septiembre 21, 2010 | Industria
La Tercera Gran parte del megaproyecto eléctrico HidroAysén, que aportará 2.750 MW de generación, no se pondrá en operación durante esta década. Esa es la estimación que consigna el informe técnico preliminar de los precios de nudo de la Comisión Nacional de Energía (CNE), que se toma como referencia para fijar una parte de los precios de la electricidad.
En ese documento, la CNE actualizó el plan de obras, instancia donde identifica las centrales que requiere el sistema eléctrico para cubrir el crecimiento de la demanda, a partir de la información que recibe de las propias eléctricas.
En el informe anterior, de abril, la CNE preveía que la primera central del mayor proyecto eléctrico del país operaría en agosto de 2016. Se trataba de Baker 2, que tiene una capacidad de 360 MW. En ese informe también contempló que la última planta del complejo, Pascua 2.1, de 770 MW, entraría al sistema en octubre de 2020.
Sin embargo, en el informe actual la CNE estima un retraso superior a los tres años. La primera central -ahora Baker 1, de 660 MW- estaría operando en diciembre de 2019 y el resto del proyecto ya no aparece en el plan de obras.
Con ese cambio, el gobierno está sincerando el verdadero cronograma de HidroAysén, considerando la demora que que sufre la tramitación ambiental del proyecto, que cumplió más de dos años desde su ingreso al sistema de evaluación.
Los nuevos tiempos van en línea con el cronograma que maneja el consorcio que integran Endesa y Colbún. Para 2020 estaría prevista la segunda central y las tres restantes a partir de 2022.
Hoy la gran duda de los expertos del sector es cómo se cubrirá el suministro de energía en la segunda parte de la década, sin HidroAysén. Sobre todo, considerando que la CNE elevó la proyección de demanda eléctrica para esta década, lo que genera mayor presión sobre la oferta. «Con el retraso de HidroAysén, el país deberá cubrir el crecimiento de la demanda con proyectos a carbón, pero como tienen dificultades de aprobación, podría generarse estrechez en la oferta de energía», advierte María Isabel González, ex secretaria ejecutiva de la CNE.
Consumo subirá 7% en 2011
En su informe preliminar, la CNE prevé que el consumo de electricidad en el Sistema Interconectado Central (SIC) crecerá 3% en 2010 y que a partir de 2011 se producirá un alza relevante. Aunque para el próximo año redujo su estimación de 9,1% a 7,2%, la subió para los siguientes nueve años. Para 2012, la CNE proyecta una expansión de 6,4% y para 2013 un alza de 6,1%. Entre 2014 y 2020 proyecta tasas de entre 5,6% y 6%.
Según el plan de obras y estimaciones de demanda máxima de energía, las holguras del sistema eléctrico bajarían de 50% a 35% en esta década. «Las dificultades comenzarán en 2015. Hasta entonces, la mayor demanda se cubrirá con proyectos que hoy se construyen. Después de esa fecha no hay proyectos para incorporarse. Eso encarecerá la energía», dice Renato Agurto, socio de Synex.
Alza de los combustibles
La CNE también ajustó sus estimaciones de precios para distintos combustibles usados en la generación eléctrica. Para el carbón, prevé un precio de US$ 94,8 por tonelada en 2011. El precio irá subiendo, hasta alcanzar los US$ 127,2 en 2020.
En tanto, para el crudo WTI, el gobierno espera que el precio en 2011 promedie US$ 81 por barril, pero proyecta valores de US$ 92,2 para mediados de la década y de US$ 107,5 para 2020.
A su vez, para el el gas natural licuado (GNL), la CNE prevé que llegará a US$ 11,87 por millón de BTU en 2011, y subirá a US$ 12,33 en 2012. A partir de 2013, proyecta una reducción del precio a valores de US$ 9,57 para 2020.
Fuente / La Tercera
septiembre 15, 2010 | Industria
Diario Financiero El lunes se inició, en la Corte de Apelaciones de Copiapó, la vista del recurso interpuesto por los opositores al proyecto Central Termoeléctrica Castilla, liderado por MPX Energía, que mantiene paralizada su tramitación ambiental en la Corema de Atacama.
