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Juan Antonio Guzmán: «Es imposible tener un acuerdo energético con 100% de respaldo»

Juan Antonio Guzmán: «Es imposible tener un acuerdo energético con 100% de respaldo»

(Pulso) Dice que a los 65 años se jubiló de la prensa y que hoy, casi un año después de su última entrevista, hace una excepción sólo porque se lo pidió expresamente el presidente de la Sofofa, Hermann von Mühlenbrock.

Por eso, se excusa el empresario Juan Antonio Guzmán, “sólo hablaré de la agenda energética”. Una voz más que autorizada para referirse al tema: con una historia ligada al mundo eléctrico, fue gerente general de Gener, hoy preside el comité eléctrico de Sofofa y durante el gobierno de Piñera encabezó la Comisión Asesora para el Desarrollo Eléctrico (CADE).

De la agenda, dice que le pareció una buena propuesta, aterrizada y concreta. Ahora, eso sí, hay que implementarla.

¿Era la agenda que esperaba?

Es una buena propuesta que además tiene el mérito de ser elaborada en un tiempo muy breve y que tiene acciones bien específicas y concretas. Yo distinguiría que hay tres grupos, están las acciones concretas o micro propuestas. Hay cosas más macro, con propuestas que conllevan iniciativas legales, que tiene que ver con políticas a largo plazo. También hay algunas cosas que no están especificadas claramente, pero que podríamos decir: a buen entendedor pocas palabras (…) El ministro ha demostrado que ha sido eficiente en rayar la cancha y en tener la hoja de ruta, ahora yo espero que sea eficiente en ir cumpliendo y dando los pasos que son necesarios para obtener las metas como la reducción del precio de la energía, mayor competencia y mayor participación ciudadana.

Varios actores han dicho que las metas son ambiciosas…

Yo coincido con el criterio del ministro en términos de poner metas ambiciosas, porque si uno se pone metas mediocres no se requiere todo el esfuerzo para lograrlas.

¿Cree que es posible cumplir esas metas?

Lo veo posible, no es fácil, es un camino que requiere mucho esfuerzo, no sólo se trata de dar pautas, las líneas generales y las acciones concretas que deben tomarse, también hay que considerar la adhesión y la credibilidad del sector que es el que tiene que hacer las inversiones y que tiene que coordinarse con la autoridad y con el Estado en las partes que corresponda. No olvidemos que ENAP tiene participación en los terminales de gas, en ese sentido yo creo que la incorporación del ex ministro Tokman a cargo de la ENAP es una buena noticia.

En la agenda se dice que se trabajará en una política energética, ¿usted esperaba que la agenda fuera ésta política?

Soy mucho más práctico, y creo que en ese sentido la agenda es bastante más aterrizada que hacer grandes discusiones teóricas sobre cuál tiene que ser la política energética de los próximos 50 años. Las condiciones externas cambian, y cuando cambian, las políticas no son realizables. Ejemplo, si el precio del GNL sube tres veces su precio, la política perdería todo su sentido, por eso me quedo con una agenda mucho más concreta y tangible.

Varios expertos han reclamado que falta un acuerdo sobre matriz o que falta un acuerdo país sobre el sector energía y se esperaba que la agenda lo incluyera.

El acuerdo país con un 100% de acuerdo es imposible, este es un tema con detractores que son absolutamente refractarios frente a argumentos técnicos y las necesidades que requiere el país, por lo tanto lo que se requiere es tener una mayoría de acuerdo nacional. En ese sentido lo que se está proponiendo en esta agenda, lo que se ha propuesto en el CADE y otras comisiones, yo creo que reflejan ese acuerdo país. Ahora lo que hay que hacer es ponerlo en marcha, ya que uno no saca nada con tener todos los acuerdos del mundo si no los concretas.

Una cosa es la política, y otra cosa es distinguir cuál es la matriz energética, que muchos países tienen.

Eso está dicho en el diagnóstico. Hay gente que esperaba un plan quinquenal de esos que después no se cumple nada. Eso es lo que se va a ir definiendo, es bueno que el riesgo lo tomen los inversionistas, porque si el Estado define una matriz, que es lo que probablemente le gustaría a quienes prefieren los planes quinquenales, ahí el Estado debería hacerse responsable y eso no es bueno.

Nadie en su sano juicio pretende tener los precios que hemos tenido en los últimos 6 años, producto de la sequía, de los precios de combustibles, de la demora en el ingreso de las centrales por distintas razones, permisos ambientales, eso es lo que tenemos que sentarnos a conversar. Hay un plan claro y objetivo, creo que esto se recoge en gran parte de los diagnósticos, ahora hay que ponerse las mangas negras y manos a la obra.

La agenda habla del potencial hidroeléctrico de Chile, pero los más hidroeléctricos esperaban quizás que se dijera que por ahí iba el camino.

Supongamos que hubiera existido un capítulo dónde se hubiera dicho lo que los hidroeléctricos hubieran querido, ¿eso cambia en algo las cosas? No. Lo importante es definir lo concreto, dar claridad sobre el rumbo que va a tomar la autoridad y darle la confianza a los inversionistas. Este es un problema país, este no es un problema de este gobierno, ni del gobierno pasado, ni del antepasado, este es un problema que venimos arrastrando que yo creo que hay que darle una solución, porque si no le damos una solución nos vamos a perjudicar todos, partiendo por la señora Juanita que la cuenta hoy día la tiene muy cara y que más adelante seguirá aumentando si seguimos con los precios de licitación que hoy día tenemos. Enfrentémoslo así y no busquemos ganancias de un grupo o de otro.

¿No cree que falta una definición más política sobre la hidroelectricidad, considerando que el agua es el único recurso propio?

Para ser bien franco, una declaración romántica sobre la hidroelectricidad no aporta. Aporta mucho más que se discutan y analicen las trabas y dificultades del desarrollo de los proyectos, que se vayan saltando todos los lomos de toro, y que se desarrollen todos los proyectos que cumplan con ser sustentables, que sean aceptados por la mayoría de la comunidad, no en forma unánime, eso para mí es más importante y creo que hacia allá va esta agenda.

¿No cree que faltó tal vez una decisión política sobre dos temas como HidroAysén y la energía nuclear, a los que la agenda no se refiere?

