octubre 21, 2015 | Industria
(El Mercurio) «Cuando llegamos a Chile, hace siete años, las renovables eran un chiste», dice Bart Doyle, gerente general de Mainstream Renewable Power en Chile, para graficar la importancia que tenían este tipo de fuentes energéticas. Hoy, claramente no lo son: esta firma irlandesa tiene previsto invertir en el país unos US$ 2 mil millones en los próximos cinco años, en distintos proyectos solares y eólicos por mil megawatts (MW) desde Arica a Chiloé.
Aunque trabajan en muchísimos proyectos, solo dan a conocer los que cuentan con Resolución de Calificación Ambiental aprobada, que son 11. Y de ellos, las dos iniciativas más grandes de la firma anglosajona en Chile son los parques eólicos. Uno es Saco, en Freirina (III Región), y el otro es Aurora, en Llanquihue (X Región), que en conjunto suman casi US$ 500 millones y 240 MW de potencia instalada. Además tienen otros tres en proceso de aprobación.
Para acometer estos proyectos, Mainstream se alió en 2013 con el fondo de pensiones británico Actis y crearon una nueva firma, Aela. Esta última entidad venderá entre el 40% y 50% de la energía proveniente de los proyectos que se desarrollan en Chile al mercado regulado y el resto se comercializará mediante contratos con clientes libres, básicamente empresas.
Mainstream fue creada en 2008 en Irlanda y tiene base en Dublín. Su mayor accionista es el empresario irlandés Eddie O’Connor, seguido de la japonesa Marubeni y el banco inglés Barclays.
«La empresa busca transformar lo no convencional, como son las energías a base de radiación solar y viento, en convencional», señala Bart Doyle. Eso explica su nombre, que en inglés apunta a lo que son las corrientes predominantes. Doyle hace ver que ese tránsito ya se está dando en Chile, donde la electricidad renovable está despegando con fuerza y sin ningún tipo de subsidios.
Potencial eólico y solar puede trasladarse al centro del país
Mainstream y otras compañías de energías renovables no convencionales participaron en la última licitación convocada por el Gobierno, donde se recibieron ofertas de 38 compañías.
El ejecutivo estima que el sector despegará aún más si se aprueba la ley de transmisión, que permitirá conectar las distintas centrales con la red eléctrica, y con la interconexión entre el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING) y su homólogo de la zona central (SIC), que hará que el potencial eólico y solar del norte de Chile se transporte a las zonas de mayor población, que están en el centro del país.
Una conjunción de factores hizo que, en pocos años, estas energías no convencionales experimentaran un auge inesperado. Doyle explica que el abaratamiento de la tecnología, la mayor escala de los proyectos, unido a la rapidez con que se construyen las plantas renovables y la mejor imagen que tienen entre las comunidades, los hicieron atractivos para los inversionistas.
Bancos, private equity o fondos de pensiones han apostado por estas tecnologías con entusiasmo, explica el ejecutivo, porque a diferencia de las energías convencionales que tardan 15 a 20 años en pasar desde la idea a una central que produce electricidad, las renovables pueden hacerse realidad en cinco o seis años y con ello reducen el riesgo de la inversión.
El mayor accionista de Mainstream es el empresario irlandés Eddie O’Connor, un pionero de las energías renovables en el Reino Unido, seguido de la japonesa Marubeni y el banco inglés Barclays.
La firma está en nueve países, siendo Chile, después de Sudáfrica, la nación con mayores operaciones.
La compañía irlandesa tiene más de 10.500 MW en proyectos en desarrollo en el mundo, lo que en términos de inversiones suponen unos US$ 20 mil millones.
octubre 15, 2015 | Industria
(Pulso) La licitación para clientes regulados del Sistema Interconectado Central (SIC) es la solución que vio el brazo renovable de la constructora e inmobiliaria Besalco para rentabilizar su inversión en los proyectos hidroeléctricos Los Hierros I y II, ubicados en la comuna de Colbún, en la Región del Maule.