A través del recurso, los opositores buscan que se decrete la ilegalidad de la decisión del Seremi de Salud de la región, quien cambió su calificación del proyecto que su antecesor había establecido como «contaminante» a «molesto», situación que, en la práctica, da luz verde a su aprobación por parte del consejo regional ambiental.
De la causa se hizo parte la empresa, con el apoyo del abogado Andrés Jana -del estudio Jana Bofill Mir & Álvarez Jana Abogados-, quien encabezó la exposición de MPX Energía en la sesión de alegatos, efectuada el día lunes en la capital de la región de Atacama.
También intervino el procurador fiscal del Consejo de Defensa del Estado en la región -en defensa del Seremi-, y el abogado Carlos Figueroa Guzmán, hijo del ex ministro del interior, Carlos Figueroa, abogado que encabezó la defensa de Atacama sin Carbón, ONG que busca evitar la construcción de las centrales en costas copiapinas.
Según este último, la posición de los opositores al proyecto se basa en que el cambio de la calificación del proyecto por parte del Seremi de «contaminante» a «molesto» viola la ley de actos administrativos, debido a que no es posible revocar una decisión de este tipo, a menos que se cumplan ciertas causales que, en este caso, no se dieron.
En cambio, la postura de MPX Energía -firma ligada al empresario brasileño Eike Batista- señala que el cambio de la calificación por parte del Seremi obedece a la corrección de un error del anterior autoridad de salud regional, visión que también fue compartida, en algunos puntos, por el Consejo de Defensa del Estado.
Hasta un mes para el fallo, sin contar la Suprema
Con todo, la causa quedó en acuerdo y se espera para un plazo de entre una semana y un mes el fallo definitivo. En cualquier caso, la parte que pierda en el juicio puede recurrir a la Corte Suprema, lo que podría demorar la resolución del fallo en un mes más.
Fuentes cercanas a las ONG opositoras al proyecto de generación señalan que no están contemplados nuevos caminos judiciales para impedir la votación de Castilla en la Corema local.
Fuente / Diario Financiero
septiembre 8, 2010 | Industria
El Mercurio Juan Clavería, CEO de GDF Suez Energy Andino, filial para Chile de la gigante francesa, dio por superado ayer el tema de la cancelación de la central Barrancones, a petición del Presidente Sebastián Piñera.
«Si bien aún no hemos tomado una decisión respecto de la reubicación del proyecto, entiendo que eso no se puede hacer tan sencillamente, no es tan factible», dijo el ejecutivo.
A ello sumó una señal más clara respecto de las nulas posibilidades que tendría este proyecto en los planes de la eléctrica: «Se decidió no enviarlo al comité de inversiones del grupo», aseguró.
En estos momentos, y a nivel mundial, GDF Suez tiene en construcción proyectos de generación por unos 20 mil megawatts (MW), a base de distintas fuentes de energía, y en todos los estudios para el desarrollo de Barrancones y que fueron parte de la tramitación ambiental de esta iniciativa, la compañía invirtió US$ 15 millones.
Reserva marina
En medio de estas declaraciones, el ejecutivo se tomó el tiempo para aclarar que la zona de la bahía de Ramadillo, donde iba a estar emplazado el proyecto de 540 MW de capacidad, no está protegida. «La reserva marina de Punta Choros es claramente de una milla náutica en torno a la isla, y eso está claramente definido en un decreto, por lo que esta central nunca estuvo en una zona prohibida», manifestó.
Con esto se refirió al Decreto Supremo 151 de 2005, que fue firmado por el ex Presidente Lagos, declarando como reserva marina el espacio circular con radio de una milla náutica que rodea ambas islas (ver mapa).
Sin embargo, dijo estar de acuerdo con que el área en cuestión «es claramente sensible».
A la luz de lo anterior, Clavería destacó que es necesario iniciar una discusión nacional para definir la fuente de generación del futuro.
En este punto, insistió en que Barrancones cumplió con toda la normativa ambiental vigente y que recibió la aprobación de los servicios públicos. Añadió que en lo referido a sus emisiones, éstas alcanzan a 8,64 toneladas (ton) diarias de dióxido de nitrógeno y azufre y a 2,16 ton de material particulado.
PERMISO
Ayer se evacuó la resolución ambiental de la central que está cancelada.