Si la agenda hubiera dicho que se va a hacer HidroAysén, primero no sería cierto. Porque no depende del ministro de Energía, ni del ministerio, hay otras instituciones. Uno puede decir que es necesario modificar la institucionalidad para que las cosas sean más claras, eso es otro tema, pero eso no depende del ministro de Energía, es algo que tiene que resolver el Gobierno, en coordinación con varios ministerios como Medio Ambiente, Energía, Hacienda, pero eso escapa a una agenda energética. Si hubiera sido así, hubiera sido un discurso para la galería, y una de las gracias que le encuentro a la agenda es que no es un discurso para la galería.

Los grandes proyectos detenidos tienen que ver con el factor judicialización, ¿está ahí el problema?

Es un problema que creo es de todos, no sólo es del gobierno, ni de la judicatura, ni de las empresas. En ese sentido el capítulo relativo a participación ciudadana y relación con las comunidades es el camino. Ahora, siempre van a haber recursos de grupos ultra que se oponen, los ni-ni o los nimby never in my back yard, eso existe y pretender convencerlos es imposible, aquí y en la quebrada del ají. Pero también hay responsabilidad de las empresas que en algunos casos hacen la presentación de los proyectos con omisiones. Si todos nos ponemos a trabajar… de parte de los jueces, y así lo ha expresado el presidente de la Corte Suprema, el ministro Muñoz, si las cosas están bien hechas la judicialización va a existir pero se va a resolver. Y también tiene su participación el gobierno, desde el punto de vista de dar las directrices, hacer las modificaciones de la normativa o a la legalidad, que contribuyan a hacer más claro el cómo se otorgan los permisos y si algo es correcto o no. Entonces, es de todos.

Ud. habla del acuerdo país, donde siempre van a haber heridos, ¿pero no cree que es necesario intentar explorarlo? El ministro lo ha intentado…

No tengo ninguna duda que eso es lo que hay que buscar. Digo que es difícil de encontrar en un 100%, para mí un acuerdo país sería exitoso con un 70% o más, o los dos tercios, porque de esa manera va a haber de los dos sectores políticos. Un acuerdo de esta naturaleza va a tener gente de acuerdo tanto de gobierno como de oposición, y van a haber detractores también de gobierno y oposición, y por eso hay que lograr un criterio común ojalá con un 70% de apoyo, pero siempre va a haber un 10% en contra a cualquier argumento o razones.

¿No teme que en lo energético pase algo parecido a lo que está pasando hoy en educación, que finalmente la voz de la calle se termine plasmando en la reforma?

No me quiero referir al tema de educación, no sabemos lo que va a pasar en educación…

Pero ya se presentaron proyectos…

Se presentan proyectos, se dice otra cosa… esto es como las polvoredas en los caminos de tierra, todavía esta muy difuso, no se puede saber para dónde va la cosa.

Pero le pregunto por los riesgos en energía.

El tema energético es mucho más concreto, el tema de la calle pesa menos, y pesa menos porque afecta a menos gente, básicamente a los grupos ultra o más sensible del tema ambiental, mientras que la educación le afecta a dos tercios de la población.
Pero las marchas contra HidroAysén juntaron a 100 mil personas en el centro

Sí, pero 100 mil personas contra los 7 millones de santiaguinos no es mucho.

Sí tuvo peso la voz de la calle en el caso Barrancones.

Y creo que fue un gran error, y digo más: yo, acúsome padre, no lo vi un error tan complicado porque creí que era por la vía de la excepción, que se había conversado con la empresa, pero visto en perspectiva creo que fue un gran error y hay que reconocerlo.
Lo mismo en la demora del Comité de Ministros con HidroAysén.

Insisto, esto es responsabilidad de todos, por supuesto que ha habido responsabilidad de los gobiernos, no sólo del anterior, y creo que llegó el minuto de no cobrar cuentas, reconocer que se han hecho cosas bien y cosas mal, y mirar para adelante porque este es un problema muy delicado, es decir, tener los costos de la energía que hoy tenemos nos hace un país menos competitivo y en un mundo cada vez más competitivo con los países de Asia no podemos darnos el lujo.

La agenda parte de la premisa de que en el sector hay poca competencia. ¿Comparte esa percepción?

Yo no diría que hay poca competencia, diría que es deseable que haya más competencia, que es distinto. La Pepsi y la Coca Cola pelean a muerte y son dos. Es cierto, es mejor que haya más competencia, pero también convengamos que es difícil incorporar competidores cuando existen todas las dificultades de las que hemos hablado largo rato para invertir en el sector. Si ya los que están en la cancha, con los botines, tienen dificultad para pegarle a la pelota, imagínense el que anda en la galería que vaya a bajar a la cancha si más encima anda con mocasines. Es difícil.

Uno de los empeños que tiene el ministro Pacheco, y que creo que es loable, es que ojalá hayan más actores. Y eso no le molesta a nadie. Y algunos dicen que los que están adentro están como gatos gordos y regalones, pero esa es una situación que conversando con las empresas, nadie está cómodo con eso, porque es una situación que no es estable, los equilibrios inestables son malos y muy especialmente malos para los inversionistas. Aquí lo que necesitamos es estabilidad y la estabilidad son reglas claras, y se necesitan solucionar ciertos problemas: la judicialización, el atraso en permisos, mala relación con comunidades.

Para buscar mayor competencia se propone en la agenda un mayor rol del Estado, ¿qué le parece?

A mí no me molesta. En la medida de que el rol del Estado contribuya a este propósito común, en buena hora.

Incluso si se trata de ordenamiento territorial, planificación, cuencas…

Pero seamos realistas, hoy día planificar en forma independiente un inversionista una central de cualquier orden es muy difícil. Si en ese sentido el Estado contribuye a facilitar eso, me parece fantástico. Pensemos que hay esquemas, y no estoy diciendo que es lo que haya que hacer, como el de Brasil donde el Estado entrega un paquete con el terreno, todo listo, y usted construye.

¿No es contradictorio que se busque energía más barata y que por otro lado se impongan impuestos verdes que según algunos en la industria provocará alzas en las tarifas?

Sí, creo que es contradictorio. Ahora, los impuestos verdes no se han puesto, es una propuesta que está siendo analizada en el Parlamento, y creo que al final hay que buscar un compromiso que sea coherente. Las cosas incoherentes no duran.