El gerente de negocios de Besalco Energías Renovables, José Ignacio Lois, indica que este sistema de contratos es uno de los objetivos de la empresa para concretar su cartera de proyectos por US$600 millones. Esta incluye hidroeléctricas menores a 20 MW e iniciativas eólicas, pero no se cierran a infraestructura de mayor envergadura de la mano de un socio.
¿Participarán nuevamente en la licitación de 2016?
Estamos estudiando porque tenemos muchos proyectos más en el pipeline y esa licitación funciona para proyectos futuros. Lo estamos viendo como alternativas para hacer viable, con este mecanismo de contratos, nuestros próximos proyectos. Esta licitación es para las plantas que ya están operando y que hoy las tenemos a spot.
¿Qué plantas?
Los hierros I y II. Son las dos hidroeléctricas que tenemos operando hoy día (…) Los hierros I en un minuto estuvo a la venta, pero no prosperó y seguimos manteniendo el activo. Hoy, debido a que el marginal está por el piso, estamos buscando un PPA para poder mantener los precios de la energía estables en el largo plazo. Queremos estabilizar los flujos.
¿Qué proyectos están desarrollando ahora?
Tenemos un proyecto que estamos a punto de construir, que lo queremos partir durante el 2016, llamado El Melado, que tiene aprobación ambiental y terreno y que es pequeña, de 5 MW. Tenemos otra de 20 MW que estaría obteniendo su calificación ambiental y comenzando su construcción a fines del próximo año
Y para más largo plazo, ¿Tienen proyectos?
Tenemos diez proyectos más. La mayoría hidro y tenemos un par de iniciativas eólicas pequeñas y, en estudio, otro tipo de proyecto como solares, pero el foco es hidro, hasta 20MW.
¿Cuánto significa esto en inversión?
Hoy tenemos aprobado hasta 2020 proyectos por 210 MW, que representa US$600 millones, de los cuales ya hemos invertido US$100 millones.
¿Podrían optar un centrales más grandes, de 100MW o 150MW?
Sí, probablemente se pueda hacer. El límite de los 20MW es un porte que nos acomoda como empresa para avanzar solos. Somos una empresa con buenos números, pero a lo mejor el traje nos quedaría un poco más grande que la medida y tendríamos que buscar un socio para un proyecto de este tipo.
octubre 14, 2015 | Industria
La Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso de Casación presentado por la alcaldesa de la comuna de San Fabián de Alico, Lorena Jardua Campos, en contra de la sentencia del Tercer Tribunal Ambiental en causa ROL N° R-3-2014, que buscó la revisión de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto Embalse Punilla, en la Región del Biobío.
Desde el Tercer Tribunal Ambiental explican que el proyecto “Embalse Punilla”, cuyo titular es el Ministerio de Obras públicas (MOP), ingresó el 14 de mayo del 2004 al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, recibiendo su aprobación por parte de la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región del Biobío el 15 de noviembre de 2010.
Posteriormente, en agosto de 2013, la Alcaldesa de San Fabián de Alico solicitó a la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región del Biobío, la revisión de la RCA, basando su presentación en el artículo 25 quinquies de la Ley 19.300, por modificación sustantiva de variables ambientales ya evaluadas.
Luego, el 28 de marzo de 2014, la Directora Regional (S) del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región del Biobío resolvió, mediante Ordinario N° 178, rechazar y no acoger a trámite la solicitud de revisión presentada por la Alcaldesa. Esto dio lugar a la presentación de una Reclamación ante el Tercer Tribunal Ambiental, el que finalmente resolvió rechazar dicha presentación, por no haberse agotado la vía administrativa, tal como lo ordena la Ley que otorga competencias a los Tribunales Ambientales (Ley 20.600).
