(Pulso) Hay algunos elementos institucionales muy relevantes donde se ha ido avanzando, muy lentamente creemos nosotros, como es la Dirección General de Concesiones y el Fondo de Infraestructura”. Es el diagnóstico que realiza el presidente de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública (Copsa), Juan Eduardo Saldivia, sobre el actual momento que vive la industria de concesiones. “Vemos con preocupación que la creación de la Dirección General de Concesiones no avanza mucho, y en el Fondo de Infraestructura todavía hay muchos elementos que definir.
Si bien hay un proyecto de ley en el parlamento, se ve bastante poco maduro”, sostiene. Más aún, agrega, “la agenda de modernización de las carreteras mediante estos casi US$1.000 millones en nuevas obras no se han firmado ni siquiera los convenios entre las partes. De ahí surge la idea de ir desenredando la madeja”. En junio de 2015 se firmó de proyecto que crea la nueva Dirección General de Concesiones y en mayo de este año el del Fondo de Infraestructura. Ambos aún permanecen en el Congreso.
¿Cuáles son las dificultades de las concesiones?
Hay un conjunto variado de dificultades. En primer lugar, la capacidad del Estado para desarrollar y promover los elementos virtuosos de la industria y, a su vez, asumir la defensa de la industria como una política pública exitosa. Concesiones no es un invento del sector privado, es un invento del Estado en los gobiernos de la Concertación, que tiene un conjunto de instrumentos donde tal vez el más visible para la ciudadanía es la política tarifaria, y de repente uno ve al Estado escondiendo la mano respecto a la responsabilidad que tiene del desarrollo de una política tarifaria. Segundo, también la capacidad del Estado de generar nuevos proyectos y de resolver el conjunto de trámites y subtrámites en la administración que permita que los proyectos se desarrollen oportunamente. El tema de institucionalidad, capacidad del Estado como un socio activo, promotor de la política de concesiones está bastante disminuida.
Yo también me atrevería a decir que hay problemas de segunda naturaleza, que es un tema general de la economía y del estado de ánimo del país, la desconfianza que prima en el país en todo orden de materia, también ha permeado a la industria de concesiones, que se ve con distancia, desconfianza, se le ve como abusadora porque cobra tarifas de congestión.
¿Qué autocrítica hacen los concesionarios?
Dentro de ello también hay que hacer la autocrítica de que nosotros como concesionarios no hemos sido vistos, porque a lo mejor sí se han hecho muchas cosas, como proactivos en proponer soluciones que mejoren la calidad de servicio. Más bien siempre se nos imputa que somos los responsables de que esas soluciones no se implementen.
¿Cómo fortalecer este mecanismo de concesiones?
Hemos hecho un esfuerzo desde el gremio por colocar el tema de la infraestructura nuevamente como un tema crucial en el desarrollo del país. El déficit de infraestructura en Chile sigue siendo importante y ese déficit atenta contra la calidad de vida de la gente y contra la equidad de los territorios. Y dadas las condiciones, el instrumento concesiones es imprescindible. Por eso nuestro esfuerzo de viabilizar que necesitamos una política de infraestructura, pero también necesitamos una política tarifaria, una industria más proactiva y un socio Estado más fuerte y más comprometido. Sin un socio Estado fuerte, los concesionarios somos unos socios débiles y eso está en el diagnóstico.
¿Cuál es la visión del gremio frente al tratamiento que le ha dado este Gobierno al sistema de concesiones?
Hay de dulce y de agraz. El Gobierno toma iniciativas pero le cuesta. Se presentó el proyecto de Dirección General de Concesiones (DGC), pero no avanzamos; el Fondo de Infraestructura, pero no avanzamos; se hace una cartera de mejoramiento de rutas, pero no avanzamos… Al Gobierno fundamentalmente por las fallas del Estado en aquellas materias, le resulta muy difícil promover y sacar adelante proyectos.
¿Cómo se ve el trámite parlamentario del Fondo de Infraestructura porque hasta ahora no se ha avanzando en su discusión?
Nos preocupa. El Gobierno presenta y después le cuesta avanzar en el parlamento. Y ahí tenemos un problema, porque el gobierno trata pero por las fallas generales del Estado el gobierno se empantana.
Ustedes han revisado en detalle el proyecto, ¿qué dudas todavía les genera?
Creemos que el proyecto se enreda en lo que dice en relación con el objetivo del fondo y a partir de esta idea que para que cumpla con las reglas fiscales tiene que ser una empresa estatal genera un conjunto de reglas que todavía son muy difusas en materia de quién es el responsable de la planificación de largo plazo y de la ejecución de la infraestructura. El Fondo se mete mucho en áreas que son propias del Ministerio de Obras Públicas y no está bien resuelto en esas conversaciones. Creemos que al proyecto de ley hay que limpiarlo mucho.
El ministro ha señalado que el fondo va a permitir una gestión más ágil de los proyectos ¿hay garantías que eso vaya a ocurrir?
La mayor agilidad de los proyectos va a depender que tengamos la Dirección General de Concesiones con potencia, capacidades y recursos. No nos sirve de nada tener un Fondo con US$30 mil millones o U$9 mil millones si no hay proyectos. Y la responsabilidad de tener buenos proyectos va a estar en la Dirección General de Concesiones. Para mi gusto, más importante que el Fondo hoy es avanzar en el proyecto de ley de la Dirección General de Concesiones.