Bernardo Larraín, presidente de Colbún: «La agenda energética es ambiciosa y desafiante»

(La Tercera) El presidente de Colbún, Bernardo Larraín Matte, hace un balance positivo de los pilares contenidos en la agenda energética que el jueves pasado dio a conocer la Presidenta Michelle Bachelet junto al ministro de Energía, Máximo Pacheco, en el Patio Las Camelias de La Moneda. Esos pilares darán pie al desarrollo de una política energética de corto y largo plazo durante 2015.

La impresión de Larraín es relevante. Colbún, una de las tres mayores generadoras del Sistema Interconectado Central (SIC), junto a Endesa y AES Gener, puso la voz de alerta en relación a la falta de una política necesaria para el desarrollo de los proyectos eléctricos en Chile. Lo hizo en el minuto que decidió suspender los estudios sobre la factibilidad de una línea de transmisión para el proyecto hidroeléctrico HidroAysén, que desarrolló en conjunto con Endesa en Aysén.

Bernardo Larraín dice que en la agenda energética del gobierno “están contenidos los principales desafíos que se deben enfrentar para desenredar el nudo energético en el cual nos encontramos”. Sin embargo, hace hincapié en el riesgo que se corre al tener una batería de iniciativas, procesos y proyectos de ley que se deben desarrollar en los próximos años, lo que podría terminar siendo, dice, “una excusa para seguir postergando las decisiones”.

¿La agenda resuelve los problemas del sector?

Es una agenda ambiciosa. Pone en blanco y negro muchas cosas que han estado en el ámbito de la discusión y del debate. Es un paso importante para enfrentar la problemática energética. Es desafiante el objetivo de reducir los costos de generación y los precios de la energía en un período corto de tiempo. Me refiero a que las reducciones de precio esperadas se tendrán que materializar en las licitaciones de empresas distribuidoras de los años 2014 y 2015 que van a representar el 50% del consumo residencial y comercial de Chile en la próxima década. En esos procesos los precios de la energía deberán estar en niveles 25% más bajos que los de la última licitación. Eso es muy desafiante, es complejo lograrlo, pero la virtud de las metas desafiantes es que son movilizadores de acción.

¿Qué acciones?

Plantea acciones en el ámbito de la demanda, como es modificar las bases de licitación, de tal forma de atraer e incentivar a distintos actores, proyectos y tecnologías para que participen de los procesos de licitación. Por otro lado, tiene acciones en el lado de la oferta. Pone en igual nivel de importancia el desafío de desarrollar mayor generación con fuentes renovables no convencionales de manera de cumplir con la meta de que representen el 20% al 2025, con el desafío de desarrollar el 80% restante en base a fuentes como la hidroelectricidad, termoeléctricas a gas y carbón. También le da un mayor valor al plan de obras de la Comisión Nacional de Energía (CNE), al decir que se cumplirá con ese plan y se desarrollarán los proyectos que ahí se indican.

¿Se pueden concretar esos objetivos?

Hay factores que no dependen del país. El precio internacional del Gas Natural Licuado (GNL) ha variado mucho, tiene precios muy bajos en el mercado local de EE.UU y altos en el mercado de exportación a Asia. ¿A qué precio llegará a Chile? Estará entre esos dos extremos, pero pensar que llegará a precios especialmente bajos a Chile, en circunstancia de que el principal mercado de compra es el asiático y que hoy está pagando precios muy altos, sería un poco ingenuo.

Viendo ese escenario ¿es factible bajar los costos marginales en 30% al 2017?

Depende de muchos factores exógenos, como son los factores hidrológicos, el precio de los combustibles, aspectos que ninguno de nosotros manejamos.

¿Cuál es la clave de esa baja? ¿El gas?

En muchas ocasiones, el costo marginal ha estado marcado por el costo de generación con petróleo diésel, el que si es reemplazado por gas, implicaría una baja en los costos marginales.

Si eso se estimula, ¿podría producirse esa baja?

Como dije antes, los costos marginales, que hoy han estado marcados por el diésel, sí tenderían a la baja. Sin embargo a los precios actuales del GNL en los mercados internacionales no se ve tan fácil que en base a gas se pueda generar precios de largo plazo más bajos que los precios determinados por la generación hidroeléctrica o a carbón por ejemplo.

¿Es la agenda que esperaba?

En la agenda están contenidas iniciativas para enfrentar los principales desafíos que para desenredar el nudo energético en el cual nos encontramos. Además, tiene la virtud de poner el tema energético en un nivel de importancia mayor y de pasar del debate y el diagnóstico a un documento que pone metas, plazos y proyectos de ley.

¿Qué diferencia tiene esta agenda de la que se planificó en el anterior gobierno?

Esta agenda hace referencia al informe de la Comisión Asesora del Desarrollo Energético que se hizo en el anterior gobierno. Ese informe era más bien de grandes lineamientos y diagnósticos. Era el primer piso. Lo que veo en esta agenda es el segundo piso.

¿Es más concreta?

Es una evolución del diagnóstico y de los grandes lineamentos, hacia acciones, medidas y proyectos de ley.

Pero ¿ve riesgos?

Que todos estos proyectos de ley, iniciativas y procesos que se establecen terminen siendo una excusa para seguir postergando decisiones. Espero que sea lo contrario:, que terminen siendo la manera de viabilizar y legitimar la toma de decisiones que el desarrollo energético requiere.

El documento dice que quiere dar “señal nítida a todos los actores del compromiso del gobierno para impulsar las inversiones en materia energética”. ¿Es tan nítida esa señal?

Es un paso en el sentido correcto. Lo que se transmite es que el Estado no será neutro respecto del desarrollo de proyectos de inversión que permitan cumplir el objetivo que se puso que es tanto de reducción de costos marginales como de precios. No se le puede pedir más a un documento. Viene la etapa siguiente que son los procesos, las acciones y la política energética.

¿Es una señal clara para el inversionista que se le dé más peso al plan de obras de la CNE?

Que se diga que para lograr el objetivo de bajar los precios se requiere no sólo desarrollar el potencial de ERNC para cumplir con el 20% de la ley, sino que también desarrollar proyectos hidroeléctricos y termoeléctricos para cumplir con el 80% y que serán los que mayoritariamente se presentarán en las próximas licitaciones, y que lo vincule con el plan de obras de la CNE, por supuesto que lo hace una señal más concreta respecto del desarrollo de esos proyectos. Esa es la novedad, porque este plan, que era netamente indicativo, pasa a ser un instrumento que da ciertas señales de qué proyectos se deben desarrollar para lograr el objetivo de reducción de precios, el que se deberá verificar en las licitaciones de los próximos dos años.