Este último criterio fue refrendado por la Tercera Sala de la Corte Suprema, indicando que “es necesario dejar establecido que el Tercer Tribunal Ambiental rechazó la reclamación deducida por la Municipalidad de San Fabián de Alico, en razón que el artículo 17 N° 5 de la Ley N° 20.600, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 y 25 quinquies de la Ley N° 19.300, exigen el agotamiento previo de la vía administrativa y sólo facultan al Tribunal para conocer de la reclamación que se interpone en contra de la resolución del Comité de Ministros o del Director Ejecutivo”, indicó la sentencia redactada por el ministro Sr. Pedro Pierry A., con el acuerdo de los ministros Sra. Rosa Egnem S., Sra. María Eugenia Sandoval G. y Sr. Carlos Aránguiz Z. y el Abogado Integrante Sr. Arturo Prado P.
El fallo del máximo Tribunal sostuvo que “además se debe consignar que en modo alguno los argumentos de la Municipalidad recurrente configuran la causal invocada, toda vez que la circunstancia que unos razonamientos contradigan eventualmente lo expresado en otros, no significa que existan decisiones contradictorias ya que una situación como la alegada sólo produciría que los razonamientos o consideraciones contrapuestos se anularan, configurándose una causal de casación de forma distinta a la que aquí se analiza”, concluye.
Artículos 25 quinques, Ley 19.300
De acuerdo a la sentencia del Tercer Tribunal Ambiental, el agotamiento de la vía administrativa encuentra su fundamento legal en el Artículo 17 n° 5 de la ley n° 20.600, en relación con los artículos 20 y 25 quinquies de la ley n° 19.300, al hacer competente al Tribunal Ambiental para conocer de las reclamaciones que se interpongan en contra de la resolución, ya sea del Comité de Ministros o del Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental.
Embalse Punilla
El proyecto Embalse Punilla está localizado en las Comunas de San Fabián de Alico y Coihueco, provincia de Ñuble, Región del Biobío. El proyecto consiste en un embalse multipropósito que permitirá generar energía hidroeléctrica con una producción que alcanzaría a los 525 GWh como promedio anual con una potencia nominal de 94 MW. Asimismo, según el solicitante, el embalse permitirá asegurar y extender el riego en el valle del río Ñuble que corresponde a una superficie de 66.000 ha en las comunas de Coihueco, Chillán, Ñiquén, San Carlos, San Fabián y San Nicolás.
octubre 8, 2015 | Sustentabilidad
El Superintendente del Medio Ambiente, Cristián Franz, inauguró la Oficina Regional de Valparaíso de la SMA, ceremonia en la que participó también el Intendente de Valparaíso, Gabriel Aldoney; el Gobernador de Valparaíso, Omar Jara; la Seremi del Medio Ambiente, Tania Bertoglio; el Director del Servicio de Evaluación Ambiental, Alberto Acuña, entre otros personeros de Gobierno.
Franz explicó que con esta nueva sede la SMA completa la instalación de 6 oficinas regionales, junto a las ya existentes en Antofagasta, Copiapó, Santiago, Concepción y Valdivia. Expresó que con esta tercera inauguración del año se cumple con la meta propuesta para 2015 y se avanza para cumplir con el programa de Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, que apunta a dotar a este organismo fiscalizador de oficinas en todas las regiones del país.
“Esta nueva oficina nos permitirá seguir desplegando nuestra labor fiscalizadora en una región caracterizada por zonas muy complejas desde el punto de vista ambiental. Debemos comprender que este es un proceso de instalación, pues la SMA recién cumplirá 3 años de operación en diciembre. Este es un primer paso en la región de Valparaíso”, afirmó el Superintendente Franz, según consigna la nota publicada por la SMA.
A la vez, destacó que en la labor fiscalizadora la SMA no está sola. “En agosto de 2013 se inició el proceso de creación la Red Nacional de Fiscalización Ambiental (RENFA), que convoca a 16 servicios públicos. Esta oficina regional nos ayudará a articular de la mejor manera posible el funcionamiento de RENFA en Valparaíso, lo que permitirá coordinamos para hacer una mejor fiscalización para todos los chilenos y chilenas”, dijo el Superintendente Franz.
La Oficina Regional de Valparaíso está encabezada por Sergio de la Barrera, quien es ingeniero civil bioquímico de la U. Católica de Valparaíso y máster en Contaminación Ambiental de la Universidad Politécnica de Madrid. Anteriormente se desempeñó como jefe de proyectos del Centro Nacional del Medio Ambiente.
