mayo 9, 2016 | Industria
(Diario Financiero) Cornélio Brennand, uno de los principales grupos industriales de Brasil, con negocios en el área inmobiliaria y de envases de vidrio, prepara su ingreso al mercado eléctrico local.
La semana pasada, a través de su filial Atiaia Energía, la firma obtuvo la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) para el que será su primer proyecto en el país, la central hidroeléctrica Rucalhue, ubicada en la cuenca del Biobío.
Pablo Ceppi, gerente general de la firma, señaló que el proyecto de 90 MW y una inversión estimada en US$ 240 millones, es el primero de una cartera de hasta 500 MW que la compañía quiere desarrollar en el país, lo que demandará inversiones estimadas en unos US$ 1.200 millones.
“En Brasil la compañía es una empresa familiar que va a cumplir 100 años de historia el próximo año, y desde 2004 que participa en el sector energético”, dice el ejecutivo.
En Chile comenzaron a prospectar el mercado en 2010, con la idea de contar con un portafolio basado en centrales hidroeléctricas de pasada de tamaño mediano, entre 50MW y 150 MW de capacidad, como manera de diversificar el negocio que ya tienen en Brasil.
“Hasta la fecha hemos desarrollado seis centrales en Brasil, que en conjunto tienen unos 155 MW instalados. Estos proyectos son principalmente minihidros, pero en Chile estamos apuntando a unidades de tamaño mediano, por las características del mercado”, sostiene.
Los derechos de agua para desarrollar Rucalhue fueron adquiridos a una firma forestal, y hoy día la compañía ya trabaja en un segundo proyecto, una central en la cuenca del Río Bueno, en la Región de Los Ríos.
Si bien la idea de la firma es desarrollar proyectos greenfield, no está descartado asociarse con algún actor en el mercado local que les permita ampliar su portafolio del proyecto y acceder a más derechos de agua.
“Los proyectos hidroeléctricos tienen plazos de desarrollo muy largos, y sin duda hoy es clave obtener la licencia ambiental de las comunidades para llevarlos a cabo”, señala.
Según Ceppi, una vez obtenidos los permisos de construcción de Rucalhue, las obras comenzarían a fines de 2017, para comenzar a operar hacia 2021.
[Central hidroeléctrica de 90 MW es aprobada en Región del Biobío]
mayo 3, 2016 | Industria
(Radio Biobio) Dirigentes de seis juntas de vecinos de Coronel insistieron ante la Superintendencia de Medio Ambiente en una denuncia que hace siete meses presentaron contra Colbún por la operación de la central termoeléctrica Santa María. Piden que se le mida con la misma vara que a Bocamina de Endesa.
Y es que los solicitantes acusan de falta de servicio al organismo fiscalizador, pues no ha generado ningún pronunciamiento, luego que en septiembre del año pasado se presentara la denuncia de supuestos incumplimientos a la resolución de calificación ambiental por parte de la empresa.
El abogado que los representa, Andrés Durán, apunta a que Colbún tendría una capacidad instalada de generación mayor a la autorizada y que también habría irregularidades en el permiso de su proceso de captación de agua.
Pidiendo celeridad en la investigación de la denuncia, este lunes hicieron una nueva presentación en la oficina regional de la Superintendencia de Medio Ambiente. Lo confirmó a Radio Bío Bío, la dirigenta vecinal, Mily Sepúlveda.
Para el diputado Marcelo Chávez, presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la cámara, es lamentable que existiendo una oficina local de la SMA en Concepción, no se refleje en una celeridad de los procesos.
La jefa de la oficina regional de la SMA, Emelina Zamorano, aseguró que la denuncia sí tiene rol y comentó que algunas indagaciones tienen lento avance.
Frente a esto, Colbún manifestó absoluto respeto por los procedimientos y tiempos que maneja la autoridad respecto de sus investigaciones.
La empresa dijo confiar en que ha hecho una buena gestión ambiental y social, cuya demostración serían las más de 100 fiscalizaciones desde su entrada en operación a la fecha, sin observaciones relevantes.
mayo 2, 2016 | Industria
(Diario Financiero) ¿Judicialización? El futuro de otro proyecto de inversión sería zanjado en los tribunales de justicia. Comunidades opositoras a la construcción de la línea de transmisión Cardones-Polpaico, que desarrolla la colombiana ISA y que tiene una inversión de US$ 1.000 millones, recurrieron a la Corte Suprema para frenar la iniciativa.
Pero no tuvieron éxito. No obstante, desde el Comité de Defensa del Medioambiente del valle de Limache, por donde pasará la obra, anunciaron que recurrirán al Tribunal Ambiental y al Comité de Ministros para frenarla.
Esta iniciativa busca unir la subestación Cardones, en las cercanías de Copiapó, con la subestación Polpaico en Santiago, por lo que abarca 753 kilómetros y pasa por más de 50 comunas. Esta inversión refuerza el sistema de transporte de electricidad en Santiago y es clave -según han señalado autoridades de gobierno- para la seguridad del suministro.