¿Qué otro aspecto destaca?

El segundo tema que destaco es el desarrollo de un proceso participativo durante el año 2014, para tener una política energética nacional de largo plazo en el año 2015. Un tercer tema es que destaca y destina un capítulo completo a ello, la necesidad de desarrollar fuentes energéticas en base a recursos propios cómo la hidroelectricidad y las fuentes no convencionales, como la energía solar y geotermia.

¿Les preocupa el mayor rol del Estado?

Hay bastante consenso en que el Estado debe ser más activo en ciertas materias. Es legítimo que el Estado no sea neutro en relación a la matriz energética del país. Debe tener un sesgo hacia fuentes propias, sustentables y competitivas. El Estado también debe ser un actor que articula, porque se van a establecer una serie de procesos donde participarán distintos actores. El Estado fija las reglas del juego de esos procesos y sus plazos. Por eso, no veo tanto debate en un rol más activo del Estado en estas materias.

¿Este mismo rol genera más certidumbre sobre el desarrollo de los proyectos?

El Estado ha sido un poco inmovilista en algunas materias. La última reforma relevante del sector energético fue el año 2005, con la ley corta 2. Es cierto que ha habido cambios relevantes en la institucionalidad ambiental. Sin embargo, se ha debatido mucho sobre la importancia de temas como el ordenamiento territorial, la descentralización tributaria -es decir, que parte de los tributos que generen los proyectos quede en la región-, sobre la participación ciudadana temprana, sobre los cambios en la regulación de transmisión, en el sentido que se planifique con más holgura de manera de facilitar la entrada de nuevos proyectos y actores. Llevamos más de cinco años discutiendo estos temas y no han habido iniciativas del gobierno para enfrentarlas o liderazgo para avanzar en ellas…

Un gobierno, que maneja al Estado en sus períodos gubernamentales, tiene dos alternativas: encauzar sus decisiones energéticas u otras en la institucionalidad, o promover modificaciones asociadas a un contexto social más demandante y complejo, propio de una sociedad más moderna.

¿El rol más activo que se le asigna ahora a Enap es de alguna manera una crítica explícita al sector privado por no hacer su trabajo?

Soy pragmático. Que Enap tome la iniciativa de hacer un nuevo terminal de regasificación y que se aumente la capacidad de los terminales existentes, es positivo. Somos un actor que tiene centrales de generación que podrían usar más GNL en condiciones de largo plazo, y, junto con muchos otros actores, que podríamos agregar nueva capacidad en base a ese combustible.

¿Estarían dispuestos ahora a asociarse con Enap?

A nosotros, como a otros actores del sector, nos interesa más que se aumente la capacidad de regasificación y que sea de acceso abierto y transparente, que quién emprenda tal iniciativa. Para comprar GNL en los mercados internacionales, que es un mercado bastante complejo, con estructuras comerciales complejas y de largo plazo, es fundamental tener acceso a capacidad de regasificación en forma predecible y transparente.

¿Está conforme con la mención que se hace al tema de las compensaciones?

Creo que hubiera sido bueno una propuesta precisa sobre un mecanismo de contribución a las comunidades. Unos lo llaman descentralización tributaria y otros aportes a las comunidades o compensación. Esto viene discutiéndose desde 2007 o 2008 cuando hubo un proyecto de ley, que no avanzó. Hubiera esperado una propuesta más concreta en esa materia.

¿Esta agenda energética es contradictoria con los impuestos verdes que se están discutiendo en la reforma tributaria?

Si el atributo que se busca en una matriz energética fuera sólo precio, claro, sería contradictorio poner impuestos a una fuente de generación. Pero los atributos que se buscan son tres: precios, seguridad y sustentabilidad. Por lo tanto, no necesariamente es contradictorio.

¿Cuál es la postura de la empresa en relación a esos impuestos?

Creemos que deben ser simétricos. Es decir, que todas las fuentes fijas que emitan estos gases tengan el mismo tratamiento. Además que los criterios deben estar establecidos con precisión en la ley sin espacio para una discrecionalidad posterior en su aplicación.

¿Coincide con la crítica de Gener respecto a los efectos en los precios?

No coincidimos con esa estimación. De partida el precio final de la energía no está determinado por una sola fuente de generación. El supuesto de ese cálculo es que toda la matriz se va a ir a GNL y que desaparece los nuevos desarrollos hidroeléctricos, a carbón o ERNC. Eso es difícil que se dé en la realidad. Nuestra estimación es que el costo de desarrollo completo de una central a carbón sube entre 5% y 8%, y si eso se tradujera al cliente final, sería la mitad: 2,5% y 4%.

Larraín y las críticas a la falta de inversión: «Ese poncho no le cae a Colbún»

¿Falta competencia en el sector eléctrico, como acusa el gobierno?

Un mercado sano, es uno con dinamismo competitivo, donde ojalá siempre haya más oferta potencial en base a diversas tecnologías, que demanda. El dinamismo competitivo no necesariamente está asociado a un cierto nivel de concentración. Por lo demás, los índices de concentración del SIC, han bajado persistentemente en los últimos 10 o 20 años. Así lo muestra el índice HHI. Además, hay muchos países europeos que tienen índices de concentración mucho más altos que el chileno, algunos tienen mayor dinamismo competitivo, otros menor que Chile. Siempre es bueno que haya menos concentración y más actores, pero puede haber un mercado poco concentrado, pero menos competitivo, porque no hay dinámica competitiva.

Les doy un ejemplo. Durante el anterior gobierno de la Presidenta Bachelet, Codelco realizó un proceso de licitación de suministro eléctrico de largo plazo. Ofreció sólo a nuevos actores el desarrollo de proyectos de generación con ingeniería desarrollada y estudios de impacto ambiental aprobado, para que le ofrecieran un suministro de largo plazo. Recibió varias propuestas y finalmente la propuesta de Colbún, en base a su portfolio de proyectos, resultó la más competitiva. Este contrato, junto con otros contratos suscritos con empresas mineras y distribuidoras, viabilizaron el plan de inversiones de Colbún de US$ 2.600 millones en los últimos cinco años.