“Asumo el desafío de iniciar las labores de esta oficina que contará con tres fiscalizadores y un abogado. Valparaíso es una zona compleja, con todo tipo de actividades industriales, donde la energía y minería tienen una alta incidencia, como también construcciones, saneamiento ambiental, etc. Trabajaremos por mejorar día a día nuestros procedimientos y para dar respuesta a quienes presentan denuncias”, asegura.
Cifras de la SMA en la región
La Región de Valparaíso, a la fecha, existen un total de 575 unidades fiscalizables, las que agrupan a 687 proyectos con Resolución de Calificación Ambiental (RCA). Esta diferencia se produce porque algunas faenas cuentan con más de una RCA. Esta zona concentra un 4,6% de las RCA que se han otorgado en el país.
De acuerdo a la tipología de proyectos, según la clasificación del Servicio de Evaluación Ambiental, en la zona predominan las instalaciones de saneamiento ambiental (24%), seguidas por el sector energético (11%) y el minero (9%).
Desde que la SMA comenzó sus funciones, a fines de 2012, ha realizado 56 actividades de inspección en la zona. A la par, se han realizado 657 actividades de fiscalización correspondientes a exámenes de información ambiental entregadas por las compañías que operan en la zona.
Dentro de estas últimas actividades, destacan 14 fiscalizaciones realizadas a 6 centrales termoeléctricas en la zona. De esas inspecciones, 8 fueron derivadas a la División de Sanciones porque se detectaron hallazgos que podrían constituir infracciones a la normativa.
En el caso de los procesos sancionatorios, en la región se han iniciado 20 procedimientos. De estos, 4 corresponden al sector minero y 3 al sector energía.
Del total de procesos, 3 han terminado a firme con multas que ascienden a un total de 5.606 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a $2.997 millones. Ese total se desglosa de la siguientes manera: Multa y cierre de planta Tecnorec de San Antonio (175 UTA), sancionatorio contra Puerto Ventanas por bodega de concentrados de cobre (132 UTA) y sancionatorio contra Mina El Soldado de Angloamerican por 5.229 UTA.
octubre 8, 2015 | Industria
(El Mercurio) Más de 50 recursos administrativos y judiciales sumaría en su contra la línea eléctrica que va entre Cardones y Polpaico y que lleva a cabo Interchile, filial del grupo colombiano ISA.
Así lo advierte el abogado Juan Carlos Urquidi, quien piensa que el proyecto difícilmente podrá terminar su construcción a fines de 2017 como se prevé. De hecho, en la industria eléctrica comentan que ciertos proyectos están evaluando sus propias líneas, ya que asumen que esta línea no entrará en los plazos proyectados en el cronograma.
Cercanos a la firma aseguran que esta no ha recibido esa cantidad de reclamaciones, y que en la administración solo conocen aquellos que se han hecho públicos. En Interchile comentaron que «el cronograma fijado por el proyecto se mantiene inalterado y de acuerdo con los tiempos que nos propusimos». Añadieron que pretenden obtener la Resolución de Calificación Ambiental de la línea de 753 kilómetros el 4 de noviembre, para terminar la construcción en diciembre de 2017.
La línea cruza 20 comunas de la zona norte y el centro de Chile, pero la mayor parte de la oposición del proyecto por US$ 1.000 millones la han encontrado en la V Región, incluso algunas autoridades locales han pedido congelar el proyecto y empresarios han manifestado sus reparos con la iniciativa. Hoy en Catapilco se reunirán varias personas a conversar sobre el proyecto, y asistirán senadores, diputados, alcaldes y representantes de las comunidades.
Esta es una iniciativa complicada y, a la vez, clave para el Gobierno porque permitirá bajar los precios de la electricidad posibilitando el paso de más energía. De allí que el ministro de Energía, Máximo Pacheco, ponga tanto énfasis en su concreción: él mismo ha liderado algunas mesas de negociación.
[Los detalles del trazado de la línea Cardones Polpaico]