El 10 de diciembre del año pasado, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) resolvió aprobar la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto de Interchile, filial de la colombiana ISA. El proceso comenzó el 6 de octubre de 2014, e incluyó una consulta indígena realizada por el SEA de la Región de Atacama.
No obstante, la obra ha enfrentado una dura oposición entre algunos vecinos de la zona de Zapallar y representantes de comunas como la mencionada Limache, además de Papudo, Puchuncaví, Quintero, Concón, Quilpué y Villa Alemana, entre otras.
También ha tenido resistencia de empresarios como Gonzalo Bofill, ligado a Carozzi; como también del senador PPD Guido Girardi, quien rechazó que la línea pasara por la cuesta La Dormida.
En enero de este año, unas 400 entidades y personas, además de cinco municipalidades, presentaron recursos de protección, aduciendo una supuesta “afectación de derecho a la vida, igualdad ante la ley, derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y derecho de propiedad” por parte del proyecto de la empresa colombiana.
La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó los recursos y los declaró inadmisibles, señalando que los antecedentes deben ser vistos por el Tribunal Ambiental.
Frente a esto, representantes del Comité de Defensa del Medioambiente del valle de Limache presentaron recursos de apelación y reclamación ante la Corte Suprema, sin éxito.
Frente a esto anunciaron que presentarán recursos ante el Tribunal Ambiental y el Comité de Ministros.
No obstante, esta instancia ya estaba viendo reclamaciones de otros grupos de opositores al proyecto.
De hecho, el SEA suspendió el conocimiento de los recursos de reclamación interpuestos en contra de su resolución ante la instancia interministerial.
“Con la finalidad de evitar la dictación de decisiones contradictorias, respetando con ello la jurisdicción de los tribunales superiores de justicia, para conocer de la impugnación de la RCA de marras, resulta razonable y jurídicamente procedente, suspender el conocimiento del recurso de reclamación interpuesto ante este Comité de Ministros mientras no se resuelva por la Corte Suprema la apelación”, dijo el director ejecutivo del SEA, Jorge Troncoso, en un documento con fecha 14 de abril. Pero el SEA reaccionó a destiempo, porque la Corte Suprema falló un día antes, el 13 de abril.
Pese a todo, la empresa colombiana ya partió la construcción de la línea, la que se espera esté lista a fines de 2017. No obstante, el Comité de Ministros y el Tribunal Ambiental tienen la facultad para paralizar las obras.
La importancia de la línea
El Gobierno ha definido esta iniciativa como prioritaria, ya que refuerza una sección del sistema de transmisión que estaba al debe en cuanto a capacidad. Esto -así como otras secciones que se están reforzando- ha provocado que se generen muchas islas de precios al interior del sistema, ya que no se puede transportar toda la energía desde un lugar a otro, aprovechando los distintos tipos de generación.
Por esto, la autoridad calificó la línea Polpaico-Cardones como iniciativa estratégica.
Esta obra, además, es complementaria con la interconexión de los dos principales sistemas eléctricos, el del norte grande y el del centro sur. Este otro proyecto -que también es prioritario para el gobierno- está a cargo de E-CL, firma que está impulsando un cambio de nombre, y que constituyó una filial con la cual hará las obras en sociedad con inversionistas españoles.
[Línea Interchile: Corte declara inadmisibles 15 recursos en contra]
abril 26, 2016 | Industria
Colbún S.A., la segunda mayor generadora de energía en el Sistema Interconectado Central de Chile (SIC), llegó a un acuerdo con la empresa desarrolladora de energía renovables SunEdison para adquirir parte de los activos que la compañía estadounidense tiene en Chile.
La transacción involucra el traspaso de proyectos de energía solar fotovoltaica en desarrollo, así como la cesión de contratos de suministro de energía de largo plazo. La operación se enmarca en la estrategia de Colbún de aumentar las fuentes de Energía Renovable No Convencionales en su mix de generación, infpormó la compañía a través de un comunicado.
Adicional a esta transacción, también se ha firmado un contrato de suministro de energía de largo plazo, por el cual SunEdison suministrará 200 GWh al año de energía solar a Colbún durante 15 años.
“Este acuerdo representa un buen complemento respecto de las centrales que opera actualmente Colbún y nos permitirá contar con una mayor oferta futura de cara a nuestros clientes”, señaló Thomas Keller, gerente general de Colbún.
“El acuerdo alcanzado nos aporta valor y mejora nuestra posición de liquidez en el país, permitiéndonos avanzar en el desarrollo de nuevos proyectos. Así mismo, la firma del contrato de suministro entre ambas compañías asegura a SunEdison la ejecución de un importante proyecto en el corto plazo”, comentó Alfredo Solar, gerente general de SunEdison en Chile.