Cuando el ministro Máximo Pacheco critica que los planes de inversión de las generadoras eléctricas son muy inferiores a sus flujos operacionales, ¿no apunta a Colbún?

Ese poncho no le cae a Colbún, las cifras así lo indican. En los últimos siete años hemos invertido cerca de US$ 2.600 millones, un 50% más que nuestro flujo operacional. Esto significó 1.000 MW adicionales, el mayor aporte al SIC de una empresa en ese período.

¿El diagnóstico del Gobierno es errado?

Es correcto desde el punto de vista de la dinámica competitiva. Lo que comparto con el ministro es que en los últimos tres años, las licitaciones de las empresas distribuidoras no han tenido suficiente oferta. Es un hecho objetivo e incuestionable. La razón es que no se han desarrollado suficientes proyectos de generación para abastecerlas. Estoy cierto que grandes empresas como SN Power, EON, Suez, y muchas otras, habrían participado en las licitaciones de empresas distribuidoras si hubieran podido desarrollar sus proyectos.

¿La falta de inversión de los últimos años no es responsabilidad mayoritaria del sector privado?

Hay un tema de fondo. Hay un nuevo contexto socioambiental, más actores participando en el debate energético y comunidades mucho más empoderadas. Un contexto propios de sociedades modernas. En ese contexto, por supuesto que se requiere una adaptación del sector privado, profundizando su gestión social y ambiental. Creo que estamos en este proceso. En Colbún estamos poniendo en marcha Angostura, la mayor central hidroeléctrica construida en la última década. Estamos orgullosos porque creemos que representan un ejemplo de buena gestión social y ambiental. El Estado, por su parte, también tendría que haberse adaptado a este nuevo contexto, proponiendo los cambios necesarios en la institucionalidad ambiental y energética, para tomar las decisiones dentro de ella en plazos razonables.

«Hay que desdramatizar la decisión del Consejo de Ministros por Hidroaysén»

¿La agenda energética entrega señales para HidroAysén?

Siempre hemos sostenido que para desarrollar cualquier proyecto de cierta magnitud y complejidad, debe ser parte de una política energética de largo plazo. Y la agenda energética propone un proceso participativo que va a terminar en una política de largo plazo en el año 2015. La agenda destaca en una forma muy preferente la importancia de desarrollar energía en base a recursos propios y constata que Chile tiene un gran potencial hidroeléctrico. Habla de que ese potencial hidroeléctrico, en base a estimaciones conservadoras, sería de 16 mil MW: 10 mil MW entre la cuenca del Aconcagua y Puelo, y otro de 6 mil MW en la región de Aysén.

Pero lo más interesante en mi opinión es que hace un cambio en la forma como se enfrenta la discusión de los proyectos hidroeléctricos, desde el caso a caso, o proyecto por proyecto, a un proceso distinto de planificación territorial para el desarrollo hidroeléctrico, que partirá con un mapeo de las distintas cuencas, en base a factores ambientales, socioculturales, geológicos y en base a su potencial hidroeléctrico.

Adicionalmente, en la sección de transmisión se destaca que el Estado promoverá líneas de transmisión vinculantes, que conecten los polos de generación determinados a través del proceso de planificación territorial, con los centros de consumo.

En este contexto, desde el punto de vista de HidroAysén, se hace más evidente y natural reafirmar que no tiene sentido avanzar en su desarrollo, y que lo que corresponde es supeditarlo a esta política energética de largo plazo, al desarrollo del proceso de planificación territorial energética para el desarrollo hidroeléctrico futuro y tercero, a las definiciones sobre la regulación de transmisión.

Pero ¿es una luz respecto de las primeras declaraciones del gobierno sobre el proyecto?

Se le da importancia al tema hidroeléctrico como genérico y se sube su discusión al ámbito de una discusión país. Es decir, la pelota ya no está en los actores privados, sino que pasa a un estadio que tiene reglas, tiempos y plazos. Un estadio donde participan todos los actores y donde se va a discutir el desarrollo hidroeléctrico de Chile.

En HidroAysén, ¿es más relevante la agenda o la decisión que va a tomar el comité de ministros en los próximos días?

Hay que desdramatizar la decisión que tome el Consejo de Ministros. Lo más relevante es que los proyectos se desarrollen dentro de la institucionalidad y que la institucionalidad resuelva con base legal y técnica. Desde el punto de vista legal, la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) fue validada por la Corte Suprema. Hay que desdramatizar en el sentido de que cualquiera que sea la decisión del Consejo de Ministros, que tiene amplias atribuciones, todos los actores tienen la opción de recurrir a la instancia siguiente, que es el Tribunal Ambiental, que fue hace poco creado para perfeccionar y completar la institucionalidad ambiental de Chile. Lo natural es esperar que se resuelva dentro de los plazos y en forma integral, no como ocurrió en los últimos años, cuando se extendió por más de tres años, en circunstancia de que el plazo legal establecía 60 días.

¿Qué sentido tiene el análisis de las cuencas? La industria y la autoridad ya conocen el potencial hidroeléctrico desde hace años…

Este potencial está distribuido en muchas cuencas de Chile. Algunas se conocen más, algunas ya están intervenidas y algunas están prístinas. Su potencial hidroeléctrico probablemente está bastante estudiado, pero también tienen usos alternativos, tienen valores ecológicos y socioculturales. Ese levantamiento se hace en otras partes del mundo, donde participan ONG, en base a estudios científicos. Eso va a representar una línea de base validada, legitimada, porque va a surgir de un proceso donde el Estado la articula, donde participan distintos actores, y por lo tanto, es un cambio de paradigma.

Eléctrica deberá pagar $1.200 millones por responsabilidad en incendio forestal

(La Segunda) La Corte Suprema condenó a la empresa Cooperativa Eléctrica de Chillán Limitada (Copelec) a pagar una indemnización de más de $1.200 millones a los propietarios de los terrenos que resultaron afectados, en 2007, por incendio forestal, en las cercanías de Chillán.

En fallo unánime (causa rol 7610-2012), la Cuarta Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros Rosa María Maggi, Ricardo Blanco, Gloria Ana Chevesich y Alfredo Pfeiffer (suplente); además del abogado integrante Arturo Prado- acogió el recurso de casación presentado en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Chillán que había rechazado la acción judicial.