Conama redacta resolución de calificación ambiental
Pese a que GDF Suez aceptó la petición del Presidente Piñera de cancelar el proyecto Barrancones y no siguió adelante con esta iniciativa por US$ 1.200 millones, el trámite ambiental de la termoeléctrica continuó su curso.
Es así que ayer la dirección regional de Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama) de Coquimbo entregó la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del polémico proyecto.
Esto sucede porque independiente de la decisión de la compañía, tras la votación favorable de la Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema), el pasado 24 de agosto, la redacción de las condiciones finales en que la termoeléctrica fue aprobada deben ser redactadas en un documento oficial. Éste es el permiso ambiental del proyecto o RCA y la empresa no puede renunciar a él, una vez que la iniciativa se ha votado.
«La aprobación del proyecto le entrega un derecho a la empresa titular de éste, pero en este caso y pese a cumplir con toda la normativa y las exigencias del proceso de evaluación ambiental, GDF Suez decidió no seguir adelante con Barrancones, accediendo a una solicitud del Presidente de la República», explicó un conocedor del proceso de tramitación ambiental.
Fuente / El Mercurio
septiembre 7, 2010 | Industria
El Mercurio En dos semanas se reactivaría en la Corte de Apelaciones de Copiapó el proceso legal en torno al proyecto termoeléctrico Castilla, cuyo futuro, tras la cancelación de Barrancones, en la Región de Coquimbo, concentra la atención de diversos sectores.
Patricio Escobar, abogado que representa a la familia Domínguez, propietaria de terrenos al interior de la hacienda Castilla, donde se proyecta el complejo eléctrico ligado al magnate brasileño Eike Batista, explicó que el tribunal está a la espera de que la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda y Urbanismo de la Tercera Región le entregue el último de una serie de informes que solicitó a diversos organismos públicos antes de iniciar la vista de la causa y escuchar los alegatos de las partes.
La acción judicial fue presentada, a nombre de los Domínguez, contra la Seremi de Salud de Atacama, para impugnar la decisión de su titular, Raúl Martínez -recientemente renunciado-, que a principios de julio cambió la calificación del proyecto Castilla de «molesto» a «contaminante», lo que permitió destrabar la tramitación ambiental de esta inversión. Este servicio es representado por el Consejo de Defensa del Estado.
El tribunal pidió informes a la intendenta Ximena Matas, como presidenta de la Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema), y también a la dirección regional de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama). Éstos fueron enviados y se detallan sus participaciones en la evaluación.
Luego, Raúl Martínez entregó su informe, y a los pocos días, luego del anuncio del Presidente Piñera de la relocalización de Barrancones, renunció. Finalmente, la Corte pidió información a la Seremi de Vivienda, porque cuando se tipifica un proyecto, ésta debe establecer que la condición se relaciona con el uso de suelo.
Son cinco las partes involucradas en este proceso. El 14 de agosto, MPX Energía, la firma de Batista a cargo de Castilla, se involucró representada por los estudios Claro y Compañía y Bofill Mir & Álvarez Hinzpeter Jana, entre otros. Su objetivo: aportar argumentos legales que validan la opinión del seremi de Salud.
También se sumaron la comunidad aledaña de Totoral y los pescadores de Chasco.
Restan dos días para que se cumplan las 180 jornadas reglamentarias para el trámite ambiental, que permanece suspendido por una orden de no innovar que dictó el tribunal.
Playas vírgenes
El arquitecto Gonzalo Domínguez se opone a la construcción de Castilla, y su argumento central es que «Bahía Salado, donde se quiere instalar esta central, es la única bahía del norte de Chile que permanece virgen, a diferencia de otras como Ventanas, Caldera, Coquimbo, Huasco y Mejillones, donde no sólo hay intervención productiva, sino que alta contaminación».
La condición de la zona, agrega, supone un valor natural que debe ser preservado. Dice, además, no estar de acuerdo con la forma «solapada» con que MPX Energía ha tramitado este proyecto, que es de gran magnitud y que «atropellará» a toda la Región de Atacama, asegura.
Domínguez reconoce haber enviado una carta a Piñera pidiéndole que intervenga para que Castilla no se concrete, aunque espera que, a diferencia de Barrancones, «el Mandatario no se precipite», sino que observe las causales y los procesos concretos que permitan impedir la construcción de este complejo termoeléctrico a base de carbón.
