Y que el acceso a la información ambiental se encuentra respaldado -principalmente- por la Ley de Transparencia.

Finalmente, que los procesos de participación ciudadana deben ser mejorados para que gocen de mayor legitimidad frente a todos los actores involucrados, y que existen desafíos pendientes en materia de eliminar las barreras de entrada y mejorar los mecanismos alternativos de resolución de conflictos.

El primer panel, sobre el “Acceso a la información ambiental y participación en la toma de decisiones ambientales”, además de Juan Cristóbal Moscoso, contó con la participación de Paulina Riquelme, representante de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), y de Macarena Martinic, coordinadora de Acceso a la Justicia de la ONG FIMA.

En el segundo panel, referido al “Acceso a la justicia ambiental y protección de los defensores ambientales”, estuvieron Jorge Femenías, académico de Pontificia Universidad Católica de Chile; Gabriela Simonetti, directora ejecutiva en Kauyeken, y José Tomás Morel, gerente de Estudios del Consejo Minero.

Acuerdo de Escazú: Funcionarios del MMA, SMA y SEA participan en jornada sobre estrategias para su implementación

Acuerdo de Escazú: Funcionarios del MMA, SMA y SEA participan en jornada sobre estrategias para su implementación

El Ministerio del Medio Ambiente, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) y el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) realizaron este jueves una jornada de socialización con funcionarias y funcionarios de las tres instituciones sobre las estrategias de implementación en Chile del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y la Justicia de Asuntos Ambiental en América Latina y el Caribe, también denominado “Acuerdo de Escazú”.

Las palabras de inicio de la actividad estuvieron a cargo de la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, quien recordó que a nivel global enfrentamos una triple crisis: de cambio climático, de pérdida de biodiversidad y contaminación.

Para enfrentarlo, dijo, es necesario impulsar una transición socioecológica justa que nos lleva a nuevas formas de desarrollo. “El mejor modo para conseguirlo es con transparencia, participación e información, los derechos de acceso que están en el corazón de la democracia ambiental y los que implementamos y resguardamos cuando nos referimos al Acuerdo de Escazú”, señaló.

La secretaria de Estado añadió que “a nivel nacional, la implementación plena y efectiva de Escazú plantea un compromiso con la protección de los Derechos Humanos y el medio ambiente a todo nivel y, en su base, exige un esfuerzo de coordinación y de articulación interinstitucional e interministerial y las tres instituciones medioambientales presentes en esta jornada tenemos un rol clave”.

La titular de Medio Ambiente contó que “desde el Ministerio estamos trabajando para impulsar los estándares de Escazú transversalmente a lo largo del Estado y difundirlo entre todas y todos los habitantes del país”.

Presentaciones

La jornada continuó con una presentación de la jefa de la Oficina de Asuntos Internacionales del MMA, Constance Nalegach, quien se refirió a las bases y los ejes para la implementación del Acuerdo de Escazú en Chile. Resaltó que durante el 2023 se hará un proceso participativo de diagnóstico e implementación de este instrumento que responda a las prioridades de nuestro país. Además, que habrá un especial foco en la protección de las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales.

A su vez, la directora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Valentina Durán, comentó que “como parte de los nuevos lineamientos de la dirección ejecutiva del SEA para el período 2022-2026, hemos iniciado la incorporación progresiva el Acuerdo de Escazú en nuestra gestión. En ese sentido, ya hemos definido indicadores de desempeño colectivo y de alta dirección pública tendientes a mejorar estándares de participación ciudadana y promover la elaboración de guías y criterios que coloquen al Acuerdo de Escazú en el corazón de nuestro actuar”.

Agregó que “el mejor ejemplo de aquello es la reciente creación del Departamento de Participación Ciudadana, Consulta Indígena y Evaluación del Medio Humano. Se trata de una instancia que surgió de un proceso participativo al interior de la organización, con una participación de más de 70% de los funcionarios y funcionarias que fueron consultados, y que tendrá como uno de sus objetivos principales diseñar y ejecutar las acciones pertinentes para la implementación de Escazú, en el marco de la evaluación ambiental”.

En tanto, la superintendenta del Medio Ambiente, Marie Claude Plumer, explicó que en 2022 se realizó una sistematización de dicho acuerdo respecto a la realidad institucional. Asimismo, sostuvo que el organismo se encuentra en buen pie, dado que en la creación de la SMA en 2010 se establecieron altos estándares de transparencia, especialmente entre los artículos 31 al 34 de la Ley 20.417, donde se establece el Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental (SNIFA).

“En ese momento se buscaba establecer un acceso al sistema de información para que los ciudadanos pudieran acceder a la información que los afecta o los pudiera afectar. En eso hemos avanzado, pero hay evidentemente brechas y oportunidades de mejora”, explicó la autoridad, quien añadió que «entre esas oportunidades, está el avanzar hacia un “lenguaje claro, comprensible, a lo que debemos avanzar en el trabajo con el Ministerio, el SEA y la SMA”.

La jornada cerró con la presentación del jefe de la Unidad de Políticas para el Desarrollo Sostenible de CEPAL, Carlos de Miguel, sobre los resultados de la COP1 y el camino para la COP2 resaltando la importancia de que los países avancen en la aplicación plena y efectiva del acuerdo y que, para ello, desde dicha organización internacional, están apoyando a países entre los que se encuentra Chile, en una hoja de ruta de implementación.

Acuerdo de Escazú: Avanza en el Congreso luego de aprobarse en la Cámara de Diputados

Acuerdo de Escazú: Avanza en el Congreso luego de aprobarse en la Cámara de Diputados

La Cámara de Diputadas y Diputados respaldó el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, también llamado Acuerdo de Escazú. Ahora deberá ser revisado en el Senado.

Según señaló el organismo gubernamental, el texto aborda aspectos fundamentales de la gestión y la protección ambientales desde una perspectiva regional, se regulan los derechos de acceso a la información, la participación pública y la justicia.

En ámbitos como el uso sostenible de los recursos naturales y la conservación de la diversidad biológica, se suma la lucha contra la degradación de las tierras y el cambio climático, el aumento de la resiliencia ante los desastres, además de incluir la primera disposición vinculante, en el mundo, sobre la protección a los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, según indican desde la Cámara Baja.

El Acuerdo de Escazú

En concreto, el acuerdo establece el derecho de acceso a la información, de modo de garantizar la transparencia de la información ambiental, en su dimensión pasiva y activa, como explicaron desde el organismo.

Asimismo, consagra el derecho de acceso a la participación en el proceso de toma de decisiones ambientales, particularmente, respecto de proyectos o actividades de impacto significativo sobre el medio ambiente. Incluye aquellos que afecten la salud y asuntos ambientales de interés público.

Desde la Cámara señalaron que también presenta normas en torno al acceso a la justicia en asuntos ambientales. En tal plano, cautela las garantías del debido proceso, para acceder a instancias judiciales y administrativas.

Además, en el texto se indica que el acuerdo dispone que cada parte garantizará un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad.

Según la Cámara Baja, este pacto entró en vigencia el 22 de abril de 2021, tras constatarse la ratificación de 11 de los Estados parte. En la actualidad, el número alcanza a 12 Estados, a saber: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Uruguay.

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