El fallo de la Corte Suprema determina que la empresa Copelec tuvo un actuar negligente en el incendio originado, el 12 de enero de 2007, en el fundo “El  Tablón”, de propiedad de la empresa Celco, al no realizar la mantención de las fajas de seguridad que debe existir a lo largo del tendido eléctrico.

“Que de la lectura de las normas legales y reglamentarias antes transcritas, y teniendo presente los hechos que se tuvieron por acreditados en el considerando tercero, aparece con claridad que Copelec Limitada, incumplió negligentemente con su obligación legal de mantener la faja de seguridad libre de vegetación, ya que, al contrario de lo ordenado por la normativa antes señalada, en el lugar era posible encontrar acículas de pino, pastizales, árboles y matorrales, elementos de evidencia circunstancial constatados al momento de ocurrir el incendio, y que actuaron como condiciones causantes  del daño”, sostiene el fallo.

Resolución que agrega: “El resto de la prueba rendida en autos en nada obsta a lo ya resuelto. Así, respecto de la acompañada por el demandado, cabe señalar que: en el informe elaborado por el Cuerpo de Bomberos de Coelemu se reconoce por los informantes su poca experiencia en la investigación de causas de incendios; la cuenta de la orden de la Fiscalía de Quirihue -en la que solamente se ordenó entrevistar a tres personas-, emitida por Carabineros de Chile de la 5ta. Comisaría de Quirihue, se limita a reproducir las declaraciones de las personas que supuestamente llegaron primero al lugar del incendio, señores Hugo Toledo Vera, Jaime Arias Monsalve y Samuel Inzunza Barraza, quienes, por lo demás, en sus dichos confirman los hechos establecidos por el tribunal; los testigos presentados por Copelec Limitada, señores Eduardo Pío Fischer Herreros, César Antonio Correa Rubilar, Eduardo Roberto Valenzuela Ravena, Rogelio Sepúlveda Medel y Jorge Antonio Silva Aranda, no estaban presentes en el Fundo “El Tablón” al momento de iniciarse el incendio, y sus especulaciones acerca de que se habría iniciado en un basural, no tienen sustento fáctico alguno. En este mismo sentido es dable explicitar que corresponde al tribunal, luego de apreciar toda la prueba rendida en el juicio, determinar qué hechos estima probados y cuáles no y las consecuencias jurídicas de lo anterior, proceso intelectual que no puede ser sustituido por las conclusiones que al efecto emitan diversos órganos relacionados con la materia, especialmente cuando, no han tenido a la vista todos los antecedentes conocidos por el tribunal”.

“Corresponde –continúa– hacerse cargo de la alegación de caso fortuito, y en cuanto a que el siniestro causante del daño demandado se produjo por la concurrencia externa, y por consiguiente inevitable del caso fortuito. Dicha interferencia, sin embargo, en el curso causal, debe ser desestimada conceptualmente, por cuanto para que exista caso fortuito o fuerza mayor deben concurrir copulativamente los siguientes requisitos: i) Un hecho extraño a la voluntad de las partes; ii) Su imprevisibilidad, y iii) La imposibilidad de resistirlo. La doctrina más autorizada destaca (Fernando Fueyo Laneri, “Cumplimiento e incumplimiento de las obligaciones”, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1991, p. 390) que la imprevisibilidad del hecho constituye la esencia del caso fortuito o la fuerza mayor, y significa que las partes no han podido prever el hecho o la existencia de circunstancias que normalmente pueden preverse, tomando las precauciones necesarias para el caso que se presente un suceso, según un cálculo de probabilidades sobre el acontecer del hecho pertinente,lo que debería suponerse en el agente. Por su parte, el Profesor Vial del Río, Víctor, “Manual de las Obligaciones en el Código Civil Chileno”, Editorial Biblioteca Americana, 2007, pág. 256 destaca que los requisitos de imprevisibilidad e irresistibilidad que configuran un caso fortuito, no deben apreciarse en abstracto, sino que en concreto, atendiendo específicamente al grado de diligencia o cuidado que se exige al deudor, en virtud del contrato o de la ley. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 del Código Civil, se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir, lo que como ha quedado demostrado no se evidenció ni sucedió en la especie. Por lo demás, es la propia Ley General de Servicios Eléctricos la que al momento de establecer obligaciones respecto de los concesionarios de líneas eléctricas de transmisión, para los efectos de evitar la interacción entre la vegetación y el tendido eléctrico, la que consagra de manera expresa la previsibilidad de acontecimientos y de esta clase como acontece con los incendios forestales. Siendo, por lo tanto, un hecho previsible que el viento cortara la rama de un árbol adulto y frondoso -como consta que ya había ocurrido en el lugar-; que ésta al caer por encontrarse por sobre la estructura de transmisión de electricidad cortara el cable conductor de alta tensión; y que este último al tomar contacto con la vegetación que se encontraba en la faja de seguridad, diera inicio a un incendio, dicha alegación deberá ser precisamente descartada”.

Del monto indemnizatorio a pagar se deberán descontar la suma de $750.000.000, los que ya fueron pagados por la empresa Celco, codemandada en la causa, y que llegó a un acuerdo con el propietario de los terrenos.

«Lomos de toro» han frenado US$70.000 millones en inversiones

(Pulso) Hoy se apunta a la judicialización. En el anterior gobierno de la presidenta Michelle Bachelet se hablaba de “lomos de toro”. Lo claro es que este 2014 serán contados con la mano los grandes proyectos de inversión de energía o minería que comenzarán a desarrollarse.

Todo por los diversos obstáculos directos e indirectos que han debido enfrentar grandes proyectos de inversión en el país, lo que ha generado la paralización, postergación y, en algunos casos, hasta el desistimiento de obras por más de US$ 70.000 millones, lo que equivale a alrededor de 60 grandes iniciativas, considerando el último catastro de la Sofofa y actualizado con información del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) a mayo de este año. De la suma total, unos US$10 mil millones debieron parar el último año tras toparse con algún obstáculo.

Las barreras que han encontrado las empresas para cumplir con el cronograma original de sus proyectos se han expresado y canalizado de distintas maneras. “Esto surge por falta de certeza jurídica, mayor judicialización de proyectos, alza de costos asociados a la escasez de energía, incumplimientos a la normativa ambiental y, excesiva demora o alta exigencia de la autoridad ambiental”, ha señalado la Sofofa.

