La Oferta Pública de Adquisición (OPA) presentada por Gas Natural contra Endesa deberá esperar un tiempo que no se prevé, precisamente, corto. De momento, sus pretensiones de hacerse con la mayor eléctrica española constituyen un deseo más que una factible realidad. Y todo porque una juez, la titular del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Madrid, Miriam Iglesias García, decidió el pasado 21 de marzo suspender la tramitación de la OPA, al entender que había indicios de que se podía atentar contra lo dispuestos en el artículo 81 del Tratado europeo, aunque con una condición nada habitual en las decisiones judiciales: que la parte recurrente, Endesa, depositara en diez días, un aval de 1.000 millones de euros (casi 167.000 millones de pesetas). Una cifra hasta ahora desconocida en una medida cautelar. BBVA, con un aval de 500 millones, SCH y Banesto, con sendos avales de 250 millones, han hecho posible la suspensión de la tramitación de la OPA de Gas Natural.
La justificación de la magistrada para imponer una caución de ese importe no se otra que para, en su caso, “responder de posibles daños y perjuicios derivados de la adopción y mantenimiento de las medidas cautelares acordadas”.
Maraña judicial. De esta forma, se hace efectiva “la suspensión de la tramitación de la opa formulada por Gas Natural el 5 de septiembre de 2005 sobre las acciones de Endesa y, por consiguiente, la ejecución de todos los actos relativos a, o relacionados con la citada OPA, en especial la adquisición de acciones de Endesa por parte de Gas Natural, así como la ejecución del contrato” suscrito entre la empresa gasista e Iberdrola.
¿Y ahora qué?. Ése es el quid de la cuestión, sobre todo teniendo en cuenta la trascendencia de lo que supone toda la operación. No se puede obviar al respecto que ha sido la primera ocasión en que, a través de una vía civil-mercantil, se ha paralizado una OPA, y que la caución impuesta es la más alta decretada en este tipo de procedimiento.
Las fuentes consultadas por La Razón no dudan en afirmar que todavía queda un “largo camino por recorrer” hasta llegar al final de un proceso legal que se avecina algo más que complejo.
En primer lugar, la juez Miriam Iglesias deberá decidir sobre el fondo de la demanda interpuesta por Endesa contra el acuerdo entre Gas Natural e Iberdrola, al entender que se trataba de un “pacto colusorio”.
Si la magistrada entiende que se trata de un proceso normal de concentración de empresa, rechazará la pretensión de Endesa y se continuará la OPA por los mecanismos administrativos previstos. En ese caso, Endesa podrá recurrir la decisión, en principio ante el propio juzgado, y, en segunda instancia, ante la Audiencia Provincial de Madrid, aunque no tendría carácter suspensivo.
Si, por contra, la juez concluye que, a la vista de todos los datos obrantes, la operación encubría, en realidad, un proceso de concertación de empresas, es decir, un acuerdo entre Gas Natural e Iberdrola para “expulsar” a Endesa del mercado, estimaría la demanda de ésta y la OPA quedaría definitivamente suspendida. O, mejor dicho, provisionalmente, porque los demandados podrían igualmente recurrir ante la Audiencia, que será quien tenga la última palabra.
Y, junto a todo ello, no se puede olvidar que un proceso de OPA necesita firmeza en todo su procedimiento, es decir, “es incompatible con una situación de pendencia, de recursos pendientes de resolución”.
Más piezas en el puzzle. Pero todavía quedan tres piezas más en este complejo puzzle. En primer lugar, el recurso de Gas Natural contra la decisión de esta juez de suspender la tramitación de la OPA, resolución que está pendiente. En segundo lugar, la vía contencioso-administrativa también tiene un papel que jugar, y es la de pronunciarse sobre la pretensión de Endesa de entender que el pacto entre Gas Natural e Iberdrola podía suponer una posición de dominio que afectaba directamente a la competencia, y, consecuencia de ello, a los consumidores; y, en tercer lugar, la entrada en escena de la alemana E.ON, cuya OPA se encuentra en procedimiento de tramitación y que habrá que esperar en qué acaba.
Al final de ese largo y complicado proceso, y como destacaron las fuentes consultadas, “todo quedará en manos de los accionistas de Endesa, que serán los que decidan si aceptan o no la oferta presentada”. Hasta entonces, a esperar.
Caja Madrid no participará finalmente en el aval de 1.000 millones de euros que permite a Endesa suspender la OPA de Gas Natural. La entidad que preside Miguel Blesa iba a aportar 200 millones de euros, pero su papel como accionista de referencia de la empresa eléctrica opada le colocaba en una situación comprometida. No en vano, Caja Madrid ha tratado de mantener siempre -cuando menos de manera oficial- una posición equidistante entre Endesa y Gas Natural con el fin de no dar pistas acerca de su decisión final sobre la OPA. Blesa ha manifestado que la oferta de Gas Natural en sus términos actuales es corta para las pretensiones de Caja Madrid, pero en la filial de la Caixa siempre han considerado que la entidad de crédito sería susceptible de vender sus títulos con una mejora del precio.
En cualquier caso, Caja Madrid se encuentra cómoda en su pose actual y su incorporación al grupo de avalistas podía desvelar futuras intenciones de apoyo a Endesa. De ahí que una vez garantizado el respaldo de BBVA y Santander, la caja haya decidido dar un paso atrás. Los 200 millones que correspondían a Caja Madrid serán aportados a medias por los dos grandes colosos financieros. El banco que preside Francisco González pondrá 500, en tanto que el Banco Santander y su filial Banesto se repartirán los otros 500 a razón de 250 millones cada una de las dos entidades del grupo que preside Emilio Botín.
Fuente: La Razón.