Activos involucrados
El acuerdo involucra, en primer lugar, el traspaso de dos proyectos de parques solares fotovoltaicos desarrollables en el Sistema Interconectado Central. Uno de ellos es el Parque Solar Olmué, ubicado en la comuna del mismo nombre, en la Región de Valparaíso. Este proyecto consiste en la construcción y operación de un parque de 145 MW de capacidad instalada y tiene Resolución de Calificación Ambiental aprobada.
El segundo proyecto incluido en la operación es el Parque Solar Santa Sofía, ubicado en la Comuna de Tiltil, Región Metropolitana. Con una potencia de 57 MW, esta iniciativa se encuentra actualmente en trámite de evaluación ambiental. El acuerdo también considera el traspaso de un terreno aledaño al proyecto Santa Sofía, el cual permitiría aumentar la potencia de este último en aproximadamente 30 o 40 MW.
Por último, la operación comprende la cesión de contratos de suministro de energía con compañías distribuidoras por 350 GWh anuales y por plazos de hasta 15 años, los cuales serán servidos por Colbún.
abril 13, 2016 | Industria
(Pulso) La pugna entre HidroAysén y la Dirección General de Aguas (DGA), dependiente del Ministerio de Obras Públicas, sigue abierta. Así quedó en evidencia en la última carta a los accionistas que redactara el gerente general de la compañía, Camilo Charme.
Según el ejecutivo, HidroAysén tramita desde el año 2007 derechos de aguas ante la DGA, razón por la cual la Contraloría General de la República (CGR) conminó a la DGA a resolver la solicitud en dos ocasiones durante el 2014.
“No obstante lo anterior, la DGA no cumplió y prefirió hacer un irregular uso de una excepcional facultad legal para denegar parcialmente solicitudes de agua el 21 de enero de 2015”, dijo Charme en la misiva que se hiciera pública la semana pasada a través del reporte anual de la compañía.
“Ello a pesar de que la Contraloría le había advertido en el último de sus dictámenes, de diciembre de 2014, que no veía fundamentos para poder aplicar dicha facultad excepcional (art. 147 bis Código de Agua). De esta manera, la DGA por intermedio de dos decretos del MOP, denegaron, en promedio, más del 70% de las aguas solicitadas”, añadió el abogado.
Cabe recordar que posteriormente, HidroAysén recurrió ante la Corte de Apelaciones de Santiago por los dos decretos dictados por el Ministerio de Obras Públicas (asesorado por la DGA).
Fuentes ligadas al proceso confirman a este medio que en las próximas dos a tres semanas se llevarían a cabo los alegatos que están pendientes para la dictación del fallo.
“El objeto de los reclamos es que las Cortes restauren el estado de derecho infringido por el actuar de la DGA y que se cumpla la ley. Asimismo, esperamos poder contar con los recursos hídricos en discusión con la esperanza de poder aportarlos en el desarrollo de la nueva política energética que está impulsando el Gobierno en beneficio de la Región de Aysén y del país”, argumentó Camilo Charme en la carta a los accionistas.
A raíz de las decisiones del Comité de Ministros y de la Dirección General de Aguas, que están siendo reclamadas ante las instancias judiciales respectivas, los accionistas de la sociedad resolvieron a fines de enero de 2015, contabilizar en sus respectivos estados financieros una provisión por el deterioro de su participación en HidroAysén, superior a los US$100 millones cada uno.
Charme concluyó que los recursos hídricos de Aysén “son aguas que provienen de lagos cuyo origen son glaciares, no de lluvias, por lo que aseguran un suministro permanente, renovable y sustentable, que puede servir para beneficio de la gente de Aysén y de Chile”.
Proyecto. Durante el año 2014 el Comité de Ministros dejó sin efecto la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto (10 de junio de 2014). Frente a esto, el directorio de la compañía decidió solicitar la revisión judicial de las resoluciones dictadas por el Comité de Ministro, presentándose con este objetivo sendos recursos judiciales ante el Tribunal Ambiental de Santiago y ante el Tribunal Ambiental de Valdivia respectivamente.
En el año 2015 la actividad de la sociedad estuvo concentrada en los juicios por derechos de agua adicionales, ante la Corte de Apelaciones de Santiago y defensa de la Resolución de Calificación Ambiental ante el Tribunal Ambiental de Santiago. Además de estos juicios, la sociedad se centró en la administración y vigilancia de los activos que pertenecen a esta.
El objetivo del Proyecto HidroAysén es la construcción y operación de cinco centrales hidroeléctricas, dos en el río Baker (Baker 1 y Baker 2) y tres en el Pascua (Pascua 1, Pascua 2.1 y Pascua 2.2), a través del aprovechamiento racional y sustentable de parte del potencial hidroeléctrico de dichos ríos.
[Endesa realiza millonario cargo por dos proyectos energéticos fallidos]