Pero a esto se suma la oposición de comunidades y ambientalistas, que han logrado frenar varias iniciativas.

PwC apunta a la aplicación del Convenio 169 de la OIT sobre los Pueblos Indígenas y a la ausencia de un reglamento específico para su aplicación.

Al identificar las causas de la judicialización de proyectos es posible indicar que, de acuerdo con los datos del Mapa de Conflictos Socioambientales en Chile del INDH (junio 2012), los temas relacionados a comunidades indígenas y la correcta aplicación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), son los motivos más recurrentes, destaca un reciente estudio de PwC.

“El empoderamiento de las comunidades ha cambiado radicalmente en la última década, por lo cual no podemos seguir desarrollando proyectos como se acostumbraba hacer. Urge la modernización de los instrumentos de gestión social de las compañías y el reforzamiento de las estructuras organizacional para internalizar esta gestión”, destaca Mathieu Vallart, socio de PwC Chile.

No sólo grandes obras

Clemente Pérez, abogado jefe de Recursos Naturales e Infraestructura de Guerrero Olivos, destaca que la judicialización de proyectos -“o más bien una burocratización en algunos ámbitos”, dice- se da particularmente en los ámbitos de generación eléctrica, minería y residuos, porque “hay una obstaculización” en el Sistema de Evaluación Ambiental en el que es habitual encontrar muchos estudios e informes que no son tan indispensables. “Hay una ralentización en conseguir aprobaciones ambientales en la línea administrativa, que es evidente, y luego también en el ámbito judicial”, afirma el abogado.

Pero destaca que en materia de generación eléctrica, no sólo el proyecto HidroAysén, que buscan sacar adelante Endesa y Colbún, ha sufrido con la judicialización.

“Proyectos eólicos o a gas también han tenido dificultad. Uno podría pensar que en estos últimos no hay trabas, pero también hay dificultades. Se produjo una judicialización de los proyectos, porque hay una mayor inclinación al litigio”, remarca.

Pedro Pablo Vergara, socio del estudio Rodríguez, Vergara y Cía. y miembro de la Comisión Medio Ambiente del Colegio de Abogados, es más categórico aún: “La judicialización de los proyectos llegó para quedarse, es un fenómeno que ha afectado por igual a todas las empresas”.

Para el jurista, “existe gran responsabilidad del parte del legislador en dejar espacios abiertos en este tema”. Además, afirma que hay muchos grupos que sienten que tiene el derecho a paralizar proyectos y tomarse caminos.

La legislación

Ambos abogados coinciden en que falta madurez en el sistema, luego de cambios como la introducción de los Tribunales Ambientales.

“Los Tribunales Ambientales son relativamente nuevos, por eso en materia jurídica, en general, los avances son muy lentos. Con todo esto, esperar que estos tribunales terminarán con la judicialización es apresurado. Aún hay un choque de roles con otros tribunales”, dice Pablo Vergara, en relación a las competencias que tiene también la justicia ordinaria.

“De lo que yo he visto, el límite de los tribunales ordinarios y ambientales aún no está definido. Por eso creo que la jurisprudencia puede decir mucho. Cuando hay jurisprudencia, cuando existe uno o varios fallos sobre una misma materia de temas similares se va a comenzar a zanjar todo este tema”, añade el socio del estudio Rodríguez, Vergara y Cía..

Clemente Pérez, abogado de Guerrero Olivos, complementa: “Cuando comenzaron a funcionar los tribunales ambientales tuvimos que comenzara con un ‘vitrineo judicial’, es decir, que los opositores de un proyecto en las instancias administrativas podrían acudir a tribunales por medio de un recurso de protección, dependiendo de los distintos instrumentos. Pero esto, en el último tiempo, se ha estado ordenando, porque la Corte Suprema ha dictado varios fallos relevantes, en el que toma la definición de que en materia ambiental los recursos de protección deben dejar de ser sobre utilizados”.

Añade que si bien en el pasado hubo un control estricto de las Resoluciones de Calificación Ambiental por parte del poder judicial, ahora existe una nueva institucionalidad que debe velar por esas instancias.

“En los últimos meses existe una jurisprudencia en el que la Corte Suprema está acotando el uso del recurso de protección, como una instancia excepcional”, remata Clemente Pérez.

Hidroaysén espera al Comité de Ministros

Es el proyecto emblemático entre aquellos que, pese a la intención del titular, no se han podido desarrollar.

HidroAysén, un enorme complejo de generación hidroeléctrica en la zona sur de la Región de Aysén, viene siendo trabajado desde la década del 70’ e incluso antes, pero fue recién en 2008 cuando fue presentado a evaluación ambiental. Tres años después, y luego de un complejo proceso de tramitación ambiental, obtuvo su autorización.

Pero ese trámite fue apenas un hito menor, pues el proyecto todavía no puede iniciar obras.

Actualmente, la empresa a cargo de este complejo hidroeléctrico está a la espera de que el Comité de Ministros para la Sustentabilidad dé a conocer su decisión sobre las reclamaciones, proceso que demorará sesenta días.

La instancia interministerial deberá resolver 35 reclamaciones en contra de la iniciativa, luego de que las actuales autoridades decidieran invalidar la decisión de la anterior administración que dio su veredicto sobre 17 de las 35 inquietudes y requirió estudios adicionales para completar la tarea.

¿Qué debiera determinar el Comité de Ministros? Se espera que modifique en parte la iniciativa, o bien, declare inviable su construcción. Esto, atendiendo a la posición de la Presidenta durante la campaña, que señaló que HidroAysén, tal como está, es inviable.

Andina 244 enfrenta rechazo político

Es el más costoso de la ambiciosa agenda de proyectos estructurales de Codelco, y debería implicar un desembolso cercano a los US$6.800 millones para la estatal.

Andina 244, una de las pocas iniciativas que agregará producción a la minera -350 mil toneladas anuales- está todavía en las primeras etapas de su evaluación ambiental, y se espera que en las próximas semanas recién entregue sus descargos al Icsara N° 1, que incluyó casi 1.000 cuestionamientos de parte de los servicios públicos.

La principal barrera que enfrenta este proyecto es la oposición existente y que ha sido liderada por el alcalde de Lo Barnechea, Felipe Guevara, y a la que recientemente se sumaron los senadores RN por Santiago Andrés Allamand y Manuel José Ossandón.