La central de US$ 4.400 millones de inversión en la Tercera Región
Ubicada en la zona de Punta Cachos, al interior de la Hacienda Castilla, distante 80 kilómetros al suroeste de Copiapó, la central termoeléctrica Castilla, considera la instalación de seis turbinas a carbón y dos unidades a diésel. Estas totalizan una capacidad instalada de 2.350 Megawatts (MW), que supera todo lo que está instalado en base a este combustible a nivel nacional (2.135 MW).
Se intervendrán 612 hectáreas, de 240 mil que componen el terreno mencionado, lo que no incluye la habilitación del puerto para la descarga de los combustibles ni tampoco la planta desaladora modular que procesará el agua de mar que usan algunas operaciones del complejo.
Fuente / El Mercurio
agosto 30, 2010 | Industria
La Tercera Claridad en la política energética futura es la principal petición que hace hoy el sector minero, tras el revés que sufrió el proyecto eléctrico Barrancones, producto de la intervención del Presidente Piñera.
La industria, principal consumidor de energía del país, está preocupada por la incertidumbre que genera este escenario y por el futuro del resto de los proyectos a carbón que están hoy en tramitación ambiental. En especial el de la central Castilla, del empresario brasileño Eike Batista.
Un ejecutivo del sector indica que, junto con la mala señal que se les está enviando a los inversionistas, al no respetarse las normas que ambientalmente aprueban un proyecto, indica que no contar con un abastecimiento seguro y constante de energía elevará los costos de las mineras.
Actualmente, el 22% de la estructura de costos de la industria minera proviene del suministro de energía. Fuentes del sector explican que esto podría elevarse si no se tiene un contrato estable con una central. «Si no hay centrales, hay que recurrir al mercado spot, donde la energía es más cara. Habrá que asumir el costo que esto significa», explican.
Esta situación, señalan en el sector, podría provocar una reevaluación del plan de crecimiento de la industria minera.
La central Barrancones tenía proyectada su puesta en operación para 2014, plazos que hoy ya no corren. El proyecto se retrasará en, al menos, dos años.
«El tema de los plazos es relevante. Las consecuencias las van a tener las empresas mineras, porque la factibilidad de sus proyectos depende de tener energía eléctrica. El problema es que a la larga van a disponer de ella, pero será más cara, por lo tanto, amenaza la viabilidad de las obras», explica la ex secretaria ejecutiva de la CNE María Isabel González.
Las mineras tienen en carpeta inversiones por US$ 50 mil millones para los próximos siete años, con el fin de elevar 39% la producción de cobre, hasta llegar a 7,5 millones de toneladas por año.
«La situación es preocupante, ya que se sabe que vienen fuertes inversiones futuras, crecimientos en el sector y nos preocupa cómo los vamos a abastecer», enfatiza un ejecutivo del sector.
González ratifica la necesidad energética que tiene el Norte Chico «En la zona del Norte Chico del país hay que tener generación, y cualquier consumo es importante, por la cantidad de proyectos mineros que hoy están analizando su viabilidad. Esos proyectos dependen de que haya energía eléctrica disponible, por lo tanto, disponer de ella significa mucho para el país, sobre todo para alcanzar los niveles de desarrollo. No es una cosa menor», explicó.
Energías renovables
Una de las lecciones que sacaron las mineras, luego de la crisis del gas y el uso constante de diésel para sus faenas, fue asegurar sus consumos de largo plazo.
Una de las medidas fue incursionar en el uso de las energías renovables, como parques eólicos y plantas solares. Pese a este esfuerzo, indican que estas opciones energéticas no son la solución. «Las energías renovables no convencionales, no son la solución definitiva para el sector minero. Los parques eólicos no funcionan las 24 horas al día», dice una fuente de una minera. De hecho, su operación es bastante menor. Según ejecutivos del sector eléctrico operan sólo 8 horas al día.
Además, su costo es mayor. Una central térmica o hidroeléctrica tiene un costo medio de US$ 70 a US$ 80 por MWh. Una eólica alcanza a los US$ 130 MWh.
«El problema de esto es que los sectores ambientalistas se oponen a toda fuente de energía. Entonces, la pregunta que hay que hacer es cuál será el plan de energía para los próximos 10 a 20 años», dice un ejecutivo.
Fuente / La Tercera