Por ello, más que en la Justicia, por ahora la batalla se está dando a nivel político. La mayor reclamación es la supuesta afectación a glaciares que produciría Andina 244, situación que ha sido descartada por Codelco. “Los legisladores repiten conceptos inexactos, sacan conclusiones sin fundamentos y hacen comparaciones que no corresponden”, respondió la estatal al emplazamiento de los parlamentarios.

Bocamina II sigue sin poder despachar

El 17 de diciembre del año pasado, la Justicia propinó un duro golpe a Endesa. La Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Concepción decretó la paralización de la central termoeléctrica Bocamina II, cuya inversión alcanzó los US$460 millones.

Según lo establecido por el tribunal de alzada, la planta  no contaría con una resolución de calificación ambiental. La corte revisó un recurso de reposición presentado por el abogado Sebastián Inostroza, representante de los pescadores artesanales y las algueras de Coronel.

Anteriormente ya se habría presentado por parte de la abogada Paula Villegas, quien representa a pescadores artesanales y vecinos de coronel, una segunda solicitud de paralización de la planta.

La petición se fundamentaba  en la formulación de cargos de la Superintendencia del Medio Ambiente que confirma que la termoeléctrica funcionaba sin un estudio de impacto ambiental.

La compañía ha tenido que luchar en tribunales con una serie de recursos que buscan paralizar la unidad principal de la generadora.

La solicitud para paralizar la central en Coronel la presentó el abogado David Vargas en representación de pescadores artesanales con el argumento de la falta de un desulfurizador en la primera unidad de la termoeléctrica. Dicho recurso fue presentado la semana pasada y es estudiado por la corte.

Pascua Lama: ¿millones a la basura?

La paralización de Pascua Lama sentó un precedente para empresas, gremios y fundamentalmente abogados. Un proyecto no sólo puede ser detenido antes de su construcción e incluso en etapas tempranas. Su paralización, en caso de detectarse algún error, puede darse incluso en medio de la construcción.

Pascua Lama estaba en pleno desarrollo cuando actuó la Superintendencia de Medioambiente, que interpuso una millonaria multa y ordenó la realización de un plan de reparación del daño ambiental. Posteriormente la Justicia paralizó las obras.

Eso se sumó a un escalamiento histórico en los costos de Pascua Lama. Su desarrollo, que cuando se anunció rondaba los US$1.000 millones, se había empinado sobre los US$9.000 millones, un alza que, además, no tenía freno.

El punto en conflicto es la contaminación de las aguas que desde la alta cordillera, lugar en que se emplaza Pascua Lama, bajan hasta los valles. Los opositores al proyecto creen que la operación de la primera mina binacional termine por secar los ríos, mientras que la empresa está convencida de que mejorando los estándares esto puede evitarse.

HidroAysén alista estrategia judicial a espera de resolución del Comité de Ministros

HidroAysén alista estrategia judicial a espera de resolución del Comité de Ministros

(Pulso) Mientras el Comité de Ministros alista su decisión final sobre las reclamaciones del proyecto HidroAysén -luego que la actual administración invalidara lo decidido por sus antecesores- la sociedad cuya propiedad integran Endesa y Colbún ya alista su estrategia para hacer frente al veredicto final.

Ello, teniendo en cuenta que a nivel político el actual gobierno ha planteado que el proyecto HidroAysén le parece inviable “tal como está”, lo que sólo abriría una puerta a su concreción en caso de que haya modificaciones sustanciales.

Por esto, lo previsible es que la postura de HidroAysén no sea acogida, al menos, no totalmente.

Dado este diagnóstico, se espera que el gobierno impulse los cambios que cree necesarios o, derechamente, le ponga la lápida, aunque esta idea es más improbable.

Sea como sea, la instancia que aparece más viable para hacer estos cambios es el Comité de Ministros. Si bien se trata de una entidad más técnica, en el sector privado hay quienes creen que será allí donde el Ejecutivo intentará rayar la cancha.

En la empresa hay expectación sobre lo que decidirá finalmente el Comité de Ministros. Y si bien están a la espera, ya han sido tomadas algunas definiciones.

Según fuentes cercanas al proyecto, un análisis que se ha hecho es que en caso de que no haya un pronunciamiento positivo, se acuda al Tribunal Ambiental, instancia que por mandato es la encargada de revisar las decisiones del Comité de Ministros en caso de alguna discrepancia.

Eventualmente, al Tercer Tribunal Ambiental -que tiene sede en Valdivia- pueden acudir no sólo los representantes de la compañía, sino que también los opositores a HidroAysén.

Esto no impediría que el caso termine siendo analizado por la Corte Suprema, pues los fallos del Tribunal Ambiental pueden ser apelados ante el máximo tribunal.

Pero sí se aseguraría un trámite más expedito que en las Cortes de Apelaciones, que acumulan más procesos y que por lo mismo demoran más en fallar.

“No presentaremos un recurso de protección porque creemos que el Tribunal Ambiental es la instancia natural en este caso”, explica una fuente cercana a la compañía.

“Lo que hemos hecho son los análisis sobre posibles alternativas. Ante esos posibles caminos se ha definido las vías de acción que podamos implementar. Esto ya sea tanto de estudios como relaciones con la comunidad. Y también las visiones judiciales. Esas son las tres variantes: estudios, comunidad y judicial”, añade la fuente.

Costo del proyecto

La decisión del Comité de Ministros -que se proyecta para el mes de junio- permitirá a la compañía además actualizar el costo definitivo que tendrá la mega obra hidroeléctrica.

Pese a ello, hay algunas estimaciones dando vuelta. Una de las más duras estima el costo total de la inversión en cerca de US$15.000 millones, considerando la construcción de las represas, máquinas, el sistema de recolección y la línea de conexión al SIC, además de las tareas de mitigación que deberá cumplir HidroAysén para poder concretar la construcción del complejo.

No obstante, ello dependerá -tal como lo reconocen al interior de la compañía- de las condiciones que imponga la autoridad de manera definitiva. En la industria eléctrica hay quienes creen que HidroAysén podría concretarse reduciendo su potencia, de una manera similar a lo que hizo Energía Austral, que bajó el tamaño de su proyecto en casi 40%. Todo eso quedará claro una vez que se pronuncie el Comité de Ministros.